Héctor Eugi Antonio Avelino

Expediente 1855/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1855/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Héctor Eugi Antonio Avelino

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo, promovida por ********************, en su carácter de defensor particular de los quejosos ******************** y ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano), quien actuó con el carácter de Juez de Control; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1855/2023-IV. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por ********************, en su carácter de defensor particular de los quejosos ******************** y ********************, contra el auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos de la causa penal ********************, mediante el cual, se le negó la revisión de medida cautelar a la que están sujetos los directos quejosos (prisión preventiva justificada); háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de esta determinación. Por otra parte, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por separado, en cuaderno único físico y electrónico, fórmese el incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se programan las once horas con treinta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir de que reciba el oficio de notificación, solicitándole privilegie el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe; de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrá realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Además, en atención a la última reforma a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de junio de dos mil dieciséis y con apoyo en lo dispuesto en el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez responsable, para que, de ser cierto el acto reclamado, remita con su informe justificado el índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que hayan dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como sustento al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el juicio, sea por haber cesado los efectos de los actos reclamados o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida que de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase mediante oficio a la autoridad responsable, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación de este proveído, remita la certificación correspondiente, informando si efectivamente el promovente ********************, ostenta el carácter de defensor de ******************** y ********************, dentro de la causa penal ******************** de su índice y remita las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que en caso de ser omisa o no informar la imposibilidad que tenga para hacerlo, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Además, se apercibe al promovente que para el caso de carecer del carácter con el que se ostenta en este juicio, se hará acreedor a una multa de cincuenta a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de la demanda de amparo se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a ******************** apoderado legal de la empresa denominada ********************; por tanto, requiérase a la autoridad responsable a fin de que allegue el domicilio en donde pueda ser emplazado el citado tercero interesado. En diverso orden y en términos del numeral 5, fracción III, inciso e) de la ley citada, también se tiene como tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-5 en Toluca, Estado de México, de la Fiscalía General de la República, por lo que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena librar oficio para emplazarlo al presente asunto. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXVII.3o. J/3 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, página 2713, Décima Época, del contenido literal siguiente: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia" Luego, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de la reclusión de los directos quejosos; asimismo, de conformidad con el artículo 13 de la ley de la materia se tiene como representante común de los quejosos a ********************. Toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "********************", por tanto conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto. Además, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días legalmente computado, manifieste si es su deseo que también se practiquen las notificaciones a través del usuario que proporcionó; apercibida que de no realizar pronunciamiento al respecto, sin ulterior acuerdo, se entenderá su conformidad que las notificaciones que deban ser personales se realicen en los términos indicados referidos en párrafos precedentes. Por otro lado, se toma conocimiento de los correos electrónicos que indica; asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de amparo a la diversa persona que refiere, limitación que se establece, hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, una copia simple del escrito inicial de demanda, fórmese por cuaderno único el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1855/2023-IV, promovido por ********************, en su carácter de defensor particular de los quejosos ******************** y ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano), quien actuó con el carácter de Juez de Control. Con sustento en lo preceptuado por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretará a expresar si son ciertos los hechos que le atribuye la parte quejosa y que determina la existencia del acto reclamado y, en su caso, la cuantía del asunto, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Solicitándole que de no existir inconveniente legal alguno, rinda su informe solicitado privilegiando el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de sus informes previos; de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrá realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se apercibe a la responsable que en caso de ser omisa en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión; además, se hará acreedora a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se señalan las diez horas con diez minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, debe puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. En el caso a estudio, el acto reclamado materia del presente incidente de suspensión, se hace consistir en: El auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos de la causa penal ********************, mediante el cual, se le negó la revisión de medida cautelar a la que están sujetos los directos quejosos (prisión preventiva justificada) Así, respecto a la emisión del acto reclamado, con fundamento en los artículos 128 de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión provisional solicitada, dado que en el caso que nos ocupa dicho acto reviste el carácter de consumado y en contra de actos de esa naturaleza no es procedente conceder la medida cautelar, tomando como punto de partida el hecho de que la consumación de un acto se surte cuando éste ha sido emitido por la autoridad a la que se le atribuye, pues de concederse tal medida, este órgano de control constitucional le estaría dando efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se llegara a dictar en el juicio principal, ello en virtud de que la naturaleza del amparo es esencialmente restitutoria y su efecto, en el supuesto de concederse el Amparo y la Protección de la Justicia Federal, sería el de reponer a la parte quejosa en el goce de su garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Jurisprudencial número 64, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 109, bajo el rubro "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Por otra parte, respecto a los efectos del acto que se reclama, con fundamento en los artículos 128, 163, 166 y 168 último párrafo de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que los directos quejosos queden a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en que se encuentran recluidos y a disposición de la autoridad judicial que conozca de la causa penal respectiva, por lo que hace a la prosecución del procedimiento penal que se instruye en su contra. En el entendido de que la suspensión concedida en este proveído no surtirá efectos, tratándose de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridades diversas a las señaladas como responsables. Los efectos de la presente determinación tienen vigencia hasta en tanto se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de la demanda de amparo se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a ******************** apoderado legal de la empresa denominada ********************; por tanto, requiérase a la autoridad responsable a fin de que allegue el domicilio en donde pueda ser notificado el citado tercero interesado. En diverso orden y en términos del numeral 5, fracción III, inciso e) de la ley citada, también se tiene como tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-5 en Toluca, Estado de México, de la Fiscalía General de la República, por lo que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena librar oficio para notificarle el presente auto. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXVII.3o. J/3 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, página 2713, Décima Época, del contenido literal siguiente: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia" Luego, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de la reclusión de los directos quejosos; asimismo, de conformidad con el artículo 13 de la ley de la materia se tiene como representante común de los quejosos a ********************. Toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "********************", por tanto conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto. Además, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días legalmente computado, manifieste si es su deseo que también se practiquen las notificaciones a través del usuario que proporcionó; apercibida que de no realizar pronunciamiento al respecto, sin ulterior acuerdo, se entenderá su conformidad que las notificaciones que deban ser personales se realicen en los términos indicados referidos en párrafos precedentes. Por otro lado, se toma conocimiento de los correos electrónicos que indica; asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de amparo a la diversa persona que refiere, limitación que se establece, hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.

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