Héctor Blanco Gómez
Expediente 868/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 868/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Héctor Blanco Gómez
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que se dio vista a las partes con el oficio de la Directora Técnico Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, por medio del cual informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que dentro del término de tres días legalmente computados manifestaran lo que a su interés legal conviniese; apercibidas que para el caso de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Por tanto, este juzgador en términos del artículo 196, de la Ley de Amparo, procede a analizar si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para tenerla por cumplida. EFECTO DE LA SENTENCIA Por sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección a la quejosa Xóchitl Quetzal Márquez Barraza. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, en ese sentido, se requirió a las autoridades responsables, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realizaran lo siguiente: a) Desincorporar de la esfera de derechos de la quejosa, en el presente y en lo futuro, hasta en tanto no sea reformado o abrogado, el artículo 95, fracción II, inciso 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, reformado mediante decreto 235, publicado en la Gaceta de Gobierno el veintiséis de enero de dos mil veintiuno. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación, consistente en el pago por derechos al Instituto de la Función Registral del Estado de México, por la cantidad de $22,155.00 (veintidós mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) efectuado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. c) En consecuencia, se deberá aplicar a la parte quejosa la tarifa mínima contenida en el precepto declarado inconstitucional en la presente resolución, y se le deberá restituir la diferencia entre la tarifa mínima ($2,210 dos mil doscientos diez pesos 00/100 M.N.) y la cantidad que pagó por ese concepto por $22,155.00 (veintidós mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). Lo anterior en razón de que esta sentencia no tiene el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues ello implicaría un despropósito; sino que el espectro protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Mediante oficio 222C0101040000L/2598/2021, la autoridad responsable Directora Técnico Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto señaló que desincorporó a la quejosa y por ello no se le aplicará en el presente y futuro el artículo 95, fracción II, inciso 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, y en el diverso oficio 222C0101040000L/407/2022, la autoridad responsable remitió copia certificada del cheque para abono de cuenta 0004780, por la cantidad de $19,945.00 (diecinueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.) de la institución bancaria denominada "BBVA", a favor de Xóchitl Quetzal Márquez Barraza. Lo anterior, relativa a restituir a la citada solicitante de amparo el pago por derechos al Instituto de la Función Registral del Estado de México, aplicando la tarifa mínima contenida en el precepto declarado inconstitucional, con fecha de recibido de esta última de trece de diciembre de dos mil veintiuno. ANÁLISIS EVALUATIVO Toda vez que en la sentencia de amparo se concedió para el efecto de que la autoridad responsable desincorporara de la esfera de derechos de la quejosa, el precepto declarado inconstitucional, debiéndole aplicar la tarifa mínima, restituyéndole la diferencia entre la tarifa mínima ($2,210 dos mil doscientos diez pesos 00/100 M.N.) y la cantidad que pagó por ese concepto por $22,155.00 (veintidós mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). Lo anterior sin tener alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues ello implicaría un despropósito; sino que el espectro protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Y, dado que esto ya aconteció como se narró en párrafos que anteceden, se considera que la sentencia de amparo ha quedado cabalmente cumplida, sin que se advierta que la autoridad responsable referida haya incurrido en exceso o defecto en su cumplimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables; y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se aprecia que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 88 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la primera, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de que el presente juicio sobreseyó fuera de audiencia, y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este asunto es susceptible de destrucción. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables; y por lista a las restantes partes.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio remitido por la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual remite copia certificada del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente SAT 534/2022. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 de este último ordenamiento. Sobreseimiento fuera de audiencia Sin que haya lugar a dar vista con el informe y anexo de cuenta, debido a que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La citada causal de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado, de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así, el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que el derecho humano exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa lo constituye: - La omisión de la Sala responsable de proveer lo relativo a la demanda presentada el quince de marzo de dos mil veintidós, radicada bajo el expediente 534/2022, de su índice. Sin embargo, mediante el oficio de cuenta, la autoridad responsable hizo del conocimiento el dictado del auto correspondiente a la radicación y trámite del expediente citado, remitiendo copia certificada de dicha determinación. Razón por la cual, se estima que sobrevino la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo en la que, eventualmente, se ordenara a la responsable a dictar un proveído en el que radicara la demanda presentada por la quejosa el quince de marzo de dos mil veintidós, cuando ello ya se llevó a cabo por la autoridad responsable. Orienta sobre el particular, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales correspondientes. En atención a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós. Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación de la secretaria encargada de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintidós. V i s t a la demanda de amparo, vía electrónica, que promueve Jessica Cristina Barajas Coronado, con el carácter de apoderada del quejoso Héctor Blanco Gómez, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la carta poder que para tal efecto anexa, en contra de la autoridad y por los actos que enseguida se precisan Autoridad responsable Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Actuario adscrito a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México Actos reclamados La omisión de la Sala responsable de proveer lo relativo a la demanda presentada el quince de marzo de dos mil veintidós, radicada bajo el expediente 534/2022, de su índice. Admisión Por tanto, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 2, 6, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 868/2022-IV. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respetivo, toda vez que no fue solicitado. Intervención del agente del ministerio Público de la federación adscrito Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, emplácese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrase traslado con copia de la demanda y del presente proveído para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Audiencia constitucional Se señalan para que tenga verificativo la audiencia constitucional, las nueve horas con treinta minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós. Solicitud de informe justificado Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación: Que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes a la legal notificación del presente proveído. Al referido informe deberán acompañar copias certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En su caso, los legajos de pruebas que hayan rendido las partes en el procedimiento natural. Los cuales deberán enviar debidamente ordenados en tomos, con la respectiva carátula que los identifique, foliados, sellados, rubricados, completos y legibles. Asimismo, deberán remitir cualquier dispositivo de almacenamiento magnético u óptico que contenga íntegra la trascripción del acto reclamado. Apercibimiento Apercibidas que de no remitirlo; o bien, rendir su informe sin anexar los documentos que sean necesarios para fundarlo y con los requisitos antes apuntados sin debida justificación para ello, se les impondrá en la sentencia una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Obligación de informar respecto de alguna causa de improcedencia del juicio Con apoyo en lo estipulado en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa y a las autoridades responsables, para que comuniquen cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de improcedencia, e informen, de ser el caso, si en relación con los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo; debiendo indicar el número de expediente bajo el que se tramita ese juicio, e indicar qué órgano jurisdiccional conoció de éste. Apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 251, en relación con el diverso numeral 238, primer párrafo, todos de la ley de la materia, con relación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se exhorta a las partes a seguir la tramitación del juicio vía línea Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia con el virus COVID- 19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea, y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea" esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal, mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525; o bien, al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. Domicilio para oír y recibir notificaciones Atento a lo solicitado por la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como se le realicen las notificaciones vía electrónica, a través del usuario "jess09053234". En el entendido que le recae la obligación de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva. Por tanto, se ordena efectuar el registro interno del usuario que proporciona para que consulte vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo. Autorizados para oír notificaciones En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo siempre y cuando que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Oposición a la publicación de datos personales Cabe indicar que las partes tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: por medio de oficio ordinario a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por lista a la parte quejosa.
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