HECTOR CARLO LEON RAMIREZ y Otros.

Expediente 125/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
125/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • ELIA RAMIREZ CHONE y Otros.
  • HECTOR CARLO LEON RAMIREZ y Otros.
  • Hector Carlo Leon Ramirez
  • Elia Ramirez Chone

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, en la que se por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo y protección de la justifica federal a *****, ****** e *******, por derecho propio y, al primero también en representación de *********. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó documentos catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b); 20 párrafo primero, fracción II, inciso a), del Acuerdo en cita. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso a) y c), del acuerdo en cita. No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del presente cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otro lado, devuélvanse al Juez Primero Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas del expediente M67/2021 de su índice, en dos tomos; así como Magistrado Supernumerario de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, copia certificada del toca 560/2021, en un tomo y dos tomos de constancias relativos a dicho cuaderno, al resultar innecesario su resguardo. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y vía electrónica a la fiscal adscrita.

  2. Principal

    SE DICTÓ SENTENCIA EN LA QUE SE DETERMINÓ: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por *****, ***** e *****, por derecho propio y, el primero también en representación de *****, en contra de los actos y razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, ***** e *****, por derecho propio y, el primero también en representación de *****, en contra de los actos precisados en el considerando segundo y por las consideraciones previstas en el considerando sexto subsecuente. Notifíquese, vía electrónica a los quejosos y a la fiscal adscrita, por lista al tercero interesado.

  3. Principal

    Audiencia Constitucional

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL. En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en acuerdo de veinticinco de mayo del año en curso, para la celebración de la audiencia incidental relativa al cuaderno de suspensión derivado del juicio de amparo 125/2022; ******, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, asistida de Carlos Rafael Chávez Cervantes, Secretario que da fe, encontrándose en audiencia pública, la declaró abierta con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la comparecencia de las partes, ni de su representante legítimo. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dentro de las que destacan la copia de la demanda de amparo promovida por **********, y el primero también como representante de la Sociedad Mercantil *********; auto de veinticinco de mayo del año en curso, por el que se proveyó sobre la suspensión provisional, así como los informes previos rendidos por las responsables en su denominación correcta: -Juez Primero Civil de Partido, de esta ciudad. -Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio, de esta ciudad; y, -Magistrado Supernumerario de La tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital. La Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes previos de las autoridades responsables precisadas, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo. Enseguida, abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y la responsable Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio, de esta ciudad, en apoyo a su informe de ley. De igual modo, hace constar que las demás partes fueron omisas en allegar medio de convicción. A lo que la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las pruebas de referencia, dada a su propia y especial naturaleza, y por perdido el derecho de las demás partes para allegar pruebas con posterioridad. Acto continuo, se abre el periodo correspondiente a los alegatos, en el que el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo valer ese derecho. A lo que la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegaciones. Luego, al no tener diligencias pendientes de desahogar, ni promociones por acordar, se procede a dictar la resolución que corresponde. VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 125/2022; y R E S U L T A N D O PRIMERO. *******, y el primero también como representante de la Sociedad Mercantil ******, promovieron demanda de amparo contra actos que reclama del Juez Primero Civil de Partido, de esta ciudad y otras autoridades, que estimaron violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato; que por auto de veinticinco de mayo del año en curso, se ordenó abrir este incidente de suspensión, que se substanció legalmente, iniciándose la celebración de la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Estudio de la medida cautelar. De la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, se tiene que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de la medida y señalamiento del acto que pretende paralizarse. Certeza de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e, Interés jurídico que, de ser el caso, implica que se compruebe la apariencia del buen derecho (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado); lo cual de colmarse, debe sopesarse respecto del perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Se precisa que la ausencia de cualquiera de dichas condiciones tiene como consecuencia que deba negarse la medida cautelar. SEGUNDO. Solicitud de la medida cautelar -fijación de los actos a paralizar- El numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso, se cumple con dicho requisito pues los quejosos solicitaron la medida cautelar e indicaron que los actos que pretenden paralizar consisten en: La resolución de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, del toca 560/2021, del índice de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, formado con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada en el juicio ordinario mercantil, *****, tramitado ante el Juzgado Primero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato; resolución que declaró fundada dicha excepción y ordenó al Juzgado Primero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, separarse del conocimiento del juicio y remitir los autos del expediente ***** al juzgado mercantil competente de la Ciudad de México; y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Primero Civil de Partido, de esta ciudad y el Magistrado Supernumerario de La tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, pues así lo manifestaron de manera expresa al momento de rendir sus informes previos. Por lo que respecta a la negativa del Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, que manifestó al rendir su informe previo; procede desvirtuar dicha negativa, pues como se precisó en el párrafo anterior las autoridades ordenadoras, manifestaron ser cierto el acto reclamado, razón por la cual, deben tenerse por ciertos los actos reclamados, para efectos de la presente incidencia. Por tanto, procede continuar con el estudio de la presente medida cautelar. CUARTO. Naturaleza de los actos reclamados (materia para la suspensión). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, de la demanda se aprecia medularmente que la parte quejosa solicitó que se conceda la medida cautelar contra los efectos y consecuencias del acto reclamado. Sobre esa base, se considera que los actos en estudio resultan paralizables, en virtud de que tiene efectos positivos, que consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de una acción, esto es, que el juez que conozca de la competencia declinada siga el juicio de origen y dicte sentencia; lo que puede ocasionar que la litis en el expediente principal del que deriva este incidente quede sin materia. QUINTO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. En atención a lo anterior, se considera que con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad, pues en caso de ejecutarse los actos reclamados, puede ocasionar a la parte quejosa violación a sus derechos, en caso de que el juez que conozca de la competencia declinada al seguir el procedimiento del juicio y dicte sentencia, lo cual puede ocasionar que quede sin materia la litis en el expediente principal del que deriva este incidente. SEXTO. Interés suspensional -estudio de la apariencia del buen derecho- La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". Sobre esa base, se considera que la parte quejosa demostró el interés suspensional que tiene para que se le conceda la medida de que se trata con la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza en el sentido de que es parte actora en el juicio de origen, lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas; por tanto, cualquier transgresión que aduzca sobre sus derechos le afectan. Lo anterior tiene sustento en la tesis VII.2º.A.T.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página mil seis, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas." Máxime que las autoridades responsables, donde se tramita el juicio de origen, aceptaron la existencia de los actos reclamados, más porque se sus informes previos se advierte que en efecto tiene el carácter de parte actora en el contradictorio de origen; razón más para estimar que los quejosos acreditaron su interés suspensional. Así, se satisfacen los mencionados requisitos para la concesión de la presente medida precautoria, esto es, que la solicita la parte quejosa, y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, en atención a que la sociedad no recibe alguna afectación pues en caso de ejecutarse los actos reclamados, puede ocasionar a la parte quejosa violación a sus derechos, en caso de que el juez que conozca de la competencia declinada al seguir el procedimiento del juicio y dicte sentencia, lo cual puede ocasionar que quede sin materia la litis en el expediente principal del que deriva este incidente. Por tanto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En ese tenor, de conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo, se concede a *********, por propio derecho y el primero también como representante de la Sociedad Mercantil *******, la suspensión para que el juez que conozca del juicio ordinario mercantil ****, continúe con el procedimiento, pero llegado el momento se abstenga de dictar la sentencia definitiva respectiva; ello, pues se considera que de esta manera no se paraliza el procedimiento, cuyo cause es de orden público, pero a la vez se mantendría viva la materia del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Esto, acorde con la jurisprudencia 1a./J. 67/2012 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, página 1189, titulada: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA." OCTAVO. Requisitos para que surta efectos la medida cautelar. La suspensión provisional que se concede surte sus efectos hasta que se dicte la sentencia definitiva en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 136 de la ley de la materia, sin que sea el caso fijar garantía como requisito de efectividad, pues no se está en la hipótesis prevista por el numeral 132 de la ley invocada. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede a ******, por propio derecho y el primero también como representante de la Sociedad Mercantil *********, la suspensión definitiva del acto reclamado, por las razones aludidas en el considerando sexto para los efectos señalados en el diverso séptimo de la presente interlocutoria. Notifíquese.

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