Hector Bravo Dominguez

Expediente 726/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
726/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Hector Bravo Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV-C "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte, que mediante proveído de dieciocho de julio del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; .... se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese como asunto concluido, el cual es destruible; por lo que éste expediente será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, destrúyase; ... Hágase las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en el libro de gobierno respectivo...."

  2. Principal

    MESA IV-C "... Vista la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y otras autoridades. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 726/2023. Consideración previa Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: 1.- La orden de traslado administrativo del Centro de Reinserción Social de San Juan Bautista Cuicatlán, a cualquier otro Centro de Reinserción Social Estatal o Federal. 2.- La orden para cambiarlo de estancia o celda dentro del Centro de Reinserción Social de San Juan Bautista Cuicatlán. Improcedencia En el caso, se estima que en relación con el primer acto precisado se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, que dispone: ..... En relación con el principio de definitividad existe el criterio siguiente, que no contraviene a la nueva Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. .....". [Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época]. El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. Ahora, el principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Precisado lo anterior, y como quedó asentado en párrafos que anteceden el quejoso *********, reclama la orden de traslado administrativo del Centro de Reinserción Social de San Juan Bautista Cuicatlán, a cualquier otro Centro de Reinserción Social Estatal o Federal. Sobe el tema, el artículo 117, fracciones I y III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen: ".....". Además, cuando la orden de traslado haya sido autorizada previamente en audiencia pública por el juez de la causa, el impetrante deberá interponer recurso de apelación, en términos de los artículos 51, 52 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Los numerales citados, disponen: .... Expuesto lo anterior, la orden de traslado administrativo del Centro de Reinserción Social de San Juan Bautista Cuicatlán, a cualquier otro Centro de Reinserción Social Estatal o Federal, así como, su ejecución, puede ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, conforme a los artículos 51, 52 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a efecto de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Por tanto, el quejoso está obligado a agotar previamente los medios de defensa citados; de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a. XXI/2021 (10a.), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. .... Por otra parte, respecto del cambio de celda o estancia dentro del Centro de Reinserción de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, donde actualmente se encuentra recluido el quejoso. Los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución de Penal, establecen lo siguiente: ..... Ahora bien, en el caso se advierte que el peticionario de amparo ********* reclama el cambio de celda o estancia dentro del Centro de Reinserción de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca; por tanto, está en aptitud de iniciar un procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria, dado que está interno en un Centro de reinserción, es decir, presentar su inconformidad ante el Director del Centro de Reinserción Social de San Juan Bautista Cuicatlán, quien a su vez dentro de las veinticuatro horas siguientes admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o prevendrá según sea el caso, quien le notificará personalmente. Asimismo, el Director de dicho Centro, estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor de veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Incluso, si el quejoso, no obtiene una respuesta favorable a su petición, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que le recaiga a su petición, tal como lo dispone el artículo 114 de la citada ley. De igual forma cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como, los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de actos, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. No se desatiende que el quejoso haya señalado como actos reclamados la omisión de informarle sobre la comisión de una falta disciplinaria que amerite su traslado a diverso centro de reclusión; sin embargo, ello no se trata de actos destacados pues en todo caso, de derivar el traslado por la comisión de una falta disciplinaria ello se le informará en el medio ordinario de defensa que promueva contra la orden de traslado. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de derechos humanos el peticionario de amparo tiene la obligación procesal de iniciar el procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria, contra el acto reclamado, pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses. Apoya lo anterior la jurisprudencia XXII.P.A. J/1 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2019932, del texto y rubro siguiente: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. ...... Registro: 2019932, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia(s): Común, Penal, Tesis: XXII.P.A. J/1 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2187, Tipo: Jurisprudencia. Entonces, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Silvestre Manuel Muñoz Hernández y Juan Carreño Morales, por encontrarse registrada su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas restantes. De igual manera, ..... se autoriza a la parte quejosa el uso de dichos medios electrónicos en los términos descritos con antelación. En el mismo orden de ideas, hágase saber a la parte quejosa que las reproducciones que se obtengan a través de los medios electrónicos mencionados no tendrán validez de documento público..... Habilitan días inhábiles ....., en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas.... Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, .... hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella....." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL PROMOVENTE, PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA SER NOTIFICADO PERSONALMENTE. CONSTE)

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