Héctor Eduardo Graniel Cervera
Expediente 476/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/08/2023
Partes del expediente
- Héctor Eduardo Graniel Cervera
- Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
- Principal
MESA III..."Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 613-L, del Secretario de Acuerdos del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con el cual remite la ejecutoria de seis de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del conflicto competencial ****, de cuya lectura se advierte que declaró legalmente competente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por *****. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, remítase este cuaderno de antecedentes al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que se emite el presente proveído. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Finalmente, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, quince de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio ***, del Secretario de Acuerdos del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por el cual trascribe el acuerdo de siete de junio de dos mil veintitrés, de cuyo contenido se advierte que se admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo con residencia en la Ciudad de México y este órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de amparo indirecto ***. Finalmente hace del conocimiento que el conflicto competencial quedó registrado como CCT ***. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis, Secretario Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, trece de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio ***, de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual, trascribe la determinación de treinta de mayo de dos mil veintitrés, de cuyo contenido se advierte que dicho órgano jurisdiccional, remitió los autos originales del expediente *** de su estadística, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en Turno, para que se resuelva el conflicto competencial suscitado entre el homólogo oficiante y éste Juzgado Federal. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe
- Principal
MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Se tiene por recibido el oficio ***, suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual transcribe el auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto ***, de cuya lectura se advierte que el titular de ese Juzgado de Distrito se declaró legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que remitió a este órgano jurisdiccional el expediente y la demanda de amparo en comento. En consecuencia, acúsese recibo y radíquese la demanda de amparo bajo el número ***, intégrese el expediente electrónico y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA. Ahora bien, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por los motivos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito, establece tres reglas de competencia por territorio de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en razón del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso que nos ocupa, el análisis integral de la demanda de amparo, revela que la parte quejosa reclama al Instituto Mexicano del Seguro Social los actos siguientes: 1. Los descuentos vía nómina realizados a su pensión, para el pago de un crédito personal que el quejoso aduce no haber contratado con ***. 2. La omisión de evitar que ***, reciba pagos con motivo de los descuentos que se le han venido aplicando, derivado del contrato que niega haber contratado con dicha entidad. 3. Los convenios de colaboración celebrados entre el *** y ***, en los que autorizan los descuentos vía nómina a su pensión, por cantidades que exceden el *** del salario mínimo necesario para su subsistencia, para el pago de créditos personales. 4. La aplicación de los convenios de colaboración aludidos en el párrafo que antecede, autorizados por el ***, para el pago de créditos personales que el quejoso aduce no haber contratado. Ahora bien, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, determinó que carece de competencia para conocer del asunto por razón de territorio, toda vez que la parte quejosa exhibió un recibo del que se desprende que le pagan la nómina y por tanto, aduce que le aplican el descuento del que se duele, en esta ciudad, concluyendo así que es en esta localidad en donde tiene aplicación y ejecución el acto reclamado. Sentado lo anterior, se coincide con lo manifestado por el juez declinante en el sentido de que el único acto respecto del cual se pronuncia, esto es, los descuentos que se han venido aplicando a la pensión del quejoso, son de ejecución material. Sin embargo, no se coincide con lo determinado por el Juez declinante, en el sentido de que este órgano jurisdiccional es a quien legalmente compete conocer de la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se afirma lo anterior, en razón de que los pagos y como en este caso, los descuentos relacionados con la pensión por jubilación del quejoso, se encuentran intrínsecamente ligados con el domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, toda vez que al causar baja del servicio activo, ya no se encuentra ligado a su lugar de trabajo, sino a su domicilio particular en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de los que goza. Por tanto, puede afirmarse válidamente que tanto el pago como los descuentos realizados a la pensión del quejoso tienen efectos jurídicos y consecuencias materiales en el ámbito privado e íntimo del jubilado. A mayor abundamiento, cabe mencionar que el Código Civil Federal establece lo siguiente: Artículo 29.- El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses. Artículo 30.- El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Artículo 31.- Se reputa domicilio legal: I. (Se deroga). II. Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; III. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en el artículo 29; IV. De los cónyuges, aquél en el cual éstos vivan de consuno, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29; V. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; VI. De los servidores públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses; VII. De los funcionarios diplomáticos, el último que hayan tenido en el territorio del estado acreditante, salvo con respecto a las obligaciones contraídas localmente; VIII. De las personas que residan temporalmente en el país en el desempeño de una comisión o empleo de su gobierno o de un organismo internacional, será el del estado que los haya designado o el que hubieren tenido antes de dicha designación respectivamente, salvo con respecto a obligaciones contraídas localmente; y IX. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido. Artículo 32.- Cuando una persona tenga dos o más domicilios se le considerará domiciliada en el lugar en que simplemente resida, y si viviere en varios, aquél en que se encontrare. Del artículo 29, se advierte que se tiene como domicilio de las personas físicas el lugar donde residen habitualmente, entendiéndose por esto, donde permanecen por más de seis de meses; a falta de éste, el lugar de su centro principal de negocios; en ausencia de estos de dos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encuentren. Lo artículos 30 y 31 definen lo que debe entenderse por domicilio legal y los supuestos que se deben reputar como tal, debe resaltarse que si bien prevén cuál será el domicilio legal de los servidores públicos (lugar donde prestan sus servicios), no precisan cual será el de los que ya no tengan esa calidad, de ahí que por cuestión lógica, se aplicará lo establecido en el aludido artículo 29, es decir, su domicilio convencional. Por su parte, los artículos 29 y 32 del Código Civil Federal, establecen un sistema de exclusión, partiendo de reconocer que domicilio es aquel en donde estás residen habitualmente; lo anterior, significa que sólo en el caso de que no se pueda determinar esa residencia, deben aplicarse en su orden, las hipótesis consecutivas, o bien, las del domicilio legal. De este modo, si de acuerdo con lo expuesto, los descuentos indebidos en la pensión del quejoso tienen efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de derechos de la persona, los cuales se desenvuelven principalmente en el domicilio de está, en consecuencia, dichos efectos se materializan por seguridad jurídica en el lugar de su domicilio y no en varios, de ahí que no tenga aplicación en el caso concreto la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo relativo a que "Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente". Entonces, cuando se reclame los descuentos indebidos en la pensión de un trabajador jubilado debe considerarse competente conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo en su primer párrafo, al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, en términos de lo establecido por el Código Civil Federal, al ser éste el lugar en donde debe entenderse tiene ejecución tal acto. Sentado lo anterior y contrario a lo aduce el Juez declinante, debe decirse que el domicilio del quejoso, a efecto de dilucidar en donde tiene ejecución el acto reclamado, no es aquel donde se expide el recibo de pago exhibido, pues como bien se precisó, las reglas para determinar el domicilio se encuentran previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, supuestos dentro de los que no se encuentra el lugar en donde se expida un recibo de pago Máxime que, si bien el recibo de pago establece un lugar de expedición, ello indica únicamente el lugar de residencia en este caso del Instituto Mexicano del Seguro Social quien expide el recibo, cuyo pago en realidad se realiza al quejoso mediante transferencia interbancaria al número de cuenta en él establecido, por lo que se reitera que ese recibo de pago, además de no estar previsto en el artículo 37 del Código Civil Federal, no es jurídicamente permisible tenerle como indicativo del domicilio de residencia del quejoso a efecto de determinar la competencia del asunto. Contrario a ello, lo que si es dable a tener como indicativo, en su caso, sería el domicilio proporcionado por el quejoso en su escrito inicial de demanda, dado que fue precisamente en donde la presentó, que en este caso, es en la Ciudad de México, lo cual no tomó en consideración el Juzgado declinante. De ahí que se insiste que no se comparten los motivos del homólogo declinante, pues bajo la premisa descrita en líneas que anteceden, se estima debió realizar un análisis exhaustivo de la demanda para determinar si de su integridad era posible definir el domicilio del quejoso bajo las reglas legalmente descritas y posteriormente determinar si es o no competente por razón de territorio, e incluso, por materia, para el conocimiento de la demanda de amparo que se analiza. Además, no pasa inadvertido que de la demanda se advierte que son cuatro los actos reclamados por el quejoso y el Juzgado declinante únicamente hizo pronunciamiento respecto a uno de ellos, por lo que se estima que previo a pronunciarse en el sentido en que lo hizo, también debió tomar en consideración los restantes actos reclamados y ponderar si contaba o no con elementos suficientes para fijar la competencia o en su caso si era necesario prevenir al promovente para que aportara mayores datos, razones por las cuales se insiste en que no se acepta la competencia declinada a favor de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semnario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2009, Tomo XXX, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." En consecuencia, en razón de existir pluralidad de actos reclamados y uno de ellos requiere ejecución material, pero no precisamente en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada; por tanto, devuélvase al Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el juicio de amparo ***, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determine si insiste o no en declinar su competencia, en su caso, proceda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, Décima Época, intitulada: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Shawn Daniel Benjamín Bamaca Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe
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