Hector Díaz Domínguez
Expediente 947/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Hector Díaz Domínguez
- Hector Díaz Domínguez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Ahora bien, como en el presente asunto obran diversos documentos originales, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 21, párrafo segundo del Acuerdo General citado. En la inteligencia que, deberá comunicarse con el personal del Juzgado al teléfono 53870500 extensión 1238, a fin de acordar un día y hora para su comparecencia, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 para laborar de manera presencial (7:45 A.M. a 15:00 P.M.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la AgendaOJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por Héctor Díaz Domínguez, en su carácter de progenitor de la menor quejosa de iniciales S.D.R., por medio del cual desahoga el requerimiento al tenor de la prevención formulada en acuerdos de dieciséis y veintidós de agosto del año en curso. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo y escritos de desahogo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: La orden de cerrar la escuela en la que la menor de iniciales S.D.R., cursaba la educación primaria correspondiente al ciclo escolar 2021-2022 y, como consecuencia de dicho cierre, la omisión por parte de las autoridades responsables de tomar medidas necesarias para recuperar los días y horas perdidos, así como de promover medidas alternas para evitar la suspensión de clases y que permitieran concluir satisfactoriamente el ciclo escolar. DESECHAMIENTO Quien resuelve advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Para fijar el alcance de la causa de improcedencia que se invoca, conviene señalar que, generalmente, la emisión de un acto de autoridad conlleva el reconocimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, al ser el juicio de amparo un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, se han establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan éste a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la invocada, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en razón de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la peticionario del amparo. Precisado lo anterior, como se adelantó la parte quejosa señaló como actos reclamados: La orden de cerrar la escuela en la que la menor de iniciales S.D.R., cursaba la educación primaria correspondiente al ciclo escolar 2021-2022 y, como consecuencia de dicho cierre, la omisión por parte de las autoridades responsables de tomar medidas necesarias para recuperar los días y horas perdidos, así como de promover medidas alternas para evitar la suspensión de clases y que permitieran concluir satisfactoriamente el ciclo escolar. Asimismo, en la narrativa de antecedentes tanto de la demanda de amparo como de los escritos de desahogo, la quejosa, bajo protesta de decir verdad, indicó que el ocho de julio de dos mil veintidós, el Colegio Eureka, Asociación Civil, institución donde se encontraba cursando la educación primaria, fue cerrado temporalmente con motivo de la investigación de hechos constitutivos de delito que se ejecutaron en el interior de esa institución; asimismo, que las clases concluyeron oficialmente el veintiocho de julio del presente año; y, que actualmente se encuentra inscrita en el colegio "Instituto Oriente" institución educativa a la cual solicitó una beca con el fin de ejercer el derecho a elegir la educación. De lo anterior, queda de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que, como lo refirió la parte agraviada, las clases correspondientes al ciclo escolar 2021-2022, concluyeron oficialmente el veintiocho de julio de dos mil veintidós, lo cual se corrobora con la información contenida en la página de internet https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2021-2022, correspondiente a la Secretaría de Educación Pública y, en virtud de haber terminado ese ciclo escolar, no es posible que puedan concretarse los efectos y consecuencias de los actos que por esta vía se combaten, debido a que el entorno en el cual se reclamaron feneció en la fecha referida; además, a partir del veintinueve de agosto del año en curso, comenzará el próximo ciclo escolar 2022-2023, lo que implica que jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que estimó violado. Es decir, a pesar de que subsiste el hecho de que no se tomaron las medidas necesarias para recuperar los días y horas perdidos con motivo del cierra de la institución escolar "Colegio Eureka" en la que se encontraba inscrita la menor quejosa, y no se tomaron medidas alternas para evitar la suspensión de clases y que permitieran concluir satisfactoriamente con el ciclo escolar 2021-2022; lo cierto es que este entorno no poder surtir efecto legal o material alguno en la actualidad, pues el ciclo a que se hace alusión concluyó el veintiocho de julio de la anualidad cursante, máxime que a partir del próximo lunes veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dará inicio el siguiente ciclo escolar, mismo que cursará en diversa institución respecto de la cual se reclama el cierre. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda que se analiza. Sin que este Juzgado de Distrito soslaye que la parte quejosa refiera que adelantó colegiaturas en la institución escolar "Colegio Eureka" correspondientes al ciclo 2022-2023, y se le niega la petición de devolución de dinero; sin embargo, la vía constitucional no es la idónea para obtener ese numerario, en todo caso la parte quejosa tendrá que instar diversa vía en contra de la citada institución educativa. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por Héctor Díaz Domínguez, en su carácter de progenitor de la menor quejosa de iniciales S.D.R., por medio del cual pretende desahogar el requerimiento al tenor de la prevención formulada en el acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso, sin que lo realizara de manera completa, por lo siguiente: En el auto de dieciséis de agosto citado, en el punto número 1, se le requirió para que dentro del plazo de cinco días legalmente computado, expresara de manera clara y precisa cuál o cuáles son los actos que reclama de cada una de las autoridades responsable. Sin embargo, en el escrito de desahogo, no se advierte claramente cuáles son los actos de los que se duele respecto del Titular de la Secretaría de Educación del Estado de México, pues refirió "abstenerse No previno, no investigo y no reparo a dicho derecho", sin que se pueda advertir a qué abstenciones se refiere. Igual situación ocurre con la autoridad Supervisor de la Zona Escolar P095 del Municipio de Tlalnepantla de Baz, ya que tampoco precisó de manera clara cuál es el acto que le atribuye, ello, en virtud de que únicamente manifestó "No previno, no investigo y no reparo al derecho a la educación". Es decir, la agraviada debe expresar con claridad cuáles son los actos que reclama en esta instancia respecto de las autoridades mencionadas, ya que la información solicitada resulta imperativa para fijar la Litis constitucional en términos de la carga procesal de la parte quejosa señalada en el artículo 108 de la Ley de Amparo; además de que deviene indispensable que se aclare para un mejor proveer y, a efecto de no dejarle en estado de indefensión. Por tanto, requiérasele nuevamente a la parte agraviada para que antes de que concluya el término de cinco días, concedido en el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dé cumplimiento a la prevención formulada en los términos que se indicaron. Hágase del conocimiento a la quejosa, que de no cumplir cabalmente con lo requerido dentro del término concedido en el auto de dieciséis de agosto citado, se le hará efectivo el apercibimiento ahí decretado, destacando que se interrumpe el citado plazo, por lo que restan tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para desahogarla correctamente, toda vez que su escrito lo remitió vía electrónica el veintiuno de agosto del año en curso, esto es, cuando únicamente habían transcurrido dos días hábiles. Tiene aplicación por igualdad de circunstancias, la tesis aislada III.2o.A.38 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, tomo XXI, de fecha Abril de 2005, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA." Así como la diversa Jurisprudencia 1ª./J. 39/2012 (10ª), visible en la página 400 del tomo 1, Mayo de 2012, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." En el entendido que la parte promovente deberá ceñirse de manera total a los requerimientos tal cual se formularon en el proveído de mérito. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo signada por Héctor...; fórmese el expediente relativo con el número 947/2022-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. En tales condiciones, a fin de analizar la procedencia, o no, de la acción de amparo intentada contra los actos reclamados, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, así como 114, fracciones I, II y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: 1. Exprese de manera concreta, clara y precisa cuál o cuáles son los actos que reclama de cada una de las autoridades responsables, pues al inicio del capítulo IV, denominado "la norma general, acto u omisión", precisó el nombre de la autoridad y posteriormente hace énfasis a que se cerró el colegio donde estudia su menor hija, a diversos derechos y omisiones, así como a un comunicado publicado en la página de internet denominada "facebook", del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; continuando así por cada una de las autoridades responsables. Enseguida, el quejoso refiere que esencialmente los actos reclamados son diversos derechos y omisiones. Luego, al finalizar al capítulo de hechos, refiere que reclama de los hechos diversos derechos y omisiones. Mientras que, en el capítulo de suspensión refiere que se proceda al apoyo económico a la brevedad a su menor hija para la inscripción, compra de uniformes y material escolar correspondiente al ciclo escolar 2022-2023, toda vez que se cerró el colegio donde estudiaba. Sin que del curso constitucional se advierte claramente cuáles son los actos que combate. De ahí que, resulta necesario que el promovente de amparo señale de manera precisa y concreta el acto que por esta vía controvierte para fijar la litis constitucional en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis publicada en la octava época del Semanario Judicial de la Federación a página cincuenta y cuatro, tomo III, segunda parte-1, de enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, la cual establece: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." 2. Bajo protesta de decir verdad y apercibido en términos del artículo 261, de la Ley de Amparo, de manera completa, lógica y cronológica amplíe los antecedentes con relación a los actos que señale como reclamados en esta instancia constitucional, acorde a la prevención formulada en el punto uno. 3. Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte quejosa que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir sendos juegos de copias del mismo para cada una de las partes; lo que no será necesario si el escrito aclaratorio se remite vía electrónica. Al caso se cita la jurisprudencia número 21, publicada en la página 30, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, Actualización 2001, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Apercibida que de no cumplir con las prevenciones formuladas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "abogadohectordd"; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA VÍA INTERNET Con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario "abogadohectordd"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Con relación al correo electrónico que proporciona, se tiene por señalado a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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