Hector Ernesto Mayen Monroy

Expediente 1067/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1067/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Hector Ernesto Mayen Monroy

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, catorce de diciembre de dos mil veinte. Por recibidos los oficios signados por la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Parque Lira y por el Subdirector Divisional de Administración Tributaria en San Jerónimo, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por los que en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, informan la imposibilidad que les asiste para designar perito en materia de contabilidad y señalar que se adhieren al cuestionario propuesto por este juzgado de Distrito. Ahora, de conformidad con lo previsto en las Circulares SECNO/29/2020 y SECNO/30/2020, emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no se encuentran realizando funciones jurisdiccionales, de manera normal. Lo anterior, dado que por la situación actual que vive la Ciudad de México (Primer Circuito Judicial) en lo que respecta a la pandemia que acaeció con motivo del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante ese plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (i) se dará trámite a los asuntos considerados "urgentes", (ii) se tramitarán los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea" y, (iii) se dictarán las sentencias de los asuntos que se encuentren en estado de resolución, es que este Juzgado Federal determina reservar la promoción de cuenta. Lo anterior, pues como se desprende del análisis de este juicio constitucional, no se da ninguno de los supuestos para que este órgano de control constitucional se encuentre en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Dicha determinación busca, no solo observar el contenido de las circulares y de los acuerdos administrativos que obligan a este Juzgador, sino también velar por el respeto de los derechos procesales de las partes, dado que en el periodo de suspensión de labores que existe en este momento, no pueden correr los plazos y términos que prevé la normatividad de la materia para la tramitación del juicio de amparo y, en consecuencia, no se puede integrar debidamente el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, cinco de noviembre de dos mil veinte. Por recibido el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual en desahogo la vista de cumplimiento de quince de los corrientes, señala que no es voluntad del quejoso otorgar su consentimiento para que el Instituto de Neurología lleve a cabo las medidas que se le solicitaron a efecto de tener por cumplido el fallo protector, pues considera que someterlo a dicha práctica sería revictimizante y pudiera resultar contraproducente con los avances que ha tenido en cuanto la recuperación psicológica, Por tal motivo, solicita se resuelva lo que proceda con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en consideración que ya se ha reiterado que no es de su interés cumplir con las citas médicas ni con ningún otro requerimiento relativo a la práctica de estudios. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a realizar el siguiente pronunciamiento: EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia por dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de quince de agosto de dos mil diecinueve, en el toca R.A. 35/2019, en la que resolvió: "(.) PRIMERO. Se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por la Primera Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por las razones expuestas en la parte final del considerando cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. QUEDA FIRME el sobreseimiento decretado en el considerando quinto de la sentencia recurrida, por los razonamientos expuestos en el considerando quinto de esta ejecutoria. TERCERO. En la materia de la revisión se MODIFICA la sentencia recurrida, con la reparación de incongruencia a que se refiere el considerando séptimo de esta ejecutoria. CUARTO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *** en contra de los actos de autoridad y por los motivos expuestos en el último considerando de la presente ejecutoria. QUINTO. Es INFUNDADO el recurso de revisión adhesiva." De la lectura del testimonio de cuenta se advirtió que la Superioridad concedió el amparo al quejoso para los efectos siguientes: "(.) Ahora, de los temas estudiados con anterioridad, este tribunal colegiado considera que las autoridades pertenecientes al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco, Suárez", aun cuando han realizado diversas actuaciones, tendentes a preservar la vida, integridad personal y la salud del menor **** , lo cierto es que sí se tiene presente su calidad de "adolescente" y "víctima", así como el hecho de que la detención arbitraria en su contra acaeció cuando aún era menor de edad, y tomado en consideración la obligación del Estado Mexicano prevista en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño que consagra el derecho a la salud de garantizar al niño el "disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Se tiene que los galenos del Instituto de Salud de mérito, a fin de coadyuvar al Estado Mexicano a cumplir con la obligación aludida deben atender los siguientes aspectos: a) Revisar la totalidad de las constancias que integran el expediente clínico del adolescente quejoso, con el fin de identificar la información que conforme a los razonamientos expuestos en la presente sentencia, no fue obtenida bajo el rigor de los principios científicos y éticos que orientan a la práctica médica, para que las responsables, bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo a sus conocimientos médicos, para que elaboren una nueva "Historia Clínica" del adolescente de acuerdo a lo previsto por la norma oficial mexicana Norma Oficial Mexicana *****, prescindiendo de elementos que victimicen o criminalicen al adolescente quejoso. b) Con el consentimiento del quejoso, elaborar bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo a sus conocimientos, un dictamen médico del estado de salud del quejoso, el cual deberá ser integrado al expediente clínico de éste, en el que de manera detallada y pormenorizada analicen el estado de salud del paciente y expliquen si prescindiendo de la información proporcionada por la Primera Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el tratamiento otorgado al adolescente quejoso fue el adecuado o no. c) Realizar la prueba psicológica estandarizada al quejoso, con su consentimiento y apegada a los criterios técnicos establecidos para tal efecto, para que, a partir de ello, informen al adolescente quejoso y a sus progenitores, bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo a sus conocimientos médicos, cuáles son los medicamentos y tratamientos necesarios para tratar su problema psiquiátrico y en su caso, si existen diversas alternativas farmacológicas para tal efecto. d) En caso de que las autoridades del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco, Suárez", no contemplen dentro del tratamiento médico ofrecido al quejoso o alguna de sus alternativas, los medicamentos citicolina y memantina, informarán al quejoso cuál es la razón por la que dichos fármacos no son necesarios ni útiles para tratar su padecimiento psiquiátrico. e) Una vez que se informe al quejoso el tratamiento o tratamientos médico farmacológicos que resulten adecuados para tratar su salud, en caso de que el adolescente quejoso o sus progenitores tengan aún dudas o se sientan inconformes de la prescripción médica que se le indique al adolescente, las autoridades responsables deberán garantizar al peticionario de amparo su derecho a recibir una segunda opinión médica, y con el fin de lograr ello, las citadas autoridades deberán contrarreferir al paciente al Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz", con el fin de que se otorgue dicha segunda opinión médica. Ello, para efectos de que tal segunda opinión médica sea realizada, en su caso, por una autoridad médica que no esté bajo la dirección de la responsable, en aras de garantizar la equidad procesal en el presente fallo; y, en atención a que dicho Instituto Nacional de Salud cuenta con alta capacidad resolutiva diagnóstico-terapéutica en la especialidad de psiquiatría, con el fin de que se otorgue dicha segunda opinión médica. f) Una vez que se lleven a cabo las acciones necesarias y que el adolescente quejoso y sus progenitores hayan manifestado su conformidad con cierto tratamiento médico farmacológico de los que se sean prescritos bajo la más estricta responsabilidad del médico respectivo, las citadas autoridades responsables, dentro del ámbito de sus competencias, de forma inmediata deberán garantizar el respeto al derecho a la salud de la parte quejosa en los aspectos que fueron vulnerados, para lo cual, deberán tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho al nivel más alto posible de salud del adolescente quejoso, lo cual, se traduce, entre otras cosas en el suministro integral, continuo y gratuito de medicamentos necesarios para la atención de su problema de salud mientras sean necesarios para su tratamiento. En esa virtud, una vez que se cumplimenten las medidas precisadas en los incisos que anteceden, podrá estimarse que las autoridades del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco, Suárez", han adoptado las las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y la salud (en su nivel más amplio) del menor ***** teniendo en cuenta su condición de adolescente y víctima, ante la detención arbitraria de la que fue objeto y probablemente constitutivos del delito de desaparición forzada y el estado de vulnerabilidad y estado de salud en las condiciones en las que fue encontrado; de ahí lo infundado de los agravios en análisis. (.)" En cumplimiento a la anterior, se requirió a las responsables por su acatamiento. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO Mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, después de una revisión a las manifestaciones formuladas por la autorizada de la parte quejosa y los oficios presentados por la autoridad responsable el ocho, veinticuatro de octubre y trece de noviembre de dos mil diecinueve, mediante los cuales la responsable informó que había revisado la totalidad de las constancias que integran el expediente clínico del adolescente quejoso, con el fin de identificar la información que conforme a los razonamientos expuestos en la sentencia de amparo, no fue obtenida bajo el rigor de los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, para elaborar una nueva historia clínica del adolescente, bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con la norma oficial **** , se tuvo por cumplido el fallo protector respecto de los efectos identificados con los incisos a), b) y c) consistentes en: "(.) a) Revisar la totalidad de las constancias que integran el expediente clínico del adolescente quejoso, con el fin de identificar la información que conforme a los razonamientos expuestos en la presente sentencia, no fue obtenida bajo el rigor de los principios científicos y éticos que orientan a la práctica médica, para que las responsables, bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo a sus conocimientos médicos, para que elaboren una nueva "Historia Clínica" del adolescente de acuerdo a lo previsto por la norma oficial mexicana Norma Oficial Mexicana **** prescindiendo de elementos que victimicen o criminalicen al adolescente quejoso. b) Con el consentimiento del quejoso, elaborar bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo a sus conocimientos, un dictamen médico del estado de salud del quejoso, el cual deberá ser integrado al expediente clínico de éste, en el que de manera detallada y pormenorizada analicen el estado de salud del paciente y expliquen si prescindiendo de la información proporcionada por la Primera Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el tratamiento otorgado al adolescente quejoso fue el adecuado o no. c) Realizar la prueba psicológica estandarizada al quejoso, con su consentimiento y apegada a los criterios técnicos establecidos para tal efecto, para que, a partir de ello, informen al adolescente quejoso y a sus progenitores, bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo a sus conocimientos médicos, cuáles son los medicamentos y tratamientos necesarios para tratar su problema psiquiátrico y en su caso, si existen diversas alternativas farmacológicas para tal efecto. (.)" En consecuencia se requirió al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco, Suárez", realizará lo siguiente: "(.) d) En caso de que las autoridades del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco, Suárez", no contemplen dentro del tratamiento médico ofrecido al quejoso o alguna de sus alternativas, los medicamentos citicolina y memantina, informarán al quejoso cuál es la razón por la que dichos fármacos no son necesarios ni útiles para tratar su padecimiento psiquiátrico. e) Una vez que se informe al quejoso el tratamiento o tratamientos médico farmacológicos que resulten adecuados para tratar su salud, en caso de que el adolescente quejoso o sus progenitores tengan aún dudas o se sientan inconformes de la prescripción médica que se le indique al adolescente, las autoridades responsables deberán garantizar al peticionario de amparo su derecho a recibir una segunda opinión médica, y con el fin de lograr ello, las citadas autoridades deberán contrarreferir al paciente al Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz", con el fin de que se otorgue dicha segunda opinión médica. Ello, para efectos de que tal segunda opinión médica sea realizada, en su caso, por una autoridad médica que no esté bajo la dirección de la responsable, en aras de garantizar la equidad procesal en el presente fallo; y, en atención a que dicho Instituto Nacional de Salud cuenta con alta capacidad resolutiva diagnóstico-terapéutica en la especialidad de psiquiatría, con el fin de que se otorgue dicha segunda opinión médica. f) Una vez que se lleven a cabo las acciones necesarias y que el adolescente quejoso y sus progenitores hayan manifestado su conformidad con cierto tratamiento médico farmacológico de los que se sean prescritos bajo la más estricta responsabilidad del médico respectivo, las citadas autoridades responsables, dentro del ámbito de sus competencias, de forma inmediata deberán garantizar el respeto al derecho a la salud de la parte quejosa en los aspectos que fueron vulnerados, para lo cual, deberán tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho al nivel más alto posible de salud del adolescente quejoso, lo cual, se traduce, entre otras cosas en el suministro integral, continuo y gratuito de medicamentos necesarios para la atención de su problema de salud mientras sean necesarios para su tratamiento. (.)." En cumplimiento, mediante oficio presentado el once de diciembre del año próximo pasado, el delegado del Director General y del Director Médico del citado Instituto, informó que no obstante haber generado citas respectivas al quejoso para que acudiera al nosocomio a efecto de realizar las acciones encomendadas en la ejecutoria de amparo, el gobernado no se presentó, con lo cual se dio vista a la parte quejosa. En desahogo, por ocurso presentado el veinte de diciembre siguiente, la autorizada del quejoso manifestó que del expediente clínico del quejoso y la verificación de la "Historia Clínica" elaborada por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco, Suárez", cumplía con los estándares ordenados en la sentencia de amparo, asimismo, coincidió con las manifestaciones de la autoridad responsable respecto a que los medicamentos citicolina y memantina no eran los idóneos para el tratamiento del menor, y precisó que el quejoso no consintió acudir al Instituto para las valoraciones médicas y continuar con el tratamiento que pudieran brindarle. Por lo anterior, el veintitrés de septiembre del año en curso, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de todos los extremos de la sentencia en el inciso e). Así, el nueve de octubre del año en curso, el apoderado legal del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, remitió diversas constancias de las que se advierte que el Delegado del Director General y el Director Médico del citado nosocomio, indican que el quejoso no acudió a las citas programadas el dos de diciembre y cuatro de diciembre a fin de obtener una segunda opinión médica y cumplir con el extremo del inciso e) efecto del fallo protector. Por lo anterior, el quince de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosas para que manifestara lo que a su derecho convenga. En desahogo al vista otorgada, con el escrito de cuenta la autorizada de la parte quejosa indicó: CONCLUSION En consecuencia, se considera que la autoridad responsable Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco, Suárez", a realizado todas las acciones tendentes a dar cumplimiento a los efectos del fallo protector, tomando en consideración que si bien no se acata el extremo relativo a que el quejoso se presente ante el citado nosocomio a la realización de diversas revisiones y le sea informado el tratamiento o tratamientos médicos farmacológicos que resulten adecuados para tratar su salud, se debe a la negativa expresa del gobernado para acudir, pues refiere una posible revictimización. De ahí que, este órgano jurisdiccional toma en cuenta dichos aspectos a fin de salvaguardar el bienestar del quejoso y no irrogar un mayor perjuicio en aras de someter el cumplimiento de la sentencia protectora, pues hacerlo implicaría el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que perjudique, trastocando los derechos humanos del quejoso que se salvaguardaron con la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la ley de Amparo, se considera por CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO. En el entendido que el presente pronunciamiento, no exime a la autoridad responsable de tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho al nivel más alto posible de salud del quejoso, cuando lo requiera, lo cual se traduce entre otras cosas en el suministro integral, continuo y gratuito de medicamentos necesarios para la atención de su problema de salud mientras sean necesarios para su tratamiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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