Héctor Fermín Pérez Arizmendi
Expediente 799/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/09/2021
Partes del expediente
- Héctor Fermín Pérez Arizmendi
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, por medio del cual, el Juez y el Secretario de Acuerdos, ambos adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, solicitan se les indique de manera precisa las constancias que se requieren para estar en condiciones de remitirlas a la brevedad. En atención a lo anterior, dígaseles que deberán estarse a lo acordado en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se les requirió para que remitan su informe previo con relación a la materia del incidente de revocación a la suspensión. A fin de no retrasar el procedimiento, notifíquese el presente proveído al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Bahía de Banderas y Secretaria de Acuerdos en funciones de ejecutor de su adscripción por medio del correo electrónico oficial Buceríascivil1@juzgadosnayarit.gob.mx. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo presentada por HÉCTOR FERMÍN PÉREZ ARIZMENDI, por su propio derecho, en la que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, por su propio derecho, contra el acto del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con residencia en Tepic, Nayarit. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 799/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o JORGE ARMANDO LÓPEZ SÁNCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.bb 03/04/22 19:48:19 protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El primero de los numerales establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora bien, por regla general, los actos dentro del juicio son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Por excepción, sólo serán impugnables en amparo indirecto, aquellos actos dictados dentro del juicio cuya ejecución sea irreparable, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:.(.) .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El dispositivo transcrito es preciso -para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación- al señalar que dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva -procesales-, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite sentencia definitiva, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Atento a lo anterior, es claro que las violaciones procesales no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y tampoco enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de simples infracciones del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; de ahí que su impugnación pueda esperar hasta el amparo directo, siempre que sean controvertidas previamente a través del recurso ordinario procedente, a menos que se esté en un caso de excepción de este requisito. Por virtud de lo anterior, se concluye que el acto reclamado, que se hace consistir en la resolución interlocutoria de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con residencia en Tepic, Nayarit, en los autos del expediente de 1901/2019 su índice, en la que se determinó declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí parte quejosa en contra del proveído de veintidós de abril del año en curso, en el que se apertura el periodo probatorio en el expediente referido y que negó la caducidad de la instancia en ese asunto solicitada por el quejoso HÉCTOR FERMÍN PÉREZ ARIZMENDI, constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en términos de los artículos 171 y 172, ambos de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan materialmente y de forma inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, establecidos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que México es parte. Es así, porque los efectos lógicos que derivan de ese acto, son precisamente que se continúe con la tramitación del referido sumario; sin embargo, ello no implica que por tal circunstancia se transgredan de manera inmediata derechos sustantivos, sino que -en todo caso- esa afectación surgiría por virtud de lo que al efecto pudiera decretar el juez de la causa al pronunciar la sentencia definitiva. De ahí, que no se pueda pretender que por virtud del acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con residencia en Tepic, Nayarit, en los autos del expediente de 1901/2019 su índice, en la que se determinó declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí parte quejosa en contra del proveído de veintidós de abril del año en curso, en el que se apertura el periodo probatorio en el expediente referido y se niega la caducidad de la instancia solicitada por el quejoso, habrá afectaciones irreparables sobre sus derechos sustantivos, y que por ello deba admitirse su amparo indirecto. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente a la explicación de los actos de ejecución irreparable, la jurisprudencia 37/2014 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 377/2013, de datos y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J 4/5001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laborar desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se trata de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede firmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirime los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Igualmente, sirve de apoyo la tesis siguiente: "Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: (VIII Región)2o.3 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 801 Tipo: Aislada CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.)]. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", estableció que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, conforme a la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", al establecer que por estos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Así pues, se estima que aquel supuesto es análogo a la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad en juicios ordinarios, pues tiene también el efecto de continuar el trámite del juicio respectivo; y sus efectos son sólo intraprocesales; por lo que, el criterio en cita también debe aplicarse en dicho caso. En consecuencia, la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia no es impugnable en amparo indirecto, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamada como violación procesal en la vía del amparo directo." En consecuencia, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la ley de la materia, procede desechar la presente demanda de amparo, promovida por HÉCTOR FERMÍN PÉREZ ARIZMENDI, por su propio derecho. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; por autorizados en términos amplios de la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a CONRADO VALENCIA LOBATOS, MARITZA SALAS LOBATOS y RODRIGO DE JESUS DAVALOS CUEVAS, y en términos del párrafo segundo, del referido numeral, en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la Ley de Amparo, a LUCIA HUANG HUANG, LUIS HOSARSIPH LOPEZ LÓPEZ y NIELSEN HUMBERTO FABIAN ZENTENO, toda vez que no tienen registrada cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que los faculte para ejercer la profesión de Abogados o Licenciados en Derecho. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal, lleven a cabo las notificaciones a las partes en el juicio para que surtan los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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