Héctor Bartolo Rodríguez
Expediente 1878/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1878/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Héctor Bartolo Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la razón actuarial que antecede, de la que se advierte que la actuaria asentó los motivos por los cuales no realizó la notificación a la quejosa ***, del acuerdo de siete de noviembre del dos mil veintitrés. Esto en virtud, de que se constituyó en el domicilio señalado dentro del presente juicio y fue atendida por los licenciados **, ambos manifestado que es el domicilio buscado, pero que no conocen al quejoso ***; en esas condiciones, procédase a notificarse dicho auto por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo; así como las subsecuentes, hasta en tanto la parte quejosa no subsane dicha circunstancia. Notifíquese y cúmplase ""Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, por el cual remite el juicio de amparo indirecto ***/2023-IV de su índice, al declinar su competencia a favor de este Juzgado Federal, por actualizarse la hipótesis prevista en los artículo 46, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y Estadística Judicial; el Sistema de Recepción, Registro y Turno de Asuntos y las Consultas del Turno. Por los motivos que se vierte en el oficio de cuenta, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del referido juicio de amparo. Atento a lo anterior, procédase acordar lo conducente: REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1878/2023-6, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN De autos se advierte, que en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa para que manifestara si promovía el presente juicio por propio derecho o en su carácter de Jefe de Departamento Zona I adscrito al Departamento de Operación y Mantenimiento de Zona de Distribución Ixmiqulpan, de la Comisión Federal de Electricidad. Al respecto, el Juzgado Cuarto de Distrito remitió el escrito signado por el quejoso, en el cual manifestó que el juicio de amparo lo promovió por propio derecho; en consecuencia, se tiene por desahogada la prevención de referencia. En atención a lo anterior, se provee lo siguiente: DETERMINACIÓN Del contenido integral de la demanda y desahogo de la prevención, se desprende que el promovente, reclama: "La aprobación, expedición, promulgación y publicación del DECRETO que contiene las reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto del artículo 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 113, de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Es aplicable, la jurisprudencia emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este criterio autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de la causa de improcedencia resulte operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto en el que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Expuesto lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6, de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el Artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)." De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 6 de la ley de la materia, el que establece una regla general a seguir para la procedencia del juicio constitucional, consistente en que éste únicamente puede promoverse por aquella persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5 del cuerpo legal invocado, o en caso excepcional, este principio puede cumplirse a través del representante, apoderado o defensor del agraviado si se trata de un acto que derive de un procedimiento penal, o por cualquier persona en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente; de igual forma, lo anterior también revela el principio de agravio personal y directo, consistente en que el acto reclamado debe producir una afectación al solicitante de amparo, de manera que s el juicio de amparo debe promoverse por la persona que sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica por actos de autoridad violatorios de derechos humanos. Atento a lo anterior, lo previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo" se traduce en que el promovente debe: Ser titular de un derecho jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que sufre una afectación directa por el acto reclamado (interés jurídico). Ser titular de un interés jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que por encontrarse ubicado en una especial situación frente al orden jurídico sufre una afectación (interés legítimo). Bajo este contexto, lo previsto en el artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuye consecuencias de derecho desde el punto de vista de legitimación del promovente del amparo indirecto tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al interés legítimo, puesto que en ambos supuestos al promovente que se ubique dentro de ellos se les otorga legitimación para instar la acción de amparo. Ilustra lo anterior el criterio 2a. LXXX/2013 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, página 1854, de epígrafe y contenido: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora, para una mejor comprensión del tema en estudio, resulta necesario destacar los antecedentes que dieron origen al reclamo hecho valer por el promovente del amparo en esta instancia constitucional. El quejoso es empleado de la Comisión Federal de Electricidad y desempeña con el cargo de Jefe de Departamento Zona I adscrito al Departamento de Operación y Mantenimiento de Zona de Distribución Ixmiquilpan, de la Comisión Federal de Electricidad; El diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se presentó una solicitud de acceso a la información mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, requiriendo información de la Comisión Federal de Electricidad, consistente en: 1. Relación en Excel de vehículos arrendados asignados a los Jefes de Departamento de Zona y Superintendente de Zona, del año dos mil diecinueve al diez de diciembre de dos mil veintidós, (.) especificando placas, número económico y la empresa que ganó el contrato, así como el nombre y apellido del directivo que lo usaba o tenía bajo su resguardo. 2. Histórico en Excel de las coordenadas del GPS de los vehículos arrendados asignados a los Jefes de Departamento de Zona y Superintendente de Zona. (.) El quince de febrero de dos mil veintitrés, el sujeto obligado Comisión Federal de Electricidad, respondió a la solicitud de acceso a la información ********************, y al efecto manifestó que dicha información se encuentra clasificada como reservada, en términos del artículo 110, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el lineamiento Vigésimo Tercero, de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; Contra dicha respuesta, la parte recurrente interpuso recurso de revisión, el cual mediante resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés; revocó la respuesta emitida por el sujeto obligado Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que proporcione la información que le fue requerida. Este último acto constituye el reclamado en el presente juicio de amparo. Una vez precisado lo anterior, se estima que el promovente del amparo no tiene legitimación para controvertir el acto consistente en la resolución emitida el treinta de agosto de dos mil veintitrés, que ordena a la Comisión Federal de Electricidad proporcione la información requerida el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós ante el mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en virtud de que el promovente del quejoso carece de las facultades para ello, por no ser sujeto obligado en términos del artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicho numeral, establece que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal. Por su parte, el artículo 83 de la Ley en cita, determina que los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo para tal efecto. Lo anterior, de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal y lo dispuesto en las leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; de Ingresos sobre Hidrocarburos; de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, en esta materia. Como se advierte, en virtud de lo resuelto en el recurso de revisión RRA ********************, la empresa Comisión Federal de Electricidad, para efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es el sujeto obligado por la norma para proporcionar la información solicitada el diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, dado que se trata de una empresa productiva del Estado propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, no así el promovente del amparo. En virtud de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente dado que el promovente del amparo carece de legitimación para promover demanda de amparo respecto de la aplicación del Decreto que reclama, ya que el único ente facultado para ello, sería en todo caso la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de sujeto obligado para efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada. Por ello, también debe DESECHARSE DE PLANO la demanda de amparo pretendida en contra de los actos reclamados a: La Cámara de Diputados; Cámara de Senadores; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales; y Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad. Respecto de la aprobación, expedición, promulgación, y publicación de los artículos que reclama del decreto que contiene las reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es aplicable la jurisprudencia 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." De igual forma, resulta aplicable la diversa jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Finalmente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. IMPROCEDENCIA. Tratándose de una ley que sólo puede afectar los intereses de los particulares mediante un acto de aplicación, la procedencia del juicio de amparo para el estudio de la constitucionalidad de la ley combatida, deberá relacionarse con la procedencia del propio juicio para resolver sobre la legalidad del acto de aplicación impugnado; en consecuencia, si el juicio de amparo resulta improcedente respecto al acto de aplicación, también lo es respecto a la constitucionalidad de la ley." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6, de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda instada por ******************** DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA En otro contexto, después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario "********************", correspondiente a ********************; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los numerales 2, fracción XVI y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no se autoriza al promovente la consulta del presente expediente electrónico vía internet, toda vez que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Lina es necesario que la persona interesada cuente con luna firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá registrarse en el citado portal indicando su nombre, correo electrónico, crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña", así como vincular su Firma Electronica al registro respectivo; razón por la cual, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo o a nombre de otra, como indebidamente se pretende en la especie con aquel nombre de usuario perteneciente a una persona diversa al citado quejoso. Máxime que la misma no fue señalada como autorizada en el presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Para tal efecto, las partes deberán solicitar a este Juzgado de Distrito, la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma, u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. SOLICITUD DE BOLETA DE TURNO Asimismo, aun cuando en el acuerdo de treinta de octubre de dos mil veintitrés, el Juez declinante ordenó que la remisión de los autos del juicio de amparo ********************/2023-IV de su índice, a este Juzgado; por lo tanto, requiérase al encargado de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Hidalgo, que haga los trámites necesarios y remita la boleta de turno correspondiente a este Juzgado, lo anterior por ser necesario para la debida integración del presente expediente. Notifíquese""
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el escrito firmado por ***, por su propio derecho en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 111 fracción II de la Ley de Amparo, así como a fin de lograr un efectivo acceso a la justicia se admite la ampliación de demanda planteada por cuanto hace a las autoridades responsables y actos reclamados. Es aplicable, la tesis jurisprudencial visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Abril de 1999, tesis 2ª. XLI/99, página 209, la cual es del tenor literal siguiente "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN." PETICIÓN DE INFORMES JUSTIFICADOS Y APERCIBIMIENTOS En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo Vigente, pídase informe justificado a las autoridades responsables Director del Hospital General de Pachuca de Servicios de Salud de Hidalgo y al Director Jurídico y Derechos Humanos del Hospital General de Pachuca de Servicios de Salud de Hidalgo quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, relacionándolo con el número del oficio al que dan contestación, y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia certificada debidamente legible de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, entregándole al efecto copia simple del escrito inicial de demanda y ampliación de esta que se acuerda. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDAD RESPONSABLE Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, relacionándolo con el oficio al que de contestación, y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia certificada debidamente legible de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo. Asimismo, hágaseles saber que de no rendir su informe, o bien, de no remitir las constancias en los términos que se le solicitan, este Juzgado de Distrito se encuentra facultado por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia Vigente, para imponerle una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (entendiéndose días unidad de medida y Actualización conforme a la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis). Por ello, se apercibe a la autoridad responsable aludidas que dicha multa les será aplicada en caso de no rendir el informe solicitado precisamente dentro del plazo que les fue concedido, pues al hacerlo en forma extemporánea retardarían indebidamente la celebración de la audiencia constitucional, cuya fecha fue fijada considerando la anticipación con que el informe debe ser conocido por la parte quejosa. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 y 251 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado federal y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidos que en caso de ser omisos, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en la ciudad de México (entendiéndose por día al valor de la unidad de medida y actualización, que será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para toda la República Mexicana). En virtud de lo anterior y dada la cercanía de la fecha señalada para la audiencia de ley (diez horas con diez minutos del dieciocho de agosto de la presente anualidad), la misma se deja sin efectos y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior hágase del conocimiento de la autoridad responsable para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
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