Héctor Enrique Fernández Raga
Expediente 6/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 22/06/2018
Partes del expediente
- Héctor Enrique Fernández Raga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (folio 101 a 110), en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. El presente expediente, así como el original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones I y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado con anterioridad, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y se negó la suspensión respecto de todos los actos reclamados. En atención al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre el plazo para su destrucción, remítase al legajo correspondiente. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Por permitirlo el estado procesal de los autos, devuélvase al Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el cuaderno de pruebas constante en un tomo, que remitió en apoyo a su informe justificado. Lo anterior, hágase del conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Citatorio Principal.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, al quejoso, el acuerdo autorizado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual, Del análisis de las constancias consistentes en fotocopias certificadas de las actuaciones del juicio civil ordinario 1203/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado rendido, se advierte una causa de improcedencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los cánones 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que prevén Así, es de concluir que el acuerdo que constituye el acto reclamado, esto es, el auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, emitido dentro del juicio civil ordinario 1203/2017, del índice del juez responsable, en el que desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el aquí quejoso contra la diligencia de emplazamiento y requerimiento de pago, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado por lo siguiente: Con dicho acto sólo se puede afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si la resolución que constituye el acto reprochado en esta sede de control constitucional, desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el hoy peticionario de amparo contra el emplazamiento y requerimiento de pago en el juicio civil ordinario 1203/2017 (expediente génesis) del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial de esta entidad federativa, es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, lo que se refleja en el derecho de audiencia de las partes, lo que implica únicamente base para la emisión de la sentencia que en su momento se dicte. A continuación se realiza una síntesis de los antecedentes del juicio de origen, lo cual se advierte de las documentales remitidas por la potestad común, documentales que gozan de plena eficacia con base en el precepto 202 del enjuiciamiento civil federal (aplicado supletoriamente, de acuerdo con el dispositivo 2°, párrafo segundo, de la legislación de la materia), por tratarse de reproducción de documentos públicos que ostentan certificación elaborada por funcionario en el ejercicio de su encomienda y con motivo de ella, que contienen la existencia regular de sellos y firmas que así lo demuestran, respecto de las cuales este juzgado gozando de la más amplia libertad para su análisis considera que las mismas hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos. II. El tres de julio de la supracitada anualidad se llevó a cabo la diligencia de separación de personas (fojas 65 y 215 a 223 ídem). III. En proveído de siete de julio de dos mil diecisiete, el juez responsable acordó diversas peticiones de la hoy tercera interesada, entre ellas, los alimentos provisionales peticionados respecto a lo cual determinó que una vez que diera contestación al oficio que dirigió a la empresa denominada Continental Tire Servicios, sociedad anónima de capital variable, proveería lo que en derecho correspondiera (fojas 85 y 86 ídem). IV. En ocurso presentado ante la responsable el catorce de julio del supracitado año, el quejoso Héctor Enrique Fernández Raga, compareció al juicio génesis, contestó la demanda incoada en su contra, reconvino a la actora, designó abogados patronos, domicilio procesal formuló excepciones y defensas y ofertó medios probatorios (fojas 125 a 147 ídem). V. El tres de noviembre de esa anualidad, la responsable fijó la pensión provisional a favor de María Esther Ferrer Borboa (fojas 241 a 246 ídem). VI. Mediante ocurso presentado el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, José Benjamín Solórzano Bayardo, abogado patrono del hoy quejoso, promovió incidente de nulidad de actuaciones contra la diligencia de emplazamiento y requerimiento de pago efectuada el dieciséis de noviembre de ese año (fojas 261 a 270 ídem). VII. En auto de seis de diciembre del año próximo pasado, la responsable desechó el incidente promovido por el quejoso, por conducto de su abogado patrono, al considerarlo notoriamente improcedente. Esta resolución es el acto reprochado en esta sede de control constitucional (fojas 276 y 277 ídem): Como se advierte del estudio de los antecedentes del acto reclamado, así como de las actuaciones del juicio génesis, se colige diáfanamente que el auto tildado de inconstitucional no cumple con los extremos para ser considerado de ejecución irreparable, dado que es un acto intraprocesal, que no se extiende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre ellos la propiedad, la libertad, la vida o la integridad personal), y tiene sólo una consecuencia procesal, por ello no es dable determinar que la ejecución es de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión de la potestad de instancia, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado de la sentencia emitida en el juicio natural, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la resolución definitiva es adversa a los intereses del ahora impetrante de amparo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en el artículo 172, fracciones IX y XII, de la Ley de Amparo, puesto que tal precepto dispone lo siguiente: En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es innegable que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, las jurisprudencias antes citadas resultan inaplicables, pues para que proceda el amparo indirecto las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, y no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecían dichas jurisprudencias. Así, dicho acuerdo no se observa que transgreda un derecho fundamental, ya que la parte quejosa ha participado activamente ofertando probanzas y recursos o medios de defensa que a su interés convienen. Cabe precisar que la inversión de tiempo y las incomodidades ocasionadas con motivo de la substanciación de un procedimiento, sea del orden federal o local, no puede considerarse, por regla general, como un elemento que determine una acción trascendental e irreparable de los actos procesales, ya que de ser así, ninguna persona iniciaría un juicio contra otra, dado que su tramitación siempre implica a los contendientes distraer parte de su tiempo, costear abogados y tolerar ciertas eventualidades causadas por la realización de aquéllos, como en el caso de ordenarse la reposición del procedimiento en virtud de que el procedimiento judicial es el único medio que la Constitución Federal concede a los particulares para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, porque tal circunstancia no constituye violación a la garantía de prontitud y expeditez de la impartición de justicia establecida en el artículo 17 Constitucional, que se encuentra con armonía con la diversa de debido proceso contenida en el diverso numeral 14 del propio cuerpo de leyes. En tales condiciones, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, por lo que se sobresee en el juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de haber sobrevenido la causa de improcedencia contenida en al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario. Máxime que la causa de improcedencia, que se advierte, es notoria, manifiesta e indudable, y con ninguna prueba puede desvirtuarse. III. Insubsistencia de la fecha de la audiencia constitucional. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional fijada para las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
Del análisis de las constancias consistentes en fotocopias certificadas de las actuaciones del juicio civil ordinario ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado rendido, se advierte una causa de improcedencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los cánones 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; [...]""Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" Los textos legales que anteceden refieren la improcedencia del juicio de garantías cuando los actos que se reclaman no tienen una ejecución irreparable, entendiendo por tales aquéllos que revisten la característica de que la afectación que producen dentro de un procedimiento, trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida o la integridad personal), y no sólo una consecuencia procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguiente: Así, es de concluir que el acuerdo que constituye el acto reclamado, esto es, el auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, emitido dentro del juicio civil ordinario ********************, del índice del juez responsable, en el que desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el aquí quejoso contra la diligencia de emplazamiento y requerimiento de pago, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado por lo siguiente:Con dicho acto sólo se puede afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si la resolución que constituye el acto reprochado en esta sede de control constitucional, desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el hoy peticionario de amparo contra el emplazamiento y requerimiento de pago en el juicio civil ordinario ******************** (expediente génesis) del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial de esta entidad federativa, es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, lo que se refleja en el derecho de audiencia de las partes, lo que implica únicamente base para la emisión de la sentencia que en su momento se dicte. A continuación se realiza una síntesis de los antecedentes del juicio de origen, lo cual se advierte de las documentales remitidas por la potestad común, documentales que gozan de plena eficacia con base en el precepto 202 del enjuiciamiento civil federal (aplicado supletoriamente, de acuerdo con el dispositivo 2°, párrafo segundo, de la legislación de la materia), por tratarse de reproducción de documentos públicos que ostentan certificación elaborada por funcionario en el ejercicio de su encomienda y con motivo de ella, que contienen la existencia regular de sellos y firmas que así lo demuestran, respecto de las cuales este juzgado gozando de la más amplia libertad para su análisis considera que las mismas hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos.Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis cuyos rubros son: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR" y "CERTIFICACIONES JUDICIALES".*****, aquí tercera interesada, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, promovió juicio civil ordinario en el que demandó al hoy quejoso, entre otras cosas, el divorcio necesario, la cual se admitió el veintidós de ese mes y año, registrándose bajo el consecutivo ********************, se decretó el aseguramiento de la cuenta bancaria a nombre del ahora peticionario, ordenándose el emplazamiento de éste (fojas 01 a 60 y 215 a 222 del tomo único de cuaderno de pruebas).El tres de julio de la supracitada anualidad se llevó a cabo la diligencia de separación de personas (fojas 65 y 215 a 223 ídem). En proveído de siete de julio de dos mil diecisiete, el juez responsable acordó diversas peticiones de la hoy tercera interesada, entre ellas, los alimentos provisionales peticionados respecto a lo cual determinó que una vez que diera contestación al oficio que dirigió a la empresa denominada ****, sociedad anónima de capital variable, proveería lo que en derecho correspondiera (fojas 85 y 86 ídem).En ocurso presentado ante la responsable el catorce de julio del supracitado año, el quejoso ********************, compareció al juicio génesis, contestó la demanda incoada en su contra, reconvino a la actora, designó abogados patronos, domicilio procesal formuló excepciones y defensas y ofertó medios probatorios (fojas 125 a 147 ídem).El tres de noviembre de esa anualidad, la responsable fijó la pensión provisional a favor de ******************** (fojas 241 a 246 ídem).Mediante ocurso presentado el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, José Benjamín Solórzano Bayardo, abogado patrono del hoy quejoso, promovió incidente de nulidad de actuaciones contra la diligencia de emplazamiento y requerimiento de pago efectuada el dieciséis de noviembre de ese año (fojas 261 a 270 ídem). En auto de seis de diciembre del año próximo pasado, la responsable desechó el incidente promovido por el quejoso, por conducto de su abogado patrono, al considerarlo notoriamente improcedente. Esta resolución es el acto reprochado en esta sede de control constitucional (fojas 276 y 277 ídem): Como se advierte del estudio de los antecedentes del acto reclamado, así como de las actuaciones del juicio génesis, se colige diáfanamente que el auto tildado de inconstitucional no cumple con los extremos para ser considerado de ejecución irreparable, dado que es un acto intraprocesal, que no se extiende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre ellos la propiedad, la libertad, la vida o la integridad personal), y tiene sólo una consecuencia procesal, por ello no es dable determinar que la ejecución es de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión de la potestad de instancia, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado de la sentencia emitida en el juicio natural, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la resolución definitiva es adversa a los intereses del ahora impetrante de amparo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en el artículo 172, fracciones IX y XII, de la Ley de Amparo, puesto que tal precepto dispone lo siguiente:En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es innegable que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto.Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia de contenido siguiente: Así, como la diversa jurisprudencia:Cabe precisar que este juzgador no inobservó el criterio sostenido en las jurisprudencias que al rubro dicen: Ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, las jurisprudencias antes citadas resultan inaplicables, pues para que proceda el amparo indirecto las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, y no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecían dichas jurisprudencias.Así, dicho acuerdo no se observa que transgreda un derecho fundamental, ya que la parte quejosa ha participado activamente ofertando probanzas y recursos o medios de defensa que a su interés convienen. Cabe precisar que la inversión de tiempo y las incomodidades ocasionadas con motivo de la substanciación de un procedimiento, sea del orden federal o local, no puede considerarse, por regla general, como un elemento que determine una acción trascendental e irreparable de los actos procesales, ya que de ser así, ninguna persona iniciaría un juicio contra otra, dado que su tramitación siempre implica a los contendientes distraer parte de su tiempo, costear abogados y tolerar ciertas eventualidades causadas por la realización de aquéllos, como en el caso de ordenarse la reposición del procedimiento en virtud de que el procedimiento judicial es el único medio que la Constitución Federal concede a los particulares para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, porque tal circunstancia no constituye violación a la garantía de prontitud y expeditez de la impartición de justicia establecida en el artículo 17 Constitucional, que se encuentra con armonía con la diversa de debido proceso contenida en el diverso numeral 14 del propio cuerpo de leyes. Resulta aplicable al caso la tesis número III.3o.C.43 K, de rubro y texto siguientes:En tales condiciones, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, por lo que se sobresee en el juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de haber sobrevenido la causa de improcedencia contenida en al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario.Máxime que la causa de improcedencia, que se advierte, es notoria, manifiesta e indudable, y con ninguna prueba puede desvirtuarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto que se cita a continuación:En razón de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional fijada para las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.Notifíquese; y, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual, comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto en autos. II. Nota de registro de recurso. Se toma nota que se registró como queja 165/2018; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
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