Héctor Emmanuel González García

Expediente 26/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
26/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
18/08/2016

Partes del expediente

  • María Luisa Peña Rojas
  • Héctor Emmanuel González García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Sobre el particular, debe tomarse en consideración lo siguiente: Mediante oficio recibido en este Juzgado el veintisiete julio de dos mil dieciséis, el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Penal del Estado, señaló que había dado cumplimiento a la sentencia amparadora (foja 135). Por auto de fecha cinco de agosto del presente año (fojas 174 a 177), este juzgador procedió al estudio del referido cumplimiento, estimándose que no estaba cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. Cabe reiterar que mediante sentencia emitida el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, la cual fue confirmada por ejecutoria dictada el siete de julio de dos mil dieciséis, en el amparo en revisión penal..., se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso para que: a) Deje insubsistente el auto de plazo constitucional de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince, dictado en contra del quejoso en los autos de la causa penal..., por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado, en agravio de María Luisa Peña Rojas y Daniel Garduño García. b) Con plenitud de jurisdicción, pero atendiendo las consideraciones vertidas a lo largo del fallo protector, se emita una nueva resolución en la que, conforme a los parámetros explicados en la misma, realice lo siguiente: b.1.) Al ocuparse de la certificación de la probable responsabilidad del quejoso, estime la ilicitud de las declaraciones ministeriales vertidas ante el fiscal integrador por el quejoso Héctor Emmanuel González García y José Antonio Rodríguez Vázquez, de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, por haber sido incorporadas a la causa penal con violación al derecho de no auto incriminación y las excluya de la valoración correspondiente. b.2.) Se ocupe nuevamente del análisis y valoración que corresponda otorgar a las testimoniales ofrecidas por la defensa durante la preinstrucción de la causa penal, atendiendo a su contenido material y en función de las reglas que establece el artículo 253 del Código de Procedimientos Penales Estatal para la apreciación de la declaración del testigo; además, en ejercicio del ejercicio de la libertad de apreciación de la prueba en mención, se abstenga de estimar que esta contradicha con la declaración indagatoria del quejoso, dado su ilicitud. c) Ordene la investigación de los hechos denunciados por el quejoso para que se esclarezca la tortura, como delito, y se deslinden responsabilidades por su comisión, como determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCVI/2014 (10ª). Como se dijo, en el aludido proveído de cinco de agosto del presente año, se determinó que la responsable Juzgado Primero de lo Penal del Estado, no había cumplido totalmente con la ejecutoria de mérito, en razón de que, no existía ilación entre las últimas hojas del auto de término constitucional dictado el veintiséis de julio del presente año, en cuanto al tema de la investigación sobre los hechos de tortura denunciados por el quejoso y los puntos resolutivos; además de que no obraban las constancias con las que se acreditara que se entregaron los oficios al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, Fiscal General del Estado y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ordenados en dicho auto. Ahora bien, del estudio realizado al oficio recibido en este Juzgado el nueve de agosto de dos mil dieciséis, así como al anexo (fojas 183 a 210), documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que la ejecutoria que se trata quedó cumplimentada en su totalidad, en virtud de que la responsable en comento remitió copia certificada íntegra del auto de libertad dictado a favor del quejoso y de los oficios girados al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, Fiscal General del Estado y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en los que consta sello de recibido de dichas autoridades. En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 2. El cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos a revisión es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el veinte de febrero dos mil diecisiete; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al referido Tribunal Colegiado, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(III)

  2. Principal

    Visto el oficio de la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Estado, por medio del cual informa que da cumplimiento al fallo protector y exhibe los documentos respectivos. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y al tercero interesado en su caso, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos.(III)

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, por este juzgado se concedió el amparo para los siguientes efectos: a) Deje insubsistente el auto de plazo constitucional de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince, dictado en contra del quejoso en los autos de la causa penal..., por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado, en agravio de María Luisa Peña Rojas y Daniel Garduño García. b) Con plenitud de jurisdicción, pero atendiendo las consideraciones vertidas a lo largo de este fallo, se emita una nueva resolución en la que, conforme a los parámetros que ya han quedado explicados, realice lo siguiente: b.1.) Al ocuparse de la certificación de la probable responsabilidad del quejoso, estime la ilicitud de las declaraciones ministeriales vertidas ante el fiscal integrador por el quejoso Héctor Emmanuel González García y José Antonio Rodríguez Vázquez, de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, por haber sido incorporadas a la causa penal con violación al derecho de no auto incriminación y las excluya de la valoración correspondiente. b.2.) Se ocupe nuevamente del análisis y valoración que corresponda otorgar a las testimoniales ofrecidas por la defensa durante la preinstrucción de la causa penal, atendiendo a su contenido material y en función de las reglas que establece el artículo 253 del Código de Procedimientos Penales Estatal para la apreciación de la declaración del testigo; además, en ejercicio del ejercicio de la libertad de apreciación de la prueba en mención, se abstenga de estimar que esta contradicha con la declaración indagatoria del quejoso, dado su ilicitud. c) Ordene la investigación de los hechos denunciados por el quejoso para que se esclarezca la tortura, como delito, y se deslinden responsabilidades por su comisión, como determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCVI/2014 (10ª). Inconforme con lo anterior, la Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal del Estado, interpuso recurso de revisión (fojas 73 a 83), del que tocó conocer y resolver al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, quien por ejecutoria emitida el siete de julio de dos mil dieciséis, en el amparo en revisión penal... determinó confirmar la sentencia recurrida (fojas 93 a 126). Mediante proveído de veinte de julio de dos mil dieciséis, este Juzgado recibió los autos del expediente en que se actúa y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector (foja 127 y 128). Por oficio recibido en este Juzgado, el veintisiete julio de dos mil dieciséis, el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Penal del Estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución con lo que se dio vista. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: El veintiséis de julio del año en curso dejó insubsistente el auto de término constitucional de treinta y uno de diciembre de dos mil quince; En esa misma fecha, dictó una nueva resolución de plazo constitucional, en la que al ocuparse de la certificación de la probable responsabilidad del quejoso, estimó la ilicitud de las declaraciones ministeriales vertidas ante el fiscal integrador por el quejoso Héctor Emmanuel González García y José Antonio Rodríguez Vázquez, de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, por haber sido incorporadas a la causa penal con violación al derecho de no auto incriminación y las excluyó de la valoración correspondiente; Al entrar nuevamente en el análisis y valoración de las testimoniales a cargo de Berenice González García y Viridiana García Ferrusca, consideró que son pruebas lícitas y que merecen eficacia probatoria indiciaria; Decretó auto de libertad por falta de elementos a favor de Héctor Emmanuel González García por el delito de Robo Calificado, en agravio de María Luisa Peña Rojas y Daniel Garduño García, por considerar que no se tiene por acreditada su probable responsabilidad; Ordenó la investigación de los hechos denunciados por el quejoso, ante el Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado y Fiscal General del Estado, para que se esclarezca la tortura, como delito, y se deslinden responsabilidades por su comisión; así como dar vista a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a fin de que se emitan las recomendaciones necesarias. Sin embargo, no es posible declarar cumplida la sentencia de mérito en virtud de no existir ilación entre las últimas hojas del referido auto de libertad, en cuanto al tema de la investigación sobre los hechos de tortura denunciados por el quejoso y los puntos resolutivos; además de que no obran los oficios girados al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, Fiscal General del Estado y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ordenados en dicho auto. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Juez Primero Penal del Estado, para que dentro del plazo de veinticuatro horas contados a partir de que reciba el oficio que al efecto se gire, remita copia certificada íntegra del auto de libertad dictado a favor de quejoso y las constancias con las que acredite que se entregaron los oficios al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, Fiscal General del Estado y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hágasele de su conocimiento, que subsisten los requerimientos formulados en auto de veinte de julio de dos mil dieciséis. En el entendido que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Por tanto, dése cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad en comento para los efectos a que hubiere lugar.(III)

  4. Principal

    Visto el oficio de la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Estado, por medio del cual informa que da cumplimiento al fallo protector y exhibe los documentos respectivos. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y al tercero interesado en su caso, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos.(III)

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