Héctor Faustino Ramírez

Expediente 193/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
193/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
14/04/2016

Partes del expediente

  • Juez 45° Penal En la Ciudad de México
  • Héctor Faustino Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    MESA "3" En la Ciudad de México, catorce de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, se establece que el original y duplicado de este incidente SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo anterior, toda vez que se negó la medida suspensional solicitada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante Olivia Campos Valderrama, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA "3" En la Ciudad de México, catorce de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto dictado el dieciocho de marzo del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existen diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    MESA "3" Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante rindiendo informe justificado, sin que exista necesidad de ponerlo a la vista en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en atención a la consideración que más adelante se expondrán. Visto el estado de los presentes autos, se desprende que el acto reclamado consiste en el citatorio de ocho de marzo de dos mil dieciséis. Asimismo, del informe de cuenta, se evidencia el reconocimiento por parte del Juez Cuadragésimo Quinto Penal en la Ciudad de México respecto de la existencia del citatorio de ocho de marzo de dos mil dieciséis; siendo evidente también que mediante comparecencia de catorce de marzo del presente año, el quejoso dio cumplimiento al citatorio que le giro la autoridad responsable. En ese sentido, al informe y constancias de cuenta se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. Conforme a lo expuesto, esta Juzgadora considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XVI, del normativo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable, causal de improcedencia que debe estudiarse oficiosamente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo anterior, sin necesidad de dar vista al quejoso HÉCTOR FAUSTINO RAMÍREZ, con la actualización de dicha causa de improcedencia, advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.) , que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. Así pues, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . XVI Contra actos consumados de modo irreparable". Al respecto, se debe señalar que resulta innecesario el análisis del acto reclamado consistente en el citatorio de ocho de marzo de dos mil dieciséis; lo anterior es así, ya que del informe justificado, así como de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que dicho citatorio, que tenía como efecto el lograr la comparecencia del quejoso, ya fue ejecutado, pues el impetrante de amparo compareció ante la responsable el catorce de marzo del presente año; circunstancia que denota que el acto referido, se ha consumado de un modo irreparable. Esto es así, ya que fue un acontecimiento que se suscitó entre la presentación de la demanda de amparo y la admisión de la misma, y los efectos que pudieren derivarse como consecuencia de la actualización del mismo, han sido consumados de un modo irreparable, pues es imposible retrotraerse al momento en que el quejoso ocurrió ante la responsable, aunado que las consecuencias de ésta ya fueros superadas por las consecuencias jurídicas efectuadas con posterioridad; situación que deja a esta juzgadora de amparo en la imposibilidad jurídica de restituir al quejoso en el goce pleno de las garantías que estima violadas con motivo de la realización de dicho acto reclamado, pues de nada serviría analizar la constitucionalidad del referido acto, si el mismo ya se ha agotado en su integridad, pues es evidente que en el caso concreto, ya no hay materia en la que surta efectos, es decir, ya no hay consecuencias que detener; de ahí que en la ley de la materia se establezca la improcedencia del juicio Constitucional tratándose de actos como el que ahora se analiza; entonces, se ha actualizado la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo en vigor. A la luz de lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado se ha realizado en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente, por lo que no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Por ende, esta juzgadora de amparo se encuentra en la imposibilidad jurídica de restituir a la impetrante de mérito, en el goce de los derechos fundamentales que estima violentados; de ahí que en la Ley de la Materia, se establezca la improcedencia del juicio constitucional tratándose del acto que ahora se analiza. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis consultable en la página 693, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo: XXII, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La improcedencia del amparo sólo puede decretarse, fundándose en que el acto se ha consumado de un modo irreparable, cuando la restitución de las cosas al estado anterior a la violación, es materialmente imposible". Así también, por identidad jurídica, la diversa I.3.A.150.K, visible a fojas 325, de la fuente de Derecho invocada, Octava Época, Tomo XIV, Diciembre de 1994, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el epígrafe y texto: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)" Y el criterio localizable en la página 515, de la fuente de Derecho invocada, Octava Época, Tomo IX, Abril de 1992, bajo el encabeza y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. El amparo contra ellos es improcedente y debe ser sobreseído." En consecuencia, este órgano de control Constitucional considera que al caso concreto, lo conducente es conforme a la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61, fracción XVI, todos de la Ley de Amparo, es de SOBRESEERSE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, promovido por HÉCTOR FAUSTINO RAMÍREZ, en contra del citatorio de ocho de marzo de dos mil dieciséis, por actualizarse la causal de improcedencia en estudio. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a la peticionaria de garantías, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia Constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Efectos de la Audiencia Constitucional. Por las consideraciones precisadas se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del trece de abril de dos mil dieciséis. Sise. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 2º, fracción XV, 5°, 7º y 8°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 1°, fracción III, 25, 28, 29, 30, 34 y 65 del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, a través del cual se implementa la publicación en internet de las sentencias ejecutorias y resoluciones públicas relevantes, generadas, entre otros órganos del propio por Consejo, por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a fin de incentivar el interés de la población en el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales, para fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información y que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que se elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en último término y envíese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  4. Incidental

    mesa"3" RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a HÉCTOR FAUSTINO RAMÍREZ, contra el acto y la autoridad que se precisaron en el considerando único de la presente interlocutoria, en virtud del razonamiento ahí expuesto. Notifíquese.

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