Hector Demeza Solorzano y Otros.
Expediente 1035/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 24 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 21/06/2023
Partes del expediente
- Hector Demeza Solorzano y Otros.
- Hector Demeza Solorzano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Cúmplase.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho (fojas 231 a 234), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente se advierte que existen documentos exhibidos por la parte quejosa. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial transcendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. DEPURAR CUADERNO ORIGINAL INCIDENTE 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Por último, toda vez que la parte quejosa exhibió documental en copia certificada, requiérasele para que comparezca en un plazo de quince días naturales, ante este Juzgado a recogerla, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruida junto con el expediente. Indicándole que atendiendo a las cargas de trabajo de este juzgado de distrito, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil, debiendo presentar original y copia de identificación vigente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de enero de dos mil dieciocho. 1) Antecedentes. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente del que se desprende: Que el treinta de octubre de dos mil diecisiete, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa, para los efectos ahí precisados, misma que causó ejecutoria el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Que por oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiocho de diciembre del año dos mil diecisiete, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas, por conducto del Encargado del Despacho, comunicó que a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictó el auto de incoación, así como auto de incompetencia en la causa penal 06/2017 (fojas 160 a 176). Que mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se ordenó dar vista a las partes con la determinación dictada por la autoridad responsable, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; termino que se estableció en la certificación realizada por la secretaria de Juzgado, vista que no fue desahogada. Con base a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no puntualmente cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos o si existe imposibilidad para cumplirlo. CONSIDERANDO PRIMERO. Efectos de la ejecutoria de amparo: Conforme al texto de la ejecutoria de amparo la protección de la Justicia Federal, se otorgó para que la autoridad responsable procediera de la siguiente manera: a) Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada, única y exclusivamente por los indiciados Héctor Demeza Solorzano, el menor con iniciales J. D. S., Mariano Demeza Hernández, Genaro Demeza Cruz y Mariano Demeza Cruz. b) Emita una determinación por separado en la cual deberá declararse legalmente incompetente para conocer de la acción penal ejercida contra el menor de iniciales J. D. S., y remitir a la autoridad jurisdiccional que deba conocer de ésta en términos de lo establecido en el numeral 18 de la Constitución y el ordinal 20 de la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el Estado de Chiapas, debiendo cuidar la supresión de datos sensibles de identificación del menor, así como en las subsecuentes relacionadas con la tramitación de la causa penal de origen. c) Se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Ministerio Público atinente a los quejosos Héctor Demeza Solorzano, Mariano Demeza Hernández, Genaro Demeza Cruz y Mariano Demeza Cruz, evitando otorgar valor probatorio pleno al dictamen médico de siete de agosto de dos mil quince emitido por el perito adscrito a la Subdirección de Servicios Periciales de Justicia Indígena -el cual, en su caso adquiere el valor de dato-indicio-, resolución que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. De la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo este órgano jurisdiccional advirtió que la responsable en relación al menor J. D. S. emitió orden de captura sin estar facultado para ello, debido a su condición especial de inimputabilidad así como a su minoría de edad; y por cuanto a los diversos quejosos Héctor Demeza Solorzano, Mariano Demeza Hernández, Genaro Demeza Cruz y Mariano Demeza Cruz sustentó la referida orden, en un medio de convicción imperfecto, pues la opinión pericial no tiene ratificación y como tal, carece del valor probatorio pleno, contrario a lo señalado por la responsable en el acto reclamado; aunado a que no especificó la hipótesis de la calificativa del antisocial que estimó se actualizaba en relación a los hechos declarados. SEGUNDO.- Acto de la autoridad. Por su parte, a ese respecto, la autoridad responsable por oficio 2117-P/2017, comunicó las resoluciones de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en las que por un lado, dictó nuevo auto de incoación por lo que respecta a los quejosos Héctor Demeza Solorzano, Mariano Demeza Hernández, Genaro Demeza Cruz y Mariano Demeza Cruz, y por el otro, determinó carecer de competencia para conocer de la causa penal 06/2017 respecto al menor J. D. S. para lo cual, remitió copia certificada de los mismos. TERCERO.- Análisis de cumplimiento. Ahora bien, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los efectos que este órgano jurisdiccional señaló, haciendo el examen de la copia certificada de las determinaciones remitidas por la autoridad responsable, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. En lo que se refiere que la autoridad responsable dejará insubsistente la orden de aprehensión reclamada, única y exclusivamente por los indiciados Héctor Demeza Solorzano, el menor con iniciales J. D. S., Mariano Demeza Hernández, Genaro Demeza Cruz y Mariano Demeza Cruz, sí se llevó a cabo, pues la autoridad responsable mediante resolutivo primero del auto de incoación de veinte de diciembre de dos mil diecisiete hizo lo propio, dejando sin efecto y sin valor jurídico alguno el oficio 302-P/2017. En cuanto a que emitiera un determinación por separado en la cual deberá declararse legalmente incompetente para conocer de la acción penal ejercida contra el menor de iniciales J. D. S., y remitir a la autoridad jurisdiccional competente que deba conocer de la causa penal de origen, debiendo cuidar la supresión de datos sensibles de identificación del menor, lo cual si se cumplió, pues en veinte de diciembre de dos mil diecisiete dicto determinación declarándose legalmente incompetente para conocer de la acción penal ejercida en contra del referido quejoso ordenando remitir testimonio certificado de la causa penal 06/2017 al Fiscal Especializado para la Investigación de los Delitos Cometidos por Adolescentes, cuidando la identidad del mismo al emitir esa determinación. Ahora bien, en lo ateniente a pronunciarse nuevamente en relación a la petición de captura del Ministerio Público respecto a los quejosos Héctor Demeza Solorzano, Mariano Demeza Hernández, Genaro Demeza Cruz y Mariano Demeza Cruz, evitando otorgar valor probatorio pleno al dictamen médico de siete de agosto de dos mil quince, emitido por el perito adscrito a la Subdirección de Servicios Periciales de Justicia Indígena -el cual, en su caso adquiere el valor de dato-indicio-, purgando los vicios formales que la afectaban, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas, si se cumplió, toda vez que la responsable en veinte de diciembre de dos mil diecisiete, con plenitud de jurisdicción dictó nuevo auto de incoación en la cual estimó que la ratificación del dictamen médico de siete de agosto de dos mil quince, resultaba indispensable para que dicha probanza no fuera imperfecta. Para llegar a dicha conclusión el juez de primera instancia concluyó que se violaron las leyes del procedimiento, esto en razón de que el perito oficial no ratificó su dictamen de Reconocimiento Médico de Cadáver en donde determino la causa de la muerte del pasivo, argumentado además que la ratificación de los dictámenes hace digna de crédito la prueba y consecuentemente susceptible de ser analizada y valorada, pues el juicio pericial puede ser emitido por una persona distinta a la designada o que pueda ser sustituido o alterado sin que tenga conocimiento el perito nombrado, puesto que, la finalidad de las formalidades es dotar de certeza y seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, y en el supuesto que de llegar hasta sentencia sí en el caso se diera el proceso penal se retardaría al solicitar la ratificación de dicho peritaje, siendo que el Ministerio Público puede hacerlo de manera rápida efectiva y devolver el expediente ya subsanado. Con lo que acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, ya que cumple con los requisitos constitucionales. Enviando la indagatoria de origen a tratamiento para que sea el Ministerio Público Investigador quien desahogue las diligencias que conlleven a esclarecer un hecho que pueda constituir delito. Pronunciamiento: Toda vez que la autoridad responsable dió cumplimiento a la ejecutoria de amparo de treinta de octubre de dos mil diecisiete, en forma total, sin excesos ni defectos, así procede declararlo, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; sin que las partes hubieren desahogado la vista que se les dio, como se observa de la certificación de cuenta. Vista: Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. En otra tesitura, se tiene por recibido y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Benito Siu Cruz, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita copias certificadas de la sentencia dictada en audiencia constitucional y de la sentencia dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas, autorizando para recibirlas a Jesús del Carmén Oropeza Nájera y Carlos Alberto Siu Oropeza. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele a su costa copia certificada de las constancias que indica, teniéndose por autorizados para recibirla a las personas que precisa, previa razón de recibo que se deje en autos. Haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberán acudir a este Juzgado dentro del horario de diez a trece horas en día hábil. Notifíquese.
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