Héctor Bernal Otero

Expediente 448/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
448/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Héctor Bernal Otero
  • Juzgado Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Principal 448/2023-IV-M CUENTA. El dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: 1. Que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia de veintiséis de septiembre actual, dictada en el presente juicio de amparo, transcurrió del veintinueve de septiembre al trece de octubre del año en curso, sin que lo haya hecho así; lo anterior se confirmó después que el oficial de partes de este juzgado federal, hiciera una revisión minuciosa del libro de correspondencia que recibe este órgano jurisdiccional, sin encontrar promoción alguna de las partes procesales, en la que se promoviera dicho recurso; 2. Sí existe tercero interesado; 3. Teniendo a la vista el cuaderno incidental, se advierte que se concedió la suspensión de los actos reclamados; y 4. No obra agregado documento original con firma autógrafa e insustituible. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López CUENTA. En la misma fecha, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto; lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; déjese por separado el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado electrónicamente por ****, apoderado legal de la tercero interesada *****, mediante el cual solicita la consulta del expediente electrónico y proporciona correo electrónico. Atento a su contenido, y toda vez que de la revisión hecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que efectivamente el usuario "*****" corresponde a la promovente, como lo solicita expresamente, se le autoriza a dicho profesionista la consulta del expediente electrónico, por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes; en la inteligencia de que dicha autorización está condicionada en todo momento a que la Firma Electrónica se mantenga vigente,. Por tanto, se instruye al Oficial SISE, así como al Actuario adscrito a este Juzgado Federal, a efecto de que verifiquen que la parte quejosa cuenta con los permisos y accesos necesarios para visualizar los archivos de todas y cada una de las promociones presentadas en el expediente en que se actúa, así como los acuerdos emitidos y las notificaciones practicadas. Por otro lado, dígase a la promovente no ha lugar a tener como correos electrónicos para recibir notificaciones los que proporciona, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, siempre y cuando las partes expresamente así lo soliciten y previamente hayan obtenido la firma electrónica, por lo que recibir notificaciones en su correo electrónico, no se encuentra en esos supuestos. No obstante lo anterior, téngase proporcionando correos electrónicos, a efecto de establecer el contacto respectivo. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las doce horas con veinte minutos del veintiseis de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 448/2023-IV*M, promovido por ****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza, con sustento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes o sus autorizados. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que destacan el escrito inicial de demanda y anexo; auto admisorio; constancias de notificación a las partes, entre las que se encuentra el emplazamiento realizado al tercero interesado; informe justificado rendido por las autoridades responsables; oficio a través del cual se remitieron constancias solicitadas; acuerdos que los tuvieron por recibidos; escrito por medio del que se apersonó a juicio el tercero interesado y autos en los que se difirió la audiencia para esta fecha. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede; y por rendidos los informes justificados, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para los efectos legales que en derecho corresponda. Abierto el periodo de pruebas: la Secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por el quejoso y las autoridades responsables, así como las recabadas de oficio por este juzgado federal. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, a las que serán tomadas en consideración al momento de resolver el sumario en que se actúa. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos: la Secretaria da cuenta con las manifestaciones que en vía de alegatos realizó por la tercero interesada HSBC México, Sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por conducto de su apoderada legal, y hace constar que las demás partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo y que la Fiscal de la Federación adscrita no presentó pedimento alguno. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con apego en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que realizó la citada parte procesal, y, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo; con lo anterior se cierra este periodo. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la resolución correspondiente. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 448/2023-IV*M, promovido por Héctor Bernal Otero, por derecho propio, en contra de actos del Juez Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Tramitación del juicio. Mediante escrito depositado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido por razón de turno el mismo día a este Juzgado Cuarto de Distrito, ****, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y los actos reclamados que se indican enseguida: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son las siguientes: a).- JUZGADO QUINTO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. [.] b).- La persona jurídico colectiva BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER [.] c).- La sucursal de la persona jurídico colectiva BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER [.]" "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Al juzgado Quinto Civil de Procesos Escrito, de la Ciudad de México; le reclamo, la orden judicial girada mediante oficio a la persona jurídico colectiva BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, para que congelaran mis cuentas bancarias aperturadas en la sucursal Tecpan de Galeana, de esa persona moral. A la persona jurídico colectiva BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, le reclamo: la ejecución de la órdenes verbales o escritas para embargar, bloquear, cancelar, suspender o limitar mis cuentas bancarias, impidiéndome disponer de los recursos que existen en dichas cuentas, en especial las cuentas identificadas con los números 1507419147 y 1515149056, aperturadas ante la referida institución." SEGUNDO. Trámite del Juicio. En auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 448/2023-IV*M; se solicitaron los informes justificados correspondientes; se dio intervención a la Fiscal de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; posteriormente, en auto de trece de junio del año en curso, se tuvo por apersonado al tercero interesado a HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; y una vez integrado el sumario, tuvo verificativo la audiencia de ley, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, y 107 fracción V, todos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.3 TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que integran el sumario, se advierte que el acto que la parte quejosa reclama, consiste, en esencia, en el siguiente: La orden contenida en auto de doce de enero de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno de providencias precautorias como acto prejudicial 1312/2022, del índice del Juzgado Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de 3 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 4 Tesis: 2a./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época195745, Segunda Sala, Tomo VIII, Agosto de 1998, Pag. 227, Jurisprudencia (Común). México, que impide disponer al aquí quejoso de los recursos de diversas cuentas bancarias, así como su ejecución. CUARTO. Certeza de actos. La técnica expositiva de las sentencias en el juicio de amparo, impone como presupuesto de orden lógico, la verificación previa de la existencia del acto reclamado; lo anterior, pues dependiendo de ello se adoptará la postura del fallo; es decir, si el acto reclamado es inexistente, la sentencia debe finalizar con ese pronunciamiento. Por el contrario, si éste existe, entonces podrá procederse al análisis de las causales de improcedencia en su contra, o bien el estudio de fondo del asunto. En su parte conducente, resulta ilustrativa la Jurisprudencia 10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO" (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Abril de 1994, página 68). En ese sentido, son ciertos los actos reclamados al Juez Quinto Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México; BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México de la Ciudad de México (por conducto de su apoderado) y BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México (por conducto de su apoderado), con residencia en Tecpan de Galeana, Guerrero, dado que al rendir sus respectivos informes justificados, así lo reconocieron. Máxime que dicha certeza, se corrobora de las constancias que anexaron, consistente en copia certificada de las providencias precautorias de origen; documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Ilustrativa la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 89, Tomo 217-228 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 237120, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. ACTOS CONFESADOS EN EL, POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ES BASTANTE PARA TENERLOS POR DEMOSTRADOS". Así como la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. Causal de improcedencia. Una vez que ha sido demostrada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de la materia de fondo, se procede al examen de las causales de improcedencia alegadas por las partes o que pudiesen apreciarse en forma oficiosa, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia 5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 222780, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese sentido, asiste razón a la tercero interesada HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en cuanto a que en el caso se demuestra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII la Ley de Amparo, porque el peticionario de amparo no es tercero extraño a juicio y debió agotar el recurso de apelación que es el idóneo para atacar autos en los que se decreta la retención de bienes. El mencionado numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En primer término, se considera pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen nuestro medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a), y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, se resalta, que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hubiesen recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que disponen los gobernados para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En efecto, uno de los principios fundamentales en que se sustenta la acción constitucional de amparo, es el de definitividad, que parte de la premisa fundamental, de que el acto reclamado esté revestido de firmeza, en la medida en que no sea factible impugnarlo a través de un recurso ordinario o medio de defensa, que tenga por objeto revocarlo, anularlo o modificarlo; lo que conlleva la obligación de que además de impugnarlo, al hacerlo se aleguen, todas las irregularidades que se adviertan, so pena de que, lo ahí no hecho valer como motivo de impugnación, ya no es factible invocarlo en el juicio de amparo. Robustece tal consideración, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, registro digital 175974, que dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo". También, tiene aplicación la tesis I.6º.C.J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital 187015, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En efecto, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado deriva del cuaderno 1312/2022, relativo a las providencias precautorias promovidas por HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por conducto de su apoderada legal, en contra de Héctor Bernal Otero, en el cual el doce de enero de dos mil veintitrés, se admitieron a trámite las providencias precautorias como acto prejudicial y se ordenaron retener las cantidades que se encontraran depositadas en diversas cuentas bancarias del peticionario de amparo. Ahora, el artículo 1183 del Código de Comercio, establece la procedencia del recurso de apelación contra el acto aquí reclamado: "Artículo 1,183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente." Del precepto transcrito, se arriba a la conclusión de que el quejoso antes de promover el amparo, atendiendo a la cuantía reclamada, debió de interponer el recurso de apelación en contra del auto de doce de enero de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno 1312/2022, relativo a las providencias precautorias como acto prejudicial promovido por HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por conducto de su apoderada legal, en contra de Héctor Bernal Otero, en virtud de que puede ser modificados o nulificados, a través del recurso de apelación que se interponga en su contra. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia(s): Común, Civil, que establece: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto.". Luego, si en el caso la parte quejosa no interpuso el recurso de apelación en contra del auto por el que se decretaron las medidas precautorias en el cuaderno 1312/2022, relativo a las providencias precautorias como acto prejudicial promovido por HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por conducto de su apoderada legal, en su contra, el juicio de amparo resulta improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2001155, con el rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo.". De igual manera, apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 14/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Agosto de 2020, Materia Civil, página 2512, de texto y rubro: "MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). Los órganos colegiados que conocieron de los asuntos sostuvieron criterios distintos respecto a si es posible el aseguramiento de bienes como parte de una providencia precautoria dictada por una autoridad judicial, previo a la tramitación de un juicio mercantil. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que una autoridad judicial sí puede solicitar el aseguramiento de bienes, con motivo de la solicitud de una providencia precautoria, antes de iniciado el juicio mercantil. Se considera así, en tanto que cuando la disposición normativa se refiere a la acepción "providencia dictada en juicio", no debe acudirse a las diferencias que existan entre los tipos de medidas cautelares, sea porque se dicten previamente, durante o después del juicio, pues lo cierto es que dicha categorización en nada cambia la naturaleza y finalidad del instrumento. Sin que lo anterior implique que todas las medidas cautelares, en lo específico, tienen el mismo objeto directo o que deberían tener idéntica regulación, pues según el momento en que se dicten pueden variar las diversas circunstancias que ameriten su adopción.". Sin que esta juzgadora federal pase desapercibidas las manifestaciones del quejoso en el sentido de que, los actos que reclama, vulneran su garantía de audiencia al no haber sido notificado de las providencias precautorias dictadas en el expediente 1312/202; sin embargo, dada la naturaleza de las providencias mencionadas se decretan de plano sin citar a la persona contra quien ésta se pida; por lo cual, ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1177 y 1178, del Código de Comercio. Máxime que el propio quejoso en su demanda refiere que fue informado por el gerente o director de la institución bancaria a la que pertenecen las cuentas bancarias de cuyos recursos se impide disponer, que ello se debía a una orden girada por el Juzgado Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, dentro de un juicio iniciado en su contra. Además, respecto a este reclamo de violación a su derecho fundamental de audiencia en el trámite de las medidas precautorias, el amparo es improcedente, dado que como se advierte de las copias que obran en este amparo en el cuaderno de providencias precautorias de origen, existe ya promovido el juicio ejecutivo mercantil, derivado de las precautorias indicadas. De modo que al no advertirse de autos que la parte quejosa haya interpuesto dicho medio de impugnación por virtud del que pudo haber sido modificado, revocado o nulificado el acuerdo reclamado, resulta evidente que con ello desatendió el principio de definitividad que rige en materia constitucional, y en esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Partiendo de las consideraciones expuestas, es de estimar actualizada la causal de improcedencia analizada en este considerando, por lo cual, resulta procedente sobreseer en el juicio de acuerdo con lo que establece el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, debe decirse, que al haberse decretado el sobreseimiento, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 239006, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****, por propio derecho, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Principal 448/2023-IV CUENTA. El veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se puede celebrar, toda vez que en proveído de veintiuno de agosto del presente año, se tuvo a la autoridad responsable Juez Quinto Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, desahogando el requerimiento efectuado en auto de veintiuno de julio pasado y con su contenido se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal convenga, acuerdo que fue notificado el veintidós de agosto del año en curso, surtiendo efectos el veintitrés siguiente, lo que evidencia que aún no transcurre el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Lo acordó.

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