Hector Francisco Aguilera Castro

Expediente 894/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
894/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • Hector Francisco Aguilera Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Como de la certificación de cuenta, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo promovida por -. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve -, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, por los actos que hace consistir en: ACTOS RECLAMADOS: Del C. Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, consistente en la falta de emplazamiento y determinación de señalar las 10:00 diez horas del día 23 veintitrés de Octubre del año 2018 dos mil dieciocho, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial a cargo de la señora -, a fin de acreditar la necesidad y urgencia sobre la medida cautelar de alimentos que solicita la señora Olivia Martínez Calderón dentro del Juicio Ordinario Oral Familiar número 941/2018, que sobre divorcio sin expresión de causa promueve la referida - frente al suscrito; del C. Secretario de Acuerdos de citado Juzgado Cuarto Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, el señalamiento de la fecha para tenga verificativo la prueba testimonial ofrecida por la tercero interesado dentro del Juicio Ordinario Oral Familiar número 941/2018, así como el posible desahogo de dicho medio de convicción señalado para las 10:00 diez horas del día 23 veintitrés del presente mes y año; y, de la C. Actuaria adscrita al mencionado órgano jurisdiccional, la falta de traslado y emplazamiento de los proveídos dictados el día 06 seis y 14 catorce de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, respectivamente, dentro del multicitado Juicio Ordinario Oral Familiar número -; determinaciones que ilegalmente pretenden ejecutar las ahora autoridades responsables, sin que se hayan llenado las formalidades esenciales del procedimiento y violando en mi perjuicio mis derechos humanos y con desconocimiento expreso de los principios de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número VI-894/2018-1. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Del escrito inicial de demanda y anexos se desprende, que el quejoso reclama la falta de emplazamiento y el señalamiento del día y hora para el desahogo de la prueba testimonial para acreditar la necesidad y urgencia sobre la medida cautelar de alimentos dentro del juicio ordinario oral familiar número 941/2018, emitido por la autoridad responsable. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que se estima que los actos que reclama el quejoso, consistente en la falta de emplazamiento y el señalamiento para el desahogo de una prueba testimonial, dentro del juicio ordinario oral familiar número 941/2018, emitido por la responsable, son actos en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, pues no se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y el perjuicio procesal que pudiera resentir la parte quejosa en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante. Los preceptos legales en los que se sustenta la improcedencia del juicio de amparo en este caso, son del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente, cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos reconocidos, así como de las garantías previstas para su protección, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente el desconocimiento del derecho humano de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y remediables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Para una mejor comprensión de la improcedencia del presente juicio constitucional, es pertinente exponer los razonamientos siguientes: El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, sostienen el criterio, que comparte quien aquí resuelve, de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de violaciones procesales que afecten derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, o bien cuando esas violaciones causen a las partes en el juicio de que se trate perjuicios procesales exorbitantes. Esas consideraciones jurídicas están contenidas en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2161, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO SÓLO LOS CONSTITUYEN LOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO TAMBIÉN LAS VIOLACIONES PROCESALES EXORBITANTES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin embargo, no es dable considerar que esa regla es la única que debe prevalecer para determinar a qué actos se les debe considerar como de imposible reparación; esto, porque al hacer una interpretación tanto integradora de la norma, de acuerdo con su contexto, como lógica al ligarla al origen de las reformas que dieron inicio a su creación, se concluye que las violaciones procesales, como un caso de excepción, pueden tener esta característica; pues no debe pasar inadvertido, que el origen de las reformas derivó en pretender extender la esfera de protección del juicio de amparo, aunado a que en diversos dispositivos de la citada ley, como el 170, 61, fracción XVII, 79, y el invocado 107, fracción III, incisos a) y b), se pone de relieve la facultad de impugnar violaciones procesales en amparo indirecto." Análogos razonamientos se contienen en la tesis, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2162, de contenido: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME A LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, AQUÉLLOS ABARCAN A LOS ACTOS INTRAPROCESALES QUE AFECTAN DERECHOS ADJETIVOS EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Al interpretar esta norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los mencionados actos pueden dividirse en dos vertientes: a) Los que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y destinados a regir al exterior del juicio, como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, el patrimonio, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones particulares; y, b) Los que perturban derechos adjetivos en grado predominante o superior, por ejemplo, los que pudieran impedir la integración de algún presupuesto procesal insubsanable, ocasionar el retardo grave del fallo definitivo, provocar que el juicio continúe ociosamente o excluir de la contienda acciones o sujetos. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, reiteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación y agregó que se entiende por ellos 'los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte'. Ahora bien, este enunciado no debe leerse como una definición restrictiva, pues no emplea expresiones excluyentes como 'únicamente', 'solamente', 'sólo', 'exclusivamente' o 'excepcionalmente', para reputar como únicos actos de imposible reparación los que afecten derechos sustantivos y negar tal carácter a los que puedan generar violaciones procesales exorbitantes; por el contrario, el citado precepto debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la propia ley -a contrario sensu- que dispone: "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.'. Al interpretar este precepto a contrario sensu, se advierte que los actos de imposible reparación reconocidos en la ley son tanto los que afectan derechos sustantivos como los que pueden constituir violaciones procesales relevantes. Así pues, es claro que el legislador no pretendió abandonar, sino adoptar los criterios del Máximo Tribunal del País, respecto a la clasificación de los actos de imposible reparación impugnables mediante el amparo indirecto. Finalmente, cabe destacar que esta interpretación protege de un modo más amplio el derecho fundamental a la justicia pronta, al permitir que se examinen de manera expedita las posibles violaciones a derechos procesales cuya gravedad extrema exija un inmediato análisis constitucional. Lo anterior, de conformidad con el principio hermenéutico pro homine establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, en cuya virtud acudirse a la interpretación más extensiva cuando se trata de fijar los alcances de los derechos humanos y sus garantías. De ahí que conforme a la nueva ley los actos de imposible reparación para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto, abarquen a los actos intraprocesales que afectan derechos adjetivos en grado predominante o superior." En vista de esos criterios, que, pese a que no son obligatorios, son asumidos por este Juzgado Federal en virtud de su razonabilidad y sentido protector en beneficio de las personas, es necesario ahora determinar si el acto reclamado en este juicio satisface alguna de las condiciones referidas, para que sea procedente en contra de él el juicio de amparo indirecto, es decir, si la falta de emplazamiento y el proveído en el que se señaló fecha para el desahogo de la prueba testimonial para acreditar la necesidad y urgencia sobre la medida cautelar de alimentos, dentro del juicio ordinario oral familiar número 941/2018, es lesiva de alguno de sus derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, o bien, si esa determinación causa al quejoso un perjuicio procesal exorbitante. Para decidir lo anterior, es necesario precisar cuáles son los efectos del acto que se reclama en el presente juicio. En relación al acto reclamado, relativo al señalamiento para el desahogo de la prueba testimonial a fin de acreditar la necesidad y urgencia sobre la medida cautelar de alimentos dentro del juicio de origen, es necesario puntualizar que, como se explica en la jurisprudencia que se transcribe a continuación, esa causa de improcedencia del juicio constitucional está plenamente justificada, pues con ella se pretende evitar una cadena interminable de juicios de amparo a fin de impedir que en el trámite de los juicios comunes las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de aquellos juicios. La tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1186 del Tomo XVII, Mayo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." El artículo 172 de la Ley de Amparo, tiene señaladas qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, y que afectan las defensas del quejoso, cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. Dentro de esas violaciones al procedimiento, se destaca la no recepción de pruebas, lo que equivale al pronunciamiento relativo al desechamiento, o bien, los medios de convicción ofrecidos por las otras partes dentro de un juicio. Esto es, por disposición expresa de la Ley de Amparo, el pronunciamiento sobre desechamiento o admisión de pruebas durante el trámite de un juicio, constituye una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso. A lo anterior, debe añadirse que ha sido criterio reiterado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la citada admisión o desechamiento de pruebas, por regla general, no se considera como una violación que cause perjuicios irreparables, ya que es susceptible de subsanarse en la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, si es que se emite favorablemente a los intereses de la parte que ofreció la prueba, pero de no ser así, podrá hacer valer esa violación al momento de reclamar la sentencia definitiva, mediante el juicio de amparo directo, conforme a las reglas previstas en el artículo 174 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, visible a foja 31, del Semanario Judicial y su Gaceta, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Igual determinación, prevalece en relación al acto reclamado relativo a la falta de emplazamiento al juicio de origen, virtud a que como se advierte del contenido del escrito de demanda y anexos, el juicio ordinario oral familiar número 941/2018 se encuentra en trámite, sin que se haya dictado sentencia ejecutoria en el mismo, en cuyo caso el quejoso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. De lo expuesto se deriva un elemento toral para considerar que en el particular dichos actos, no son susceptibles de combatirse aún mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que sólo produce efectos intraprocesales. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha doce de junio de dos mil trece, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, agosto de 2013, tomo I, materia común, visible en la página 729, del texto y rubro siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA. 3a./J. 18/92).Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por - con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, relacionado con el numeral 172, todos de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21 de la ley de la materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o, el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento a la tercero interesada y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Finalmente, téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su libelo constitucional, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a -, por tener registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho de este Órgano Jurisdiccional, y únicamente para tal efecto a la persona restante que refiere por no contar con el registro en dicho sistema.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano