Héctor David González Fortis
Expediente 630/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Héctor David González Fortis
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. ... se declara que ha causado estado el referido acuerdo. Archivo. Con fundamento en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido. Destino. Al haberse desechado la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción. Instrucciones a la secretaria. Se instruye a la secretaria que tiene a su cargo la integración, que verifique y certifique la coincidencia entre el expediente físico y el electrónico. Notifíquese. ...
- Principal
... Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En la especie, la suscrita juzgadora advierte de oficio que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Del normativo transcrito se concluye que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley regulatoria del acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, pues existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin interponerlo el quejoso, el amparo es improcedente. Tal principio se fundamenta en la naturaleza del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia, es decir, sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. La obligación de mérito la exige esencialmente la fracción reproducida en relación con los actos provenientes de autoridades encargadas de la administración de justicia, esto es, sean judiciales o materialmente jurisdiccionales del orden federal, estatal, municipal y de cualquier materia civil, mercantil, administrativo, familiar, agrario, fiscal, entre otras; así, cuando una de dichas autoridades emita un acto contra alguna de las partes integrantes del elenco procesal del juicio o procedimiento instruido bajo su jurisdicción, el gobernado habrá de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria dispuestos a su favor para lograr la anulación, revocación o modificación de la determinación que le agravia. Ahora bien, los artículos 204 y 205 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, disponen lo siguiente: "Artículo 204. La persona contra quien se dicte una providencia precautoria, puede reclamarla antes de la sentencia definitiva. Igualmente puede reclamar la providencia un tercero, cuando alegue que los bienes secuestrados, o parte de ellos, le corresponden en propiedad o por lo menos que los posee legalmente. Artículo 205. Reclamada la providencia, la oposición se tramitará en la forma que para los incidentes establece la ley. La resolución que se dicte, será apelable en el efecto devolutivo." De los preceptos transcritos, se advierte que contra los actos emitidos dentro de una providencia precautoria procede la reclamación, la que se tramitará en la vía incidental conforme la ley de la materia. En efecto, debe puntualizarse que si bien las providencias precautorias se decretan sin audiencia previa, ello no implica que la persona contra la cual se dirige la medida cautelar esté vinculada a soportar la ejecución, o un tercero que aduzca un derecho de posesión sobre el bien inmueble retenido precautoriamente, se encuentren imposibilitados de ejercer su legítimo derecho a defenderse u oponerse, pues ello naturalmente contravendría el derecho fundamental tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, en el artículo 204 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se estableció la reclamación, como medio de defensa en el que los afectados tienen la posibilidad de oponerse a la medida cautelar, ofrecer pruebas, alegar lo que a su derecho convenga, e incluso, impugnar la resolución que se emita a través del recurso de apelación; medio de impugnación que procede en cualquier tiempo, hasta antes de emitirse la sentencia definitiva, en caso de que previamente se haya promovido algún juicio. Razonablemente se llega a la conclusión que el incidente de reclamación es el medio de impugnación idóneo para impugnar las medidas precautorias previstas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; ya que estimar lo contrario, esto es, que no conforma el medio de defensa ordinario idóneo para controvertir una providencia precautoria, implicaría aceptar que ésta es impugnable a través del juicio de amparo -sin necesidad de agotar recursos de manera previa-, lo que limitaría el derecho de impugnación de los afectados de las medidas precautorias, si se parte de la premisa que la posibilidad de ofrecer pruebas se encuentra limitada por disposición expresa de la Ley de Amparo, que en su artículo 75 establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y si bien el segundo párrafo del referido artículo 75 prevé la posibilidad de que las partes ofrezcan pruebas en amparo indirecto, cuando no hubieren tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; no obstante, en el caso, ello sí resulta factible para los quejosos, pues cuentan con el derecho a promover el mencionado incidente de inconformidad en el cual tienen la posibilidad de ofrecer pruebas, formular alegatos e incluso, impugnar la decisión que recaiga en ese ese incidente, a través del recurso de apelación. En tal virtud, si el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, establece un medio de defensa idóneo contra los actos emitidos dentro de una medida precautoria, el cual, puede impugnarse en cualquier momento mientras no se emita sentencia definitiva, es inconcuso que el quejoso tiene la obligación de agotar tal medio de impugnación, previo a la promoción del juicio de amparo. Ello es así, ya que de la lectura íntegra de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el peticionario le reviste el carácter de demandado en el juicio de origen y que el juicio se encuentra precisamente en esa etapa inicial, esto es, en la etapa postulatoria, y que por ende, no han sido vencidos en juicio. Por tanto, si previo a la promoción del presente juicio de amparo, el quejoso debió impugnar vía incidental la medida cautelar de la que se duele, y no lo hizo, es inconcuso que no observaron el principio de definitividad y, por ende, el juicio de amparo resulta improcedente. Resulta aplicable al caso la tesis aislada X.1o.36 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 2741, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 176497, de rubro y texto siguientes: "PROVIDENCIA PRECAUTORIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA DEBE PROMOVERSE, PREVIO A OCURRIR AL JUICIO DE GARANTÍAS, EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 204 Y 205 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ. De los artículos 204 y 205 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad que establecen respectivamente: "... contra quien se dicte una providencia precautoria, puede reclamarla antes de la sentencia definitiva ..." y "Reclamada la providencia, la oposición se tramitará en la forma que para los incidentes establece la ley ...", se advierte que contra la resolución que decreta una providencia precautoria es obligatorio para el quejoso agotar previamente al juicio de amparo, dicha oposición vía incidental como medio de defensa previsto en los referidos numerales, pues, de lo contrario, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción III, de la citada ley." De igual forma, tiene aplicación al presente asunto, por identidad de contenido, la tesis aislada I.10o.C.15 C (10a.) sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1763, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2011214, de rubro y contenido siguientes: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EL INCIDENTE DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONSTITUYE EL MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO IDÓNEO PARA IMPUGNARLAS, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Es de explorado derecho que, en la generalidad de los casos, las medidas o providencias precautorias se decretan sin audiencia previa, esto es, sin que el órgano judicial que las ordena oiga previamente a la persona contra la cual van dirigidas, debido a la existencia de los presupuestos de cautela, urgencia y peligro en la demora, que justifican ampliamente que se altere la necesaria bilateralidad que debe presidir el dictado de toda resolución judicial ya que, en caso contrario, se prevendría al afectado con la correspondiente notificación de lo solicitado, lo que frustraría la finalidad urgente y cautelar de la medida. Lo anterior no quiere decir que la persona contra la cual se dirige la providencia o medida cautelar esté vinculada a soportar la ejecución de ésta sin la posibilidad de ejercer su legítimo derecho a defenderse u oponerse, pues ello contravendría el derecho fundamental respectivo, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que así como reconoce y tutela el derecho de acción -como la cautelar, entre otras-, hace lo propio con el derecho a defenderse u oponerse al ejercicio de ese derecho público subjetivo. En ese sentido, a fin de no afectar el derecho constitucional de defensa en juicio, ni el principio de bilateralidad, que subyacen de lo dispuesto por el primer párrafo del referido artículo 17, lo adecuado y recomendable es que el propio ordenamiento que prevé la posibilidad de decretar una medida cautelar contemple, a la vez, un medio de defensa ordinario mediante el cual la persona contra la cual se dirige esté en aptitud de controvertirla y obtener su revocación o modificación, so pena que, de no ser así, el ordenamiento legal respectivo adolezca del vicio de inconstitucionalidad, al no establecer un mecanismo ordinario que tutele el derecho de defensa de la parte afectada por la providencia cautelar. En este contexto se sitúa el incidente de reclamación a que alude el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que constituye el medio de defensa garante del derecho del afectado a ser oído dentro del procedimiento en el cual se dictó la providencia respectiva, lo que supone, a la vez, la tutela de su derecho de defensa; esto, si se parte del hecho de que el trámite de dicha incidencia, según se advierte del artículo 88 del ordenamiento invocado, le permite postular una pretensión opositora a la providencia cautelar, ofrecer pruebas para demostrarla y alegar lo que a su derecho convenga, con lo cual, se satisface plenamente el derecho de acción y defensa tutelado por el citado artículo 17, aunado al hecho de que el medio de defensa en contra de una providencia precautoria debe estar estatuido por el propio ordenamiento que la contempla, pues es en éste donde debe materializarse la tutela ordinaria del derecho a defenderse de la providencia respectiva. Pensar en sentido diverso, esto es, que el incidente en cuestión no conforma el medio de defensa ordinario idóneo para controvertir una providencia precautoria, implicaría aceptar que ésta es impugnable a través de alguno de los recursos ordinarios establecidos por el ordenamiento legal en consulta, o bien, a través del juicio de amparo -sin necesidad de agotar recursos de manera previa-, lo que supondría, en ambos casos, establecer un límite al derecho de impugnación, si se parte del hecho de que, en ambos casos, la posibilidad de ofrecer pruebas se encuentra limitada. En los recursos ordinarios esto ocurre debido a su propia naturaleza, pues constituyen sólo una instancia revisora del actuar del Juez de primer grado y, en el caso del juicio de amparo, por disposición expresa de la ley de la materia, que en su artículo 75 establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, lo que limita, como lo señala el propio precepto, la facultad de las partes para ofrecer pruebas cuando no hayan sido rendidas ante la autoridad responsable. Aunque ciertamente el segundo párrafo del referido artículo 75 prevé la posibilidad de que las partes ofrezcan pruebas en amparo indirecto, cuando no hubieren tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; no obstante, en el caso, ello sí resulta factible para el quejoso, pues cuenta con el derecho a promover el mencionado incidente de inconformidad previsto para la tutela ordinaria de su derecho de defensa en contra de la providencia precautoria respectiva." Igualmente, tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que establece lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe puntualizar que en el caso no se actualizan las excepciones a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni es de naturaleza penal; además, la legitimación del quejoso para impugnar el acto reclamado en la vía ordinaria se actualiza en tanto que la parte actora dirigió la medida precautoria en contra del mismo, como aquella persona que ha ejercido actos violentos en contra de su ex esposa. Aunado a ello, tampoco se actualiza la excepción a que alude el último párrafo del citado precepto legal, pues la procedencia del incidente de reclamación es categórico y no deja lugar a dudas, pues basta imponerse del contenido del artículo 204 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, para comprender la impugnabilidad del acto aquí reclamado, ante la propia autoridad ordinaria, por lo que no puede afirmarse que tal fundamento legal sea insuficiente para identificar el derecho a interponer el medio anulatorio, ni es necesario realizar ninguna conjetura o compleja interpretación adicional para hacerlo. Finalmente, la parte quejosa no es tercera extraña, ya que la medida de protección fue decretada en su contra, como lo refieren en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad en su demanda. En esa tesitura, al no haberse agotado el principio de definitividad, del rector del juicio constitucional, mediante la interposición del recurso de reclamación, por parte del promovente, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XVIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a ********************y********************, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédula profesional y con restricciones a ********************, para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Oposición relativa a datos personales. La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Integración de expedientes. Se instruye a la secretaria que tiene a su cargo el trámite, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Fermín Santiago Santiago, ante la Secretaria de Juzgado Penélope Rodríguez Landa, que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito ... En este sentido, deberá estarse a lo proveído en auto de veintiocho de marzo del año en curso en el cual se requirió al Administrador Titular Jurídico y de Recepción Golfo adscrito a la Coordinación Regional Golfo-Bajío del Instituto para devolver al Pueblo lo Robado, con sede en Boca del Río, Veracruz, las constancias que le sirvieron de soporte para la emisión del acto reclamado y se tuvieron por recibidas por auto de uno de junio del año en curso. Asimismo, en relación a la solicitud de requerir a las autoridades Administrador Titular Jurídico y de Recepción Golfo-Bajo y Administración Titular Jurídica y de Recepción Metropolitana, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, deberá estarse a lo acordado en auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Lo anterior, sin perjuicio que de estimarlo necesario, este Juzgado Federal requerirá de oficio las constancias que estime pertinentes. Notifíquese. ....
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