Héctor Eduardo Guzmán Quintero
Expediente 84/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 84/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Héctor Eduardo Guzmán Quintero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
".... Visto el estado el estado procesal que guardan los presentes autos, así como del cómputo secretarial que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del plazo legal de diez días, previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En razón de lo anterior y tomando en consideración que el expediente electrónico coincide fielmente en todas y cada una de sus partes con el expediente físico en que se actúa, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. ...
- Principal
"...Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido dicho informe. Asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admiten las pruebas documentales que exhibe, las que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas. En torno a lo anterior, resulta necesario destacar que las causas de improcedencia son de orden público y deben ser analizadas de oficio, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; así como lo establecido en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto, este juzgador procede a analizar la causa de improcedencia que se actualiza. En efecto, del examen de las documentales deducidas del juicio laboral ********************, que la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad remitió, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la normatividad transcrita se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte quejosa, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es indispensable que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo cual no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es únicamente la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX-Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es necesaria la coincidencia de dos extremos; que son, a saber: a) Se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Con motivo de la insubsistencia del referido acto reclamado, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de manera tal que el acto ya no agravie a la parte quejosa y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución Federal, que a la letra dice: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución Federal. Por lo cual, válidamente se puede afirmar que para que un acto omisivo cese sus efectos en la esfera jurídica del gobernado, la autoridad responsable debe emitir o verificar el acto cuya omisión se le atribuye a fin de que deje de existir la violación constitucional. Supuesto que cobra vigencia en este controvertido constitucional. Para evidenciar esa afirmación, se parte de precisar el acto que la parte quejosa reclama, de la autoridad que designó con el carácter de ordenadora, Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, es el siguiente: ".La omisión en que ha incurrido al no dictar el laudo en el juicio ordinario laboral con expediente ********************." Esto es, lo que la parte quejosa, ********************, apoderado legal de la persona moral denominada ********************, en esta instancia constitucional reclama la omisión de la junta responsable de dictar laudo en el juicio laboral ********************. Por otra parte, de las constancias que en copia certificada anexo el Presidente del precitado órgano obrero al oficio de cuenta, con valor demostrativo pleno, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, debido a que su formación está encomendada por la ley, se advierte, que en el diez de enero de dos mil veintitrés, dicha potestad dictó laudo en el aludido juicio laboral ******************** y el veinticuatro de febrero siguiente, esto es, durante la tramitación el presente juico, realizó la notificación del aludido laudo a la parte quejosa. En las relatadas condiciones, es incuestionable que los efectos dañinos de la omisión reclamada han cesado, al quedar demostrado de manera manifiesta e indudable que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estimaba vulnerados, y por tanto ya dejó de afectar en su esfera de derechos. Consecuentemente procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Ello en razón, que al haberse actualizado una causa de improcedencia notoria e indudable, es evidente que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio en que se actúa y, por tanto, es posible hacerlo fuera de audiencia. El sobreseimiento aquí decretado, es con independencia de que el sentido de la resolución emitida en la controversia de origen no sea conforme a los intereses del quejoso, así como de la legalidad de su notificación, por no ser esos aspectos materia de análisis de la causa de improcedencia de mérito, tal como estableció el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis V.5o.1 K, localizable en la página 845, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y nueve, Tomo VI, publicada en el Apéndice dos mil, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Asimismo, resulta aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. Por todo lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes..."
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido dicho informe. Asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admiten las pruebas documentales que exhibe, las que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas. En torno a lo anterior, resulta necesario destacar que las causas de improcedencia son de orden público y deben ser analizadas de oficio, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; así como lo establecido en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto, este juzgador procede a analizar la causa de improcedencia que se actualiza. En efecto, del examen de las documentales deducidas del juicio laboral ********************, que la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad remitió, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la normatividad transcrita se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte quejosa, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es indispensable que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo cual no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es únicamente la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX-Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es necesaria la coincidencia de dos extremos; que son, a saber: a) Se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Con motivo de la insubsistencia del referido acto reclamado, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de manera tal que el acto ya no agravie a la parte quejosa y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución Federal, que a la letra dice: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución Federal. Por lo cual, válidamente se puede afirmar que para que un acto omisivo cese sus efectos en la esfera jurídica del gobernado, la autoridad responsable debe emitir o verificar el acto cuya omisión se le atribuye a fin de que deje de existir la violación constitucional. Supuesto que cobra vigencia en este controvertido constitucional. Para evidenciar esa afirmación, se parte de precisar el acto que la parte quejosa reclama, de la autoridad que designó con el carácter de ordenadora, Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, es el siguiente: ".La omisión en que ha incurrido al no dictar el laudo en el juicio ordinario laboral con expediente ********************." Esto es, lo que la parte quejosa, ********************, apoderado legal de la persona moral denominada ********************, en esta instancia constitucional reclama la omisión de la junta responsable de dictar laudo en el juicio laboral ********************. Por otra parte, de las constancias que en copia certificada anexo el Presidente del precitado órgano obrero al oficio de cuenta, con valor demostrativo pleno, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, debido a que su formación está encomendada por la ley, se advierte, que en el diez de enero de dos mil veintitrés, dicha potestad dictó laudo en el aludido juicio laboral ******************** y el veinticuatro de febrero siguiente, esto es, durante la tramitación el presente juico, realizó la notificación del aludido laudo a la parte quejosa. En las relatadas condiciones, es incuestionable que los efectos dañinos de la omisión reclamada han cesado, al quedar demostrado de manera manifiesta e indudable que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estimaba vulnerados, y por tanto ya dejó de afectar en su esfera de derechos. Consecuentemente procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Ello en razón, que al haberse actualizado una causa de improcedencia notoria e indudable, es evidente que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio en que se actúa y, por tanto, es posible hacerlo fuera de audiencia. El sobreseimiento aquí decretado, es con independencia de que el sentido de la resolución emitida en la controversia de origen no sea conforme a los intereses del quejoso, así como de la legalidad de su notificación, por no ser esos aspectos materia de análisis de la causa de improcedencia de mérito, tal como estableció el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis V.5o.1 K, localizable en la página 845, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y nueve, Tomo VI, publicada en el Apéndice dos mil, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Asimismo, resulta aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. Por todo lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes..."
- Principal
" SE ADMITE la demanda de amparo instaurada por -*-*-*-*-*-*-*-*, a.... AUDIENCIA CONSTITUCIONAL De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la audiencia constitucional. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Con apoyo en lo estipulado en el normativo 64 de la ley invocada, se previene a la parte quejosa y a las autoridades responsables para que comuniquen cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o actualizan causas notorias de sobreseimiento e informen, de ser el caso, si en relación con los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así indiquen el número de expediente y el Juzgado de Distrito que le tocó conocer. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del numeral 5, fracción IV, de la misma normatividad, se ordena notificar el presente proveído y correr traslado con el escrito de demanda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. TERCERO INTERESADO En términos del normativo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a *-*-*-*-*-*-*-*-, quien puede ser localizado en el domicilio ubicado en c*-*-**-*-*-. Por tanto, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional que corresponda a fin de que se constituya en el domicilio ante citado y, realice lo siguiente: a) Con copia autorizada de la demanda de amparo y de este proveído, lo emplace al presente juicio constitucional. b) Le haga saber la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional..."
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