Héctor Bernal Silva

Expediente 1045/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 35 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1045/2015
Año
2015
Actuaciones
35
Última actuación
25/10/2016

Partes del expediente

  • Héctor Bernal Silva
  • Juez Secto en Materia Civil de Primera Instancia de Cuantía Mayor del Distrrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubiesen recurrido la resolución referente a daños y perjuicios interpuesto por la tercero interesada; en consecuencia, como se solicita, con fundamento en los artículos 97, fracción I, incisos e) y f), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, tomando en consideración que en dicha resolución se declaró infundado el incidente de daños y perjuicios promovido por la tercero interesada Leticia Serrano Terrón, y toda vez que en proveído de cinco de abril del año en curso causó ejecutoria el presente juicio y se reservó proveer lo conducente respecto a la devolución de los billetes de depósito exhibidos por el quejoso en el incidente de suspensión, hasta en tanto transcurriera el plazo establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, en consecuencia, se acuerda lo conducente y se hace del conocimiento al quejoso Héctor Bernal Silva, que los billetes de depósito N 657301 y N 657317, que amparan las cantidades de $9,779.91 (nueve mil setecientos setenta y nueve pesos 91/100 moneda nacional) y $9,829.16 (nueve mil ochocientos veintinueve pesos 16/100 moneda nacional), respectivamente (fojas 402 y 439), quedan a su disposición; por lo que deberá acudir si es su voluntad, en el local que ocupa este órgano jurisdiccional, con identificación oficial y vigente, a recibir los billetes referidos. Asimismo, dígasele quejoso que cuenta con un plazo de dos años para recibirlos, apercibido que de no hacerlo prescribirán a favor del erario Federal, con apoyo en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Yamín Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del incidente de daños y perjuicios promovido en el juicio de amparo 1045/2015, por la tercero interesada Leticia Serrano Terrón, por derecho propio, derivado de la suspensión definitiva concedida al quejoso Héctor Bernal Silva, por este Juzgado de Distrito, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ANTECEDENTES. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México con sede en Toluca, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente hábil, Héctor Bernal Silva, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Sexto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, y otras autoridades, el cual hizo consistir textualmente en: "IV.- ACTO(S) RECLAMADO(S): --- 1).- La MATERIALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN de la sentencia definitiva dictada por el JUEZ SEXTO EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CUANTÍA MAYOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO; pronunciada en el expediente radicado con el número 471/2012 en el Juzgado citado, respecto de la cual se pretende sustraer del dominio y propiedad de la señora MARÍA CRISTINA GUZMAN PICHARDO en favor de la señora LETICIA SERRANO TERRÓN y ROBERTO MUÑOZ CORTEZ, el inmueble que se ubica en la calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO NÚMERO 125 NORTE ANTES 405, Barrio de San Mateo, Municipio de Metepec, Estado de México; Código Postal 52140. --- 2).- La ORDEN DE DESOCUPACIÓN Y ENTREGA que emitió en mi perjuicio el JUEZ SEXTO EN MATERIA CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CUANTÍA MAYOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO; respecto del inmueble propiedad de la señora MARÍA CRISTINA GUZMAN PICHARDO que se ubica en la calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO NÚMERO 125 NORTE ANTES 405, Barrio de San Mateo, Municipio de Metepec, Estado de México; Código Postal 52140; del cual detento un derecho preferente derivado de la PRELACIÓN, y que no es otra cosa más que: el derecho o la antelación que tiene un acreedor (quejoso) para pedir como en el caso, el pago de su crédito antes que otros acreedores." Por auto de nueve de julio de dos mil quince, se admitió la demanda; se tuvo como tercero interesada, entre otros, a Leticia Serrano Terrón; así mismo, se ordenó formar por cuerda separada y por duplicado el cuaderno relativo al incidente de suspensión. En esa misma fecha, en los cuadernos incidentales se dictó un proveído por medio del cual se concedió al quejoso la suspensión provisional solicitada para el efecto de que no fuese desposeído del inmueble ubicado en calle Ignacio Manuel Altamirano Número 125 Norte antes 405, Barrio de San Mateo, Municipio de Metepec, Estado de México; fijándose como requisito para que surtiera efectos dicha medida suspensional, que se otorgara garantía por la cantidad de $9,779.91 (nueve mil setecientos setenta y nueve pesos 91/100, moneda nacional), misma que por auto de veintisiete de julio de dos mil quince, se tuvo exhibida la póliza de fianza por la cantidad antes señalada, decretada en la suspensión provisional. Asimismo, por audiencia de seis de agosto de dos mil quince, se concedió al quejoso la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban, esto es, para que no fuese desposeído el quejoso del inmueble ubicado en calle Ignacio Manuel Altamirano Número 125 Norte antes 405, Barrio de San Mateo, Municipio de Metepec, Estado de México; fijándose como requisito para que surtiera efectos dicha medida suspensional, que se otorgara garantía por la cantidad de $9,829.16 (nueve mil ochocientos veintinueve pesos 16/100, moneda nacional), misma que por auto de diecisiete de agosto de dos mil quince, se tuvo exhibida la póliza de fianza por la cantidad antes señalada, decretada en la suspensión definitiva. En sentencia terminada de engrosar el treinta de noviembre de dos mil quince, este Juzgado de Distrito resolvió sobreseer en el juicio constitucional. Resolución que fue confirmada en sesión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en los autos del amparo en revisión R.A.(P) 33/2016. SEGUNDO. INTERPOSICIÓN DEL INCIDENTE. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria de referencia, asimismo se ordenó que se archivara como asunto totalmente concluido; consecuentemente Leticia Serrano Terrón, por propio derecho, en su calidad de tercero interesada, promovió incidente de daños y perjuicios el cual pretende acreditar que se le ocasionaron estos con la copia certificada del avalúo rendido en el expediente 1259/2014, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Héctor Bernal Silva. Finalmente, en proveído de siete de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el incidente interpuesto por la tercero interesada, ordenándose correr traslado a cada una de las partes, desahogando dicho requerimiento el quejoso mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de alegatos, prevista en el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la cual se verificó en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de daños y perjuicios, en términos de lo dispuesto por los artículos 156 de la Ley de Amparo; 358, 360 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de la materia, por disposición de su artículo 2°, así como en el artículo 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. LEGITIMACIÓN. La tercero interesada promovió incidente de daños y perjuicios, por el cual hizo depender la procedencia de su reclamo, por el hecho de que por la concesión de la suspensión definitiva concedida en autos, se vio impedida de disponer del bien inmueble "a que fue condenada María Cristina Guzmán Pichardo"; y por lo que se refiere a los perjuicios, al ser un daño emergente, por no recibir las ganancias lícitas al no disponer del inmueble, como podía ser el rentar dicho bien, pues tal como acredita con el avalúo que se realizó al inmueble, se advierte que genera una renta mensual de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100, moneda nacional), por lo que dicha cantidad multiplicada por los ocho meses que duró la suspensión, arroja un total de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100, moneda nacional); monto que es inferior al exhibido por el quejoso como garantía. TERCERO. OPORTUNIDAD. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del incidente de daños y perjuicios es de seis meses siguientes al día al en que surte efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva pone fin al juicio. Ahora, de las constancias de autos que obran en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se advierte que en proveído de cinco de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el que remitió copia certificada de la resolución pronunciada en sesión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dentro del toca R.A.(P) 33/2016 de su índice, en la que confirmó la sentencia dictada por este Juzgado mismo que determinó sobreseer en el juicio de amparo; por lo anterior, dicho auto es el que debe tomarse en cuenta como aquélla determinación que puso fin al juicio. Pues bien, el proveído de mérito fue notificado a las partes por medio de lista publicada el seis de abril siguiente; por tanto, el plazo de seis meses para la interposición del citado incidente transcurre del ocho de abril al ocho de octubre de dos mil dieciséis. Luego, si el escrito incidental se presentó el cinco de septiembre de dos mil dieciséis, es inconcuso que se promovió en tiempo. Por las razones que informa, es de invocarse la tesis de rubro y texto siguiente: "DAÑOS O PERJUICIOS, INCIDENTE DE. EL TÉRMINO DE SEIS MESES QUE REFIERE EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO NOTIFICA A LAS AUTORIDADES LA EJECUTORIA PARA SU CUMPLIMIENTO Y LO HACE SABER A LAS PARTES. El conocimiento a las autoridades y a las partes de una ejecutoria de Tribunal Colegiado (cuando se interpone revisión), no corresponde al tribunal sino al Juez de Distrito, pues éste es el que deberá notificar a las partes una vez que recibe el testimonio de la ejecutoria de dicho colegiado, el que deberá vigilar el cumplimiento; luego, de una interpretación armónica y sistemática del artículo 129 con el numeral 104, primer párrafo de la Ley de Amparo, el cómputo de los seis meses no inicia a partir de que el citado tribunal publicita y notifica por estrados a las partes, sino siguiendo las reglas del primer párrafo del artículo 104 de la ley de la materia, cuando el Juez Federal notifica a las autoridades por oficio y lo hace saber a las demás partes; entenderlo de otra manera conduciría a la incertidumbre de cuál notificación es la legal, la efectuada por el Tribunal Colegiado cuando publicita su ejecutoria o la practicada por el Juez de Distrito al vigilar su exacto cumplimiento." CUARTO. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LA TERCERO INTERESADA. De inicio resulta pertinente destacar que el incidente de daños y perjuicios, contemplado en el artículo 156, de la Ley de Amparo, tiene como objetivo restituir al tercero interesado en la situación que disfrutaba antes de que se produjera la suspensión del acto reclamado, esto es, a través de ese medio se determina la procedencia de reparar económicamente el daño e indemnizar los perjuicios que se hubieren causado con motivo de la concesión de la medida cautelar, a fin de restaurar o retrotraer las cosas al estado que privaba antes de la aparición de esos eventos. Además, es de resaltar que el artículo 156 de la Ley de Amparo establece con claridad que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión del acto reclamado, deberá tramitarse en la vía incidental en los términos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. De esa porción normativa, en armonía con lo dispuesto por el artículo 132 citado, se desprende que la materia del incidente será resarcir a la tercero interesada de los daños y perjuicios generados con motivo del otorgamiento de la suspensión al quejoso, a quien se le sobreseyó en el juicio. En esa tesitura, deben ponderarse previamente cuáles son los presupuestos de la acción regulada por el artículo 156 invocado, que se refiere a la existencia de un tercero interesado en el juicio de amparo; al otorgamiento de la suspensión; que la sentencia de amparo haya causado estado y se acrediten los daños y perjuicios cuya reparación se reclama, sobre la base de que existe un vínculo de causa a efecto entre el daño y el perjuicio causado y la ejecución de la medida suspensional. Luego, para la procedencia de la incidencia en comento, se requiere la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1. La existencia de tercero interesado en el juicio de garantías; 2. Que se haya otorgado la medida cautelar, cuya vigencia de su efectividad se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3. La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso; y 4. La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Es aplicable a lo así expuesto, la tesis de jurisprudencia I.3o.C.47 K, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1144, Tomo XVII, Abril de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA. El incidente contemplado en el artículo 129 de la Ley de Amparo tiene como objetivo restituir al tercero perjudicado en la situación que disfrutaba antes de que se produjera la suspensión del acto reclamado, esto es, a través de ese medio se determina la procedencia de reparar económicamente el daño e indemnizar los perjuicios que se hubieren causado con motivo de la concesión de la medida cautelar, a fin de restaurar o retrotraer las cosas al estado que privaba antes de la aparición de esos eventos. En ese tenor, la procedencia del incidente está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y 4) La demostración plena a cargo del incidente de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada." En este contexto, aplicando los principios de los que se ha dado noticia precedentemente, resulta inconcuso que se encuentran acreditados los tres primeros elementos de existencia y eficacia del incidente de daños y perjuicios en estudio, habida cuenta que, el trámite del mismo es a cargo de la tercero interesada Leticia Serrano Terrón, por propio derecho; asimismo, demostrado aparece que como requisito de efectividad de la suspensión provisional y posteriormente la definitiva concedida a la parte quejosa, se fijó como garantía en la provisional, la cantidad de $9,779.91 (nueve mil setecientos setenta y nueve pesos 91/100, moneda nacional); y en la concesión de la suspensión definitiva la cantidad de $9,829.16 (veinticinco mil pesos 00/100 m.n.), las cuales fueron exhibidas; en tanto que de los antecedentes que informan el sumario constitucional en que se actúa, tal como se precisó en los párrafos precedentes, se desprende que la parte quejosa no obtuvo una sentencia favorable a sus intereses, pues se sobreseyó en el juicio de garantías. Ciertamente, los artículos 2108, 2109 y 2110 del Código Civil Federal disponen: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación." "Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación." "Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse." Así las cosas, el artículo 2108 del Código Civil Federal establece que debe entenderse por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación; el diverso 2109 del ordenamiento civil señala, que el perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, en tanto que el artículo 2110 dispone, que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación. Con relación a lo anterior, cabe tener en cuenta, en lo conducente, la tesis visible en la página 340, tomo XIII, marzo de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, en la cual, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo lo siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA SUSPENSIÓN, PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE. Los daños y perjuicios deben ser demostrados como una consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en un juicio de garantías, atenta la interpretación del artículo 129 de la Ley de Amparo y pueden ser reclamados por la parte tercera perjudicada cuando se ha negado el amparo o se ha decretado el sobreseimiento en la controversia constitucional. Sin embargo, no debe pasar inadvertido que si bien el impedimento de uso de un inmueble por el tercero perjudicado, por haber estado surtiendo sus efectos la suspensión concedida al quejoso, le pudo causar daños y perjuicios, en el incidente, no es suficiente que únicamente se acredite esa probabilidad, sino que se hace indispensable la prueba concreta de que efectivamente se han ocasionado al tercero perjudicado. Para tal efecto resulta intranscendente que el incidentista manifieste que pudo haber percibido intereses con motivo de la probable venta del inmueble controvertido, ya que ello no constituye una situación concreta y actualizada, en tanto que no se demostró la realización o concertación de una operación de compraventa con terceras personas, y menos aún que existiera un interesado en la adquisición de ese bien y que hubiera propuesto la calidad que adujo la incidentista al formular su pretensión, de ahí que sea inocuo que ante el juez de Distrito se exhiban avalúos del bien y se hagan operaciones aritméticas de probables ganancias que resultaron futuras e inciertas, no basadas en hechos concretos." Aplicado en la especie, el acto reclamado consistió en el emplazamiento a juicio y todo lo actuado en el expediente número 471/2012, del índice del Juzgado Sexto en Materia Civil de Primera Instancia de Cuantía Mayor del Distrito Judicial de Toluca, así como la ejecución de la sentencia, mediante la cual se pretendía sustraer del dominio de la señora María Cristina Guzmán Pichardo, el inmueble ubicado en calle Ignacio Manuel Altamirano, número 125 Norte antes 405, Barrio de San Mateo, Municipio de Metepec, Estado de México. Asimismo, cabe señalar que de los informes rendidos por la autoridad responsable se advierte que en el juicio de origen, de donde deriva el acto que se reclamó, expediente 471/2012, relativo al juicio ordinario civil sobre otorgamiento y firma de escritura, promovido por Roberto Muñoz Cortes y Leticia Serrano Terrón, en contra de María Cristina Guzmán Pichardo, el diecinueve de junio de dos mil catorce se dictó sentencia definitiva, que posteriormente fue confirmada, la cual se encontraba en etapa de ejecución, sin que hasta la fecha en que se rindió el informe se hubiese ejecutado. Así las cosas, se estima que cuando la quejosa no obtiene sentencia favorable en el juicio de garantías y, con motivo de la suspensión concedida, se ocasionaron daños o perjuicios a la parte tercero interesada, ésta tiene la oportunidad de promover el incidente al que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo; entonces, si bien la ley prevé el medio para que la tercera interesada pueda ver resarcida la afectación a su patrimonio sufrida con motivo de los daños o perjuicios generados por la suspensión concedida, también la propia ley le impone cargas para lograr ese propósito; de ahí que la actora incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito inicial en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa (causa-efecto) con la inejecución del acto reclamado (derivada del otorgamiento de la medida cautelar en el juicio de garantías) y, en segundo lugar, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, la actora debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. Para acreditar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo es necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En el caso de los perjuicios por su propia naturaleza se ubican en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, lo que obliga al incidentista a exponer los hechos relevantes de su reclamo a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca la interesada y de las que, a su vez, allegue la quejosa; en este sentido, debe partirse de la base de que en la narración de hechos la actora incidentista ha de señalar en qué consistieron los perjuicios que dijo resentir, esto es, debe hacer una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido el uso o la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación. Ahora bien, por lo que respecta a los daños y perjuicios que dice se le ocasionaron con la concesión de la suspensión otorgada por este Juzgado en favor del peticionario de garantías, es de precisar que la tercero interesada antes mencionada, no ofreció prueba idónea que acreditar la existencia de los daños y perjuicios que dice sufrió en detrimento de su patrimonio, porque los mismos para considerarse como tales, deben por un lado, ser consecuencia inmediata y directa de dicha suspensión, y por la otra; esa relación directa e inmediata debe probarse, lo que en la especie no acontece, ya que únicamente ofreció copia certificada del avalúo rendido en el expediente 1259/2014, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Héctor Bernal Silva; empero, no ofreció medio de prueba para acreditar el resultado obtenido en el juicio de origen, a efecto de advertir que efectivamente el inmueble ya fue adjudicado a su favor, que disponía del bien y que estuvo en posibilidades de arrendarlo. Asimismo, la documental exhibida resulta insuficiente para demostrar la probable rentabilidad del inmueble para pretender que sí fue probada la existencia de daños y perjuicios, pues dicho avalúo está enfocado al valor comercial del inmueble, y si bien contiene un apartado que menciona el valor de la renta, no se advierte que se hubiese acreditado en cuánto fluctúa el monto de las rentas de los departamentos (con locales) destinados a casa habitación en esa zona, a efecto de considerar la media obtenida entre el valor de la renta más baja y la más alta. La documental en cita tampoco es suficiente demostrar la existencia de algún presunto inquilino, porque el simple hecho de probar que un inmueble deba rentarse en determinada cuantía y que existe un presunto arrendatario, no puede originar el pago de daños y perjuicios; consecuentemente al no demostrar la verdad de su contenido por otras pruebas, carece del valor probatorio que se le pretende atribuir, por lo que es válido concluir que la actora incidentista no cumplió con su carga procesal a ese respecto; por ende, no se acredita la existencia de tales perjuicios, siendo insuficiente la documental en cita para acreditar por sí sola que la tercero interesada Leticia Serrano Terrón, sufrió algún daño o perjuicio en su esfera de derechos patrimoniales, como consecuencia de la relación inmediata y directa entre ella y la suspensión definitiva que se le concedió a la parte quejosa, entendiendo que los perjuicios son derivados de los daños y estos últimos no se ocasionaron, como quedó precisado en líneas anteriores, por lo cual, bajo esas circunstancias, se reitera que el incidente de mérito es infundado para hacer efectivo el cobro de los conceptos que se analizan. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número I.10o.C.56 C, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2170, en su Tomo: XXIV, Agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es el siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS GENERADOS CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN. EL IMPORTE DE LAS RENTAS QUE SE CAUSAN POR LA POSESIÓN DEL INMUEBLE NO LOS CONSTITUYE, DADO QUE ÉSTA NO SE OBTUVO POR EL OTORGAMIENTO DE ESA MEDIDA CAUTELAR, SINO DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO). De la interpretación literal, sistemática y teleológica al artículo 125 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, no se advierte la intención del legislador de otorgar a la caución que se fije al quejoso para obtener la suspensión de los actos reclamados, la naturaleza de un medio alternativo para lograr la ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. Por tanto, cuando la posesión de un inmueble la tiene el quejoso en virtud de un contrato de arrendamiento, que fue base de la acción en una controversia de arrendamiento, mientras esa posesión subsista, el tercero perjudicado tiene derecho a que se le cubran las rentas que se generen, de conformidad con el artículo 2429 del Código Civil para el Distrito Federal, por lo cual, las rentas que se causen por la posesión del inmueble por parte de quien fungió como arrendatario y ha sido condenado a la desocupación, no son una consecuencia inmediata y directa de la medida cautelar que se otorgó en el incidente de suspensión, dado que la posesión no la obtuvo por el otorgamiento de esa medida, sino de la celebración del contrato de arrendamiento, por lo cual no puede considerarse que el importe de las rentas constituya daños y perjuicios generados con motivo de la suspensión." También, sirve de apoyo a lo anterior la tesis número IV.1o.C.97 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1909, Tomo XXX, Julio de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y sinopsis es el siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS. INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. LA PRUEBA PERICIAL ES LA IDÓNEA PARA CALCULAR EL MONTO ECONÓMICO QUE DEJÓ DE PERCIBIR EL INCIDENTISTA (TERCERO PERJUDICADO), AL PROLONGARSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, POR NO TENER LA POSESIÓN DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. Texto: Es inconcuso que durante el lapso que se prolongó la suspensión del acto reclamado, el incidentista (tercero perjudicado) se encontró imposibilitado para solicitar a la autoridad responsable su ejecución, de lo que se sigue que la medida cautelar le impidió que tuviera la posesión del inmueble controvertido, para en el mundo fáctico, usarlo para sí mismo, arrendarlo, venderlo, etcétera. Ahora, tal circunstancia pone de manifiesto la relación de causa-efecto entre la paralización del estado de cosas y los daños y perjuicios que el incidentista adujo haber resentido; justamente, la consecuencia directa e inmediata de la falta de desocupación de la casa-habitación, motivo de la litis constitucional, se puede medir a través de la estimación en valor económico, determinado con la aportación de expertos en el área inmobiliaria sobre el precio que el inmueble afectado alcanzara en caso de arrendamiento, atendiendo a sus características específicas, ubicación y demás particularidades; por ende, la ganancia lícita que dejó de percibirse, se traduce en el interés económico que conlleva la posesión de un inmueble el cual se ve reflejado, por regla general, en la obtención de frutos civiles por su uso, siendo ésta la pérdida o menoscabo ocasionada precisamente por no disponer del mismo, durante el tiempo que duró suspendido el acto de autoridad. Luego, no debe llegarse al extremo de exigir una prueba directa de la concertación de un diverso negocio jurídico (de que una persona distinta estaba interesada en el alquiler) pues basta que se demuestre con la pericial idónea, que con motivo de la suspensión dejó de percibir una ganancia lícita, por carecer el tercero perjudicado de la libre disposición del bien raíz, pues con tal prueba técnica -con intervención del perito designado por el quejoso-, puede probarse el monto económico a que ascendió, como consecuencia directa de la medida cautelar, el perjuicio ocasionado al tercero perjudicado.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis relacionada en cuarto lugar de la jurisprudencia número 579, visible a fojas 998, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que a la letra dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA SUSPENSIÓN. Los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo, deben ser consecuencia inmediata y directa de dicha suspensión y esta relación inmediata y directa debe probarse. Por lo tanto, si no se rindió prueba alguna para demostrar la existencia de tales daños y perjuicios, consecuentemente, menos se pudo probar la relación inmediata y directa entre ellos y la suspensión como causa. El incidente de daños y perjuicios establecido en el artículo 129 de la Ley de Amparo sólo puede ocuparse de los causados con motivo de suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, de donde se advierte que no es materia del mismo el monto de las costas, el que deberá fijarse en el incidente respectivo por el Juez del conocimiento." Por los motivos expuestos y con fundamento en los artículos 66, 67, 156 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara infundado el presente incidente de daños y perjuicios promovido por Leticia Serrano Terrón, por propio derecho, derivado de la suspensión concedida al quejoso Héctor Bernal Silva. Notifíquese, en términos de ley. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, ante el licenciado José Jiménez Sarmiento, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy siete de octubre de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 de la codificación civil supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado al parecer por el quejoso, por el cual autoriza a dos personas para oír y recibir notificaciones, revocando a los autorizados anteriormente; asimismo, hace diversas manifestaciones en relación al incidente de daños y perjuicios que promovió la parte tercero interesada; asimismo, objeta en cuanto a su alcance y valor probatorio el avalúo de la incidentista; asimismo, se señalan las doce horas con veinte minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, para la audiencia de alegatos. Atento a lo anterior, se tienen por revocadas a las personas que autorizó previamente y con fundamento en el artículo 12 de la ley de Amparo se tienen por autorizadas para los efectos que precisó a las personas citadas en el escrito de cuenta, asimismo, se tienen por hechas sus manifestaciones respecto al incidente referido en el párrafo que antecede para los efectos legales conducentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 de la codificación supracitada, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el diverso ocurso signado por la apoderada legal y Directora Jurídico Consultiva del Instituto Electoral del Estado de México, por medio del cual en cumplimiento a la vista ordenada en proveído de siete de los cursantes, hace diversas manifestaciones referentes al incidente de daños y perjuicios promovido por la parte tercero interesada, del cual se colige que no es parte en el presente asunto y por error se envió oficio a dicha autoridad, por tanto mediante misiva que derive del presente proveído, hágase del conocimiento tal circunstancia.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por el secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite transcripción del proveído de siete de los actuales emitido en el juicio de amparo 1243/2016 de su índice, del que se colige solicita copias certificadas de todo lo actuado en el presente asunto. Atento a lo anterior, remítase al juzgado oficiante la copia certificada que solicita, lo anterior para los efectos legales conducentes.

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