Héctor Francisco Esquivel Olivera
Expediente 264/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Héctor Francisco Esquivel Olivera
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de marzo de dos mil dieciocho. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Agréguese el escrito de demanda que promueve Héctor Francisco Esquivel Olivera por conducto de su apoderado jurídico Roberto Lozano Vega, carácter que se le reconoce en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, y de la copia de la carta poder que anexa a su escrito de demanda, la cual es presentada contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 264/2018. DESECHAMIENTO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad que señala como responsable: La audiencia de conciliación, demanda y contestación de demanda, desahogada el doce de marzo de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 2B-3087/2017, en la que se niega reconocer el carácter de propietario y responsable de la fuente de empleo demandada con la que compareció al juicio laboral el ahora quejoso. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De la intelección de tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos que, dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. En el caso se reclama la audiencia de conciliación, demanda y contestación de demanda, desahogada el doce de marzo de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 2B-3087/2017, en la que se niega reconocer el carácter de propietario y responsable de la fuente de empleo demandada con la que compareció al juicio laboral el ahora quejoso. Como se observa, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, de modo que si la parte quejosa obtiene resolución favorable, la eventual violación procesal resultaría inocua. Lo que no impide que si el peticionario obtiene resolución desfavorable en dicho juicio, pueda alegar esa eventual violación procesal mediante el juicio de amparo directo, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, es evidente que los actos reclamados no son de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo producen una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable.
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