Héctor Fernando Carmona Urbano
Expediente 1837/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1837/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/12/2021
Partes del expediente
- Héctor Fernando Carmona Urbano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el contenido del escrito de cuenta, que suscribe el perito oficial ****, perito en materia de medio ambiente, mediante el cual, solicita una prórroga efecto de emitir su dictamen; por tanto, se le concede una prórroga de diez días, y con fundamento en el artículo 75 tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al ocursante, para que dentro del plazo concedido a partir de la notificación del presente auto, emita su dictamen pericial, el que deberá estar ratificado ante la presencia judicial. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, o informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa que resulte equivalente a la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), conforme a lo previsto por el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual manera, se hará del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, con su actuar en el presente expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia siguiente: PERITOS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO DE QUE DISPONEN PARA RENDIR SU DICTAMEN TIENE COMO LÍMITE LA FECHA SEÑALADA PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La circunstancia de que el Juez de Distrito no señale expresamente al perito un plazo para rendir su dictamen, no entraña una violación procesal en el juicio de garantías, puesto que es evidente que el plazo máximo de que éste dispone para emitir su dictamen es el que medie entre la fecha en que aceptó y protestó el cargo, teniendo los elementos necesarios para su actuación, y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, ya que en términos de los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo es en esta audiencia en la que las partes deben rendir las pruebas y, en caso de que ese lapso no sea suficiente, a solicitud de las partes o del perito mismo, puede ampliarse mediante la paralela solicitud de que se difiera el desahogo de la citada audiencia, quedando esto al prudente arbitrio del juzgador, que debe regirse por las condiciones y necesidades que en la especie concurran. Cabe señalar que, al respecto, no son aplicables supletoriamente las hipótesis previstas por los artículos 148 y 149 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que la alusión que estos preceptos legales hacen en cuanto a que para el desahogo de la prueba pericial, el juzgador debe otorgar un plazo prudente para que los peritos designados presenten su dictamen, en el juicio de amparo este plazo se encuentra limitado, en última instancia, por la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Amparo en revisión 3145/96. Telesistema Mexicano, S.A. de C.V. y otra. 19 de marzo de 1997. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.
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ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****, contra los actos que reclamó al Juez Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, precisados en el considerando segundo, por los razonamientos vertidos en el considerando último de este fallo.
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Zapopan, Jalisco, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado admite recurso de revisión adhesiva. Visto el oficio procedente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual comunica que en los autos del amparo en revisión *** de su índice, admitió a trámite el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Delegado del Fiscal General y del Director de Recursos Humanos de la Fiscalía General, ambos del Estado de Jalisco, en contra de la resolución dictada el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; por tanto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Se da vista con la adscripción de nueva titular. En otro aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se acordó la primera adscripción de la jueza Mabel Cortez Navarrete, en este Juzgado, con efecto a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se comunicó a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/1095/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, emitido por el Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto con fundamento en lo dispuestos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo rubro y texto siguientes: "Registro digital: 164217 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 104/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312 Tipo: Jurisprudencia SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** EL AUTO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE, EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EL AUTO EN CITA SEÑALA: Zapopan, Jalisco, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables; acuerdo que le fue notificado el veinte siguiente. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el cinco de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable encargada del cumplimiento, realizara lo siguiente: "[.] Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, las obligaciones que imponen la fracción I, inciso a), del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinte, y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución. [.] Deberá devolverse a la parte quejosa la cantidad que, descontando el monto que se pagó por concepto de derechos por el registro de diversos actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, mediante el recibo oficial ***. [...] Asociado a lo precedente, debe señalarse que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, deberá versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima prevista para los establecimientos de su género; para que, de esa manera, se restituya a la impetrante del amparo en el pleno goce de las garantías que se consideraron transgredidas en su perjuicio [...]". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se le concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que el Procurador Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante acuerdo de devolución de tres de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente ***, de su índice, en cumplimiento de la ejecutoria ordenó desincorporar la norma declarada inconstitucional y puso a disposición de la quejosa el título ejecutivo correspondiente, que resultó de desincorporar de su esfera jurídica, la fracción I, inciso a), del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinte; en vía de consecuencia, dejó insubsistente el pago realizado por la parte quejosa, documentado en el recibo oficial ***, y ordenó le fuera reintegrada la cantidad respectiva, poniendo a su disposición el cheque correspondiente En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. No obsta a lo anterior, que la responsable del cumplimiento, no haya remitido constancia con la que acreditará que fue devuelta la cantidad a la que se hace alusión, a la parte agraviada, en virtud de que no puede desvincularse al accionante constitucional -en este caso tan particular- del cumplimiento de la sentencia de amparo, pues su intervención en el mismo, consiste en que éste acuda ante la autoridad a efecto de recibir el numerario que se encuentra a su disposición, toda vez que, como se dijo, le fue notificada dicha determinación por este Juzgado Federal, sin que manifestara nada al respecto. Sirve de apoyo por analogía el siguiente criterio: "Novena Época Registro: 178468 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: III.3o.A.52 A Página: 1455 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. (...).". Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental; asimismo, no se trata de un asunto relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni versa sobre la materia agraria; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en artículo 15 del acuerdo general en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordena el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo dispone el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el artículo 35, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el artículo 18 del acuerdo general en cita, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al antepenúltimo párrafo del mismo.
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