Héctor Eduardo Magallanes Ocadiz
Expediente 1104/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/10/2020
Partes del expediente
- Héctor Eduardo Magallanes Ocadiz
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, y documentales que acompaña, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante oficio 2663-IV de veintidós de octubre de dos mil veinte, y remite copia certificada de la diligencia de quince de octubre del presente año. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo del que se advierte que en sentencia emitida el catorce de enero de dos mil veinte, se concedió a Enrique de Jesús Robles López el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, realizará lo siguiente: - Pproveyera sobre la inmediata ejecución del laudo dictado en autos del expediente laboral 451/2015 de su índice, que el actor solicitó en diligencia doce de septiembre de dos mil dieciocho, debiendo además dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, ya solicitadas por parte de la ejecutante, a fin de que se lleve a cabo dicha ejecución. - Asimismo, para que ordene al Actuario de su adscripción realice todas las notificaciones y diligencias ordenadas dentro del citado expediente para lograr el fin señalado. La referida sentencia concesora de amparo causó ejecutoria por declaratoria en auto de seis de febrero de dos mil veinte; en consecuencia, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Después del requerimiento formulado a la autoridad laboral, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante proveído de trece de febrero de dos mil veinte informó las gestiones que se encontraba realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector pronunciado en el presente juicio. A solicitud del quejoso y dada la contumacia de la autoridad laboral, en auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se ordenó requerir nuevamente al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a lo cual mediante proveído de seis de marzo de dos mil veinte se le tuvo informando nuevamente las gestiones que se encontraba realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector pronunciado en el presente juicio. Luego, en auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte se reanudó el procedimiento en el presente juicio de amparo con motivo del regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 y se requirió a la autoridad responsable Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su calidad de autoridad responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector. Por lo anterior, el tribunal responsable remitió copia certificada del acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral de origen, a través del cual hizo efectivo el apercibimiento de veinticuatro de febrero de dos mil veinte e impuso al Ayuntamiento Constitucional de Tepic, parte demandada en ese juicio de origen una multa de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de igual forma en dicho proveído señaló las doce horas del día quince de octubre de dos mil veinte para que en presencia del Actuario adscrito a dicho Tribunal, la parte demandada de referencia acreditara a favor de la actora Enrique de Jesús Robles López el pago de la cantidad de $251,100.00 (doscientos cincuenta y un mil cien pesos 00/100 M.N.) Luego, del oficio de cuenta se advierte la copia certificada de la diligencia de quince de octubre de dos mil veinte, de la cual se obtiene que la diligencia de mérito no pudo realizarse en la hora establecida por cuestiones imputables al Actuario Judicial adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. En ese orden, de lo narrado con antelación se advierte que si bien es cierto el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, ha proveído sobre la inmediata ejecución del laudo dictado en autos del expediente laboral 451/2014, ordenando diversas diligencias para que el ayuntamiento demandado realice el pago al aquí quejoso Enrique de Jesús Robles López por la cantidad de $251,100.00 (doscientos cincuenta y un mil cien pesos 00/100 M.N.), sin embargo, dichas diligencias no se han podido concretar; la última, como ya se señaló anteriormente por cuestiones imputables al Actuario Judicial adscrito al Tribunal responsable. En mérito de lo expuesto, y a fin de lograr el cumplimiento expedito, eficaz y pleno del fallo protector, se vincula al cumplimiento al Presidente, Síndico, Regidores y Tesorero, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit -parte demandada en el juicio laboral de origenSin que sea obstáculo a lo anterior, de que dichas autoridades no hayan sido señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 178, emitida por la entonces Tercera Sala del más Alto Tribunal del País, consultable en la página 145 y 146, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Luego; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase: Al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, para que, en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído: a) Señale fecha y hora determinadas dentro del plazo que no exceda de un mes, a efecto de que el actuario de su adscripción se constituya en las instalaciones del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, y ordene requerirlo por conducto de persona facultada, para que dé cumplimiento al laudo de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, esto es, para que realice el pago al aquí quejoso Enrique de Jesús Robles López por la cantidad de $251,100.00 (doscientos cincuenta y un mil cien pesos 00/100 M.N.). b) Ordene al Ayuntamiento demandado realizar las gestiones necesarias a efecto de que en el día y hora que se señale, cuente con el numerario suficiente a efecto de hacerle el pago de la cantidad referida en el párrafo anterior, debiendo ordenar la notificación del auto respectivo con la debida oportunidad al referido Ayuntamiento. c) A fin de lograr lo anterior, haga uso de las medidas de apremio que al efecto la ley le concede, debiendo acreditar haber hecho efectivos los apercibimientos de multa decretados con anterioridad. Al Presidente, Síndico, Regidores y Tesorero, todos municipales del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit; como autoridades vinculadas al cumplimiento, para que: a) Realicen las gestiones necesarias y giren instrucciones a quien corresponda para que el día y hora que el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, señale para que se lleve a cabo la diligencia de cumplimiento de laudo, esté presente persona con facultades necesarias para hacerlo. b) Realicen los trámites internos necesarios a efecto de que el día y hora que señale la autoridad laboral se proceda a realizar el pago al aquí quejoso Enrique de Jesús Robles López por la cantidad de $251,100.00 (doscientos cincuenta y un mil cien pesos 00/100 M.N.). Apercibidas las autoridades referidas que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, con fundamento en el precepto legal invocado, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores a una multa de cien días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, de donde se desprende que en sus artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20 se establece lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. "Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo del acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento del Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los? efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito de cuenta signado por el quejoso J. RUTILIO LARA VILLAREAL, mediante el cual manifiesta su imposibilidad para dar cumplimiento al auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, donde se le solicitó proporcionara la clave interbancaria para que se llevará acabo el cumplimiento a la ejecutoria encomendada en autos. Luego, en atención a lo que solicita requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, expida un cheque suscrito a favor del aquí quejoso a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el númeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cien unidades de Medida y Actualización, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de supuesto y su consignación. NOTIFÍQUESE
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