Héctor Castro Rivadeneyra

Expediente 738/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
738/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Héctor Castro Rivadeneyra
  • Cámara de Diputados

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Declaración causa estado Advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo se declara que ha causado estado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Archivo y destino. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se desechó la demanda de amparo y no obran documentos originales ofrecidos por la promovente, con fundamento en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General de siete de junio de dos mil veintitrés del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Sin que haya lugar a ordenar notificar personalmente a la parte quejosa el presente acuerdo, toda vez que en el presente asunto no se exhibieron documentos originales, por lo que no es necesario que se otorgue el término de los noventa días a que se refiere el citado acuerdo. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta y anexo, visto su contenido se provee: Recepción de ejecutoria Acúsese recibo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito del oficio ********************, que contiene el testimonio de la resolución pronunciada el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en el recurso de queja número ********************, recibido en este órgano federal el cuatro de julio pasado. Comuníquese a la parte quejosa que la superioridad dictó la citada resolución, en los términos siguientes: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por ******************** en contra del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Destrucción de legajo de copias Destrúyanse las constancias que devuelve la Superioridad dado que dichas constancias son copia certificada de los presentes autos; esto a fin de evitar duplicidad de actuaciones; lo anterior, con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de siete de junio de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado declara fundado recurso de queja. Ahora bien, cabe destacar que la superioridad declaró fundado el recurso de queja interpuesto en autos, y en la parte que interesa, señaló lo siguiente: " (.)es claro que la causa de improcedencia no es notoria e indudable, dado que el asunto no reúne esas características y, por lo tanto, no fue apegado a derecho que se desechara la demanda con base en la causa de improcedencia invocada ya que no está fehacientemente probado que las normas reclamadas únicamente incidieran en materia electoral. (.) lo procedente es declarar fundado el recurso de queja y ordenar al juzgador proveer lo conducente en relación a la admisión de la demanda, pues este tribunal colegiado no puede asumir la jurisdicción que a este corresponde, por ser propio de los juzgadores de primera instancia el cabal cumplimiento de los preceptos referentes al trámite que se debe seguir en la presentación y admisión de demanda (.)" Al respecto, se provee: Se actualiza diversa causal de improcedencia. El suscrito Juzgador Federal, estima que en la especie se actualizada diversa causa de improcedencia respecto de las normas reclamadas, sin que ello implique desatender el contenido de la ejecutoria que se recibe, dado que dicho motivo de improcedencia se considera notorio y manifiesto, pues la parte quejosa señala como actos reclamados los consistentes en: ".IV. LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. A. Del Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras de Diputados y Senadores, se reclama la aprobación del Decreto por el cual se realizan reformas, adiciones y derogaciones a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, particularmente en cuanto a los siguientes preceptos legales 31 numerales 3 y 5, 33, 61 numerales 1 inciso b), 4, 5, 8 y 9, 62 numeral 6, 71, 72, 73, 74, 76 numerales 1 incisos a) y b) y 2, 125 TER numeral 6, 125 QUATER numeral 1 incisos a) y g), Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto Transitorios de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023. B. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la orden de promulgación del Decreto por el cual se realizan reformas, adiciones y derogaciones a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral. C. Del Secretario de Gobernación y del Director Oficial de la Federación, se reclama la publicación de las reformas, adiciones y derogaciones a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, la cual se dio en fecha 02 de marzo de 2023." Al respecto, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, dispositivo que establece lo siguiente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia invocada se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, como en el presente caso, de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En el caso, han cesado los efectos de las normas reclamadas, pues en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como hecho notorio se invoca que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, invalidó la totalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de marzo de 2023, como a continuación advierte del siguiente comunicado: ".Comunicados de Prensa No. 222/2023 Ciudad de México, a 22 de junio de 2023 INVALIDA LA CORTE LA SEGUNDA PARTE DEL PAQUETE DE REFORMAS POLÍTICO-ELECTORALES 2022-2023 POR VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO  El pleno determinó que el Congreso de la Unión trasgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, relacionados con el principio de deliberación democrática La jurisprudencia de la Corte ha establecido que, necesariamente, en el proceso legislativo se debe de garantizar la participación plural e igualitaria de todos los grupos representados en el Congreso. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 9 votos, invalidó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 2 de marzo de 2023.La Corte resolvió que existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo y que, conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal, invalidan dicho procedimiento:1) Las iniciativas del denominado Plan B fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión, para que todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados. 2) Estas iniciativas comprenden seis leyes y más de 510 artículos adicionados, reformados o modificados. 3) Las iniciativas fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad. Ello a pesar de las reiteradas peticiones de las minorías para permitir previamente conocer el contenido de los Decretos y así proceder a un debate serio. 4) Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas Cámaras. Una de las reglas constitucionales específicas del procedimiento legislativo prohíbe tajantemente a las Cámaras del Congreso de la Unión alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o decreto, que ya hubieran sido aprobados previamente por ambas. 5) Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta. Asimismo, tampoco cumplieron con las reglas de votación previamente establecidas. Al declararse la invalidez del Decreto impugnado, el Pleno determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho Decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquel, es decir, al 2 de marzo de 2023. La Suprema Corte ha sostenido, desde hace más de 15 años y en más de 30 ocasiones, que el procedimiento legislativo definido en la Ley Fundamental es la base del régimen democrático y no un mero formalismo, ya que exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa. Acciones de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, promovidas por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, diputados y senadores del Congreso de la Unión, el partido político Revolucionario Institucional y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demandando la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de marzo de 2023. Ponente: Ministro Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Narváez Medécigo. Documento con fines de divulgación. La sentencia es la única versión oficial.." De lo anterior se advierte que se declaró la invalidez del decreto que contenía las normas tildadas de inconstitucionales, y en consecuencia, el Pleno determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho Decreto recuperaran su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquél, es decir, al 2 de marzo de 2023, lo que obviamente incluye aquellas respecto de las cuales, en su caso, la parte quejosa aducía que se vulneraría su estabilidad y relación laboral. Situación que evidencia que los actos reclamados; cesaron en sus efectos, dado que se invalidó la totalidad del decreto en que se incluían las normas reclamadas, por lo que estas evidentemente no podrán ser aplicadas en perjuicio de la parte quejosa, de ahí que se reitera que cesaron los efectos de la posible violación que con los actos reclamados se pudieron haber causado al peticionario de amparo, al declararse la invalidez de la totalidad del decreto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Autoridad remite Agréguense a los autos el oficio con anexo de cuenta signado por el Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, por el que remite copia certificada del acuse de recibo del oficio número 1226 de veintiocho de abril del año en curso al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado oficiante; sin mayor proveído, toda vez que en el auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese el oficio y anexo de cuenta signado por el Director General de Administración de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla. Manifestaciones cumplimiento. Se tiene a la autoridad oficiante, dando cumplimiento al requerimiento de veintiséis de abril del año en curso, por lo que informa que mediante oficio .... de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Titular de la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de Administración, le solicitó llevar a cabo la cancelación del pago del mínimo vital al quejoso. Ahora bien visto los efectos de la concesión de amparo que fueron para que: Autoridades responsables Efectos 2 Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Proporcione de manera inmediata los documentos e información solicitada mediante oficio .... por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a efecto de que la parte quejosa pueda gozar del pago del salario por la prestación de sus servicios al cien por ciento a que tiene derecho con motivo del acuerdo emitido el veintinueve de julio de dos mil veintidós, por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, dentro de los autos del expediente administrativo .... Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla Realice en forma inmediata las gestiones necesarias para que le sea proporcionado a la parte quejosa el salario al cien por ciento a que tiene derecho con motivo del acuerdo emitido el veintinueve de julio de dos mil veintidós, por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, dentro de los autos del expediente administrativo .... En tal virtud tomando en consideración los efectos de la concesión d amparo y lo manifestado por la autoridad oficiante, se provee: Requerimiento a la autoridad responsable Requiérase al Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente al presente auto, informe si ya fue realizado el pago a la parte quejosa del salario al cien por ciento a que tiene derecho o su reactivación, debiendo remitir las constancias necesarias con las que acredite su dicho o en su caso manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello. Por tanto, subsiste el apercibimiento decretado. Requerimiento de cumplimiento a la autoridad vinculada. Asimismo, toda vez que el Director General de Administración de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla, giró el oficio ... de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, a la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado, a fin de que llevara a cabo la cancelación del pago del mínimo vital al quejoso o en su caso la reactivación al cien por ciento del pago de su salario, en tal virtud, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado, a quien se le tiene como autoridad vinculada con el cumplimiento del presente juicio de amparo, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes al en que reciba el oficio de cuenta, informe si ya fue cubierto el salario por la prestación de sus servicios al cien por ciento a que tiene derecho la quejosa con motivo del acuerdo emitido el veintinueve de julio de dos mil veintidós, por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, dentro de los autos del expediente administrativo ...., debiendo remitir las constancias necesarias con las que acredite su dicho. Apercibida la autoridad vinculada al cumplimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada en el plazo indicado, se le impondrá a cada uno de sus integrantes una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Asimismo, se le apercibe que en caso de incumplimiento, además de la sanción económica antes mencionada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

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