Hector Azarel Torres Perea
Expediente 577/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Hector Azarel Torres Perea
Actuaciones
- Principal
Causa estado determinación. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiocho de junio del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en sesión de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruible el presente expediente, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Vistos. Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que en proveído de veintiséis de mayo de dos veintitrés, se previno al quejoso para que diera cumplimiento a diversos requerimientos, sin precisar el apercibimiento que se haría efectivo en caso de no cumplir con lo anterior; en consecuencia, dígasele a la parte quejosa que cuenta con cinco días hábiles computados a partir de la presente notificación para cumplir con los requerimientos que le fueron realizados en el auto en cita; apercibido que de no cumplir con lo ahí requerido se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 12 DE JUNIO DE 2023, QUE REZA: Vistos. Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que en proveído de veintiséis de mayo de dos veintitrés, se previno al quejoso para que diera cumplimiento a diversos requerimientos, sin precisar el apercibimiento que se haría efectivo en caso de no cumplir con lo anterior; en consecuencia, dígasele a la parte quejosa que cuenta con cinco días hábiles computados a partir de la presente notificación para cumplir con los requerimientos que le fueron realizados en el auto en cita; apercibido que de no cumplir con lo ahí requerido se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo.
- Principal
Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 114, fracciones I y IV, así como 108, fracciones I, IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y sin formular ni presentar una nueva demanda, se constriña a cumplir con lo siguiente: 1. Precise las denominaciones actuales, correctas y completas de todas las autoridades responsables a las que les atribuye el acto que reclama y la localidad en la que se ubican, con excepción de los Juzgados Familiares. Toda vez que en el apartado respectivo manifiesta que les recae el carácter de responsables ordenadoras, entre otras, a la Fiscalía General del Estado, correspondiente a este distrito, Fiscalía Especializada en la Investigación de delitos contra la Mujer, Niños y Niñas, Familia y Trata de Personas y como ejecutoras, a la Fiscalía General del Estado (señalada también como ordenadora), Policía Ministerial y/o judicial, autoridad judicial a efectos de competencia, Municipal, Estatal o Federal; sin embargo, no hace una precisión exacta de las denominaciones actuales y correctas de las autoridades a quienes les reclama la orden privativa de la libertad de la que se aqueja, pues solo las señala de forma genérica. Requerimiento que se torna necesario, a efecto de no retardar el procedimiento de manera innecesaria con autoridades inexistentes, aunado a un desgaste de recursos materiales y humanos, y en contravención de brindar justicia pronta y expedita en el presente asunto, tal y como lo consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que con dicha prevención se garantiza el inicio y conducción adecuada del proceso constitucional, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción III, del artículo 79, de la Ley de Amparo, no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo correctamente. Para el caso particular es aplicable la tesis visible en la página 186, Tomo XII, de Septiembre de 1993, Octava Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISION QUIENES SON LAS.". 2. Precise cuál es el acto reclamado que les atribuye a los "Juzgados Familiares de la ciudad y municipio de León, Guanajuato", que señala como autoridades ordenadoras. Lo requerido, porque que en el apartado respectivo manifiesta que les reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución; sin embargo, constituye un hecho notorio para este juzgado federal que dichas responsables no son autoridades competentes para emitir ordenes de aprehensión; de ahí que, ante tal imprecisión, debe aclarar que acto le atribuye a los juzgados del orden familiar. En el entendido que para el caso de insistir en señalar a dichos juzgados como autoridades responsables, también deberá precisar la denominación individual, actual, completa y correcta de los Juzgados Familiares que desea señalar como responsables, toda vez que la referida en la demanda es de forma genérica. Para lo anterior, es aplicable la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del Tomo III, de Marzo de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." 3. Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada, todos los antecedentes de los actos reclamados; en razón a que no realizó una narración precisa y completa de todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación al acto que señala como reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia. Narración en la que además deberá indicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión que reclama, así como lo atinente al por qué señala como autoridades responsables a juzgados familiares, siendo que dichas potestades no son competentes para emitir ordenes de aprehensión. Asimismo, en dicha relatoría deberá incluir los antecedentes relacionados con la solicitud que realiza en el petitorio quinto del ocurso que se analiza en el sentido de: "me tenga por presentando en tiempo y forma la garantía substancial provisional, como medida cautelar del cumplimiento y asistencia al proceso legal generado u (sic) derivado de la presente situación. Se anexa comprobante fiscal" y con el "proceso legal" al que alude, pues nada menciona al respecto en dicho apartado. De ahí el requerimiento que se formula, pues los antecedentes narrados resultan imprecisos e insuficientes para tal fin, siendo que ello es el único elemento con que inicialmente cuenta este órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones correspondientes, a más de que es un requisito formal establecido en la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la protesta peticionada deberá realizarla el propio quejoso, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquél, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse; lo anterior, a fin de que este Tribunal Federal tenga pleno conocimiento de los mismos y se encuentre en condición legal de proveer lo que en derecho corresponda. Al respecto, cobra aplicación la tesis I.7º.A.100 K visible en la página 990, del Tomo XXIII, de Abril de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Asimismo, se hace saber al promovente que de acreditarse que se aseveraron hechos falsos, se dará vista especial a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a efecto de que proceda a la investigación del delito previsto en el numeral 261, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y ..." V. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, limitación que subsistirá hasta en tanto acrediten contar con dicho registro. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y e.firma. Asimismo, se le solicita proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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