Héctor Carlos González Flores

Expediente 220/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
220/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
07/03/2019

Partes del expediente

  • Héctor Carlos González Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    se publica la resolución de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, en virtud de no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal a la parte quejosa Héctor Carlos González Flores, no obstante haber sido citada para tal efecto, mediante aviso, lo anterior en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la ley de amparo: Tijuana, Baja California, siete de marzo de dos mil diecinueve. Agréguense a los presentes autos los oficios y anexos de cuenta que en vía de informe justificado remiten la Juez Cuarto de lo Civil con Carácter Provisional y Actuaria de su adscripción, ambas con residencia en esta ciudad, respecto de los cuales, de su contenido se proveerá lo conducente en líneas siguientes. Asimismo, téngase a la primera en mención ofreciendo como prueba de su parte, la documental que acompaña a su informe de cuenta, la cual de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene valor probatorio pleno, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Ahora, de las constancias que acompaña al informe la citada autoridad judicial, se advierte que en once de enero de dos mil diecinueve, el apoderado legal de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en su carácter de parte actora en el Juicio Especial Hipotecario 491/2017, de su índice, del cual emanan los actos reclamados, solicitó se le tuviera desistiéndose de la instancia; lo cual se acordó de conformidad el quince de enero siguiente, ordenándose archivar el asunto como concluido . Seguidamente, cabe señalar que el quejoso reclama esencialmente en la demanda de amparo, lo siguiente: "1.-De la AUTORIDAD ORDENADORA, reclamo la falta de emplazamiento a juicio y como consecuencia, pido la nulidad de todo lo posteriormente actuado al ilegal e inconstitucional emplazamiento relativo al Juicio Hipotecario 491/2017 llevado ilegalmente en mi contra dictándose sentencia definitiva sin que se me respetara mi garantía de audiencia, ubicándome por ello con respecto al juicio donde emanan los actos reclamados, como tercero extraño por equiparación. 2.-De la AUTORIDAD EJECUTORA, reclamo la falta de emplazamiento y pido la nulidad de la ejecución de todos y cada uno de los posteriores actuaciones judiciales de dicho fedatario público dentro del juicio Hipotecario con el número de expediente: 491/2017 radicado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, de este partido Judicial de Tijuana, Baja California." En razón de lo anterior, en el caso sometido a estudio, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, atento a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la legislación invocada, toda vez que las causales de referencia, al ser un presupuesto procesal de orden público, deben estudiarse en cualquiera que sea la instancia, de acuerdo con el precepto 62 de dicha normatividad. En efecto, los artículos 61, fracción XXII y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXII. Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo [.]." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante del juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En el mismo orden y para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, se impone realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causa de improcedencia que se invoca. De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destacan las que llevan por rubro y datos de identificación, los siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO." [Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIV, página 858]. "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD." [Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, tesis 2a. XLVIII/98, página 241]. Ahora, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Bajo esta óptica, se reitera, una vez analizadas las constancias que fueron allegadas por la autoridad responsable, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Pues, en el caso concreto, como se dejó establecido, la parte quejosa señala como acto reclamado en forma medular, la falta de emplazamiento al juicio especial hipotecario 491/2017, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad, así como todo lo actuado en el mismo. En ese contexto, se estima que no obstante que no se le haya llamado a juicio al aquí quejoso Héctor Carlos González Flores, dentro del juicio especial hipotecario 491/2017, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad, el objeto material de los actos reclamados ha dejado de existir, en tanto que ya no podrán concretarse sus consecuencias en perjuicio de la parte quejosa; esto es, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de constar su objeto o materia, puesto que aun cuando lo combatido subsiste, ya no surte efectos legales en la esfera jurídica de la peticionario. Esto es así, en virtud de que en once de enero de dos mil diecinueve, el apoderado legal de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en su carácter de parte actora en el juicio especial hipotecario 491/2017, de su índice, del cual emanan los actos reclamados, solicitó se le tuviera desistiéndose de dicho juicio; lo que se reitera, se acordó de conformidad el quince de enero siguiente, de acuerdo con el artículo 31, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, página 189, de rubro dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS." De ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia en cuestión, ante la imposibilidad de analizar la legalidad o constitucionalidad de lo impugnado. En tal virtud, al haber sobrevenido durante la tramitación del presente juicio de amparo, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo promovido por Héctor Carlos González Flores, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, cabe abundar que el presente pronunciamiento, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, dado que ello no significa que deban pasarse por alto los presupuestos procesales y las causas de improcedencia cuyo estudio son de orden público. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a) , cuyo rubro es: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Y la tesis I.2°.C.1.K(10ª) , cuyo rubro dice: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA." Resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causa de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama la parte quejosa, ya no surten efectos. Por otra parte, se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se diera vista con las constancias que en esta fecha se agregan en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, o bien, continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante su tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que la ociosa tramitación del repetido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Sin que resulte óbice que en este momento se sobresea el juicio, pues no resulta incongruente el hecho de haber admitido la demanda, ya que al proveer sobre la admisión de ésta, sólo se realizó un examen preliminar, lo cual no impide con posterioridad actualizar alguna causa de improcedencia. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 184572, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VXII, Marzo de 2003, Materia Común, 2a./J. 10/2003, página 386, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y háganse las anotaciones que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional.

  2. Incidental

    Resuelve: único. se concede la suspensión definitiva...

  3. Incidental

    dese cuenta en la audiencia incidental con el informe previo.

  4. Incidental

    agréguese el oficio signado por el juez primero de distrito en el estado de baja california sur, con sede en la paz, mediante el cual informa las gestiones realizadas con la finalidad de diligenciar en sus términos el exhorto 6/2019 de nuestro índice.

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