Héctor Fonzeca Romero Y/O Héctor Fonseca Romero

Expediente 372/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
372/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
19/06/2015

Partes del expediente

  • Héctor Fonzeca Romero Y/O Héctor Fonseca Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado determinación Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa, la parte quejosa no se inconformó con el auto dictado con el nueve de junio de dos mil quince, mediante el cual se desechó la demanda propuesta; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Se ordena el archivo del expediente En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Clasificación del expediente Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito (que deroga el diverso 1/2001 de veintisiete de agosto de dos mil uno, únicamente por lo que se refiere al tratamiento de los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito) se hace la indicación de que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, por ser un juicio de amparo en el cual se desechó la demanda, con apoyo en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce. Relevancia documental Asimismo, el expediente en que se actúa NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Existencia de documentos De igual manera, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil quince. SE DA CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta de la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de dos de junio del actual, para los efectos legales procedentes. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. Ahora, bien, vista la demanda de amparo promovida por HÉCTOR FONZECA ROMERO y SANDRA GABRIELA JAIN GONZÁLEZ, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla y otra, por violación de los artículos 14 y 16, constitucionales. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito de cuenta se advierte que el acto reclamado lo constituye el auto de treinta de abril de dos mil quince, emitido por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en el juicio ejecutivo mercantil 438/2013, promovido por José Lulio Hernández Hernández, en contra de los quejosos, en el que se les solicita entreguen dentro del término de tres días siguientes a partir de la notificación del citado auto a la depositaria el bien mueble embargado, con el apercibimiento que de no hacerlos será por conducto de la fuerza pública. ANÁLISIS DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las causales de improcedencia que constituye una cuestión de orden público y un presupuesto procesal que el juzgador debe examinar de oficio. Apoya lo anterior por analogía, el criterio sustentado en la jurisprudencia 814, cuya voz y contenido son: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo" La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus excepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis I.6o.C. J/37, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así también cobra aplicación la tesis I.3o.C.25 K, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." Hecha la precedente anotación, debe indicarse que en el presente caso se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que, el auto reclamado, es el auto de treinta de abril de dos mil quince, emitido por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en el juicio ejecutivo mercantil 438/2013, promovido por José Lulio Hernández Hernández, en contra de los quejosos; en tal virtud, dicho acto reclamado es susceptible de ser revocado o modificado mediante el recurso de reclamación, tal como lo establece el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, que establece: "Artículo 408. La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento." Así, el recurso de reclamación tiene por objeto revocar o modificar un auto que no pone fin al procedimiento, como en el caso lo es el auto reclamado. En efecto, el auto reclamado por la parte quejosa, no es de aquellos que pone fin al procedimiento, por tanto, debió ser recurrido mediante recurso de reclamación ante el juez que la emitió, antes de promover el amparo que ahora se intenta, ello, a efecto de satisfacer el principio de definitividad contemplado en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la Tesis número VI.1o.C.33 C, que a la letra dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CONTRA EL AUTO QUE LA FIJA DE MANERA PROVISIONAL, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, AL SER EFICAZ PARA CONTROVERTIR DICHO ACTO EN SEDE ORDINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado consiste en el auto que decreta la pensión alimenticia provisional, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, debe agotarse previamente el recurso de reclamación previsto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, puesto que éste tiene por objeto revocar o modificar un auto que no pone fin al procedimiento y, además, se considera eficaz para reparar los actos de la autoridad en un plazo razonable, en tanto que al no existir disposición expresa que indique cuál es el término para resolver el citado recurso, cobra aplicación el artículo 80 del mismo ordenamiento legal, que establece que cuando la ley no señale el término para la práctica de un acto judicial, se tendrán por señalados tres días. Cabe destacar que si bien es cierto que en la legislación inicial no existía precepto que facultara al Juez a resolver el recurso antes del dictado de la sentencia, y que en la exposición de motivos de esa codificación se puntualizó que debía resolverse en la sentencia, también lo es que mediante decreto de doce de julio de dos mil siete, se adicionó al artículo 410 del aludido cuerpo de leyes, la fracción V que establece: "cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada", de lo que se sigue que la finalidad del creador de la norma al adicionar esa porción normativa fue precisamente dotar de eficacia al recurso de reclamación, permitiendo que éste pudiera ser resuelto previamente al dictado de la sentencia de fondo, cuando el caso lo amerite." Igualmente, sirve de apoyo la tesis número I.4o.C.266 C, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EL AUTO QUE LOS DECRETA ESTÁ SUJETO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El auto que decreta alimentos provisionales es un acto de ejecución irreparable, de los que refiere el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, desde el momento en que los alimentos pagados durante el juicio, no son restituibles en el procedimiento, pero ello no es causa para dejar de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no debe ligarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, ya que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es necesario agotar los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." DESECHAMIENTO En las relatadas condiciones al haberse acreditado la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos 112 y 113 del mismo ordenamiento lo procedente es desechar de plano la demanda. DIGITALIZACIÓN En observancia al Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, procédase en su oportunidad a la digitalización del presente expediente, a fin de contar con copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ...SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN..POR LO ANTERIOR SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA LAS NUEVE HORAS CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE...

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