Hector Beltran Mendoza
Expediente 610/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Hector Beltran Mendoza
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Subdirector de Asuntos Contenciosos "B", de la Tesorería de la Federación, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 2147/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, con el cual se le remitió el billete de depósito número N 772251, expedido por BANSEFI (Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), exhibido por la parte quejosa para garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de treinta de mayo de dos mil dieciocho, se requirió a la parte quejosa a fin de que compareciera para hacerse la devolución del billete de depósito número N 772251, valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que se exhibió para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, lo cual se le notificó por lista el siete de junio de dos mil dieciocho; por tanto, es inconcuso que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, sin que la parte quejosa haya comparecido a recoger dicha garantía. De acuerdo a lo anterior y conforme al dispositivo legal citado, la suma que ampara el billete en cuestión ha prescrito a favor del Erario Federal; por ende, remítase el mismo a la referida Tesorería de la Federación, para los efectos legales conducentes.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO HECTOR BELTRAN MENDOZA Y A LA PARTE TERCERO INTERESADA NEYNA YARELO VEGA MENDOZA Y DEYANIRA JANETH DELVAL VEGA, EL AUTO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio de cuenta firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 610/2016-1, y comunica que el acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó por extemporánea la demanda de amparo interpuesta por el quejoso Héctor Beltrán Mendoza, causó estado al haber transcurrido el término para que el citado quejoso interpusiera recurso de reclamación, en contra de dicho auto. Acúsese recibo. Glósese el cuaderno de antecedentes con sus actuaciones al presente juicio, con excepción de las constancias que constituyen reproducción fiel de las que ya obran en este asunto, para evitar agregarlas innecesariamente, pues únicamente duplicarían las ya existentes, lo que dificultaría el manejo del expediente al tornarse muy voluminoso. Por otra parte, del estado procesal de los autos se advierte que mediante oficio 4631/2017-1, de trece de diciembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de cinco de diciembre de ese mes y año, y en acatamiento a la resolución de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por ese Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el amparo en revisión 33/2017, se remitieron los autos originales del juicio de amparo 610/2016-1, promovido por Héctor Beltrán Mendoza, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, quien con base en la competencia escalonada determinó tener competencia para resolver sobre los actos distintos del emplazamiento, esto es, laudo y violaciones procesales por ser reclamables en amparo directo. Ahora bien, como se advierte del oficio de cuenta con fecha veintiuno de mayo del presente año, causó estado el diverso auto de diecisiete de abril del año en curso, en el que se desechó por extemporánea la demanda de amparo interpuesta por el quejoso Héctor Beltrán Mendoza, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; en consecuencia, Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción IV del Apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, motivo por el cual deberá conservarse la demanda y la sentencia inherentes al presente juicio y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisional y definitivamente la medida cautelar respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, auto y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el cinco de septiembre de dos mil dieciséis, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, hágasele saber al quejoso que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, tendrá el término de dos años para recoger el billete de depósito número N 772251 valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) con el cual la parte quejosa garantizó la suspensión definitiva que le fue concedida en resolución de doce de septiembre de dos mil dieciséis, apercibido que de no hacerlo, dentro de ese plazo, la garantía en mención se hará efectiva en favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio de cuenta firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 610/2016-1, y comunica que el acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó por extemporánea la demanda de amparo interpuesta por el quejoso Héctor Beltrán Mendoza, causó estado al haber transcurrido el término para que el citado quejoso interpusiera recurso de reclamación, en contra de dicho auto. Acúsese recibo. Glósese el cuaderno de antecedentes con sus actuaciones al presente juicio, con excepción de las constancias que constituyen reproducción fiel de las que ya obran en este asunto, para evitar agregarlas innecesariamente, pues únicamente duplicarían las ya existentes, lo que dificultaría el manejo del expediente al tornarse muy voluminoso. Por otra parte, del estado procesal de los autos se advierte que mediante oficio 4631/2017-1, de trece de diciembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de cinco de diciembre de ese mes y año, y en acatamiento a la resolución de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por ese Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el amparo en revisión 33/2017, se remitieron los autos originales del juicio de amparo 610/2016-1, promovido por Héctor Beltrán Mendoza, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, quien con base en la competencia escalonada determinó tener competencia para resolver sobre los actos distintos del emplazamiento, esto es, laudo y violaciones procesales por ser reclamables en amparo directo. Ahora bien, como se advierte del oficio de cuenta con fecha veintiuno de mayo del presente año, causó estado el diverso auto de diecisiete de abril del año en curso, en el que se desechó por extemporánea la demanda de amparo interpuesta por el quejoso Héctor Beltrán Mendoza, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; en consecuencia, Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción IV del Apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, motivo por el cual deberá conservarse la demanda y la sentencia inherentes al presente juicio y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisional y definitivamente la medida cautelar respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, auto y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el cinco de septiembre de dos mil dieciséis, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, hágasele saber al quejoso que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, tendrá el término de dos años para recoger el billete de depósito número N 772251 valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) con el cual la parte quejosa garantizó la suspensión definitiva que le fue concedida en resolución de doce de septiembre de dos mil dieciséis, apercibido que de no hacerlo, dentro de ese plazo, la garantía en mención se hará efectiva en favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.
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