Hector Cervantes Sanchez

Expediente 307/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
307/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Hector Cervantes Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo de los oficios con los que habría de notificarse a las autoridades responsables la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, ya que se sobreseyó en el juicio y dicho sentido no les causa ningún perjuicio, ni las legitima para interponer recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el numeral 87 de la ley de la materia. Se ordena expedir oficios. Sin perjuicio de lo anterior se ordena girar los oficios correspondientes con transcripción de la sentencia emitida el veintiuno de octubre de dos mil veinte, a efecto de que las autoridades responsables tengan conocimiento del citado fallo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuadernos incidentales. Por otra parte, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, puesto que por una parte se concedió y por otra se negó la suspensión provisional. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En Tijuana, Baja California, a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 307/2020-I, promovido por Edgar Alejandro Pérez González, por derecho propio, estando en audiencia pública Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Naguib Enrique Hernández Delgado, Secretario de juzgado con quien actúa y da fe, se declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo y sin la asistencia de las partes. En este apartado, se considera necesario precisar que la celebración de esta audiencia constitucional no le depara perjuicio alguno a las partes, ya que si bien de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia; lo cierto es que a fin no retardar la pronta impartición de justicia se considera procedente la celebración de esta manera. Aunado a que, se estima que no existe vulneración a algún derecho de las partes por su imposibilidad para asistir a la audiencia al no haberse ofrecido medios de prueba que ameriten su presencia, además de que de realizarse de manera remota ocasionaría la dilación en su resolución. De igual manera, no depara ninguna afectación, toda vez que pudieron alegar en forma escrita, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Certificación de relación de constancias. Acto seguido, el secretario certifica que se dio lectura de las constancias que obran en el presente expediente. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, que dispone: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE -CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el Secretario hace constar que las partes ofrecieron los siguientes: No. Oferente Prueba Foja (s) Admitidas y desahogadas 1 Quejoso. Documentales 10 a 14 01 de junio de 2020 (foja 15 a 21) 2 Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California. Documentales 46 a 77 Asimismo, se hace constar que no existen medios de convicción pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. En cuanto a las pruebas documentales que anexó el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas por parte del quejoso y de la autoridad responsable, mismas que serán valoradas en su oportunidad; por lo que al no haber más pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, se da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos, la Jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 307/2020-I; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil veinte, ante el Secretario de Guardia adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad,********************por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos señalados en la demanda de amparo. SEGUNDO. Trámite del juicio. El uno de junio de dos mil veinte la demanda se registró con el número de expediente 307/2020-I y se admitió. Luego, seguidos los trámites de ley se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades (en su denominación correcta) y por los actos que enseguida se precisan: No. Autoridades responsables Acto reclamado 1 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California La omisión de las responsables de otorgar los cuidados sanitarios y las medidas preventivas para evitar el contagio del virus Sars-CoV-2 (COVID-19) en las filas para acceder a la Oficialía de partes común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares en esta ciudad. La omisión de habilitar un espacio óptimo dentro o fuera del edificio de los Juzgados con suficiente ventilación y con el personal necesario para atender a los abogados postulantes en la recepción de las demandas, en un término de treinta minutos o menos, dado que actualmente la espera es de hasta siete horas, en sombra natural o producida, con sillas suficientes para mantener la distancia razonable entre los asistentes, bajo una numeración progresiva y con las medidas de sanidad como el uso de gel sanitizante y cubrebocas. La prohibición del acceso a la Oficialía de partes común a las personas de sesenta años, hipertensos y diabéticos, lo que es un acto de discriminación. 2 Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, las autoridades responsables, en su denominación correcta, rindieron su informe con justificación, tal como se precisa a continuación: No. Autoridades responsables Sentido del informe Fojas 1 Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California. Niega 43 a 45 De esta manera, se advierte que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, señaladas como autoridades responsables, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados, sin que el quejoso haya aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa. En efecto, por lo que hace al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, el referido presidente precisó que carecía de facultades para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar orden formal o material que esté relacionada con los actos reclamados, esto de acuerdo a lo establecido en la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado de Baja California. Ahora, por lo que hace al Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, el mismo Presidente señaló que se habían dictado diversos acuerdos por parte del Pleno de dicho consejo, para atender la emergencia sanitaria con motivo del virus Sars-CoV-2 (COVID-19), y en atención a ellos se habían establecido diversas medidas como son: La existencia de un filtro que supervisa el acceso y respeto de la "sana distancia" entre los asistentes a los juzgados; Toma de temperatura y detección de enfermedades respiratorias; Se proporciona solución gel base alcohol al 70% para la limpieza de manos; solución desinfectante y tapetes para desinfectar; Establecimiento de entradas y salidas exclusivas a los litigantes; Para las personas mayores se permite el acceso permitiéndoles el ingreso de manera prioritaria, para la realización de sus trámites. En ese sentido, si el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establece la obligación del impetrante de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia de los actos reclamados a las autoridades en cita corresponde al solicitante del amparo. Pues si bien, el quejoso refiere que las autoridades fueron omisas en otorgar los cuidados sanitarios y las medidas preventivas para evitar el contagio del virus Sars-CoV-2 (COVID-19), así como habilitar un espacio óptimo para atender a los abogados postulantes, la autoridad responsable refiere las medidas que se han tomado y que persisten para el acceso a sus instalaciones, sin que el quejoso hubiera demostrado que éstas no existen o no se llevan a cabo, aun y cuando se le dio vista con el informe justificado rendido por las responsables. Ahora, tampoco se demostró que exista alguna prohibición a la Oficialía de partes común, por parte de las personas de sesenta años, hipertensos y diabéticos, por el contrario, la autoridad responsable refirió que existen medios de control para permitirle a los grupos catalogados como vulnerables el acceso a las instalaciones de los juzgados de esta entidad federativa. Por consiguiente, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales en torno a dichas autoridades, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, Novena Época, registro 187728, que expresa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En mérito de las consideraciones precedentes, no existe viabilidad técnica para estudiar los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa al configurarse el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Nutre esa determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49 del Tomo 24 Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de voz y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 307/2020-I, promovido por********************por derecho propio, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de octubre de dos mil veinte. Juicio en línea. Agréguense a los autos el escrito firmado por el delegado de la autoridad responsable; a través del cual solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico, en ese orden, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo del año en curso, se autoriza a la responsable el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, únicamente para consulta, toda vez que así lo solicitó expresamente. Por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, realice la autorización respectiva en el expediente electrónico de los usuarios "vicentedsd", "licsantiagoromero", "gabriel.amelco", "ALEGLZS", "alexaviles12", "sofiajauregui2793", "G_Arambula", "RigelValadezHernandez" y "JURPJEBC". Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano