Héctor Eduardo Vila Juárez
Expediente 139/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Héctor Eduardo Vila Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
mesa 2 a pral. 139/2016-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Vista la constancia elaborada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, en la que hace constar que no le fue posible entregar el oficio 1169 dirigido al juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en virtud de que al hacerse presente en el domicilio de tal autoridad, fue informado por la persona encargada de la atención al público que de acuerdo al oficio PJEO/CJ/SE/733/2016 de fecha veintiséis de enero de este año, derivado del Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, se ordenó la conclusión de funciones del mencionado Juzgado. En consecuencia, se tiene como inexistente a quien denominó como: "juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro", suspendiéndose toda comunicación al respecto; por ende, se deja de tener como responsable en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES". 1 Por otra parte, se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de febrero último (fojas 40-42); mediante la cual se sobreseyó en el juicio, en tales condiciones, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que esa determinación, HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que aún no transcurra para las autoridades responsables, el plazo previsto en el numeral 86 de la Ley de la materia, pues el sobreseimiento que se decretó, no les causa ningún perjuicio. Fundamenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 44/98, que aparece publicada 1 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XII, página 464, Agosto de 1993, Registro No. 215501. en la página 23, tomo XVIII, Julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". En otro orden de ideas, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas2, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal3. Finalmente, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y 2 Tesis P. II/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, tomo I, materia constitucional, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, registro IUS 2005522, de rubro: "PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD". 3 Criterio 1/2011 (fecha de resolución 27/01/2011). "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
mesa 2 a pral. 139/2016-Por lo expuesto y fundado legalmente y con apoyo además, en los artículos 1o, fracción I, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por HÉCTOR EDUARDO VILA JUÁREZ, contra las autoridades y por los actos que quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD". 3 Criterio 1/2011 (fecha de resolución 27/01/2011). "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA 3 B PRAL. 257/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. I. Agréguese el oficio 710, firmado por el juez Segundo Mixto de Primera Instancia, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el que devuelve diligenciado el despacho con número de orden 3/2016 y de origen 3/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, y con el que formó el cuaderno 55/2016, enviado con la finalidad de notificar al quejoso Juan Carlos Guzmán Balbuena, la sentencia dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil quince; por lo que dése de baja en el libro de gobierno tal despacho, y acúsese recibo. II.- Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Juan Carlos Guzmán Balbuena, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. En otro aspecto, como las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial, las resoluciones intermedias y la sentencia, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tienen el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. III.- Finalmente, toda vez que el quejoso Juan Carlos Guzmán Balbuena, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y señaló éste como su domicilio para recibir notificaciones, como lo establecen los preceptos 26 de la ley de la materia, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, gírese despacho al juez Mixto de Primera Instancia, en turno, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique este auto al referido quejoso, en dicho centro de reclusión. Notifíquese; por despacho al quejoso.
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mesa 2 apral. 1177/2013-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de febrero de dos mil dieciséis. Incorpórese a los autos el oficio 0396 suscrito por la secretaria de Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, residente en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, mediante el que envía la diligencia de cinco de febrero de este año, en el expediente 93/2007, de su índice; en consecuencia, se le tiene informando las medidas tendentes al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo dictada en este juicio. NOTIFÍQUESE.
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