Héctor Eduardo Smith Villanueva

Expediente 279/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
279/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Héctor Eduardo Smith Villanueva
  • Director General Adjunto en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    : Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Por otro lado, con apoyo en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia total entre la versión electrónica del presente expediente con su versión impresa. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, las documentales que exhibió en el presente juicio de amparo (dos tomos de prueba), pues no resultan necesarias su conservación en el presente asunto.

  2. Principal

    : I. Autoridad responsable acusa recibo. Agréguese a los autos la promoción de cuenta con registro 16782, mediante la cual la autoridad responsable Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, por conducto del Magistrado Presidente, acusa la recepción del oficio 3943/2022-II, por el que se le notificó la sentencia de veintinueve de septiembre pasado; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos conducentes. II. Se agrega promoción sin dictar mayor acuerdo. Por otro lado, glósese a los autos la diversa promoción de cuenta con registro 16783, mediante la cual la referida autoridad responsable ofrece la prueba documental de cuenta. Sin que proceda emitir mayor proveído, toda vez que el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, en la cual se dictó sentencia.

  3. Principal

    :: En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, relativa al juicio de amparo indirecto 279/2022-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, y certifica que las autoridades responsables rindieron informe justificado en los siguientes términos: Autoridad responsable Sentido 1 Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por conducto del Magistrado Presidente Niega Cancún, Quintana Roo 2 Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de la Policía Federal, Consejo Federal de Desarrollo Policial y Coordinación Estatal en Quintana Roo (denominación actual), por conducto del Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales Niega Cancún, Quintana Roo En consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por conducto del Magistrado Presidente (tomo de pruebas I y II), ofrecieron pruebas documentales; por su parte, el quejoso ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, se da por terminada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos realiza la fiscal de la adscripción; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo 279/2022-II, promovido por ****, por derecho propio, contra actos de la Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno el veintidós siguiente a este juzgado de distrito, *****, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de la Policía Federal, Consejo Federal de Desarrollo Policial y Coordinación Estatal en Quintana Roo, con residencia en la Ciudad de México, por considerarlo violatorio de los artículos 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "Acto que de cada autoridad se reclama - - - 1. Al Director General Adjunto en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, en representación del Comisionado General de la Policía Federal, Consejo Federal de Desarrollo Policial y Coordinador Estatal de Quintana Roo o en su caso, quien haya asumido sus funciones con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley de la Guardia Nacional el 27 de mayo de 2019 (Titular de la Unidad de Transición en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), le reclamo la omisión de cumplir con la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2018, emitida dentro del expediente número ****, emitida por la Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa." SEGUNDO. Radicación y prevención. Recibida que fue la demanda de amparo el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, por auto veintitrés siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 279/2022-II, y se previno a la parte quejosa para que precisara si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable a la Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, y como acto reclamado la omisión de proveer de manera eficaz e inmediata respecto a la ejecución de la sentencia dictada en autos del juicio de nulidad **** de su índice, en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como para que manifestara bajo protesta de decir verdad la fecha correcta en que se dictó la sentencia dictada en el citado juicio de nulidad. TERCERO. Cumplimiento de prevención, admisión de demanda de amparo y audiencia constitucional. Por auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención reseñada en el resultando que precede, para lo cual precisó que sí era su deseo señalar a la autoridad y el acto apuntados en dicho resultando, y aclaró la fecha de la sentencia origen de los actos reclamados; por tanto, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al otrora Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento en el sentido de negar el amparo solicitado; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de un órgano jurisdiccional en materia administrativa que carecen de ejecución y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se proceden a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, escrito aclaratorio y demás constancias de autos, se hacen consistir en los siguientes: De la 1] Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. a) La omisión de proveer de manera eficaz e inmediata respecto la ejecución de la sentencia de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en autos del juicio de nulidad ***** de su índice, en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De la 2] Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de la Policía Federal, Consejo Federal de Desarrollo Policial y Coordinación Estatal en Quintana Roo, con residencia en la Ciudad de México. b) La omisión de dar cumplimiento a la sentencia precisada en el inciso a) que antecede. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1] Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por conducto del Magistrado Presidente, y 2] Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de la Policía Federal, Consejo Federal de Desarrollo Policial y Coordinación Estatal en Quintana Roo (denominación actual), por conducto del Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales, con sede en la Ciudad de México, al rendir informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Al respecto, la autoridad responsable 1] Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, indicó que no ha sido omisa en proveer lo conducente a efecto que se cumpla la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen, en suma, en virtud que ha realizado actuaciones para lograr el cumplimiento de la referida sentencia. Destaca que por oficio de nueve de marzo de dos mil veintidós, esto es, con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciocho de marzo de dos mil veintidós), la diversa autoridad responsable 2] Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, le comunicó que por determinación de uno de octubre de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se declaró la extinción de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y solicitó una prórroga para dar cumplimiento a la aludida sentencia. Agrega, que por proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio de nulidad de origen, se accedió a la petición de la citada autoridad y se concedió una prórroga para que cumpliera la sentencia emitida en el juicio de origen. La negativa de los actos reclamados se corrobora con la documental que aportó la sala responsable, consistente en fotocopia certificada del juicio de nulidad ***** de su índice (tomo de prueba I y II), a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la cual -en lo conducente- se advierte lo siguiente: 1. Mediante sentencia de cinco de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 362 a 377 del tomo de pruebas I), la sala responsable declaró que el actor ***** (aquí quejoso), acreditó su pretensión, decretó la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, reconoció el derecho subjetivo de la parte actora a las indemnizaciones ahí reseñadas y condenó a la autoridad demandada (aquí responsable) a cumplir con las prestaciones condenadas en un término no mayor de cuatro meses, contado a partir de que la sentencia adquiriera firmeza. 2. Por oficio de once de marzo de dos mil diecinueve (foja 383 del tomo de pruebas I), derivado del recurso de revisión fiscal ****, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, informó a la sala responsable la radicación del recurso de revisión fiscal interpuesto por la autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva citada en el numeral 1 que precede; y, requirió a dicha sala la constancia de notificación de un oficio, por lo cual, le devolvió los autos del juicio natural con la finalidad de integrar el mencionado medio de impugnación; luego, por auto de catorce de marzo siguiente (foja 391 del tomo de pruebas I), la sala responsable ordenó remitir los autos originales al tribunal colegiado de referencia para la substanciación del reseñado recurso. 3. Mediante sentencia de uno de julio de dos mil diecinueve (fojas 393 a 403 del tomo de pruebas I), el tribunal colegiado citado en el numeral 2 que precede, declaró infundado el mencionado recurso de revisión fiscal, en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad de origen. 4. Por auto de nueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 412 del tomo de pruebas I), el magistrado instructor declaró que quedó firme la sentencia definitiva destacada en el numeral 1 que precede, a partir de que se notificó a las partes el acuerdo de siete de agosto anterior (foja 404 del tomo de pruebas I), por el que se recibió el testimonio de la resolución del recurso de revisión en comento. 5. Mediante acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte (foja 426 del tomo de pruebas I), la sala responsable tuvo por recibido el escrito con el cual el actor ***** (ahora quejoso), pretendió interponer recurso de queja por el incumplimiento de la sentencia definitiva; no obstante, se le previno para que exhibiera las copias necesarias a fin de correr traslado a las partes; luego, por auto de seis de febrero siguiente (foja 440 del tomo de pruebas I), se tuvo por no presentada la queja. 6. Por oficio de seis de marzo de dos mil veinte (fojas 454 a 460 del tomo de pruebas I), la autoridad demandada (aquí autoridad responsable), informó a sala responsable gestiones de cumplimiento de sentencia y le remitió el dictamen técnico contable de tres de marzo del citado año, en el cual se determinaron los montos que deberían pagarse al actor, en cumplimiento a dicha sentencia. 7. Por proveído de tres de noviembre de dos mil veinte (foja 462 y 463 del tomo de pruebas I), la sala responsable tomo conocimiento de las gestiones informadas por la autoridad demandada para dar cumplimiento a la sentencia, destacadas en el numeral 6 que precede, y dio vista a la parte actora, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 8. Mediante acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte (foja 477 del tomo de pruebas I), la sala responsable tuvo a la parte actora (ahora quejoso) desahogando la vista aludida en el numeral 7 que precede; y, dado que la parte actora ofreció la pericial en materia contable para acreditar que son erróneas las cantidades liquidadas a su favor en el dictamen citado, concedió el término de diez días a las partes para que nombraran perito de su parte y ampliaran el cuestionario propuesto por la parte oferente de la prueba, bajo el apercibimiento correspondiente. 9. En proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós (fojas 512 a 526 del tomo de pruebas I), la sala responsable tuvo al perito de la parte actora rindiendo dictamen pericial en materia contable; en suma, hizo un recapitulado de actuaciones y destacó que la autoridad demanda (aquí responsable), se encontraba obligada a pagar al actor la cantidad que ahí reseñó y no la diversa cantidad que la autoridad apuntó en el dictamen técnico contable reseñado en el numeral 6 que antecede; por lo cual, determinó el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen por la autoridad demandada; por tanto, requirió a la autoridad demandada (aquí responsable) para que diera cumplimiento a la sentencia. 10. Por oficio de nueve de marzo de dos mil veintidós (fojas 542 a 546 del tomo de pruebas I), la autoridad demandada (aquí responsable), informó y acreditó a la sala responsable que el uno de octubre de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que se declara la extinción de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana"; en dicho acuerdo, se instruyó a la referida Unidad de Transición realizar la entrega a la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de la Policía Federal, Consejo Federal de Desarrollo Policial y Coordinación Estatal en Quintana Roo (autoridad responsable), de los asuntos a cargo de la entonces Policía Federal y la instruyó para que continuara con la representación, trámite y resolución de dichos asuntos, así como la liquidación de los pasivos y obligaciones relacionadas con la otrora Policía Federal que aún se encontraran pendientes. Asimismo, la autoridad demandada informó a la sala responsable que se encontraba en proceso de revisión de los expedientes que le fueron entregados por la otrora Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, responsable de cumplir con la sentencia del juicio de origen; y, por esos motivos, se ha mermado el trámite para el cumplimiento de dicha sentencia; por tanto, solicitó prórroga para dar cumplimiento a la multicitada sentencia. Esbozado lo anterior, este juzgado federal estima que las omisiones reclamadas resultan inexistentes, pues como se advierte de los antecedentes en consulta, sí se han llevado a cabo actuaciones por parte de las autoridades responsables para efecto de lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen. Además, tal inexistencia se pone de relieve, como se ha visto, en razón que si el nueve de marzo de dos mil veintidós, esto es, con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciocho de marzo de dos mil veintidós), la autoridad demandada solicitó a la sala responsable una prórroga a fin de cumplir la sentencia del juicio de nulidad de origen, en razón que con motivo de la extinción de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que le correspondía verificar el cumplimiento de los asuntos en los que tuviera injerencia la otrora Policía Federal, dichos asuntos fueron entregados a la directa demandada Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en representación del Comisionado de la Policía Federal, Consejo Federal de Desarrollo Policial y Coordinación Estatal en Quintana Roo, se encontraba en revisión de los mencionados asuntos con la finalidad de liquidar los pasivos y obligaciones de la unidad extinta. Entonces, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, se estima que la autoridad demanda -hoy responsable- aún no contaba con la respuesta de la sala responsable respecto de la prórroga solicitada, a fin de acreditar el total cumplimento de la sentencia emitida en el juicio de nulidad de origen. Máxime que, de las constancias que remitió la sala responsable, emergen diversas actuaciones que si bien se verificaron con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (dieciocho de marzo de dos mil veintidós), lo cierto es que revelan que las autoridades responsables han realizado gestiones para que se cumpla en su totalidad la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen, como se advierte a continuación: i) Por proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio de nulidad de origen, la sala responsable concedió la prórroga solicitada por la autoridad demandada por oficio de nueve de marzo pasado, con la finalidad que acredite su total cumplimiento. ii) En oficio de veinticinco de abril de dos mil veintidós (fojas 587 a 590 del tomo de pruebas II), la autoridad demandada Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en representación del Comisionado de la Policía Federal, Consejo Federal de Desarrollo Policial y Coordinación Estatal en Quintana Roo, con residencia en la Ciudad de México (aquí responsable), informó y acreditó a la sala de origen que solicitó a la Dirección de Recursos Humanos de su adscripción, un formato de pago de indemnización y una plantilla de liquidación, para dar cumplimiento a la sentencia. iii) Por oficio de catorce de junio siguiente (fojas 609 a 613 del tomo de pruebas II), la autoridad demandada (aquí responsable), solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos de su adscripción, la elaboración de la planilla de liquidación correspondiente al pago de las cantidades condenadas a favor del actor en el juicio de nulidad de origen. iv) Mediante acuerdos de veinte de mayo y veinticuatro de junio de dos mil veintidós (fojas 593 y 594 y 615 a 617 del tomo de pruebas II) dictados en autos del juicio de nulidad de origen, la sala responsable tomó conocimiento de las gestiones informadas por la autoridad demandada (aquí responsable) y proveyó lo conducente. En ese contexto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia. Luego, en esta instancia constitucional no se probó de las autoridades responsables las omisiones precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, previo a la presentación de la demanda de amparo; ergo, no se acreditó la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto, siguientes: "Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior que la parte quejosa ofreció como prueba documental fotocopia sin certificar del acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio de nulidad de origen; sin embargo, dicha documental únicamente cuenta con valor indiciario para demostrar que probablemente sea una reproducción de su original en términos del artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues las fotocopias sin certificar son susceptibles de alteración; al margen del valor probatorio, tampoco acredita la existencia de los actos reclamados en comento. Por otra parte, respecto de la presuncional en su doble aspecto, en términos de los artículos 190 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, consiste en todo lo que le favorezca para acreditar su pretensión, y la instrumental de actuaciones, relativa a las actuaciones que integran este expediente, a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la de la materia, por ser un documento público, tampoco prueban la existencia de los actos reclamados en consulta. En ese contexto, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que acredita la existencia de los actos reclamados en comento, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de las omisiones reclamadas a la 1] Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad y 2] Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de la Policía Federal, Consejo Federal de Desarrollo Policial y Coordinación Estatal en Quintana Roo, con sede en la Ciudad de México, precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ****, por derecho propio, contra los actos reclamados de las autoridades responsables 1] Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad y 2] Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de la Policía Federal, Consejo Federal de Desarrollo Policial y Coordinación Estatal en Quintana Roo, con sede en la Ciudad de México, precisados en el considerando tercero, en términos de los expuesto en el cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    : Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual la autoridad responsable Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por conducto del Magistrado Presidente, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de veintiséis de agosto pasado, remite fotocopia certificada de diversas constancias derivadas del juicio de nulidad 814/17-20-01-2 de su índice. Por tanto, déjese sin efecto el apercibimiento ahí decretado y, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la prueba documental que remite la autoridad oficiante, póngase a la vista de las partes y hágase la relación respectiva al desahogarse la audiencia constitucional; para un mejor manejo de dichas constancias, se ordena formar un tomo de prueba.

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