Hector Eduardo Espino Villarreal

Expediente 1212/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1212/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Hector Eduardo Espino Villarreal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que en el juicio principal del que deriva la presente incidencia se declaró consentida la determinación con la que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. Respecto a la garantía exhibida en autos, la misma se puso a disposición de la parte quejosa mediante proveído de trece de enero del año en curso. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Del mismo modo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración y el duplicado es destruible, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a), respectivamente, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dos de diciembre de dos mil veintiuno. Escritos. Agréguese a los autos, el dictamen pericial rendido por la perito Julia Karina Mejía Calderón, propuesta por la tercero interesada. Ratificación de dictamen. En tales condiciones, se comisiona al actuario de la adscripción para que por su conducto y ante su presencia, la mencionada profesional ratifique el mismo, a fin de estar en aptitud de acordar lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, Judith Liliana Crispín Rivera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que a continuación se digitalizan: SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la ampliación de demanda del juicio de amparo con el número 216/2020-VIII, se ordenó tramitar el incidente de suspensión y se proveyó respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados; asimismo, se requirió a las autoridades responsables su informe previo y se señaló fecha para la audiencia incidental la cual se resuelve en la presente interlocutoria. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, debido a que se reclaman actos de autoridades cuya ejecución tendrá dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este incidente. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este asunto, pues solamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el incidente, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte impetrante exponga en relación con el acto reclamado respectivo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de localización y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de las constancias del incidente que nos ocupa, revelan que los actos reclamados por la parte quejosa consisten: El inminente registro de la baja como elemento de seguridad pública de la inscripción en su expediente personal en el Registro Estatal y Nacional de Servidores Públicos. Luego, al no advertirse algún otro acto atacado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de la suspensión. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Titular de la Unidad del Sistema Estatal de Información de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila, Presidente Municipal, Oficial Mayor, Tesorero Municipal y Director de Salud Municipal, todos con residencia en Matamoros, Coahuila, toda vez que al rendir su informe previo, aceptaron el mismo; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar por analogía la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Deben tenerse por ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Director de Seguridad Pública Municipal y Protección Ciudadana, con residencia en Matamoros, Coahuila, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, toda vez que fue omisa en rendir su informe previo, no obstante estar debidamente notificada, como se aprecia de la constancia de notificación relativa al oficio 53600/2021, que se le envió para tal efecto. CUARTO. Suspensión improcedente. En cuanto a su solicitud de que le sea concedida la suspensión definitiva para que se suspenda el inminente registro de la baja como elemento de seguridad pública de la inscripción en su expediente personal y en el Registro Estatal y Nacional de Servidores Públicos, dígasele, que atendiendo a que el registro de los servidores públicos tiene como finalidad que no sea contratada nuevamente en áreas de la administración pública, el cual constituye un elemento práctico para las autoridades de seguridad pública, a efecto de que no la incorporen nuevamente a las actividades para la cual no resultó apto, por tanto, de concederse la suspensión solicitada controvertiría disposiciones de orden público e interés social por ende, al no encontrarse reunido el requisito que refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, concretamente el previsto en la fracción II, resulta entonces improcedente la suspensión definitiva solicitada. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional la jurisprudencia bajo el rubro "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL.", sustentada por la Segundas Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época consultable en la página 493 del tomo XXII Septiembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación, sin embargo en el caso que nos ocupa, no es aplicable al caso concreto, ya que el registro de inscripción del cual se solicita la suspensión en una baja de servidor público y no una inhabilitación temporal. Así como, lo sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en la tesis aislada correspondiente a la Séptima época, consultable en la página 637 del tomo 217-228 Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ESTE DE ORDEN PÚBLICO. La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo." Por otra parte, la impetrante de amparo solicita la suspensión para seguir contando con el acceso al servicio de salud por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como para que se le continúe proporcionando el referido servicio médico a sus beneficiarios. No obstante, como la parte quejosa mencionó fue dada de baja como Policía Municipal de Matamoros Coahuila, desde el once de febrero de dos mil veinte, por tanto, a la aquí quejosa ya no le subsiste la calidad de trabajador del Estado; y por ende al ya no estar recibiendo un sueldo ni cotizando ante el instituto, no es dable conceder la suspensión; además de que su derecho humano a la salud, se encuentra garantizado con los servicios públicos de salud que el Estado Mexicano presta a favor de su población en el Sistema Nacional de Salud, de ahí que la suspensión devenga improcedente, por tanto, se niega la suspensión definitiva. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 2019, página 3828, Décima Época, registro 2020157, emitida por Plenos de Circuito, que indica: "AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA. EL HECHO DE QUE SE LES DEJE DE PRESTAR EL SERVICIO MÉDICO COMO CONSECUENCIA DE SU CESE, NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN DE SU DERECHO A LA SALUD. Conforme al artículo décimo segundo del Reglamento Interno del Servicio Médico para los Trabajadores del R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, si por cualquier motivo se extingue el vínculo entre el Ayuntamiento y el agente de seguridad pública municipal, se le recogerá la credencial del servicio médico y se le entregará un pase temporal, hasta por 2 meses, válido para él y sus beneficiarios, para el uso, únicamente de los servicios que en dicho numeral se establecen. En ese sentido y en atención al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la tesis aislada 2a. CXVII/2017 (10a.), de rubro: "SERVICIOS MÉDICOS. EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, QUE PREVÉ EL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE ESE DERECHO A LOS TRABAJADORES QUE DEJEN DE PRESTAR SUS SERVICIOS AL ESTADO POR UN LAPSO QUE NO DEBERÁ EXCEDER DE 3 MESES, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A LA SALUD.", no es verdad que para garantizar su derecho a la salud deba seguir prestándose el servicio médico a un agente de seguridad pública municipal durante el tiempo en que se resuelve en definitiva la impugnación que formuló en sede contenciosa administrativa contra el cese decretado en su contra, pues no existe precepto constitucional ni legal alguno que así lo establezca; por el contrario, existe disposición expresa de la extinción de la obligación a cargo de la autoridad municipal, dada la extinción de las cotizaciones al servicio de salud. Además, su derecho humano se encuentra garantizado con los servicios públicos de salud que el Estado Mexicano presta a favor de su población en el Sistema Nacional de Salud. De igual forma, no existe ejercicio hermenéutico válido que avale una postura distinta y, en todo caso, ante la eventual declaración de ilegalidad del cese, el ex servidor público tiene expedito su derecho para reclamar la responsabilidad correspondiente de las autoridades municipales y obtener el resarcimiento del servicio no prestado durante el tiempo que duró su impugnación". En razón de ello, se niega la suspensión definitiva a la parte quejosa Judith Liliana Crispin Rivera, por lo que hace a dichos actos reclamados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base además en lo establecido por los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva. Notifíquese.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la quejosa Visto lo de cuenta, se recibe el oficio signado por la Subdirectora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación, por lo que, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que substancie el recurso de mérito, anexando el original y copias del escrito de interposición del recurso y agravios, para los efectos legales correspondientes. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del Juicio de Amparo en que se actúa. Traslado. Con excepción de la parte recurrente, distribúyanse entre las demás partes copia del referido medio de impugnación, para los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que corresponda.

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