Hector Francisco Dominguez Jara
Expediente 1499/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1499/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2023
Partes del expediente
- Hector Francisco Dominguez Jara
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Gestiones de cumplimiento. La Directora General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la Secretaría de Seguridad Pública, informa que el Director General de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional no es la autoridad facultada para realizar la anotación en el expediente personal del quejoso en el sentido de que fue dado de baja injustificada, sino que dicha facultad le corresponde a la Dirección de Desarrollo Humano. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Se vincula autoridad a cumplimiento de la sentencia de amparo. En consecuencia, a fin de agilizar y lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula a la Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, al cumplimiento de la sentencia de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ESTÁN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCIÓN, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución." Así, a pesar que no figura como autoridad responsable en este juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en definir que, para dar cabal cumplimiento a una sentencia de amparo, se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables, tal como lo revelan los criterios jurisprudenciales siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." En las relatadas condiciones, se requiere a la Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que en el término de tres días realice lo siguiente: Realice la anotación en el expediente laboral -hoja de movimiento de personal- del quejoso Martín Flores Hernández, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo. Remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento al inciso que antecede. Apercibido que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado en el plazo señalado, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, ya que tal requerimiento se formula en ejecución de la sentencia amparadora dictada en este juicio. Superior jerárquico exhibe copia de conocimiento. Finalmente, la funcionaria oficiante exhibe copia de conocimiento del oficio dirigido al mismo Director General de Administración, por el que -en representación del superior jerárquico-, le requirió que cumpla con el auto de diecinueve de septiembre del año en curso, bajo el apercibimiento que de no cumplir con ello, incurrirá en responsabilidad administrativa. Se toma nota de lo anterior, en la inteligencia de que en la especie, ya se estima innecesario los datos personales del Director General de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, pues se encuentra acreditado en autos la anotación en el expediente personal del quejoso de que fue dado de baja de manera injustificada. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de septiembre de dos mil veintitrés. Quejoso desahoga prevención Se desecha demanda de amparo Agréguese a los autos el escrito signado por ***, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído del veintiocho de agosto pasado, pues informa lo sucedido en el juicio de divorcio voluntario ***/2023, y precisa que el acto que reclama es únicamente la interlocutoria del trece de julio de este año, dictada en el incidente de liquidación planteada en el aludido procedimiento. En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que procede desecharla de plano, por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Sentado lo anterior, se observa que el quejoso reclama el siguiente acto: La interlocutoria del trece de julio de dos mil veintitrés, que declaró infundado el incidente de nulidad que promovió en contra de la notificación de la admisión del diverso incidente de liquidación de alimentos, planteado en el juicio de divorcio voluntario ***/2013, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. En ese contexto, respecto a dicho acto de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues el artículo 107 fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procesales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En ese sentido, el propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 370/2017, en sesión del treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la que analizó lo relativo a la negativa de llamar a juicio a un tercero interesado, y de la cual emitió la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), der rubro: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.", delimitó el concepto de actos de imposible reparación, pues en la ejecutoria relativa estableció las premisas siguientes: Para ser calificados como "actos de imposible reparación", es necesario que los actos emitidos dentro de juicio: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos" En ese sentido, se precisó como requisito necesario para actualizar un acto de imposible reparación, que las consecuencias de los actos intraprocesales sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que tal afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase el ámbito procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Finalmente, precisó que no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Cabe destacar que el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, es factible desechar una demanda de amparo, pues en ese caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO...". Ahora, según lo narrado por el justiciable, se aprecia que el expediente ***/2013, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, es relativo a un juicio de divorcio voluntario que promovió él y ***, en el que ya se celebró un convenio que se elevó a categoría de cosa juzgada. Luego, por auto del diecisiete de octubre de dos mil veintidós se tuvo a *** promoviendo en su contra un incidente de liquidación de convenio o sentencia por concepto de alimentos, por lo que se ordenó correr traslado al quejoso a fin de que estuviera en aptitud de formular su contestación. Según lo manifiesta el justiciable, previo citatorio de treinta de noviembre de dos mil veintidós, el uno de diciembre siguiente se le emplazó a la incidencia; no obstante, el dieciséis de enero de dos mil veintitrés se le tuvo promoviendo incidente de nulidad en contra de la notificación en cuestión. Asimismo, el trece de julio de este año, se declaró infundado el aludido incidente de nulidad de notificaciones. La resolución mencionada en el párrafo anterior constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, respecto del cual se actualiza de forma manifiesta la causa de improcedencia invocada, pues si bien se trata de una interlocutoria que declaró infundado un incidente de nulidad dentro de un diverso incidente de liquidación de convenio o sentencia por concepto de alimentos, ello no resulta óbice para que se actualice la improcedencia en el presente juicio de amparo, ya que dichas disposiciones normativas deben aplicarse tanto a actos dictados dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, así como a las resoluciones incidentales dictadas dentro o fuera de un juicio. Por lo tanto, se colige que el auto del trece de julio de dos mil veintitrés, en el que se declaró infundado el incidente de nulidad que promovió el justiciable en contra de la notificación mediante la cual se le emplazó al incidente de liquidación de convenio o sentencia por concepto de alimentos promovido en el juicio de divorcio voluntario ***/2013, constituye un acto dictado en un incidente que no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Se afirma lo anterior, ya que la resolución reclamada únicamente puede ocasionar una violación a derechos procesales que podrían repararse en la resolución que ponga fin al incidente, pues si ésta es favorable a sus intereses se tornaría intrascendente cualquier violación que pudiera derivarse de esa determinación. Además, cabe precisar que tal decisión no deja en estado de indefensión jurídica al quejoso, pues en caso de que la resolución que ponga fin al referido procedimiento incidental resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal -improcedencia del incidente de nulidad en contra del emplazamiento a la incidencia- sería reclamable en el juicio de amparo que se promueva en contra de la resolución que ponga fin al incidente, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. Al caso son aplicables, en lo conducente, las jurisprudencias del Pleno y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcriben a continuación: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA..." "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO ADMISORIO DE UNA DEMANDA INCIDENTAL DE LANZAMIENTO..." Cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO..." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL..." En tales condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia estudiada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Se requieren constancias. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el asunto, la parte quejosa señaló como acto reclamado entre otros: -La clausura temporal total efectuada en las instalaciones de la quejosa, al tenor del acta circunstanciada ***** de veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Ahora, de la revisión de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, se advierte que en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa ofreciendo como prueba documental la copia certificada del acuerdo de no ejercicio de la acción penal de veintiuno de julio de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación **** en la que se propuso el levantamiento de la medida preventiva de clausura aquí reclamada. No obstante, se aprecia que dicho acuerdo hasta ese momento se encontraba pendiente de aprobación por parte de la Delegada Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República. En ese contexto, a fin de contar con todos los elementos necesarios para resolver el presente juicio de amparo y descartar la posible actualización de causas de improcedencia cuyo estudio es de orden público, con fundamento en el artículo 75 y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérasele dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a las siguientes autoridades: Delegada Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República: Informe si aprobó la propuesta del no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ****, y remita copia certificada de dicha circunstancia. Al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula 5 del Equipo de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación y Litigación B, Sede Puebla, de la Fiscalía General de la República: Informe si dentro de la carpeta de investigación ****, a la presente fecha ordenó el levantamiento de la medida preventiva decretada en las instalaciones de la quejosa. De ser el caso, remita copia del oficio por el cual requirió a la Comisión Reguladora de Energía, el levantamiento de los sellos respectivos. Al Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía: Informe si recibió oficio de levantamiento de sellos con motivo del no ejercicio de la acción penal dentro de carpeta de investigación FED/PUE/PBL/00001505/2022. La fecha de notificación a la parte quejosa respecto de la resolución definitiva RES/182/2023 de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés Haga del conocimiento si la parte quejosa impugnó la referida resolución RES/182/2023; y En caso de que la parte quejosa haya impugnado la referida resolución, informe el órgano jurisdiccional que conoce del asunto. De contar con las constancias digitalizadas, podrán remitirlas, en formato digitalizado, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del sistema de interconexión, o en su defecto, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, siempre que el archivo que se envíe cuente con firma electrónica. Lo anterior, acorde con el principio de impulso tecnológico que se prevé en el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico. Se apercibe a las referidas autoridades que de no dar cumplimiento a lo requerido en el presente acuerdo en el plazo señalado, se le impondrá una multa de 50 a 1000 veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 124, del Volumen 187-192, Cuarta Parte, Séptima Época, del rubro siguiente: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles da gran amplitud al Juez para realizar cualquier diligencia o admitir pruebas para mejor proveer, sin limitación temporal, con las solas restricciones de que no se practiquen diligencias o se admitan pruebas que sean contrarias a la ley." Se gira exhorto. En otro aspecto, tomando en consideración que la Comisión Reguladora de Energía tiene su domicilio oficial ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 172, Colonia Merced Gómez, código postal 03930, Benito Juárez, Ciudad de México, y que se ha mermado la comunicación con dicha autoridad a través del servicio postal; en consecuencia, con la finalidad de agilizar el trámite en el presente asunto, con fundamento con fundamento en los artículos 27, fracción II, y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en turno, a fin de que comisione personal a su digno cargo para que notifique a la Comisión Reguladora de Energía el presente acuerdo mediante oficio en su domicilio oficial. Una vez hecho lo anterior, remita las constancias respectivas. Por ello, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Juez para que habilite días y horas inhábiles al funcionario judicial de su adscripción, para que se lleve a cabo la diligencia encomendada cumpliendo con ello el imperativo previsto en el diverso 17 Constitucional. Diferimiento de audiencia constitucional. Finalmente, para dar margen a lo anterior y contar con las constancias necesarias para resolver este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo procede diferir la audiencia constitucional, y se fijan para su celebración las once horas con veinte minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agregue a los autos el oficio signado por el Director General de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional del Estado de Puebla, mediante el cual remite constancia de baja injustificada generada por el Sistema del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública a nombre de **** lo que se toma para conocimiento. Lo anterior sin mayor acuerdo, ya que por auto de treinta de agosto pasado, se dio vista con el cumplimiento. Notifíquese
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