Héctor David Herrera Meza
Expediente 2578/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2578/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Héctor David Herrera Meza
- Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad solicita constancias. Téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; en atención a lo que solicita, se ordena devolver las constancias que refiere en su comunicado, por lo cual se ordena desglosar las constancias recibidas en proveídos de seis de enero y veintidós de marzo, ambos del año en curso, dejando las certificaciones de los desgloses correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la sentencia definitiva dictada en autos, en la que se sobreseyó en el juicio, e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hubiera hecho; en consecuencia, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de siete de junio de dos mil veintitrés, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2578/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El siete de noviembre de dos mil veintidós, ********************, por derecho propio, presentó demanda de amparo directo, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan; donde solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Radicación de la demanda en amparo directo. El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito radicó la demanda con el número 626/2022, de su índice y, ante la posibilidad de la incompetencia del conocimiento del asunto, dio cuenta al pleno del tribunal para que se determinara lo conducente. Incompetencia del tribunal colegiado. Mediante resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo presentada por el quejoso en la vía directa; motivo por el cual ordenó la remisión de la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común. TERCERO. Avocamiento de la demanda. Por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda bajo el ordinal 2578/2022, del índice de este juzgado, avocándose a su conocimiento, por lo cual, se previno la demanda a fin de que el peticionario, indicara si era su deseo señalar como acto reclamado la notificación realizada el seis de octubre de dos mil veintidós, mediante Boletín Judicial, de la resolución emitida el cinco del citado mes y año, en el toca ********************. Desechamiento y admisión de la demanda. Desahogada que fue la prevención realizada, mediante determinación de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, por una parte se desechó la demanda respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la notificación de seis de octubre de dos mil veintidós, realizada en el Boletín Judicial, mediante la cual se hizo del conocimiento a las partes, de la sentencia interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca ******************** del índice de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y por otra parte, se admitió, por el diverso acto que se hizo consistir en la precitada determinación; motivo por el cual, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó emplazar a ******************** en su carácter de tercero interesado; se dio vista al representante social de la adscripción y se fijó día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. Previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta precedente. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia civil y reclamarse actos de una autoridad residente dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional y con ejecución es este Circuito judicial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo es: * La resolución interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca ******************** del índice de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta, en el juicio mercantil ********************, del índice del Juzgado Décimo Cuarto en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La presidenta de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al momento de rendir su informe justificado; aceptó el acto que se le reclama; de ahí, que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. Ello, se corrobora con la copia certificada del toca y expediente de origen, a los que se les otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública, expedidos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular en los documentos por los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les confiere eficacia demostrativa plena en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. Previo al examen de los conceptos de violación, en estricto acatamiento a lo ordenado por el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben analizarse las causales de improcedencia vertidas por las partes o que ésta autoridad advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, no se advierte la causal de improcedencia alguna que hayan hecho valer las partes o que el suscrito advierta de oficio. Extemporáneo. Del examen del presente juicio de amparo, se advierte que es improcedente, por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquéllos en que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, del último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de éstos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. En el caso, el acto que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional se hace consistir en la resolución interlocutoria de cinco de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca ******************** del índice de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta, en el juicio mercantil ********************, del índice del Juzgado Décimo Cuarto en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Ahora bien, de las actuaciones que integran el toca ********************, del índice de la sala responsable, se advierte que el cinco de octubre de dos mil veintidós, se emitió la determinación que resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de materia, opuesta por el demandado ********************, aquí quejoso; resolución que fue publicada en el Boletín Judicial 177 (ciento setenta y siete), de seis de octubre siguiente; en este tenor, para computar el plazo genérico de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se realizará bajo el supuesto siguiente: -a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame-, conforme el numeral 18 del ordenamiento legal en cita. En ese sentido, si el siete de noviembre de dos mil veintidós, fue presentada la demanda de amparo en la vía directa, por ********************, resulta extemporánea; ello es así, si se toma en consideración que la resolución reclamada fue notificada legalmente el seis de octubre de dos mil veintidós, por Boletín Judicial, de ahí que el plazo de quince días comenzó a computarse a partir del diez de octubre y feneció el siguiente tres de noviembre de dos mil veintidós; de conformidad con el artículo 1075 del Código de Comercio; sin que, se cuenten los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre, al ser sábados y domingos; así como el doce y treinta y uno de octubre; uno y dos de noviembre, al ser días inhábiles; de conformidad con la Ley de Amparo y la Circular 5/2022, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal; debiéndose precisar que para la autoridad responsable también resultaron inhábiles los días doce de octubre y dos de noviembre de dos mil veintidós. La extemporaneidad relatada, se explica de manera más clara en el siguiente cuadro ilustrativo: OCTUBRE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 Resolución reclamada 6 Notificación por Boletín 7 Surte efectos 8 Día inhábil. 9 Día inhábil. 10 Día 1 Comienza a correr plazo 11 Día 2 12 Día inhábil. 13 Día 3 14 Día 4 15 Día inhábil. 16 Día inhábil. 17 Día 5 18 Día 6 19 Día 7 20 Día 8 21 Día 9 22 Día inhábil. 23 Día inhábil. 24 Día 10 25 Día 11 26 Día 12 27 Día 13 28 Día 14 29 Día inhábil. 30 Día inhábil. 31 Día inhábil. 1 2 3 4 5 6 NOVIEMBRE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día inhábil 2 Día inhábil. 3 Día 15 4 5 6 /7/ Presentación de la demanda 8 9 10 11 12 13 Conviene indicar que el ordenamiento que rige el acto -resolución de cinco de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca ********************, del índice de la sala responsable-, es el Código de Comercio; lo anterior es así, ya que de los antecedentes del acto se advierte que mediante escrito de demanda promovida por ******************** por conducto de sus endosatarios en procuración, ejercieron la acción cambiara directa del documento fundatorio -título de crédito-, en la vía ejecutiva mercantil oral, el cual fue radicado con el número ********************, del índice del Juzgado Décimo Cuarto en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. En ese tenor, resulta indudable que la resolución que rige el acto, se encuentra emitida en términos de los artículos 1o y 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así con los diversos 4, 75, 76, 150 y 1049, del Código de Comercio, sin soslayar que la notificación fue realizada en atención a las disposiciones contenidas en dicho el último ordenamiento, motivo por el plazo debe de ser computable en términos del numeral 1075 del citado código mercantil, de ahí que si el artículo 18 de la Ley de Amparo, es claro en indicar que se realizará conforme a la ley del acto, resulta innegable que la demanda de amparo presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, el siete de noviembre de dos mil veintidós, resulta extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 25/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN LA AUDIENCIA, INICIA EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES. De la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 17, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18 de la Ley de Amparo y 1390 bis-8, 1390 bis-10, 1390 bis-39, 1390 bis-22 y 1075 del Código de Comercio, se advierte que la notificación de la sentencia definitiva dictada en la audiencia del juicio oral se tiene por realizada en ese mismo acto y surte efectos al día siguiente, por lo que el tribunal de amparo debe tomar como inicio del plazo para promover el juicio constitucional iniciado en contra de ese fallo, el día siguiente al en que surta efectos la notificación tenida por hecha en la audiencia. Esto es así, pues la prevención formulada por el legislador, en el sentido de que las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna, se refiere a que no es el caso de ordenar su notificación personal, por lista o por boletín judicial; sin embargo, dado que el artículo 1390 Bis-10 dispone que "las demás determinaciones (con la única exclusión del emplazamiento que se verifica de manera personal) se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales", se colige que, incluso, aquellas notificaciones realizadas en el acto de la audiencia han de seguir las reglas de las notificaciones no personales. Luego, como en el apartado correspondiente al juicio oral no se establece cuáles son las reglas aplicables a las notificaciones no personales, por disposición del propio Código, es válido acudir al artículo 1075 de dicho ordenamiento legal, en el que se prevé que tanto este tipo de notificaciones, como las personales, deben surtir efectos para su perfeccionamiento. Así, si bien en la audiencia de juicio, el juzgador notifica el fallo definitivo a las partes, esta diligencia no se perfecciona de inmediato, sino que en términos de la norma citada dicha notificación surte efectos al día siguiente; de ahí que el plazo para la promoción del juicio de amparo directo contra las resoluciones dictadas en las audiencias de los juicios orales mercantiles, inicia a partir del día siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación realizada necesariamente en el acto mismo de la audiencia." De igual forma, se aprecia la jurisprudencia 11/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." No se soslaya que en el escrito de demanda, el peticionario bajo protesta de decir verdad haya manifestado que tuvo conocimiento de la determinación que en esta vía reclama el siete de noviembre de dos mil veintidós, data en la cual acudió ante la sala responsable a imponerse de autos. Sin embargo, se precisó dicha data no es la que se debe de tomar en consideración a fin de realizar el cómputo legal que tenía el peticionario, para promover el presente juicio de amparo, toda vez, que contrario a lo manifestado bajo protesta de decir verdad, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que aquél tuvo previamente conocimiento de la resolución que en esta vía reclama, a la data señalada, en atención a la publicación que se hiciera mediante el Boletín Judicial, de ahí que no pueda tomarse en consideración la referida data. Tampoco así, que en el resultando segundo de la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, haya establecido que el original de la demanda de amparo, fue presentado ante la sala responsable; empero, ello se encuentra desvirtuado, si tomamos en consideración que en el escrito de mérito, se advierte únicamente el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil del Tercer Circuito, lo que se corrobora con la papeleta de turno, así como con el oficio 6968/2022, mediante el cual solamente fue adjuntado el escrito original de demanda, cinco copias de traslado, la precitada papeleta de turno y un legajo de copias simples (resolución reclamada). Máxime, la notificación efectuado mediante Boletín Judicial, que tiene plena validez; ello es así, toda vez que si bien fue señalada como acto reclamado; sin embargo, respecto de ello, en determinación de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se desechó dicho acto, toda vez que el peticionario, no interpuso en contra de la precitada notificación el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el artículo 64, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; de ahí que, la multicitada notificación surte todos los efectos legales conducentes. Motivo por el cual, para realizar el cómputo del término legal de quince días señalado en la Ley de Amparo, se debe tener prueba fehaciente del día en el que el quejoso tuvo conocimiento pleno del acto reclamado, esto es, debe realizarse a partir de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de aquél, como en el presente caso fue, con motivo de la notificación realizada por la autoridad responsable [Boletín Judicial], donde se constata que tuvo plenamente conocimiento de la determinación combatida. Tienen apoyo lo anterior en la jurisprudencia 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, re rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Lo anterior en la inteligencia de que este órgano de control constitucional, al momento de verificar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, no está en aptitud de verificar oficiosamente la legalidad de las notificaciones realizadas por parte de la autoridad responsable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 5/2014 (10a.), de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y contenido siguiente: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente." Bajo esas circunstancias, al sobrevenir la causa de improcedencia en trato, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo y por los motivos expuestos en los considerandos cuarto de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, se desprende que no median al menos ocho días de anticipación al día de hoy, con la vista otorgada con las constancias remitidas en alcance al informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en auto de veintidós de marzo pasado; fecha en que se encuentra programada la audiencia constitucional en este juicio, de conformidad con el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Diferimiento y audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a que se cumpla con el plazo señalado, se difiere la audiencia constitucional de referencia y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de alegar lo que a su derecho convenga. Notifíquese.
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