Hector Fields Maza

Expediente 393/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
393/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Hector Fields Maza

Actuaciones

  1. Principal

    II-Visto el estado del presente expediente, se advierte que no se ha logrado la comparecencia de la quejosa María Esther González Guerra, para efecto de la realización de la toma de muestra de la prueba grafoscópica a cargo del perito Isaías Macuixtle Gallegos. Por otra parte, de la revisión a la razón levantada por la actuaria judicial adscrita, se aprecia la imposibilidad que tuvo de notificar y dar cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veinticinco de abril del año en curso, ya que al constituirse en el domicilio ubicado en la calle labrouche entre avenida Andara Cuatro, manzana setenta, lote ocho, fraccionamiento residencial Andara, y se entrevistó con una guardia de seguridad del referido fraccionamiento, a quien le informó el motivo de su visita y le requirió lo ordenado en autos, a lo que le respondió que la quejosa ya no habita en el predio solicitado y que el mismo se encuentra en renta; situación de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora, de una revisión de autos se aprecia el diverso domicilio de la parte quejosa, siendo el ubicado en calle la escondida 101, colonia valle de chipinque, 66250, San Pedro Garza García, Nuevo León. En consecuencia, con fundamento en los ordinales 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y en los numerales 107, 108 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento exhorto por la vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en Monterrey, Nuevo León, en Turno. A efecto de que, en auxilio de las labores de éste Juzgado, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que: comparezca al domicilio señalado y en caso de encontrar a la quejosa María Esther González Guerra, en el acta de la diligencia solicite a ésta que realice una toma de muestra caligráfica (firmas y escritura), es decir, la requiera para que plasme en una hoja en blanco su firma y su nombre, diez veces cada uno, por separado, a efecto de que el perito Isaías Macuixtle Gallegos pueda estar en aptitud de emitir el dictamen pericial correspondiente, ya que para poder llevar a cabo un estudio grafoscopico, la muestra indubitada corresponde a la firma genuina o autentica, trazada espontáneamente en documentos públicos o privados, los patrones de comparación, deben reunir ciertas condiciones para resultar idóneos en el cotejo Grafoscopico, tales como ser fiables, homólogos o de similitud signatura, originales, espontáneos, en cantidad determinada, producción del trazado y contemporaneidad o tiempo del mismo. Los cuales en obvio de mayores dilaciones en el presente asunto, podrán ser remitidos al correo electrónico de este órgano jurisdiccional,1jdo27cto@correo.cjf.gob.mx, para los efectos legales conducentes. De igual forma, se faculta al juez exhortado para la realización de todo tipo de actuaciones tendientes al cumplimiento de la diligencia encomendada. Solicítese al juez exhortado que de no tener inconveniente alguno, se sirva devolver todo lo actuado a este juzgado a la brevedad posible. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se dispone diferir la audiencia relativa al incidente de falsedad de documentos señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha y hora para su desahogo las diez horas con cincuenta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente vía exhorto.

  2. Principal

    V.- Con esta fecha se notifica a la paret quejosa el auto de veintitrés de mayo del año en curso que en lo conducente dice: "Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Héctor Fields Maza, contra los actos que reclama de la jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Chetumal y otra autoridad. Al respecto, se ordena formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 393/2022-V-B. Ahora, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, el suscrito se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que se surte de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, Dispositivo legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] De la fracción antes aludida se aprecia que deviene improcedente el juicio de amparo, contra actos que hayan sido materia de otro juicio que aún no se encuentre firme, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Así en el particular, se actualiza la aludida causa de improcedencia en comento, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, es un hecho notorio para el suscrito juzgador la existencia del diverso juicio de amparo 382/2022-II-C, del índice de este juzgado, promovido por el mismo quejoso Héctor Fields Maza, en el que señaló como autoridades responsables y actos reclamados los que hizo consistir en: Del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. - La promulgación del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en particular la fracción II, inciso c) del artículo 12. De la jefa del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene de la oficina de representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. - El acto de aplicación de la porción normativa recién referida, contenido en el oficio DPSH/0524/2022, de veintisiete de abril de este año; y sus consecuencias. Resulta aplicable la jurisprudencia 2./J. 27/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. El amparo indirecto 382/2022-II-C, fue admitido a trámite el dieciocho de mayo de esta anualidad. Por otra parte, de la demanda que da origen al expediente en que se actúa, se aprecia que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a la jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Chetumal y a la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Chetumal, contra el mismo acto, consistente en el oficio DPSH/0524/2022, de veintisiete de abril de este año; y sus consecuencias. Dicho acto reclamado, como se destacó en párrafos previos, también es objeto de reclamo por el mismo quejoso a la misma autoridad en el diverso juicio de amparo 382/2022-II-C, en el cual mediante auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió de la demanda constitucional. Así, destaca que en ambos juicios la parte quejosa reclama el oficio DPSH/0524/2022, de veintisiete de abril de este año, suscrito por la jefa del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene de la oficina de representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. La diferencia que se advierte es que en el primer juicio controvierte que en ese acto se aplicó el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, específicamente la fracción II, inciso c) del artículo 12; mientras que en el segundo, se aplicaron, las Políticas para el Registro de Probables Deudos. Lo cual, se tratan de violaciones constitucionales diversas que en su caso, serán materia de estudio en el asunto ya admitido. Sin que se soslaye que en la demanda origen de este expediente señale como autoridad a la Jefe (a) del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, pues la negativa del registro para el otorgamiento de la pensión de concubinato, como concubinario de Fátima Leónides Loría Valdés, se considera como un acto de ejecución que se hace depender de la procedencia de ser reconocido como deudo. De tal manera que como el oficio en el que se determina la improcedencia de deudo, va a ser objeto de estudio en el diverso amparo emitido, lo que en este se determine respecto a la constitucionalidad de tal oficio será reflejo en los actos consecuentes que del mismo oficio impugnado deben derivar o de ejecución posteriores como el registro o afiliación respectiva para el otorgamiento de la pensión de concubinato. Cabe decir que, de así considerarlo, tales aspectos pueden ser objeto de ampliación en el diverso juicio de amparo, tanto por la autoridad ejecutora, acto y/o por conceptos de violación. Por lo anterior, se llega a la convicción de que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, son materia en otro diverso, radicado en este propio órgano jurisdiccional con el número 382/2022-II-C, el cual se admitió el dieciocho de mayo de dos mil veintidós. En efecto, el acto señalado en la demanda que motivó la formación de este expediente, no puede ser reclamado en un amparo posterior, hasta en tanto se dicte sentencia en el diverso juicio constitucional (382/2022) y quede ejecutoriada. Ello, en razón de que la parte accionante puede hacer valer el medio de impugnación que la ley de la materia pone a su alcance para revocar o modificar la sentencia emitida en caso de que no se encuentre satisfecho; ello impide analizar nuevamente dicho acto, ya que a la fecha como se dijo, no se ha dictado sentencia en el juicio de amparo antes mencionado; por lo que al concurrir en el particular los requisitos esenciales que establece la causal de improcedencia analizada, esto es, la identidad de la parte quejosa, la autoridad responsable y el acto reclamado, es inconcuso que en el caso, se actualiza la misma. Resulta aplicable al caso, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Enero de 1996, página 312, Tesis: XIX.2o.12 K, Tesis Aislada, Materia(s): Común), cuyo rubro y texto a la letra establecen: LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Así como la tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, número III.2o.P.41 K, visible en la página 2791, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXVII, Enero de 2008, en Materia Común, con el rubro y texto siguiente LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. De igual manera, cobra aplicación la tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3029, registro 2019187, que en su rubro y texto dice: LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Sin que se estime necesario agregar a los autos las copias de las constancias del juicio de amparo 382/2022-IIC, que se está tramitando ante este Juzgado, pues se hace constar que se tienen a la vista las constancias citadas del expediente. Sirve de apoyo al anterior razonamiento la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número de registro IUS 172,215, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, Tesis: 2a./J. 103/2007, página 285, de rubro y texto que se citan a continuación: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Así las cosas, ante la manifiesta e indudable presencia de la invocada causal de improcedencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Héctor Fields Maza; lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII del mes de mayo de 1998, con el rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Gabriel Rodríguez Hobart, por encontrarse registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. Ahora, de la certificación de cuenta y ante la solicitud del quejoso para poder consultar el expediente y realizar promociones vía electrónica, de la revisión de Usuarios de Juicio en Línea que tienen registros en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, se advierte que el usuario GOBOROHO, está dado de alta en el Catálogo de Juicio en Línea a nombre de GABRIEL RODRIGUEZ HOBART con correo electrónico gabrielroho@gmail.com registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea, así como presentar promociones electrónicas por dicho medio. Proceda el analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, en términos del citado acuerdo, a efectuar las gestiones pertinentes. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente al quejoso."

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