Héctor Cabral Martell

Expediente 1152/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1152/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
10/03/2017

Partes del expediente

  • Héctor Cabral Martell
  • Juan Zavaleta Herrera
  • Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    El diez de marzo de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: a) El plazo de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo trascurrió del siete al nueve de este mes y año. b) En el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión y, por ende, no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer sobre su destino. c) Asimismo, no existen tomos de pruebas que devolver a autoridad alguna. d) Y tras una revisión del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales que ameritan su devolución a las partes. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez con el oficio registrado con el número 3384, y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Río Grande, Zacatecas; en atención a su contenido, téngasele adherido al cumplimiento formulado por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la sentencia está cumplida. En ejecutoria de nueve de enero de dos mil diecisiete (foja 69 a 75), este juzgado concedió el amparo solicitado para el efecto de que la sala responsable: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada; y, b) en su lugar, dictara otra en la que reiterara las consideraciones que no eran materia de concesión y resolviera, de manera fundada y motivada, sobre la actualización del elemento del delito de robo imputado, relativo a la falta de consentimiento del propietario o de quien legítimamente podía disponer de los muebles objeto del delito imputado; en particular, se expresaran las razones y fundamentos que sustentaban la presunción de que el dueño del inmueble donde acontecieron los hechos se encontraba legitimado para disponer de los objetos del ilícito. Así, los efectos del amparo consistieron, toralmente, en: (I) dejar insubsistente la resolución reclamada; y, en su lugar, (II) emitir otra en la que se fundara y motivara las consideraciones relativas al elemento de falta de consentimiento destacado, en concreto, lo concerniente a que el dueño del inmueble en el que acontecieron los hechos se encontraba legitimado para disponer de los bienes objeto del delito. En resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete (fojas 93 a 113), los magistrados responsables determinaron dejar insubsistente el acto reclamado en esta instancia constitucional y, en su lugar, consideraron que el recurso de apelación natural resultaba infundado y, por ende, confirmaron el auto de formal prisión impugnado. Lo anterior, sobre la base de que se encontraban acreditados los elementos del cuerpo del delito de robo imputado; en particular, la falta de consentimiento de quien legítimamente podía disponer de los objetos del ilícito estaba demostrada, ya que el ofendido declaró que jamás dio consentimiento para que el inculpado se apoderara de éstos y que éste aprovechó la relación de empleado que tenía con su padre para realizar el hurto; lo que se robustecía con lo declarado por los atestes José Zúniga Delgado y Saúl Zúñiga Cruz, quienes manifestaron que el ofendido tenía la posesión de los muebles objeto del robo y que no dio su consentimiento para que se dispusiera de éstos, testimonios que tenían valor indiciario en términos del artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas. De lo anterior se advierte que substancialmente la sala responsable reiteró las consideraciones que no fueron materia de concesión, pues en la resolución reclamada había determinado la acreditación de los elementos del ilícito de robo con excepción del relativo a la falta de autorización de quien legítimamente podía disponer de los muebles robados, y en relación con este elemento, lo estimó acreditado con la declaración del ofendido y de los testigos de cargo, en términos de los preceptos legales que estimó aplicables; asimismo, con base en lo anterior, analizó la probable responsabilidad del inculpado en el cuerpo del delito que estimó acreditado. De manera que la autoridad responsable expresó el argumento mínimo pero suficiente que permite conocer las razones y fundamentos del por qué estimó acreditado el elemento en referencia; lo que colma la totalidad de los lineamientos determinados en la ejecutoria en análisis, pues, se reitera, estos se concretaron en la obligación de fundamentar y motivar las consideraciones que se emitieran respecto de la falta de consentimiento en comento, lo que aconteció en la especie. Sin que sobre el resto de aspectos, distintos de los se determinó reiterar las consideraciones respectivas, se hubiera emitido un pronunciamiento que limitara la libertad de jurisdicción de la autoridad responsable. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACION DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO:" Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Río Grande, Zacatecas; en atención a su contenido, téngasele adherido al cumplimiento formulado por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la sentencia está cumplida. En ejecutoria de nueve de enero de dos mil diecisiete (foja 69 a 75), este juzgado concedió el amparo solicitado para el efecto de que la sala responsable: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada; y, b) en su lugar, dictara otra en la que reiterara las consideraciones que no eran materia de concesión y resolviera, de manera fundada y motivada, sobre la actualización del elemento del delito de robo imputado, relativo a la falta de consentimiento del propietario o de quien legítimamente podía disponer de los muebles objeto del delito imputado; en particular, se expresaran las razones y fundamentos que sustentaban la presunción de que el dueño del inmueble donde acontecieron los hechos se encontraba legitimado para disponer de los objetos del ilícito. Así, los efectos del amparo consistieron, toralmente, en: (I) dejar insubsistente la resolución reclamada; y, en su lugar, (II) emitir otra en la que se fundara y motivara las consideraciones relativas al elemento de falta de consentimiento destacado, en concreto, lo concerniente a que el dueño del inmueble en el que acontecieron los hechos se encontraba legitimado para disponer de los bienes objeto del delito. En resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete (fojas 93 a 113), los magistrados responsables determinaron dejar insubsistente el acto reclamado en esta instancia constitucional y, en su lugar, consideraron que el recurso de apelación natural resultaba infundado y, por ende, confirmaron el auto de formal prisión impugnado. Lo anterior, sobre la base de que se encontraban acreditados los elementos del cuerpo del delito de robo imputado; en particular, la falta de consentimiento de quien legítimamente podía disponer de los objetos del ilícito estaba demostrada, ya que el ofendido declaró que jamás dio consentimiento para que el inculpado se apoderara de éstos y que éste aprovechó la relación de empleado que tenía con su padre para realizar el hurto; lo que se robustecía con lo declarado por los atestes José Zúniga Delgado y Saúl Zúñiga Cruz, quienes manifestaron que el ofendido tenía la posesión de los muebles objeto del robo y que no dio su consentimiento para que se dispusiera de éstos, testimonios que tenían valor indiciario en términos del artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas. De lo anterior se advierte que substancialmente la sala responsable reiteró las consideraciones que no fueron materia de concesión, pues en la resolución reclamada había determinado la acreditación de los elementos del ilícito de robo con excepción del relativo a la falta de autorización de quien legítimamente podía disponer de los muebles robados, y en relación con este elemento, lo estimó acreditado con la declaración del ofendido y de los testigos de cargo, en términos de los preceptos legales que estimó aplicables; asimismo, con base en lo anterior, analizó la probable responsabilidad del inculpado en el cuerpo del delito que estimó acreditado. De manera que la autoridad responsable expresó el argumento mínimo pero suficiente que permite conocer las razones y fundamentos del por qué estimó acreditado el elemento en referencia; lo que colma la totalidad de los lineamientos determinados en la ejecutoria en análisis, pues, se reitera, estos se concretaron en la obligación de fundamentar y motivar las consideraciones que se emitieran respecto de la falta de consentimiento en comento, lo que aconteció en la especie. Sin que sobre el resto de aspectos, distintos de los se determinó reiterar las consideraciones respectivas, se hubiera emitido un pronunciamiento que limitara la libertad de jurisdicción de la autoridad responsable. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes."

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO:"Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por medio del cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, remite copia certificada de la resolución de veintitrés del mes y año en curso; en consecuencia, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con lo anterior, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad."

  4. Principal

    El veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con el oficio registrado con el número 2686.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por medio del cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, remite copia certificada de la resolución de veintitrés del mes y año en curso; en consecuencia, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con lo anterior, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. JESSY*

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