Héctor Eduardo Colunga Macias
Expediente 1488/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1488/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/09/2022
Partes del expediente
- Héctor Eduardo Colunga Macias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Causa ejecutoria sentencia o acuerdo. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo haya recurrido la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por lo que es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Devolución cuaderno de prueba. Por último, toda vez que mediante proveído de dieciséis de agosto del año en curso, se ordenó formar un cuaderno de prueba, sin embargo, resulta innecesaria la retención de dichas constancias, por lo que se ordena devolverlas a la autoridad que las remitió, a efecto de que sea ella quien acuerde lo que en derecho corresponda en relación con su destino. Notifíquese.
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *****, NO COMPARECIO DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS FIJADOS EN EL CITATORIO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA CON EFECTOS DE EMPLAZAMIENTO LOS PROVEÍDOS DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, VEINTIUNO DE JUNIO, TRES Y DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICEN: "Acuerdo: Zapopan, Jalisco, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, por tanto, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento, en tiempo, al citado requerimiento. Decisión sobre la acción constitucional. Con fundamento en los artículos 103 y 107, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, por no advertirse en este momento causas de improcedencia que conduzcan al desechamiento, ni de incompetencia que impidan a este órgano jurisdiccional conocer de la demanda se admite a trámite la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades que denominó: 1 Titular de la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco 2 Titular de la Coordinación General de Gestión Integral del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco 3 Titular de la Oficina de la Unidad de Arbolado Urbano del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco Incidente de suspensión. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, en términos de los artículos 125 y 128, ambos de la Ley de Amparo, tramítese por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión. Audiencia constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo, misma que se establece en esa data, en virtud de que, además de que la agenda para tales efectos se encuentra saturada, por las excesivas cargas de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 19 del Acuerdo General 21/2020 reformado por el diverso 9/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado labora bajo el esquema de "Presencia Controlada", lo cual implica trabajar, de forma presencial, con una plantilla sumamente reducida, por un lapso de seis horas diarias, lo que impide que se fije una fecha anterior a la precisada previamente. En tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 5 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia, en su caso, se desahogará a partir de las promociones presentadas física o electrónicamente por las partes, sin menoscabo de que, de considerarlo pertinente, este órgano jurisdiccional podrá llevarla a cabo mediante el uso de la herramienta tecnológica de videoconferencia. Pruebas. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las documentales exhibidas con el *escrito de demanda, las que se ordena relacionar al celebrarse la audiencia constitucional. Póngase lo anterior a la vista de las partes. En la inteligencia que dar vista significa que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado para que se impongan del mismo, previa cita, de conformidad con lo previsto en los artículos 2, fracción VII, y 3, segundo párrafo del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se hace de su conocimiento que se encuentra a su disposición en el Portal de Servicios en Línea, cuyo contenido está disponible en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/, un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este órgano de control constitucional. Cotejo y compulsa. Con apoyo en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, realícese el cotejo, certificación y compulsa de la documental que en copia certificada se ofrece, para que obre como prueba en el incidente de suspensión; lo anterior, debido a que se exhibieron copias simples de la misma, de modo que se actualiza el supuesto al que se refiere la Jurisprudencia P./J. 71/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)".1 Intervención a las partes del juicio de amparo. Autoridad(es) responsable(s). Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de 1 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 7, registro 163758. *Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) mencionada(s) con antelación, para que en el plazo de quince días rinda(n) informe justificado. Apercibida(s) que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Además, al rendir el informe de ley, deberá(n) citar el número de oficio con el cual se les notifica la admisión de la demanda. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en caso de que tenga(n) conocimiento o que con su conducta provoque(n) la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe(n) que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique(n) de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple(n) con esa obligación, se le(s) impondrá una multa equivalente a TREINTA unidades de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del ordenamiento legal en cita. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por treinta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Requerimiento de expediente generador y constancias * relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que remita(n) en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo, así como aquéllas que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resultan necesarios para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Consideraciones respecto de las notificaciones a la(s) autoridad(es) responsable(s). De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." * Apercibimiento a las autoridades. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido de que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso al domicilio correcto, al rendir el respectivo informe; o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa equivalente a CIEN días unidades de medida de actualización, lo anterior con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Tercero Interesado. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se reconoce el carácter de tercero interesado a: **** Por lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, para que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, emplace al tercero interesado por conducto de representante legal, en el domicilio antes mencionado, a quien deberá entregarle copia autorizada de la demanda, del escrito aclaratorio y del presente acuerdo. Se concede al mencionado funcionario la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de dicho tercero. Representación Social. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción IV, y artículo 26, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, el trámite del presente asunto; debiendo asentar en el acta respectiva que queda a su disposición copia autoriza. Requerimiento. De conformidad con lo previsto en el artículo 2, fracción XIX, del acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Exhorto a las partes. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 28 y 29 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, realicen las gestiones idóneas y necesarias a fin de dar agilidad a la tramitación del presente juicio, por medios electrónicos desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese por lista a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la adscripción, así como por oficio a las autoridades responsables y emplácese al tercero interesado.......Acuerdo: Zapopan, Jalisco, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: De la certificación secretarial de cuenta se advierte que el término de dos días otorgado a la parte quejosa en proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, transcurrió del quince al dieciséis del mes y año en curso, toda vez que se le notificó electrónicamente, el catorce de junio pasado; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, esto es, únicamente se proveerá sobre los actos precisados en el capítulo de actos reclamados correspondiente a la ampliación de demanda contenida en el escrito registrado con el consecutivo 22927. Se admite ampliación de demanda Por tanto, con fundamento en los artículos 107 y 111, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, y demás relativos y aplicables de la Ley en cita, se admite la ampliación de demanda, respecto a actos novedosos reclamados las autoridades responsables que denominó: 1 Titular de la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco 2 Titular de la Oficina de la Unidad de Arbolado Urbano del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco FELIPE ADAN VAZQUEZ MICHEL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d8.c2 16/10/22 18:25:39 3 Presidente del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco Intervención a las partes del juicio de amparo. Autoridad(es) responsable(s). Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) mencionada(s) con antelación, para que en el plazo de quince días rinda(n) informe justificado. Apercibida(s) que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Además, al rendir el informe de ley, deberá(n) citar el número de oficio con el cual se les notifica la admisión de la demanda. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en caso de que tenga(n) conocimiento o que con su conducta provoque(n) la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe(n) que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique(n) de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple(n) con esa obligación, se le(s) impondrá una multa equivalente a TREINTA unidades de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del ordenamiento legal en cita. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por treinta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que remita(n) en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo, así como aquéllas que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resultan necesarios para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Consideraciones respecto de las notificaciones a la(s) autoridad(es) responsable(s). De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Apercibimiento a las autoridades. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido de que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso al domicilio correcto, al rendir el respectivo informe; o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa equivalente a CIEN días unidades de medida de actualización, lo anterior con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Notifíquese al tercero Interesado. Ahora bien, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, para que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifique a la parte tercera interesada, de la admisión de la ampliación de demanda aquí proveída, a quien deberán entregarle copia del presente acuerdo y del escrito de ampliación, así como de su escrito aclaratorio. Representación Social. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción IV, y artículo 26, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, el trámite del presente asunto; debiendo asentar en el acta respectiva que queda a su disposición copia de la ampliación de demanda en la secretaría de este juzgado de distrito. Audiencia constitucional. Cabe hacer notar, que la audiencia constitucional está programada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese por lista a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, personalmente a la parte tercera interesada, así como por oficio a las autoridades responsables.....Acuerdo: Zapopan, Jalisco, tres de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: De la certificación secretarial que antecede y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que para resolver el presente juicio de amparo es necesario emplazar a *****. Tercera interesada. Por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se reconoce el carácter de tercera interesada a: *****, quien tiene como domicilio procesal el ubicado en la calle *****, número*****, colonia *****, en *****, Jalisco. Por lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, para que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, emplace a la tercera interesada en el domicilio antes mencionada, a quien deberán entregarle copia autorizada de la demanda, del escrito de ampliación, de los autos de ocho de octubre de dos mil veintiuno y veintiuno de junio del año en curso, así como del presente cuerdo. Se concede al mencionado funcionario la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de dicha tercera. Así las cosas, con el objeto de permitir que acontezca lo anterior, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 5 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia, en su caso, se desahogará a partir de las promociones presentadas física o electrónicamente por las partes, sin menoscabo de que, de considerarlo pertinente, este órgano jurisdiccional podrá llevarla a cabo mediante el uso de la herramienta tecnológica de videoconferencia. Requerimiento por ampliación. De las normas que rige el juicio de amparo, conviene traer a colación la Jurisprudencia P./J. 15/2003 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 12, de rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional". Ahora, atento al contenido de la certificación secretarial que antecede, del estado que guardan los autos, en particular, del informe justificado rendido por las autoridades responsables dependientes del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como de las documentales que exhibieron con el mismo, recibidas en auto de diecinueve de julio del año en curso, se advierten actos y autoridades distintos a los reclamados inicialmente en el escrito de demanda. Por tanto, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de quince días legalmente computados, de conformidad con el artículo 117, párrafo octavo, de Ley de Amparo, indique si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto a los actos y autoridades que se desprenden del informe justificado rendido por las autoridades responsables dependientes del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como de las documentales que exhibieron con el mismo, recibidas en auto de diecinueve de julio del año en curso, y de ser así, precise el o los nuevos actos reclamados, así como a la(s) autoridad(es) a la(s) que se lo(s) reclama, asimismo, deberá acompañar copias del escrito de ampliación, de la siguiente manera: las necesarias para la o las autoridades que, en su caso, señale en la ampliación de demanda, cuatro para las autoridades ya señaladas como responsables, dos para las terceras interesadas y una copia para el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Lo anterior es con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido, únicamente se substanciará este sumario conforme a las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el escrito inicial de demanda de amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación la tesis I.9o.A.19 K, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1298, del Tomo XXXIII, Abril de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE SE ACOMPAÑEN AL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN QUE EL QUEJOSO NO CONOCÍA AL MOMENTO DE SOLICITAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DARLE VISTA PERSONALMENTE PARA QUE MANIFIESTE SI AMPLÍA AQUÉLLA (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2003). De la interpretación armónica de los artículos 116, fracción IV y 146 a 148 de la Ley de Amparo, se advierte el principio general que regula el trámite de la demanda de garantías, conforme al cual el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que la aclare, corrija o subsane las deficiencias que presente, a fin de lograr la eficaz integración del juicio. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 93, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", determinó que cuando al rendirse el informe justificado el juzgador advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho documento y prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición. En estas condiciones, de la aplicación analógica de dicho criterio se concluye que cuando de las constancias que se acompañen al informe justificado se observe la existencia de documentos o información que el quejoso no conocía al momento de solicitar la protección constitucional, el Juez de Distrito debe darle vista mediante notificación personal para que manifieste si amplía su demanda pues, de lo contrario, quedaría inaudito y la administración de justicia no sería eficaz ni completa". Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se admitió la ampliación de demanda promovida en el juicio de amparo en que se actúa, sin embargo, no se giró oficio a fin de notificar dicho auto a la autoridad responsable Presidente del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Consecuentemente, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales y de que el presente asunto se encuentre debidamente integrado, con copia autorizada del auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós y del escrito de ampliación, gírese atento oficio, a fin de que dicha autoridad se haga conocedora del mismo y se encuentre en posibilidad de rendir informe justificado, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, así como emplácese a la tercera interesada......Acuerdo: Zapopan, Jalisco, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado electrónicamente por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de diez de agosto de dos mil veintidós, comunica que el domicilio de la parte tercera interesada ********************, es el ubicado en Torre***, **** Número ******, pisos *****, fraccionamiento ******, en ****, *****, código postal ****. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado a efecto de que se constituya en el domicilio antes señalado y emplace al citado tercero, previo cercioramiento de que en éste se pueda lograr su debido emplazamiento, a quien deberán entregarle copia autorizada de la demanda, de los escritos aclaratorio y de ampliación, de los autos de ocho de octubre de dos mil veintiuno y veintiuno de junio del año en curso, así como del presente acuerdo. . Se concede al mencionado funcionario la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de dicho tercero. Notifíquese; y emplácese a la parte tercera interesada ********************
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA **** NO COMPARECIO DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS FIJADOS EN EL CITATORIO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA LOS PROVEÍDOS DE OCHO Y VEINTICINCO DE OCTUBRE, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, VEINTIUNO DE JUNIO, CINCO DE JULIO, TRES Y DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICEN:"Acuerdo: Zapopan, Jalisco, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Apertura del incidente de suspensión. En atención a la certificación de cuenta y en cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto *, promovido por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades que denominó: 1 *, Jalisco Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, pídase a la(s) responsable(s) el correspondiente informe previo, mismo que deberá(n) rendir por duplicado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; asimismo, deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan establecer, de ser el caso, el monto de las garantías correspondientes; y, para tal efecto, remítase fotocopia sin certificar de la demanda de amparo. Se apercibe a las responsables de que en caso de no rendir el informe solicitado, se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Además, al rendir el informe solicitado deberá(n) hacer referencia al incidente de suspensión y citar el número de oficio con el cual se les notifica el presente proveído. Fecha de audiencia incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia incidental. En tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 5 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia incidental, en su caso, se desahogará a partir de las promociones presentadas física o electrónicamente por las partes, sin menoscabo de que, de considerarlo pertinente, este órgano jurisdiccional podrá llevarla a cabo mediante el uso de la herramienta tecnológica de videoconferencia. Pruebas ofrecidas en el incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las documentales exhibidas. Tercera Interesada. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se reconoce el carácter de tercera interesada a: ***. Por lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, para que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifique el presente acuerdo a la tercera interesada por conducto de su represente legal en el domicilio mencionado en el párrafo que antecede. Se concede al mencionado funcionario la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de dicha tercera. Representación Social. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción IV, y artículo 26, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, el trámite del presente asunto; debiendo asentar en el acta respectiva que queda a su disposición copia autorizada de la demanda en la secretaría de este Juzgado de Distrito. Suspensión provisional. Fundamento constitucional de las medidas cautelares de la Ley de Amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos,1 ha considerado que la eficacia de cualquier 1 Véase, por ejemplo, la Contradicción de tesis 122/2005-SS, entre las sustentadas por el Noveno y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, fallada el 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. De dicho criterio emanó la jurisprudencia: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL. La posibilidad de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 de la Constitución *sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso. En ese orden, ha considerado que especialmente en los juicios de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tienen por objetivo evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente transgresores de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminara por resultar inútil a esos efectos. En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, el derecho a la vida, a la igualdad (no discriminación), a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales), los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional), un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquéllos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave.2 En suma, el Más Alto Tribunal del País ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales medidas tienden a evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable y, por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos. En ese sentido, el otorgamiento de la suspensión de los actos de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal en el cargo del servidor público no encuentra el obstáculo del interés público y social previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos, transitorios y meramente preventivos, la sanción temporal impuesta, máxime que ésta se halla cuestionada jurídicamente a través del juicio de garantías y que, en todo caso, el registro para tales fines puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva." (Época: Novena Época, Registro: 177160, Instancia: SEGUNDA SALA, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 112/2005, Pag. 493, [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de 2005; Pág. 493.) 2 En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que, para que un recurso sea efectivo "se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla"2 . Es claro que el recurso no será realmente eficaz si no se resuelve dentro de un plazo que permita amparar la violación de la que se reclama (Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9; Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112). que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a la administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la demora en la substanciación del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impida, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos. Sobre esa relevancia constitucional será interpretado el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada. Presupuestos procesales para la válida paralización de los actos reclamados. Análisis del caso concreto. La interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 constitucional, fracción X,3 permite arribar a la conclusión de que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo,4 la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la configuración de cinco presupuestos jurídicos: i) Solicitud de parte (salvo suspensión de oficio); 3 Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes [.]. 4 Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. ii) Interés suspensional; iii) Certeza de los actos reclamados; iv) Existencia de materia para la suspensión (análisis de la naturaleza de los actos reclamados); v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia del buen derecho, orden público e interés social. Es preciso mencionar que la ausencia de cualquiera de tales condiciones amerita negar el otorgamiento de la medida cautelar. i) Solicitud de la suspensión (artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo), salvo supuestos de artículos 126 (violaciones graves) y 127 (extradición y violaciones irreparables).5 La parte señala como acto reclamado *, así como sus consecuencias. En tanto que, se solicita la suspensión del mismo para los efectos siguientes: 5 Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: I. Extradición; y II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y [.].Por tanto, se tiene por cumplido el primer presupuesto jurídico para el otorgamiento de la medida cautelar. ii) Interés suspensional (artículos 131 y 139 Ley de Amparo).6 De conformidad con la Ley de Amparo, sólo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación en la esfera jurídica del quejoso. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas bajo protesta de decir verdad, así como a las documentales que anexa con la demanda de amparo, pues en este momento son los únicos elementos con los que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Así, a la luz del panorama fáctico expresado por la parte quejosa en el escrito inicial, en relación con la copia certificada de la escritura pública número *, otorgada ante la fe del notario público número * del municipio de Guadalajara, Jalisco, documental a la que corresponde valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 1297 , 1978 y 2029 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su artículo 2°, ya que se trata de documento público, expedido por fedatario público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de la que se desprende que la quejosa es propietario del inmueble que a continuación se describe: ". * En ese orden de ideas, la parte quejosa acredita su interés suspensional ya que acredita ser propietario del inmueble antes descrito y refiere, bajo protesta de decir verdad, que de llevarse a cabo los actos reclamados, sería difícil que las cosas regresaran al estado que guardaban, lo que pone de relieve que los actos 7ARTÍCULO 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. 8ARTÍCULO 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo. 9ARTÍCULO 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal. reclamados efectivamente inciden de manera perniciosa tanto en su patrimonio y derecho de propiedad, como en el medio ambiente próximo al inmueble en comento. Todo lo cual crea indicio para que este juzgador, en este momento procesal, considere que la parte quejosa acredita el interés suspensional, como segundo presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar. iii) Certeza de los actos reclamados. Desde una perspectiva lógica, el suscrito interpreta que la inexistencia de los actos reclamados produce que las medidas cautelares deban, en consecuencia, negarse ante la ausencia de materia para que produzcan efectos. Para resolver sobre la suspensión provisional se debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones que la parte quejosa formuló en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, así como las documentales que acompañó; pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Por tanto, se tiene por acreditado el tercer presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar, en los términos expuestos en este apartado. iv) Valoración de la existencia de materia para la concesión de la medida cautelar. Análisis de la naturaleza de los actos reclamados (artículos 131 y 147 Ley de Amparo).10 Los 10 Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. actos reclamados, sus efectos o consecuencias, deberán ser paralizables y no haberse consumado irreparablemente en lo jurídico y material; o bien, aquéllos deberán, en el momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. Al respecto, este Juzgado de Distrito advierte que si bien el artículo 131 de la Ley de Amparo señala que tales medidas no tendrán por efecto constituir derechos que no haya tenido la parte promovente antes de la presentación de la demanda, sin embargo el propio legislador también estableció en el artículo 147 de la Ley de Amparo facultades para que el juzgador: "(.) Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo (.)"; siendo que estas últimas facultades son acordes a la finalidad constitucional ya expuesta de las medidas cautelares y las que, en todo caso, deben atenderse por resultar más favorables para la protección de la persona, a la luz del artículo 1 constitucional, en caso de posibles conflictos interpretativos. En la especie, el acto reclamado se hizo consistir en la *, así como sus consecuencias. En ese orden de ideas, las consecuencias de ese acto sí son susceptibles de ser suspendidos, por ende, existe materia para proveer sobre la medida cautelar. Así, se tiene por acreditado el cuarto presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar, en los términos expuestos en este apartado. v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia de buen derecho, orden público e interés social. El Máximo Tribunal del País ha considerado11 que pese a que la mayor parte de El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. 11 Contradicción de tesis 122/2005-SS. la actuación pública y de las leyes emitidas por el Congreso persiguen fines de carácter público y social, la eficacia de los derechos fundamentales defendidos frente a ese tipo de actos impone al juez de amparo realizar un juicio de ponderación y de equilibrio de los intereses fundamentales involucrados, al resolver los asuntos sobre medidas cautelares en dicho proceso. De ahí la importancia de realizar una ponderación de todos los intereses en conflicto al resolver los asuntos sobre medidas cautelares, destacado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 115/2003-SS,12 de la siguiente manera: "(.) Es decir, aun cuando se reclame un acto cuyo fundamento es una ley de orden público, para decidir sobre la suspensión el juzgador debe examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debido a que no basta la sola circunstancia de que se pida la paralización de los efectos del acto fundamentado en un ordenamiento de orden público para negar la suspensión bajo el argumento del carácter de éste y de que responde al interés general, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características, sino que resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación (.)". En esos términos, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País apuntó que son los Jueces de Distrito y Tribunales de Circuito a los que les corresponde realizar la ponderación de los intereses en 12 Contradicción de tesis 115/2003-SS, fallada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, en sesión de diecisiete de marzo de dos mil cuatro. Dicho criterio dio origen a la tesis: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONTRA LA SUSPENSIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DECRETADA COMO MEDIDA PREVENTIVA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES, POR CAUSA NO GRAVE. Cuando se trata de la suspensión del servidor público como medida preventiva durante la sustanciación de un procedimiento administrativo de responsabilidades, es necesario que se pondere cada caso sobre la base de los hechos probados, de los que pueda desprenderse la naturaleza de las conductas atribuidas al servidor público, de manera que al estar demostrado que la conducta materia de la investigación no ameritará la destitución, o que la ley sólo establece la posibilidad de una sanción menor, es posible el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado; en cambio, cuando se investiga una conducta grave que es susceptible de trascender en la continuación de la prestación del servicio público y pueda evidenciarse un peligro para el interés público, no es procedente conceder la suspensión en el juicio de amparo, pues es necesario que en autos existan evidencias en cuanto a la existencia de esa conducta, de su gravedad y trascendencia, a efecto de poner de manifiesto la incompatibilidad de la continuación de la prestación del servicio, no la simple calificación que haga la autoridad." (Época: Novena Época, Registro: 181658, Instancia: SEGUNDA SALA, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a. XVII/2004, Pag. 529, [TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIX, Abril de 2004; Pág. 529.). conflicto en los casos relativos a medidas cautelares, debido a que tienen acceso directo e inmediato al material probatorio del asunto concreto. En ese orden, los siguientes elementos: i) peligro en la demora, ii) apariencia del buen derecho; iii) orden público; y iv) interés social, serán analizados simultáneamente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida."13 13 Novena Época, Registro: 165659, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 204/2009, Página: 315En el caso concreto, la parte quejosa acredita la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. 14 Se sostiene que se acredita la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris), consistente en la existencia de un derecho "posible" y, por ende, "cautelable", así como una "probabilidad cualificada" de obtener sentencia favorable, porque la parte quejosa demostró presuntivamente su interés suspensional; y dado que a falta de mayores datos en el expediente el acto reclamado debe tenerse por presuntivamente cierto para los efectos de la suspensión provisional, consecuentemente existe una probabilidad cualificada de que, eventualmente, obtenga sentencia favorable pues de concretarse el acto reclamado, sus efectos serían de imposible reparación. En cuanto al peligro en la demora (periculum in mora), es decir, el riesgo de que se trasgredan de manera grave o irreparablemente los derechos de la parte quejosa a falta del dictado de la medida cautelar, se considera que también se acredita pues, en la demanda de amparo, la parte promovente da a entender que de no concederse la suspensión del acto reclamado se afectaría irreparablemente su patrimonio y al medio ambiente, lo cual es cierto pues, efectivamente, de no concederse la suspensión y ejecutarse el (los) acto (s) reclamado (s), por su naturaleza, se transgrediría irreparablemente su derechos de propiedad y de un medio ambiente sano. Además, en el caso particular, del análisis de las constancias que obran en autos se advierte que con el otorgamiento de la presente medida no se contravienen disposiciones de orden público ni el interés social, pues de concederse la medida cautelar no se materializará ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Tampoco se configurará ningún caso análogo a los previstos en tal precepto que implique transgresión a disposiciones de orden público, pues la presente medida cautelar tiene efectos provisionales y no definitivos a efecto de analizar en el expediente principal del que deriva este incidente el (los) acto (s) de que se 14 Para explicar la naturaleza de ambos conceptos, este Juzgado de Distrito se apoya en el contenido de la jurisprudencia P./J. 16/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 36, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 200137, del rubro: "SUSPENSION. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO". duele la parte quejosa, ya que en caso de negarse el amparo y la protección de la Justicia Federal, la autoridad responsable estará en aptitud de ejecutar el (los) acto (s) en contra de la parte peticionaria; circunstancia que de manera alguna es susceptible de vulnerar el orden público. Lo mismo ocurre en cuanto a la no afectación del interés social, ya que del análisis del acto reclamado se tiene que con el otorgamiento de la suspensión no se ocasiona daño a la sociedad o se le priva de un beneficio que de otra manera obtendría. Conclusión y efectos de la suspensión (artículos 138 y 146 Ley de Amparo). Con fundamento en los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones: Paralicen los efectos del dictamen forestal que autoriza la tala de una pluralidad de árboles en el "***, así como sus consecuencias, para ejecutar la misma, por lo que las autoridades responsables están obligadas a dejar sin eficacia jurídica, temporalmente, dicha autorización y vigilar que la tercera interesada observe la medida cautelar decretada. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva del acto reclamado. Es preciso enfatizar que la presente suspensión no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en caso de que los actos reclamados ya se hubiesen consumado, si los mismos obedecen a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si dichos actos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, en consecuencia, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J.138/2012 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Federación y su Gaceta correspondiente a septiembre de dos mil trece, pagina mil seiscientos cincuenta y seis que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PRODECE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE UNA AURTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo es improcedente conceder la suspensión respecto de actos consumados, entendidos como aquellos cuya emisión se ha realizado en su totalidad, lo cierto es que respecto de sus efectos y consecuencias si es posible otorgar la medida cautelar. Así, aun cuando la emisión de una autorización, permiso o licencia constituye un acto consumado, respeto de sus efectos o consecuencias que posteriormente puedan ejecutarse, procede otorgar la suspensión solicitada, si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público." Sin que en el caso se fije garantía de conformidad con el numeral 132, en virtud de que si bien es cierto, existe un tercero interesado; también lo es, que deben tomarse las medidas necesarias para reducir los obstáculos financieros relacionados con la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano y la salud, por lo que la suspensión de los actos que lesionen ese derecho, no debe encontrarse generalmente, a expensas de una garantía, ya que ésta no sólo podría resultar gravosa para el particular, sino que, de no otorgarse, se permitiría la ejecución de actos susceptibles de acarrear un daño al medio ambiente sano, afectándose con ello a la colectividad, en su conjunto. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 19/2017 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página 1199, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "MEDIO AMBIENTE SANO. PARÁMETRO QUE DEBERÁN ATENDER LOS JUZGADORES DE AMPARO, PARA DETERMINAR SI ES DABLE EXIMIR AL QUEJOSO DE OTORGAR GARANTÍA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE ACTOS QUE INVOLUCREN VIOLACIÓN A AQUEL DERECHO HUMANO. El acceso a un recurso efectivo en materia ambiental, tutelado por el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -en conjunción con la directriz 20 de las Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, Directrices de Bali-, implica que deban tomarse todas las medidas necesarias para eliminar o reducir los obstáculos financieros relacionados con la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano. En ese sentido, la suspensión de los actos que lesionen ese derecho no debe encontrarse, generalmente, a expensas de la exhibición de una garantía, ya que ésta no sólo podría resultar gravosa para el particular -constituyéndose en un obstáculo financiero para su justiciabilidad-, sino que, de no otorgarse, permitiría la ejecución de actos susceptibles de acarrear un daño irreversible o indebido a la biodiversidad, afectándose con ello a la colectividad, en su conjunto. Ahora, para determinar si debe eximirse al quejoso de otorgar la caución, los juzgadores de amparo deberán atender a lo siguiente: (I) la violación a dicho derecho debe constituir un aspecto medular del juicio de amparo; (II) el planteamiento deberá encontrarse dirigido a combatir una verdadera afectación al medio ambiente; (III) la afectación aducida deberá ser actual o inminente, y no meramente hipotética o posible; (IV) la vulneración al medio ambiente debe ser una consecuencia directa e inmediata del acto reclamado; y (V) no deberá eximirse del otorgamiento de la garantía cuando el acto reclamado genere un beneficio de carácter social, como en el caso de obra de infraestructura pública, o cuando responda a un esquema de aprovechamiento sustentable; cuestión que corresponderá acreditar a la autoridad responsable al rendir su informe previo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 956, registro 2011840, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". Autorizados y notificaciones electrónicas. En atención a la certificación de cuenta, de conformidad con los artículos 12, 24 y 27 de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso designando como autorizados en amplios términos a *, toda vez que sí cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, mientras que a los diversos que menciona únicamente para recibir notificaciones, por así haberlo solicitado el peticionario; por otra parte, como lo solicita realícense las notificaciones vía electrónica al usuario *** En el entendido de que si la parte quejosa solicitó que las notificaciones personales se efectúen electrónicamente, aquellas se diligenciarán por ese medio, siempre y cuando el usuario proporcionado se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y pertenezca a las personas que en términos de los artículos 5, 9, 12 y 24 de la Ley de Amparo, se encuentren legitimados para intervenir electrónicamente en el juicio. Habilitación de días y horas. Ahora, para el adecuado despacho de los asuntos, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto; ello, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Devolución de documentos. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280", del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resuelto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante nueva promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL".15 Consulta vía internet del expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, para otorgar la autorización y/o el acceso al sistema de consulta electrónico, las partes y/o su representante legal deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal. Cabe destacar que si la parte quejosa solicitó la consulta del expediente electrónico, esa petición se entiende autorizada siempre y cuando haya proporcionado un usuario que se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y pertenezca a las personas que en términos de los artículos 5, 9, 12 y 24 de la Ley de Amparo, se encuentren legitimados para intervenir electrónicamente en el juicio. Al respecto, atento a lo que solicita la parte promovente, se autoriza al ** correspondiente al autorizado en términos amplios designado por el ocursante, para que pueda consultar el expediente electrónico. 15 Emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página 24. Integración del expediente electrónico. Hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar; asimismo, con fundamento en el artículo 6° de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónico emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstas en el expediente impreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada, con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad, con las salvedades señaladas en el párrafo que antecede. Expedición de copia simple o certificada. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, verbigracia, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Información reservada o confidencial. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que en términos de los numerales 1, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. En el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Requerimiento. De conformidad con lo previsto en el artículo 2, fracción XIX, del acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Exhorto a las partes. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 28 y 29 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, realicen las gestiones idóneas y necesarias a fin de dar agilidad a la tramitación del presente juicio, por medios electrónicos desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese; y, personalmente al tercero interesado.....Zapopan, Jalisco, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.- AUDIENCIA INCIDENTAL. VISTOS PARA RESOLVER... ÚNICO.- SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA...Zapopan, Jalisco, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. Acuerdo: Resolución incidente de revocación a la suspensión definitiva. ... Por lo antes expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Es infundado el incidente de revocación a la suspensión definitiva concedida en resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, interpuesto por el autorizado en términos amplios de la persona moral tercera interesada ..., por las razones expuestas en el último considerando de la presente interlocutoria. Notifíquese....Acuerdo: Zapopan, Jalisco, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, en relación con el 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del artículo 2°, del primer ordenamiento citado, se acuerda: Apertura del incidente de suspensión. En atención a la certificación de cuenta y en cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, se provee lo relativo a la suspensión de los actos reclamados en la ampliación de demanda admitida en el juicio de amparo indirecto 1708/2021, promovido por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades que denominó: 1 Titular de la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco 2 Titular de la Oficina de la Unidad de Arbolado Urbano del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco 3 Presidente del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, pídase a la(s) responsable(s) el correspondiente informe previo, mismo que deberá(n) rendir por duplicado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; asimismo, deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan establecer, de ser el caso, el monto de las garantías correspondientes; y, para tal efecto, remítase fotocopia sin certificar de la demanda de amparo. Se apercibe a las responsables de que en caso de no rendir el informe solicitado, se le(s) impondrá multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Además, al rendir el informe solicitado deberá(n) hacer referencia al juicio de amparo y citar el número de oficio con el cual se les notifica el presente proveído. Fecha de audiencia incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental. En tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 5 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia incidental, en su caso, se desahogará a partir de las promociones presentadas física o electrónicamente por las partes, sin menoscabo de que, de considerarlo pertinente, este órgano jurisdiccional podrá llevarla a cabo mediante el uso de la herramienta tecnológica de videoconferencia. Notificación a tercero Interesado. Ahora bien, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, para que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifique a la parte tercera interesada, a quien deberán entregarle copia del presente acuerdo. Representación Social. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción IV, y artículo 26, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, el trámite del presente asunto; debiendo asentar en el acta respectiva que queda a su disposición copia autorizada de la demanda en la secretaría de este Juzgado de Distrito. Suspensión provisional. Fundamento constitucional de las medidas cautelares de la Ley de Amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos,1 ha considerado que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso. En ese orden, ha considerado que especialmente en los juicios de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tienen por objetivo evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente transgresores de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminara por resultar inútil a esos efectos. En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, el derecho a la vida, a la igualdad (no discriminación), a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales), los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional), un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquéllos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave.2 En suma, el Más Alto Tribunal del País ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a la administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la demora en la substanciación del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impida, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos. Sobre esa relevancia constitucional será interpretado el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada. Presupuestos procesales para la válida paralización de los actos reclamados. Análisis del caso concreto. La interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 constitucional, fracción X,3 permite arribar a la conclusión de que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo,4 la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la configuración de cinco presupuestos jurídicos: i) Solicitud de parte (salvo suspensión de oficio); ii) Interés suspensional; iii) Certeza de los actos reclamados; iv) Existencia de materia para la suspensión (análisis de la naturaleza de los actos reclamados); v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia del buen derecho, orden público e interés social. Es preciso mencionar que la ausencia de cualquiera de tales condiciones amerita negar el otorgamiento de la medida cautelar. i) Solicitud de la suspensión (artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo), salvo supuestos de artículos 126 (violaciones graves) y 127 (extradición y violaciones irreparables).5 La parte señala como actos reclamados la emisión de los oficios ***, así como la omisión de realizar actos de verificación para asegurarse que se cumpla con lo ordenado en los mismos, respecto de la tala de una pluralidad de árboles en el ***. En tanto que, se solicita la suspensión para los efectos siguientes: ".dejar de llevar a cabo cualquier actividad y derribo de arbolado urbano dentro del complejo denominado *** .que se abstengan de emitir cualquier permiso, autorizacion, concesión o licencia de poda o derribo de arboles dentro de la supericie del mencionado condominio habitacional .no se lleve a cabo ninguna obra de construccion o edificacion sobre el terreno que ocupen los arboles materia de tala." Por tanto, se tiene por cumplido el primer presupuesto jurídico para el otorgamiento de la medida cautelar. ii) Interés suspensional (artículos 131 y 139 Ley de Amparo).6 De conformidad con la Ley de Amparo, sólo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación en la esfera jurídica del quejoso. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas bajo protesta de decir verdad, pues en este momento son los únicos elementos con los que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Así, a la luz del panorama fáctico expresado por la parte quejosa en el escrito inicial, en relación con la copia certificada de la escritura pública número ***, documental a la que corresponde valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 1297, 1978 y 2029 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su artículo 2°, ya que se trata de documento público, expedido por fedatario público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de la que se desprende que la quejosa es propietario del inmueble que a continuación se describe: *** En ese orden de ideas, la parte quejosa acredita su interés suspensional ya que acredita ser propietario del inmueble antes descrito y refiere, bajo protesta de decir verdad, que de llevarse a cabo los actos reclamados, sería difícil que las cosas regresaran al estado que guardaban, lo que pone de relieve que los actos reclamados efectivamente inciden de manera perniciosa tanto en su patrimonio y derecho de propiedad, como en el medio ambiente próximo al inmueble en comento. Todo lo cual crea indicio para que este juzgador, en este momento procesal, considere que la parte quejosa acredita el interés suspensional, como segundo presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar. iii) Certeza de los actos reclamados. Desde una perspectiva lógica, el suscrito interpreta que la inexistencia de los actos reclamados produce que las medidas cautelares deban, en consecuencia, negarse ante la ausencia de materia para que produzcan efectos. Para resolver sobre la suspensión provisional se debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones que la parte quejosa formuló en la ampliación de demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, así como a las documentales que obran en autos, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Por tanto, se tiene por acreditado el tercer presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar, en los términos expuestos en este apartado. iv) Valoración de la existencia de materia para la concesión de la medida cautelar. Análisis de la naturaleza de los actos reclamados (artículos 131 y 147 Ley de Amparo).10 Los actos reclamados, sus efectos o consecuencias, deberán ser paralizables y no haberse consumado irreparablemente en lo jurídico y material; o bien, aquéllos deberán, en el momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. Al respecto, este Juzgado de Distrito advierte que si bien el artículo 131 de la Ley de Amparo señala que tales medidas no tendrán por efecto constituir derechos que no haya tenido la parte promovente antes de la presentación de la demanda, sin embargo el propio legislador también estableció en el artículo 147 de la Ley de Amparo facultades para que el juzgador: "(.) Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo (.)"; siendo que estas últimas facultades son acordes a la finalidad constitucional ya expuesta de las medidas cautelares y las que, en todo caso, deben atenderse por resultar más favorables para la protección de la persona, a la luz del artículo 1 constitucional, en caso de posibles conflictos interpretativos. En la especie, se estima no existe materia para conceder la suspensión del acto reclamado, para el efecto referente a: ".no se lleve a cabo ninguna obra de construcción o edificación sobre el terreno que ocupen los arboles materia de tala." Es así, dado que los actos reclamados consisten en la emisión de los oficios ***, así como la omisión de realizar actos de verificación para asegurarse que se cumpla con lo ordenado en los mismos, respecto de la tala de una pluralidad de árboles en el ***. En tanto, la ".construcción o edificacion sobre el terreno que ocupen los arboles materia de tala." no constituye un acto reclamado en la ampliación de demanda que se provee, en cuanto a sus suspensión, no obstante se previnó a la parte quejosa para tal efecto, en auto emitido en el juicio de amapro deol que deriva este incidente, en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, sin que se haya pronunicado al respecto, razón por la que en proveído emitido en veinte de junio del año en curso, en aquél sumario se precisó no se tiene como actos reclamados los no señalados en el capitulo respectivo, entre los que no se encuentra el precisado, por lo que, al no constituir lo señalado un acto reclamado, no procede conceder la suspensión en torno a éste, al no existir materia para ello. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justifica de la Nación11, del rubro y texto: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." En tanto, respecto a los diversos efectos por los que solicita la suspensión, estos sí son susceptibles de ser suspendidos, en cuanto a sus consecuencias, por ende, existe materia para proveer sobre la medida cautelar. Así, se tiene por acreditado el cuarto presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar, en los términos expuestos en este apartado. v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia de buen derecho, orden público e interés social. El Máximo Tribunal del País ha considerado12 que pese a que la mayor parte de la actuación pública y de las leyes emitidas por el Congreso persiguen fines de carácter público y social, la eficacia de los derechos fundamentales defendidos frente a ese tipo de actos impone al juez de amparo realizar un juicio de ponderación y de equilibrio de los intereses fundamentales involucrados, al resolver los asuntos sobre medidas cautelares en dicho proceso. De ahí la importancia de realizar una ponderación de todos los intereses en conflicto al resolver los asuntos sobre medidas cautelares, destacado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis ** de la siguiente manera: "(.) Es decir, aun cuando se reclame un acto cuyo fundamento es una ley de orden público, para decidir sobre la suspensión el juzgador debe examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debido a que no basta la sola circunstancia de que se pida la paralización de los efectos del acto fundamentado en un ordenamiento de orden público para negar la suspensión bajo el argumento del carácter de éste y de que responde al interés general, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características, sino que resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación (.)". En esos términos, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País apuntó que son los Jueces de Distrito y Tribunales de Circuito a los que les corresponde realizar la ponderación de los intereses en conflicto en los casos relativos a medidas cautelares, debido a que tienen acceso directo e inmediato al material probatorio del asunto concreto. En ese orden, los siguientes elementos: i) peligro en la demora, ii) apariencia del buen derecho; iii) orden público; y iv) interés social, serán analizados simultáneamente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En el caso concreto, la parte quejosa acredita la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Se sostiene que se acredita la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris), consistente en la existencia de un derecho "posible" y, por ende, "cautelable", así como una "probabilidad cualificada" de obtener sentencia favorable, porque la parte quejosa demostró presuntivamente su interés suspensional; y dado que a falta de mayores datos en el expediente el acto reclamado debe tenerse por presuntivamente cierto para los efectos de la suspensión provisional, consecuentemente existe una probabilidad cualificada de que, eventualmente, obtenga sentencia favorable pues de concretarse el acto reclamado, sus efectos serían de imposible reparación. En cuanto al peligro en la demora (periculum in mora), es decir, el riesgo de que se trasgredan de manera grave o irreparablemente los derechos de la parte quejosa a falta del dictado de la medida cautelar, se considera que también se acredita pues, en la demanda de amparo, la parte promovente da a entender que de no concederse la suspensión del acto reclamado se afectaría irreparablemente su patrimonio y al medio ambiente, lo cual es cierto pues, efectivamente, de no concederse la suspensión y ejecutarse el (los) acto (s) reclamado (s), por su naturaleza, se transgrediría irreparablemente su derechos de propiedad y de un medio ambiente sano. Además, en el caso particular, del análisis de las constancias que obran en autos se advierte que con el otorgamiento de la presente medida no se contravienen disposiciones de orden público ni el interés social, pues de concederse la medida cautelar no se materializará ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Tampoco se configurará ningún caso análogo a los previstos en tal precepto que implique transgresión a disposiciones de orden público, pues la presente medida cautelar tiene efectos provisionales y no definitivos a efecto de analizar en el expediente principal del que deriva este incidente el (los) acto (s) de que se duele la parte quejosa, ya que en caso de negarse el amparo y la protección de la Justicia Federal, la autoridad responsable estará en aptitud de ejecutar el (los) acto (s) en contra de la parte peticionaria; circunstancia que de manera alguna es susceptible de vulnerar el orden público. Lo mismo ocurre en cuanto a la no afectación del interés social, ya que del análisis del acto reclamado se tiene que con el otorgamiento de la suspensión no se ocasiona daño a la sociedad o se le priva de un beneficio que de otra manera obtendría. Conclusión y efectos de la suspensión (artículos 138 y 146 Ley de Amparo). Con fundamento en los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones: ? Paralicen los efectos de los dictámenes forestales contenidos en los oficios ***, que autoriza la tala de una pluralidad de árboles en el ***, así como sus consecuencias, para ejecutar la misma, por lo que las autoridades responsables están obligadas a dejar sin eficacia jurídica, temporalmente, dicha autorización y vigilar que la tercera interesada observe la medida cautelar decretada. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva del acto reclamado. Es preciso enfatizar que la presente suspensión no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en caso de que los actos reclamados ya se hubiesen consumado, si los mismos obedecen a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si dichos actos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, en consecuencia, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J.138/2012 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Federación y su Gaceta correspondiente a septiembre de dos mil trece, pagina mil seiscientos cincuenta y seis que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PRODECE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE UNA AURTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo es improcedente conceder la suspensión respecto de actos consumados, entendidos como aquellos cuya emisión se ha realizado en su totalidad, lo cierto es que respecto de sus efectos y consecuencias si es posible otorgar la medida cautelar. Así, aun cuando la emisión de una autorización, permiso o licencia constituye un acto consumado, respeto de sus efectos o consecuencias que posteriormente puedan ejecutarse, procede otorgar la suspensión solicitada, si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público." Sin que en el caso se fije garantía de conformidad con el numeral 132, en virtud de que si bien es cierto, existe un tercero interesado; también lo es, que deben tomarse las medidas necesarias para reducir los obstáculos financieros relacionados con la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano y la salud, por lo que la suspensión de los actos que lesionen ese derecho, no debe encontrarse generalmente, a expensas de una garantía, ya que ésta no sólo podría resultar gravosa para el particular, sino que, de no otorgarse, se permitiría la ejecución de actos susceptibles de acarrear un daño al medio ambiente sano, afectándose con ello a la colectividad, en su conjunto. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 19/2017 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página 1199, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "MEDIO AMBIENTE SANO. PARÁMETRO QUE DEBERÁN ATENDER LOS JUZGADORES DE AMPARO, PARA DETERMINAR SI ES DABLE EXIMIR AL QUEJOSO DE OTORGAR GARANTÍA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE ACTOS QUE INVOLUCREN VIOLACIÓN A AQUEL DERECHO HUMANO. El acceso a un recurso efectivo en materia ambiental, tutelado por el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -en conjunción con la directriz 20 de las Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, Directrices de Bali-, implica que deban tomarse todas las medidas necesarias para eliminar o reducir los obstáculos financieros relacionados con la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano. En ese sentido, la suspensión de los actos que lesionen ese derecho no debe encontrarse, generalmente, a expensas de la exhibición de una garantía, ya que ésta no sólo podría resultar gravosa para el particular -constituyéndose en un obstáculo financiero para su justiciabilidad-, sino que, de no otorgarse, permitiría la ejecución de actos susceptibles de acarrear un daño irreversible o indebido a la biodiversidad, afectándose con ello a la colectividad, en su conjunto. Ahora, para determinar si debe eximirse al quejoso de otorgar la caución, los juzgadores de amparo deberán atender a lo siguiente: (I) la violación a dicho derecho debe constituir un aspecto medular del juicio de amparo; (II) el planteamiento deberá encontrarse dirigido a combatir una verdadera afectación al medio ambiente; (III) la afectación aducida deberá ser actual o inminente, y no meramente hipotética o posible; (IV) la vulneración al medio ambiente debe ser una consecuencia directa e inmediata del acto reclamado; y (V) no deberá eximirse del otorgamiento de la garantía cuando el acto reclamado genere un beneficio de carácter social, como en el caso de obra de infraestructura pública, o cuando responda a un esquema de aprovechamiento sustentable; cuestión que corresponderá acreditar a la autoridad responsable al rendir su informe previo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 956, registro 2011840, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". Notifíquese; personalmente a la tercera interesada, así como por oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s)....Zapopan, Jalisco, a cinco de julio de dos mil veintidós. Acuerdo: Con fundamento en los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados. R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, solicitada por ........................., respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, conforme a los motivos y los fundamentos expuestos en la presente resolución. Notifíquese....Acuerdo: Zapopan, Jalisco, tres de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se reconoce carácter tercera interesada. De la certificación secretarial que antecede, se aprecia que en esta misma fecha, en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, se reconoció el carácter de tercera interesada ***; por lo tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se le reconoce tal carácter y se ordena sea notificada en el siguiente domicilio: *****, número *****, colonia*****, en *****, Jalisco. Por lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, para que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifique a la tercera interesada en el domicilio señalado, a quien deberán entregarle copia autorizada de los proveídos de ocho y veinticinco de octubre, y quince dediciembre, todos de dos mil veintiuno, así como de los autos de veintiuno de junio y cinco de julio, ambos de dos mil veintidós y del presente acuerdo. Se concede al mencionado funcionario la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de dicha tercera. Notifíquese; y personalmente a la tercera interesada**....Acuerdo: Zapopan, Jalisco, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: De la certificación secretarial que antecede, se aprecia que en esta misma fecha, en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, se comisionó al actuario judicial adscrito a este juzgado a efecto de que se constituya a emplazar a la parte tercera interesada *********, en el domicilio proporcionado por la parte quejosa para tal fin. En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, para que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifique a dicho tercero interesado en el domicilio ubicado en Torre *****, Avenida ***** Número ******, pisos ****, fraccionamiento ******, en ****, *****, código postal *****, a quien deberán entregarle copia autorizada de los proveídos de ocho y veinticinco de octubre, y quince de diciembre, todos de dos mil veintiuno, así como de los autos de veintiuno de junio y cinco de julio, ambos de dos mil veintidós y del presente acuerdo. Asimismo, se concede la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de dichos terceros. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada Banco Monex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero.".
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado electrónicamente por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual solicita se hagan efectivos diversos apercibimientos, por tanto, dígasele que una vez que sea devuelto el exhorto 95/2022, orden 223/2022, de veintiocho de julio de dos mil veintidós, se proveerá lo que en derecho corresponda respecto a lo que solicita. Por otra parte, en atención a lo que solicita, respecto a que se integren en el expediente electrónico las documentales que exhibió la autoridad responsable Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al rendir su informe de Ley, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que las constancias a que hace referencia se encuentran bajo resguardo de este Juzgado, mismas que, debido a su voluminosidad, se ordenó formar cuatro cuadernos de pruebas por separado, de ahí que, atendiendo al volumen del archivo electrónico que se generaría no resulta factible la digitalización de las mismas. En razón de lo anterior, se reitera a la parte promovente que las citadas constancias quedan a su disposición en la secretaría encargada del trámite del presente asunto por lo que deberá obtener una cita, en términos del artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que comparezca al local que ocupa este órgano de control constitucional, sito Ciudad Judicial Federal, Jalisco, Anillo Periférico Poniente 7727 Edificio X4, piso 5, Fraccionamiento Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, Código Postal 45010, con identificación oficial con fotografía y vigente, consultar las mismas de forma física. Notifíquese
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