Héctor Celestino Granados Martínez
Expediente 1353/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1353/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2016
Partes del expediente
- Héctor Celestino Granados Martínez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido en exceso el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243). Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en particular la determinación de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Juez de Control y de Juicio Oral con especialización en Delitos de Violencia de Género, de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo Estado de México en la Carpeta Administrativa 168/2014, se estima que la concesión del amparo no ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: El siete de agosto de dos mil quince, este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a José Luis Valdez Sánchez, para los siguientes efectos: ".Atendiendo a la obligación del Estado de investigar actos de tortura, le corresponde al Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, que en caso de existir evidencia razonable y dependiendo del tipo de maltrato alegado, ordenar la investigación al Ministerio Público y, a su vez, actuar en la carpeta administrativa 168/2014, de forma efectiva e imparcial, para garantizar que se realicen los estudios relativos pertinentes, entre ellos, la realización de exámenes psicológicos y médicos respectivos de conformidad con el Protocolo de Estambul y ordene la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva." Ahora bien, el Juez de Control con competencia en el Distrito Judicial de Tenancingo, México, remitió copia certificada de la resolución de veintinueve de agosto del año en curso; así como de la videograbación de la audiencia para resolver sobre el cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo de las que se advierte que el Juez a quo el veinticinco de noviembre del dos mil quince, ordenó dar vista al Ministerio del Fuero Común, a través del Procurador General de Justicia del Estado de México, para que en uso de sus facultades y atribuciones procediera a la investigación de hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura, cometido en agravio de José Luis Valdez Sánchez, remitiéndole copia certificada de la demanda de amparo que promovió, copia certificada del certificado médico de fecha siete de junio del año dos mil catorce y copia certificada de la entrevista que se le practicó a José Luis Valdez Sánchez; asimismo, refiere que en el mes de julio de dos mil dieciséis, se emitió el dictamen médico/psicológico especializado para casos de posible tortura o maltrato, que suscribieron el Médico Legista Eduardo Sánchez Lazo y la psicóloga Ma. Antonieta Castañeda Álvarez, con apoyo del perito fotográfico Juan Carlos Tercero Aley, en el que se concluyó que José Luis Valdez Sánchez, no presentó datos de síntomas agudos o crónicos establecidos o relacionados con posible tortura; sin que haya remitido las constancias correspondientes a sus señalamientos. Por ende, en acatamiento a la resolución de este juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, resulta menester requerir a la autoridad responsable (Juez de Control con competencia en el Distrito Judicial de Tenancingo, México), para que en el término de tres días, computados a partir de su legal notificación adjunte la totalidad de constancias certificadas que acrediten su dicho, es decir copia certificada del oficio que remitió al Ministerio del Fuero Común, a través del Procurador General de Justicia del Estado de México, el veinticinco de noviembre del dos mil quince, así como copia certificada del Dictamen Médico/Psicológico especializado para los casos de posible tortura practicado en el mes de julio del año dos mil dieciséis. En el entendido de que, para el caso de ser omisa en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente, se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de inobservancia. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trace de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento del Juez de Control y de Juicio Oral Especializado en Delitos de Violencia de Género, de Primera Instancia del Distrito judicial de Tenancingo Estado de México, que aun cuando dejen su puesto, continuará su responsabilidad por el desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró en su encargo y por esa razón, también podrá ser consignado en términos del artículo 107, fracción XVI constitucional. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Respecto a las manifestaciones que realizó el quejoso mediante escrito recibido el quince de abril de dos mil dieciséis, por el momento no se hace mayor pronunciamiento hasta en tanto la autoridad responsable remita las constancias ya invocadas. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Encargada del Despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuradora General de la República, a través del cual, en respuesta al requerimiento de uno de septiembre de dos mil dieciséis, comunica las gestiones realizadas para asignar a este órgano jurisdiccional un perito en la especialidad de valuación de bienes inmuebles y/o en materia financiera. Información de la que toma conocimiento este juzgado federal, sin hacer mayor pronunciamiento, ya que por auto de cinco de septiembre del año en curso se tuvo por designado al experto en cita. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
RADICACIÓN. Visto el oficio 18647/2016 por el cual este órgano jurisdiccional remitió la demanda promovida por Héctor Celestino Granados Martínez, por propio derecho, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. En mérito de lo anterior, téngase por recibida la demanda de cuenta, únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en: La orden de aprehensión girada contra el quejoso; y, su ejecución. Por tanto, anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) e intégrese expediente bajo el número que le corresponda. ANTECEDENTES DE LA TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Previo a pronunciarse respecto de la admisión o desechamiento de la presente demanda, se considera indispensable realizar la siguiente narración de antecedentes de donde derivan los presentes actos reclamados por el aquí quejoso: El uno de septiembre de dos mil dieciséis, Héctor Celestino Granados Martínez, promovió demanda de amparo, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México y otras autoridades, que los hacía consistir en: "La ilegal orden de detención y/o aprehensión y/o presentación." Dicha demanda fue registrada con el número de juicio de amparo indirecto 1329/2016, así como su ingreso en el libro de gobierno y Sistema Integral para Seguimiento de Expedientes. Mediante proveído de dos de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite, se requirió su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se aperturó el incidente de suspensión, únicamente respecto del acto consistente en la orden de detención dictada contra el quejoso; y, su ejecución. En la misma data, este órgano de control constitucional consideró pertinente decretar la separación de autos en virtud de los actos reclamados se encuentran jurídicamente desvinculados, por ello, este juzgado se pronunció en los términos siguientes: "SEPARACIÓN DE AUTOS. Ahora, visto el escrito de demanda de amparo que promueve Héctor Celestino Granados Martínez, contra actos del Procurador de Justicia del Estado de México y otras autoridades, que los hacen consistir en: La orden de aprehension; La orden de presetación ; La orden de detención; y, Su ejecución En atención a tal circunstancia y al hecho de que el presente asunto se rige por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual entró en vigor al día siguiente, ahora, dentro de la jurisprudencia que se integra como en la Ley de Amparo no está prevista la separación de juicios; fue incorporada al juicio de amparo como se advierte a través de los criterios jurisprudenciales con números de registro 2008742 y 2009070, pronunciados por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos rubros son: "SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, DE OFICIO, DEBE TRAMITAR EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO EN UNA MISMA DEMANDA SE RECLAMEN ACTOS VINCULADOS ENTRE SÍ, EN APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 72 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)"; y, "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDEN RELACIÓN ENTRE SÍ". Criterios de cuya lectura se colige que dicha figura jurídica tiene por objeto dividir la demanda de amparo, a efecto de analizar, en forma separada y autónoma, los diversos actos que provienen de juicios desvinculados entre sí, reclamados a las autoridades responsables en una sola demanda, y que para determinar la separación de los juicios de amparo, los actos que se reclamen en una misma demanda de garantías deben ser distintos por derivar de diferentes procedimientos, o bien, porque se reclamen a las mismas autoridades responsables, actos derivados del mismo procedimiento pero aduciendo derechos diversos, aunque sean diversos los quejosos. Es importante señalar que el objetivo primordial de las separación de juicios es que se logre una tramitación más diáfana en los juicios de amparo, para evitar que en lo futuro se dicten fallos complicados y confusos en su comprensión, además de evitar en lo posible las complicaciones en su cumplimiento y facilitar la tramitación de los recursos que llegaren a interponerse. Así pues, en el presente caso, y atento a que la Ley de Amparo vigente no contiene ninguna disposición en la que se prohíba la separación de juicios, este juzgador federal, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 66 de la citada ley, donde se nos da la posibilidad de determinar, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si alguna cuestión incidental como la que aquí se presenta, se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia, considera que procede declarar de plano la separación de la demanda de amparo que originó el presente juicio pues, como se ve, el quejoso Héctor Celestino Granados Martínez, reclama: Las ordenes de: Aprehensión, Presentacion; y, Detencion De modo que se está ante la presencia de derechos reclamados jurídicamente desvinculados, es decir, que aun relacionados con el mismo juicio no guardan conexión alguna, pues se insiste el derecho del que derivan es de diversa índole; por tanto, se considera que lo procedente es dividir los actos reclamados del presente asunto, a efecto de dar mayor celeridad, claridad y autonomía al trámite y resolución de la demanda de amparo. Máxime que la jurisprudencia invocada con antelación, como ya se dijo, resulta obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos del referido artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual entró en vigor al día siguiente. En consecuencia, por oficio dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, remítase copia autorizada de la totalidad de las actuaciones que integran el juicio de amparo en que se actúa, con la finalidad de que les asignen los turnos correspondientes y remita a este Juzgado de Distrito, junto con las papeletas de nueva cuenta, en los que se conocerá y resolverá: En un juicio respecto del quejoso Héctor Celestino Granados Martínez, en el que señala como autoridades responsables al Procurador de Justicia del Estado de México y otras autoridades y como acto reclamado: La orden de aprehension y su ejecución; y, En un juicio respecto del quejoso Héctor Celestino Granados Martínez, en el que señala como autoridades responsables al Procurador de Justicia del Estado de México y otras autoridades y como acto reclamado: La orden de presentacion y su ejecución. Lo anterior, con la finalidad de que en su oportunidad se emita la sentencia que en derecho corresponda, debiendo hacer la compensación correspondiente." RECEPCIÓN. En esas condiciones, se tiene por recibida la demanda de cuenta promovida por Héctor Celestino Granados Martínez, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México y otras autoridades, consistentes en: La orden de aprehensión girada en su contra; y, su ejecución. PREVENCIÓN. En ese sentido, a efecto de estar en aptitud de proveer lo que corresponda sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en los artículos 108 fracción V y 114 fracción II, ambos del ordenamiento legal invocado, requiérase al quejoso para que dentro del precitado plazo de cinco días y bajo protesta de decir verdad, satisfaga los requisitos que establece el numeral 108 de la legislación de la materia, es decir, indique de forma cronología y suscinta los antecedentes que dieron origen al acto reclamado; en virtud de que del escrito de demanda únicamente se advierte que este hace mención a los relacionados con su detención, mas no así del acto que dio origen a la presente sumario, esto es, si se le dejó algún citatorio a fin de acudir ante alguna de las autoridades señaladas como responsables. Lo anterior, en razón de que como está planteada la demanda pueden tenerse al alcance mayores datos de los que fueron proporcionados por la parte agraviada, con el fin de conocer provisionalmente el contenido del acto que se tilda de inconstitucional, así como la o las autoridades que intervinieron en su emisión. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso, que para el caso de no desahogar los requerimientos formulados, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. Así también, hágase del conocimiento del impetrante de amparo de las penas a que se hacen acreedores los que afirman hechos falsos ante la autoridad jurisdiccional, de conformidad con lo que establece el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia; por tanto, se le apercibe que para el caso de desahogar los requerimientos de mérito o en su caso, dentro del trámite correspondiente, haya manifestado hechos falsos u omita los que le consten, en el momento procesal oportuno se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por la probable comisión de algún delito. Apoya la anterior determinación, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. (9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Julio de 2006; Pág. 348)". DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. De acuerdo a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso, se tiene por autorizados en términos amplios a las personas respecto de las cuales se haya cumplido con los extremos previstos en su segundo párrafo; es decir, aquellas que acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y se hayan proporcionado los datos correspondientes. De igual forma, se autoriza en términos restringidos a las mencionadas si no se cumplió con dichos requisitos, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectúen dichas acotaciones. HABILITA ACTUARIO. Como lo refiere el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de esta adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.
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