Héctor Eduardo Gutiérrez Cureño
Expediente 700/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Héctor Eduardo Gutiérrez Cureño
Actuaciones
- Principal
En esta misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 700/2021-VII. Conste.- El Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por -------------, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido, ya que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su Capítulo Segundo, artículo 6, fracción II; y, Capítulo Octavo, numeral 21, inciso b), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" Por tanto, se ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso *****, por medio del cual desahoga los puntos de prevención que se le formularon en auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno; por tanto, provéase lo que conforme a derecho corresponda. Atento a lo anterior, vista nuevamente la demanda de amparo y escrito aclaratorio promovidos por Héctor Eduardo Gutiérrez Cureño, se advierte de que el acto reclamado se hace consistir en: El acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Tercero Familiar de Ecatepec, Estado de México, en el procedimiento especial de divorcio incausado ***, en el que se modificó el monto de la pensión alimenticia a cargo del quejoso y a favor de sus menores hijas de iniciales ****., misma que deberá cumplir por el equivalente a dos días de salario mínimo vigente en la entidad, multiplicada por los días de cada mes. Precisado lo anterior, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Así, se estima que respecto de la determinación adoptada por el Juez Tercero Familiar de Ecatepec, Estado de México, dentro del expediente 18/2020, opera la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relativa a que para que sea procedente el juicio de amparo, previamente debieron agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece, numeral que en lo que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)." De lo anterior, se advierte que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado provenga de algún tribunal judicial, administrativos o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Pues bien, en contra del acto reclamado procede el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.2 y 5.74, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establecen lo siguiente: "Artículo 5.2. Se sujetarán a estas controversias: I. Las que se susciten con motivo de alimentos, guarda y custodia, convivencia, régimen patrimonial, patria potestad, parentesco, paternidad, nulidades relativas a esta materia y las demás relacionadas con el derecho familiar; II. Las relativas al estado civil de las personas; y III. La petición de herencia después de la adjudicación respectiva. Quedan exceptuadas, las controversias relacionadas con el derecho sucesorio. "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales". De los artículos citados se advierte que las controversias relativas, entre otras, a los alimentos, guarda y custodia, convivencia, patria potestad, parentesco y las demás relacionadas con el derecho familiar relativas a esta materia, se tramitarán respecto al libro quinto, donde se señala que los autos y decretos dictados fuera de audiencia se podrán revocar conforme a las reglas generales estatuidas en el referido Código. Luego, si en el caso se reclaman el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Tercero Familiar de Ecatepec, Estado de México, en el procedimiento especial de divorcio incausado 18/2020, en el que se modificó el monto de la pensión alimenticia que el aquí quejoso tendrá que cubrir a favor de sus menores hijas de iniciales ***., misma que deberá cumplir por el equivalente a dos días de salario mínimo vigente en la entidad, multiplicada por los días de cada mes, es claro que dicha determinación es revocable conforme a las reglas mencionadas. En efecto, en primer lugar, el acto reclamado fue dictado por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, en el expediente ****, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes precisados, al provenir de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se colman en el caso a estudio, si se tiene en consideración el contenido del artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación dentro del propio procedimiento familiar, que debió interponer la parte quejosa en el procedimiento de origen, previo a la promoción del juicio de amparo. Aunado a lo anterior, el recurso de revocación previsto en el artículo 5.74 del citado Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, resulta un medio idóneo, a través del cual se pudo haber modificado, revocado o nulificado la determinación reclamada, con lo cual se colma el tercero de los requisitos precisados en párrafos precedentes. Es decir, era exigible que el quejoso, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agotara el recurso ordinario previsto por la Ley que rige la contienda de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que se trata de una de las partes formales dentro de la controversia de origen. Máxime que aun cuando en el caso el auto que fija una pensión alimenticia provisional es de imposible reparación, ello no exime a la parte quejosa de la obligación de agotar el principio de definitividad. "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Por tanto, este juzgado, estima que el peticionario del amparo tiene el deber de agotar el recurso ordinario, previamente a promover el juicio de amparo. Sin que en el caso se actualice alguna excepción al principio de definitividad, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consisten en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso pena. No se trata de una persona extraña al procedimiento, ni de un auto de vinculación a proceso. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la misma legislación, SE DESECHA de plano la demanda de amparo promovida por Héctor Eduardo Gutiérrez Cureño, por su propio derecho. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ---------, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero Familiar de Ecatepec, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 700/2021-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgado Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114 fracción I, II, IV y V, en relación con el 108 fracción IV y V, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Héctor Eduardo Gutiérrez Cureño, para que dentro del plazo de CINCO DIAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias, realice lo siguiente: 1. Señale concretamente qué acto que reclama en el presente asunto. Ello, toda vez que del apartado correspondiente al acto reclamado solamente indica que es el artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México; sin embargo, dentro de sus antecedentes y conceptos de violación, los encamina a combatir la emisión de la determinación de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en la que el Juez Tercero Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, decretó una pensión a cargo del quejoso a favor de sus menores hijos dentro del expediente 18/2020. En el entendido de que para el caso de que reclame la inconstitucionalidad del numeral en comento, deberá indicar las autoridades legislativas a quien atribuya ese acto. Ahora bien, si lo que combate en este asunto es la determinación de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que haya sido notificado y si contra éste interpuso algún medio de impugnación. Deberá exhibir dos copias más de su escrito de demanda, toda vez que únicamente exhibió tres, siendo necesarias cinco para ser distribuidas de la siguiente forma, una para la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito, una para la tercero interesada y dos para formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión. También, deberá presentar cinco copias del escrito aclaratorio para ser distribuidas conforme a lo indicado en el punto que antecede. Ello es así, toda vez que la exhibición de las copias de la demanda y escrito de desahogos, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, que acto se reclama, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110, de la Ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento con los requerimientos insertos en los numerales uno, dos y cuatro, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, y se tendrá por no presentada la demanda de amparo, mientras que de no desahogar la prevención que se indicó en el punto número tres se postergara el incidente de suspensión. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el despacho ubicado en el Cuarto Piso de la Calle ------------ del Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, Código Postal 54150.------ De conformidad con el numeral 21, de la ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento del fedatario judicial de la adscripción, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. De igual forma, se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que se indica en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos, y en su caso, podrá gozar de las amplias facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, una vez que acrediten estar facultadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho y sus cédulas profesionales se encuentren dadas de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro aspecto, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales Aunado a ello, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, siendo el número 5553870500, extensión 1387, para la atención del presente asunto, ello dentro de un horario a partir de nueve a dieciocho horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se hace del conocimiento de la quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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