Héctor Daniel Rodríguez Rodríguez
Expediente 220/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Héctor Daniel Rodríguez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 220/2022-I, promovido por *******, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito, en esta Ciudad, y turnado a este Juzgado el mismo día, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, Gobernadora Constitucional, Secretario General de Gobierno, Secretario de Hacienda y Jefe del Departamento de Padrón del Control Vehicular, todos del Estado de Chihuahua, de quienes reclamó, los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda: Mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite dicha demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; de igual forma, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: A). De la C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL, así como del SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ambos del Estado de Chihuahua. La promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto No. LXVI/APLlE/0109/2021 I.P.O., por medio del cual se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021, en su edición No. 104., en cuanto a lo que disponen los Artículos Octavo y Decimoséptimo de dicha normativa. La promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto No. LXVII-EXLEY/0107/2021 I.P.O, por medio del cual se expide la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 29 de diciembre del 2021, en su edición No. 104., por lo que respecta a los dispuesto por los numerales 207, 208 y 211, de la citada Ley. B. Del C. SECRETARIO DE HACIENDA Y SUBSECRETARIO DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA: El cobro de los Derechos señalados en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua en sus Artículos 207, 208 y 211, así como lo referido en los Artículos Octavo y Decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2022 C. Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA: La aprobación y expedición del Decreto No. LXVI/APLlE/0109/2021 I.P.O., por medio del cual se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2022, en lo tocante a lo dispuesto por los Artículos Octavo y Decimoséptimo de la citada Ley, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2021, en su edición No. 104. La aprobación y expedición del Decreto No. LXVII-EXLEY/0107/2021 I.P.O, por medio del cual se expide la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 29 de diciembre del 2021, en su edición No. 104, por lo que se refiere a los numerales 207, 208 y 211, del ordenamiento antes citado. D. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL PADRÓN DEL CONTROL VEHICULAR DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA: El registró en el padrón del control vehicular del Gobierno del Estado a nombre del quejoso, respecto de un vehículo automotor marca *******, año *******, con placas de circulación e identificación vehicular número *******, con número de serie *******, mismo que sirve como antecedente en la generación de la contribución a cargo del quejoso, por el pago de los Derechos a que hace referencia a los actos reclamados. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. I. El Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo y y Jefe del Departamento de Padrón del Control Vehicular, ambos del Estado de Chihuahua, al rendir su informe con justificación, negaron la existencia del acto que se les reclama, consistente en el cobro de los derechos señalados emanados de las normas tildadas de inconstitucionales, así como el registro del vehículo en el padrón vehicular de Gobierno del Estado, respecto del vehículo que aduce ser de su propiedad, respectivamente. La parte quejosa no exhibió prueba que desvirtúe tales negativas, por lo que debe tenerse como inexistente el acto que se atribuye a las autoridades responsables. Tiene aplicación, se cita la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por lo que hace las autoridades señaladas como responsables, Congreso, Gobernadora Constitucional y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, residentes en la ciudad del mismo nombre, son ciertos los actos reclamados a las mismas, en virtud de que así lo expresaron al momento de rendir sus respectivos informes justificados. Además, la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza una hipótesis de improcedencia por virtud de la cual este asunto debe sobreseerse. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es del siguiente contenido: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) De la norma transcrita se advierte, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el numeral 5º, fracción I, de la ley de la materia. A su vez, el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5º, fracción I, y 6º, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. La norma constitucional invocada en primer término establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, dispone que tiene ese carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución General de la República y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, el precepto constitucional señala que tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso es parte en el juicio de amparo y tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos fundamentales previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. En esa medida, para acudir al juicio de amparo a solicitar la protección de la Justicia Federal, se requiere: a) Que el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que únicamente se exige contar con el primero; y b) Que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; sin embargo, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser indirecta en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico y además provenir de un interés individual o colectivo. Así, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Por su parte, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado -mediante un agravio diferenciado- que pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas, esto es, ya sea que demuestre contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Precisado lo anterior, se señala que al reclamar una norma en la vía indirecta, debe distinguirse si esta se trata de autoaplicativa o heteroaplicativa. Ello primero, para computar el plazo que el justiciable tiene para presentar la demanda, así como para dilucidar si la norma depara perjuicio con su sola entrada en vigor, o bien, requiere de un acto de aplicación concreto. Al respecto, se está en presencia de una norma autoaplicativa, o de individualización incondicionada, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sometida a la realización de ese evento. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 198200, que dice: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Por tanto, en los casos en los que se impugne la inconstitucionalidad de una norma general, a partir de su primer acto de aplicación, los sujetos que se consideren afectados por dicha norma, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, deben demostrar la titularidad del derecho subjetivo cuya transgresión reclaman, y el perjuicio que ese primer acto de aplicación les causa a su esfera jurídica, por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes, a fin de acreditar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, página 235, de rubro y texto siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Así, para que el quejoso acredite su interés jurídico para acudir al amparo contra dichas normativas, es necesario: 1) que demuestre ser propietario del vehículo que refiere en su demanda, con la finalidad de probar que se ubica en el citado supuesto normativo, y 2) que por ello se pueda estimar que se vulnera un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica; es decir, que los preceptos que en amparo reclama le causan un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Al respecto, el accionante del amparo, para demostrar la aplicación de las normas reclamadas, exhibió: 1.- Original del recibo de pago expedido por la cadena comercial *******, de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, por un total de dos mil ciento treinta y seis, moneda nacional ($*******), por PAGO DE SERVICIO, al GOB.EDO.CHIH; 2.- Copia simple de la credencial de elector del aquí quejoso, emitida por el Instituto Nacional Electoral; y, 3.- Copia simple de la tarjeta de circulación vehicular expedida por la Dirección de la División de Policía Vial, Dirección de Transporte a nombre del quejoso *******, respecto de un vehículo automotor marca *******, año *******, con placas de circulación e identificación vehicular número *******, con número de serie *******, correspondiente al año dos mil veintiuno. Tales documentales, aún adminiculadas, son insuficientes para acreditar de forma fehaciente, los requisitos arriba señalados; es decir, que, el aquí quejoso se ubicó en el supuesto de la norma jurídica reclamada, toda vez que no obran pruebas eficaces que demuestren su calidad de contribuyente, esto es, que hubiera pagado la contribución relativa al canje de placas y expedición de la tarjeta de circulación, pues solamente de esa manera se puede estimar que se vulneró un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica; es decir, que los preceptos que en amparo reclama le causan un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos Es así, porque si bien exhibió el recibo de pago expedido por la cadena comercial *******, de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, por un total de ******* ($*******), por PAGO DE SERVICIO al Gobierno del Estado de Chihuahua, del mismo no se aprecian datos de identificación del contribuyente ni del automotor que el quejoso asegura es de su propiedad. Además, no se pierde de vista que anexó a su escrito de demanda copia simple de la tarjeta de circulación correspondiente al año dos mil veintiuno, expedida a su nombre, con los datos de un vehículo automotor, sin embargo, este documento no puede adminicularse con el diverso recibo de pago, expedido por una cadena comercial, del cual no se aprecian los datos de identificación del pago de la contribución ni tampoco los correspondientes a la identificación del contribuyente ni vehículo en cuestión; por lo que al no existir documentos que puedan adminicularse entre sí, y de los que de manera certera se desprenda que el quejoso erogó la contribución reclamada, no es factible admitir que se ocasionó una afectación en la esfera jurídica del quejoso con motivo de la aplicación de las normas jurídicas impugnadas. Afectación que, concierne demostrar a la parte quejosa a través de medios de convicción fehacientes, pues en los términos antes expuestos, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a aquélla y no de forma alguna al Juez Constitucional. Apoya, en lo conducente, la tesis 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Además, se precisa que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el interés jurídico debe probarse fehacientemente y no con base en presunciones; lo que así se extrae de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Así, se insiste, la carga procesal consistente en que la parte promovente del juicio de amparo debe demostrar su interés, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto combatido; en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra, el perjuicio a su interés jurídico, alegado, que, como ya se dijo, concierne únicamente al quejoso, demostrar. Tiene sustento lo anterior, por identidad de razones, en la tesis I.8o.C.11 K, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Tomo III, Marzo de 1996, página 954, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 202983, de título y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. LA CERTIFICACION DE LAS ACTUACIONES QUE SE ANEXAN AL MISMO PRUEBAN UNICAMENTE EN CUANTO A SU EXISTENCIA, PERO NO PUEDEN TENER EL ALCANCE DE CONVERTIR EN DOCUMENTOS PUBLICOS LOS QUE SE EXHIBIERON EN COPIA SIMPLE. La certificación de las actuaciones que se acompañen al informe justificado dan la certeza en cuanto a que dichas constancias obran en el expediente respecto del cual se realizó dicha certificación, pero no puede tener el alcance de convertir en documento público a una copia simple que se haya exhibido en los autos de que se trate; consecuentemente la copia simple en cuestión sigue teniendo la calidad con el valor demostrativo que en derecho le corresponda. Así, se concluye que las documentales con que acompañó el accionante del amparo su demanda, no son idóneas para acreditar que se ubique en el supuesto de la norma que reclama, toda vez que, como se expuso, para demostrar el interés jurídico que adujo tener, debió acreditar el pago de los derechos vehiculares que reclama. Y, se repite, correspondía al quejoso demostrar que la norma reclamada le generó un perjuicio en su esfera jurídica, persona o patrimonio, acreditando fehacientemente que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; sin que se actualice el principio de procedencia del amparo relativo al agravio personal y directo, porque no existe interés jurídico para acudir a este medio de control constitucional, ya que del recibo de pago no obra ningún dato que coincida con los datos que obran en la copia de la citada tarjeta de circulación. Afirmación que se sustenta en la jurisprudencia emitida por el Más Alto Tribunal del País, que no se oponen al contenido de la Ley de Amparo vigente, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Por ende, no se actualiza el principio de procedencia del amparo relativo al agravio personal y directo, porque, en el caso, el quejoso no acreditó contar con el interés jurídico que adujo tener, para acudir a esta instancia constitucional. En consecuencia, como se adelantó, ante la actualización de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de esa legislación. Asimismo, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, resulta innecesario el estudio de las diversas causales que hicieron valer las autoridades responsables, pues en nada variaría el sentido del fallo que se emite. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo XI, Marzo de mil novecientos noventa y tres, visible a página doscientos treinta y tres, cuyo rubro y texto son los siguientes: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Finalmente, dado el sobreseimiento decretado, esta juzgadora se encuentra imposibilitada para abordar el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en atención al contenido de la tesis 58, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, página cincuenta y siete, volumen 70, de octubre de 1993, cuyo rubro y testo se leen: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por los razonamientos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de junio de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional programada para las diez horas de hoy, en virtud de que los informes justificados rendidos por parte de las responsables, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y Jefe del Departamento del Padrón del Control de Obligaciones dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, todos con residencia en esa ciudad, se tuvieron por recibidos en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, por notificado a las partes mediante lista publicada el treinta de mayo del año en curso, esto es, no se presentó con los ocho días de anticipación a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, dadas las razones expresadas la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Materia Común, que se consulta en la página 151, con registro 170081, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado, rendido por el Consultor Jurídico, adscrito al departamento jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua en representación de las autoridades responsables, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y Jefe del Departamento del Padrón del Control de Obligaciones dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua (en su denominación correcta de Jefe del Departamento del Padrón del Control Vehicular dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua), todos con residencia en esa ciudad, en atención a su contenido, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Causas de sobreseimiento Ahora, respecto a las causas de sobreseimiento que hace valer la autoridad oficiante, se proveerá lo conducente al momento de resolver el fallo definitivo. Anotación denominación correcta Se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las anotaciones correspondientes en el referido sistema en relación con la denominación correcta de la autoridad que así se asentó en el presente acuerdo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional programada para las once horas con diez minutos de hoy, en virtud de que el informe justificado rendido por parte de las responsables, Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua y Congreso del Estado de Chihuahua, todos con sede en la ciudad del mismo nombre, se tuvo por recibido en autos de veintisiete de abril de dos mil veintidós, por notificados a las partes mediante lista publicada el veintiocho de los mismos, esto es, no se presentó con los ocho días de anticipación a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las diez horas del dos de junio de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, dadas las razones expresadas la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Materia Común, que se consulta en la página 151, con registro 170081, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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