Héctor Enrique Cabrera Ceballos y Otros.
Expediente 1053/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Héctor Enrique Cabrera Ceballos y Otros.
- Héctor Enrique Cabrera Ceballos
Actuaciones
- Principal
Mérida Yucatán, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 7575/2019 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto en contra del acuerdo de dos de agosto del año en curso, dictado en el juicio de amparo 1053/2019-V, al que le correspondió el número de toca 210/2019. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Enrique Cabrera Ceballos contra el acto que reclama al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, exhibida con cuatro copias y dos anexos. Ahora bien, en atención al contenido del escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. De la lectura integral de la demanda de cuenta, se advierte que el acto reclamado por el quejoso consiste en la omisión de dar respuesta a su escrito de diez de junio de dos mil diecinueve, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, en el que solicitó su reincorporación en el puesto que desempeñaba como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Baca, Yucatán. A criterio de este resolutor, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales se transcriben a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando las autoridades realizan actos que no puedan considerarse como aquellos que infrinjan derechos fundamentales de los gobernados, en razón del carácter con el que los dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar. Esto porque, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto unilateral que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, en forma unilateral y obligatoria. Como se ve, es factible promover el juicio de amparo contra actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados. Con base en lo anterior, este resolutor estima que la omisión de dar respuesta a su escrito de diez de junio de dos mil diecinueve, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, en el que solicitó su reincorporación en el puesto que desempeñaba como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Baca, no constituye un acto de autoridad. En efecto, en el caso se tiene que el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, ante quien fue dirigido el escrito de diez de junio del año en curso, no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que está actuando en el plano de un particular en relación con el aquí quejoso Héctor Enrique Cabrera Ceballos, porque de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se ostenta como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Baca; por consiguiente, el escrito que dirigió al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, a fin de que lo reincorpore en el puesto que desempeñaba, se está presentando en una relación de igualdad entre la entidad señalada como responsable y el quejoso, esto es entre particulares. Por tanto, el acto reclamado por el quejoso a la autoridad que señala como responsable, debe regirse por las reglas del derecho laboral y de las demás leyes aplicables, sin que sea dable analizar tal acto a través del juicio de amparo que se caracteriza por el sometimiento a la potestad de actos típicos de autoridad, pues la omisión del Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, de dar respuesta a la solicitud del quejoso de su reincorporación en el puesto que desempeñaba como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Baca, no puede resultar violatorio de sus derechos constitucionales que consagran los artículos 14 y 16, atento a que aquél acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regida por ordenamientos internos propios del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, siendo claro que en ese supuesto la posición de la quejosa frente a la autoridad señalada como responsable, no es la de un gobernado. Al sostenerse lo anterior no se soslaya que el artículo 5, fracción II, último párrafo establece que "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general"; sin embargo tal disposición debe entenderse que está condicionando la procedencia del juicio de amparo a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria y en una relación de supra subordinación. Lo que no ocurrió en el caso, porque el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consistió en la omisión de dar respuesta a su escrito de diez de junio de dos mil diecinueve, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, en el que solicitó su reincorporación en el puesto que desempeñaba como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Baca, en su calidad de docente a quien funge como su patrón; por lo tanto, se trata de una relación de coordinación entre la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, como patrón y la parte quejosa como director de plantel. Se cita como sustento en lo conducente, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Duodécimo Circuito, visible en la foja 1723, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES UN FUNCIONARIO DE UNA UNIVERSIDAD, CUANDO SE LE FORMULE UNA PETICIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, QUE DERIVE DE UNA RELACIÓN LABORAL. La omisión de un funcionario de una universidad de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre las causas de su remoción, no puede resultar violatoria de la garantía de petición que consagra el artículo 8o. constitucional, atento a que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vinculaba, regida por ordenamientos de derecho laboral, siendo claro que en ese supuesto la posición del quejoso frente a la autoridad universitaria, no es la de un gobernado, pues el hecho de que en su solicitud invoque aquella norma constitucional, no cambia la naturaleza del acto mismo, el cual no emerge del imperio que corresponde a la universidad, como parte de la administración pública federal en la prestación de un servicio a cargo del Estado, la educación pública, sino que tiene como origen el acuerdo en que las partes, conforme a la ley que rige ese tipo de relaciones laborales, convienen las condiciones en que habrá de desarrollarse y puede terminar su relación, esto es, el reclamado no es un acto emitido en función del ejercicio público, de acuerdo al artículo 3o. de la Carta Magna, que afecte por sí y ante sí, de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado." Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, la tesis visible en la página 3436 del Tomo IV, Noviembre de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo." Por lo anteriormente expuesto, en el presente caso se actualiza, la existencia de la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Héctor Enrique Cabrera Ceballos, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por la parte quejosa en su escrito de demanda y por autorizados en los términos amplios que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gabriel Renán Ramayo Duarte y Leydy Gabriela Ramayo Alberto, y en términos de la parte final del segundo párrafo del citado numeral, a Irving Renán Ramayo Alberto, en virtud de que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
V. ART. 27 FRACC. I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, dos de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Enrique Cabrera Ceballos contra el acto que reclama al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, exhibida con cuatro copias y dos anexos. Ahora bien, en atención al contenido del escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. De la lectura integral de la demanda de cuenta, se advierte que el acto reclamado por el quejoso consiste en la omisión de dar respuesta a su escrito de diez de junio de dos mil diecinueve, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, en el que solicitó su reincorporación en el puesto que desempeñaba como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Baca, Yucatán. A criterio de este resolutor, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales se transcriben a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando las autoridades realizan actos que no puedan considerarse como aquellos que infrinjan derechos fundamentales de los gobernados, en razón del carácter con el que los dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar. Esto porque, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto unilateral que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, en forma unilateral y obligatoria. Como se ve, es factible promover el juicio de amparo contra actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados. Con base en lo anterior, este resolutor estima que la omisión de dar respuesta a su escrito de diez de junio de dos mil diecinueve, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, en el que solicitó su reincorporación en el puesto que desempeñaba como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Baca, no constituye un acto de autoridad. En efecto, en el caso se tiene que el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, ante quien fue dirigido el escrito de diez de junio del año en curso, no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que está actuando en el plano de un particular en relación con el aquí quejoso Héctor Enrique Cabrera Ceballos, porque de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se ostenta como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Baca; por consiguiente, el escrito que dirigió al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, a fin de que lo reincorpore en el puesto que desempeñaba, se está presentando en una relación de igualdad entre la entidad señalada como responsable y el quejoso, esto es entre particulares. Por tanto, el acto reclamado por el quejoso a la autoridad que señala como responsable, debe regirse por las reglas del derecho laboral y de las demás leyes aplicables, sin que sea dable analizar tal acto a través del juicio de amparo que se caracteriza por el sometimiento a la potestad de actos típicos de autoridad, pues la omisión del Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, de dar respuesta a la solicitud del quejoso de su reincorporación en el puesto que desempeñaba como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Baca, no puede resultar violatorio de sus derechos constitucionales que consagran los artículos 14 y 16, atento a que aquél acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regida por ordenamientos internos propios del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, siendo claro que en ese supuesto la posición de la quejosa frente a la autoridad señalada como responsable, no es la de un gobernado. Al sostenerse lo anterior no se soslaya que el artículo 5, fracción II, último párrafo establece que "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general"; sin embargo tal disposición debe entenderse que está condicionando la procedencia del juicio de amparo a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria y en una relación de supra subordinación. Lo que no ocurrió en el caso, porque el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consistió en la omisión de dar respuesta a su escrito de diez de junio de dos mil diecinueve, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, en el que solicitó su reincorporación en el puesto que desempeñaba como Director de Plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con sede en el Municipio de Baca, en su calidad de docente a quien funge como su patrón; por lo tanto, se trata de una relación de coordinación entre la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, como patrón y la parte quejosa como director de plantel. Se cita como sustento en lo conducente, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Duodécimo Circuito, visible en la foja 1723, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES UN FUNCIONARIO DE UNA UNIVERSIDAD, CUANDO SE LE FORMULE UNA PETICIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, QUE DERIVE DE UNA RELACIÓN LABORAL. La omisión de un funcionario de una universidad de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre las causas de su remoción, no puede resultar violatoria de la garantía de petición que consagra el artículo 8o. constitucional, atento a que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vinculaba, regida por ordenamientos de derecho laboral, siendo claro que en ese supuesto la posición del quejoso frente a la autoridad universitaria, no es la de un gobernado, pues el hecho de que en su solicitud invoque aquella norma constitucional, no cambia la naturaleza del acto mismo, el cual no emerge del imperio que corresponde a la universidad, como parte de la administración pública federal en la prestación de un servicio a cargo del Estado, la educación pública, sino que tiene como origen el acuerdo en que las partes, conforme a la ley que rige ese tipo de relaciones laborales, convienen las condiciones en que habrá de desarrollarse y puede terminar su relación, esto es, el reclamado no es un acto emitido en función del ejercicio público, de acuerdo al artículo 3o. de la Carta Magna, que afecte por sí y ante sí, de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado." Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, la tesis visible en la página 3436 del Tomo IV, Noviembre de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo." Por lo anteriormente expuesto, en el presente caso se actualiza, la existencia de la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Héctor Enrique Cabrera Ceballos, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por la parte quejosa en su escrito de demanda y por autorizados en los términos amplios que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gabriel Renán Ramayo Duarte y Leydy Gabriela Ramayo Alberto, y en términos de la parte final del segundo párrafo del citado numeral, a Irving Renán Ramayo Alberto, en virtud de que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
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