Héctor Diego Martin López

Expediente 986/2014 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
986/2014
Año
2014
Actuaciones
17
Última actuación
19/02/2016

Partes del expediente

  • Héctor Diego Martin López
  • Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiera interpuesto el recurso que establece el numeral 201, fracción II de la ley de la materia, en contra de la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, en el que se declaró que existe imposibilidad jurídica para tener por cumplida la ejecutoria que deriva del juicio de amparo número 986/2014. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, en el que se declaró que existe imposibilidad jurídica para tener por cumplida la ejecutoria que deriva del juicio de amparo número 986/2014, ha causado estado, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de la misma dentro del término que prevé el artículo 202, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se le tiene a la parte quejosa por conforme con dicha resolución. Por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, debiendo conservarse la demanda de amparo, auto admisorio, sentencia, ejecutoria y resolución que decretó .la imposibilidad jurídica para tener por cumplida la misma. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el expediente principal junto con el original del incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    se resuelve: PRIMERO. Se declara fundado el incidente innominado para establecer si existe imposibilidad jurídica para tener por cumplida la ejecutoria que deriva del juicio de amparo número 986/2014, promovido por Héctor Diego Martín López. SEGUNDO. Sí existe imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, residente en esta ciudad, cumpla con la ejecutoria de amparo, por los motivos expuestos en el considerando único de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, al oficio 3992/2015, anexó copia certificada de la resolución de cinco de mayo de dos mil quince, emitida por el Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, dictada en el toca penal 697/2014, de la que se desprende lo siguiente: "PRIMERO. SE REVOCA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN QUE SE REVISA, para los efectos de que se regresen los autos originales de la causa penal en estudio al Ministerio Público consignador, con el propósito que dentro del marco de sus atribuciones, y atendiendo al principio del interés superior del niño, niña o adolecente, siguiendo las formalidades establecidas en esta resolución, le permita a los menores que se dicen ofendidos ABRAHAM, ANDREA MONSERRAT Y MARÍA FERNANDA, todos de apellidos MARTÍN GASTÉLUM, expresar dentro de la averiguación previa en estudio, su opinión con relación a los hechos que le afectan, esto es, les otorgue un papel activo en la determinación de su propio interés y que un papel activo en la determinación de su propio interés y que su punto de vista sea tomado en consideración al momento de resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal correspondiente. Y que de considerar necesario el testimonio de los menores que se dicen víctimas, para el esclarecimiento de los hechos, les dé a conocer la posibilidad que tiene de no declarar en contra de su padre, el indiciado HÉCTOR DIEGO MARTÍN LÓPEZ, en los términos del artículo 275 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Sinaloa. SEGUNDO. SE DICTA AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY, a favor de HÉCTOR DIEGO MARTÍN LÓPEZ, a quien la Representación Social acusará previamente como PROBABLE RESPONSABLE del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, cometido en contra del orden de la familia a la que pertenecen ABRAHAM, ANDREA MONSERRAT Y MARÍA FERNANDA, todos de apellidos MARTÍN GASTÉLUM, según hechos sucedidos del mes de diciembre del año 2003 dos mil tres, a la fecha actual." Por tanto, este Órgano Jurisdiccional considera que debe abrirse incidente innominado para establecer sí en el caso EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA para tener por cumplida o no la ejecutoria de amparo, toda vez que el Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, ordenó devolver los autos a la Agencia del Ministerio Público consignador, a efecto de que resuelva lo que en derecho proceda. Lo anterior, con fundamento en el artículo 193 párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la tesis 1a./J. 90/2007, emitida por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 140, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Se señalan las ONCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia de alegatos. Notifíquese; personalmente.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación y razón de cuenta, donde aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia de treinta de junio de dos mil quince. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que dicha sentencia, mediante la cual sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a efecto de que informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, toda vez que mediante oficio 3992/2015, presentado el siete de julio del año en curso, la mencionada autoridad manifestó la forma en que procedió a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa con dichos oficio y anexos, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Órgano Jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por las autoridades responsables, en términos de la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1141/98, bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/88, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Por otra parte, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, por tanto, devuélvanse al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas que adjunto a su informe justificado, consistentes en las constancias que respaldaron el acto reclamado en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo acordó y firma, Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Sonia Jumilla Zamudio, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

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