Héctor Enrique Bañuelos González
Expediente 380/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Héctor Enrique Bañuelos González
Actuaciones
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y autorizados, el acuerdo y/o resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del once al veintidós de abril del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente; asimismo dígasele que no comparecer dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, con identificación fehaciente a recoger las copias que exhibió en su demanda, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. ...
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida Héctor Enrique Bañuelos González, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, consistente en: ".El auto de fecha 12 de marzo del presente año, en el cual se me acuerda NO HA LUGAR a la petición que realice a la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje." de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la interesada y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para la afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 902, Tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 2002, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" Ahora bien, para evidenciar la improcedencia invocada, es necesario observar los artículos 939, 940, 949 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, que regulan quién debe llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas". "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita". "Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación Permanente, al de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio, para que se cumplimente la ejecución del laudo". "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." Ahora, los artículos 849 y 850, de la legislación antes mencionada, prevén la procedencia del recurso de revisión, en los siguientes términos: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión". "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. Del análisis sistemático de todos los anteriores dispositivos legales, es claro que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También se desprende que del citado medio de impugnación conocerá: - En el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de actos de los presidentes de esas Juntas; En ese orden de ideas, se considera que en contra de la resolución reclamada en el presente juicio, procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que este artículo establece la procedencia del citado medio de impugnación en contra de los actos de los presidentes en ejecución de los laudos; y en el caso, la resolución reclamada que resolvió sobre la prescripción de la ejecución del laudo, es dictada por la Presidenta de la Junta responsable, y en la etapa de ejecución de laudo. Por tanto, se concluye que el recurso de revisión procede en contra del auto de doce de marzo del año en curso, en el cual se acordó que no ha lugar a acordar de conformidad a lo solicitado por el quejoso, esto es, enviar los oficios a las distintas instituciones bancarias, toda vez que no es facultad de la junta realizar pesquisas judiciales, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que en el presente caso, debe ser resuelto por la Junta Especial respectiva, como lo señalan los diversos preceptos 616, fracción IV y 850, fracción I, de la legislación obrera. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 374, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." De ahí que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que previamente al juicio de amparo, la parte quejosa debió cumplir con el principio de definitividad, agotando el medio ordinario, recurso de revisión, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Fray Pedro de Gante,Colonia 5 de Mayo, número 209 en esta ciudad, autorizando para tal efecto a Gabriela Margarita Avellaneda Barriga y Evelyn Reyes Barajas, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales números 4499396 Y 08756019, que acredita a las referidas autorizadas como licenciadas en derecho, no así a Patricia Oyuki Espino Escamilla, Daniel Santoyo Vázquez, Froylan Mata Hernández y Christian Alejandro Herrejón Ortiz, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, por ser la material del presente asunto de naturaleza laboral. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.
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