Héctor Enrique de Jesús Gil Llausas
Expediente 1039/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1039/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Héctor Enrique de Jesús Gil Llausas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se desprende que transcurrió el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el auto que desechó la demanda de amparo, sin que haya interpuesto recurso alguno contra el proveído; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Asimismo, en su artículo 21, inciso d), se prevé que es susceptible de destrucción los expedientes en los que se deseche la demanda de amparo y que tengan más de tres años de haberse ordenado el archivo correspondiente. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente toda vez que en el referido auto se desechó la demanda de amparo; por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general.
- Principal
FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda signada por el promovente, a través del Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mismo que contiene su firma criptográfica, mediante el cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la Región Centro, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente 1039/2022-VI-B, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte, que la parte quejosa sustancialmente reclama: - La resolución emitida el ocho de septiembre de dos mil veintidós en la audiencia intermedia celebrada en la causa penal 158/2021, en el que declaró improcedente el incidente de nulidad de exclusión de pruebas planteado por el defensor del aquí quejoso. Empero, respecto a dicho acto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ya que dicho acto que se reclama no es de imposible reparación; por lo tanto, se procede a desechar de plano la demanda que nos ocupa. Se dice ello, pues el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, aclaratorio o de ampliación cuando los haya, y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Ahora, el artículo 61, fracción XXIII y 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del marco legal antes invocado, se obtiene que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, por lo que ya no existe la posibilidad de considerar que dentro dicho concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Entonces, para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto, respecto de aquellos actos de imposible reparación, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que produzcan, esto es, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En la especie, como se adelantó, se reclama de la Jueza de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la Región Centro, con residencia en esta ciudad: - La resolución emitida el ocho de septiembre de dos mil veintidós en la audiencia intermedia celebrada en la causa penal 158/2021, en el que declaró improcedente el incidente de nulidad de exclusión de pruebas planteado por el defensor del aquí quejoso. Así, la anunciada improcedencia del juicio de amparo deviene de que la citada determinación es un acto dentro de juicio con efectos adjetivos o intraprocesales. Es así, porque la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento, cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente si el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Con base en la citada disposición legal, puede afirmarse que el legislador estableció mediante una definición legal el propósito de que en los procedimientos judiciales propiamente dichos se entendiera que los actos emitidos dentro de aquéllos, para ser calificados como de imposible reparación y susceptibles de ser reclamados en amparo indirecto, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo anterior, conforme con el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Es por ello que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de una determinación relacionada con la admisión de los datos o medios de prueba en el sistema de justicia penal -en el caso, la determinación que declaró improcedente el incidente de nulidad de exclusión de pruebas-, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual debe efectuarse partiendo de la premisa que son actos intraprocesales y que la procedencia del juicio de derechos fundamentales está supeditada a que tal acto genere afectación actual a un derecho de esa naturaleza que no podrá ser reparada con posterioridad, incluso ni de obtener sentencia favorable. En el caso en particular, es claro que el planteamiento del juicio de amparo se sustenta en supuestas inobservancias a los principios informadores de la prueba en el proceso oral de corte adversarial y no en afectación independiente a derechos sustantivos del justiciable. Aspectos que no constituyen actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación que puedan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, que sus consecuencias impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Se sostiene así, pues la alegada violación que pudiera implicar transgresión a los principios informadores de la prueba no vulneran inmediatamente derechos sustantivos del accionante de amparo, en tanto que no generan cargas injustificadas al impetrante, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del proceso penal y del resto de las probanzas en el juicio oral; además de que en la especie, eventualmente, la violación alegada puede enmendarse con posterioridad, bien porque exista otro medio de prueba sobre el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable para la parte quejosa. En razón de ello es que se estima, el acto reclamado al Juez de Control, no es de ejecución irreparable; sostener lo contrario, y considerar que la consecuente violación a los principios informadores de la prueba en el procedimiento oral -como efecto o consecuencia del acto que se reclama- justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, desnaturalizaría los principios y constituiría un evidente obstáculo para la operatividad del propio sistema de justicia penal, el cual se rige, entre otros, por el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional que ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua. Razones que encuentran soporte, en lo conducente, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 23/2021 (11a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." En esa tesitura, si en el caso, el acto reclamado se trata de la determinación en que se declara improcedente el incidente de nulidad de exclusión de pruebas planteado por el defensor del aquí quejoso, es inconcuso que el derecho en todo caso vulnerado es uno de índole procesal que repercute en el principio de información de la prueba. En consecuencia, de conformidad con el artículo 113, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXIII y 107, fracción V, todos de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del citado acto reclamado por su manifiesta e indudable improcedencia, pues el mismo no es de imposible reparación por no producir una afectación material a derechos sustantivos del quejoso. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio y autorizaos de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones. Ahora, respecto a la petición realizada de que se tenga el correo electrónico que señala con el objeto de que se realicen las notificaciones de manera electrónica, ha de decirse que ese supuesto no lo prevé la Ley de Amparo ni el Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia; sin embargo, para ello, puede transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Por lo que, se tiene por señalado el correo electrónico que indica, solo para el efecto de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO VÍA INTERNET Se autoriza a Julio Sergio Alvarado Andrade, para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico correspondiente y pueda ser notificado de las resoluciones y acuerdos que se dicten y promover en representación de la parte quejosa en este juicio de amparo; lo anterior, una vez que el Secretario actuante lleve a cabo los trámites para acceder al portal de SISE dentro de la intranet del Consejo de la Judicatura Federal, en la dirección electrónica http://10.100.125.33/sise/login.aspx, para agregar el usuario "JSALVARADO", que el referido autorizado registró en el sistema respectivo, previa verificación y cotejo de coincidencia del solicitante y el usuario de mérito. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta para la reproducción electrónica a través de lector óptico, fotografías o scanner de las actuaciones del presente expediente, SIEMPRE Y CUANDO SE INFORME AL SECRETARIO RESPECTIVO antes de realizar esa actividad para asentar la constancia respectiva, y se trate de actuaciones que no sean de uso reservado o restringido. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Por otra parte, respecto al disco que remite, queda en resguardo en la Secretaría encargada del trámite del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, dada la voluminosidad del anexo que acompaña, se ordena formar el tomo I de pruebas, para el mejor manejo del presente expediente.
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