Hector Arochi Cante
Expediente 168/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Marlene Huerta Hernández apoderada legal
- Hector Arochi Cante
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, trece de abril de dos mil veintitrés. Causa estado auto que tuvo por no presentada la demanda. Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo para interponer el recurso de queja previsto por los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, ya transcurrió para la parte promovente ********************en su carácter de Apoderada legal de********************, por tanto, se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo radicada en este expediente, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.ajb
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por no presentada la demanda de amparo Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la promovente Marlene Huerta Hernández, quien se apersonó con el carácter de apoderada legal de Héctor Arochi Cante, mediante proveído de quince de febrero del año que transcurre. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Estado de Tlaxcala, quince de febrero de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Marlene Huerta Hernández en su carácter de Apoderada legal de Héctor Arochi Cante, contra actos del Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 168/2023-VI. Prevención. Ahora, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra los establecidos en las fracciones I y IV, que a la letra señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)". Del precepto legal transcrito y sus respectivas fracciones, se desprende que el promovente o quien promueva en su nombre, se encuentra obligado a acreditar su representación. Al respecto, los numerales 6, 10 y 11 de la Ley de Amparo prevén lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior." "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta". De lo anterior, se obtienen que, el primer numeral transcrito refiere a la cuestión inherente a la legitimación ad causam y ad procesum, en la que la primera de ellas significa que el quejoso tendrá tal legitimación en el supuesto de que efectivamente se le hayan violado sus derechos fundamentales mediante una norma general o acto que reclame, y en otro aspecto la legitimación ad procesum implica que el quejoso puede y tiene la facultad para promover un amparo cuando estima tiene el derecho que se cuestionara en él, bien por qué se ostente como titular de ese derecho, por que cuente con la representación legal de ese titular. Además, establece que en los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. De igual modo, se establece que el representante del quejoso o del tercero interesado que tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable y esta representación subsista en el momento de la presentación de la demanda, será admitida para todos los efectos legales, debiendo acreditarse ante la autoridad de amparo, por medio de la constancia en original o en copia certificada expedida por la autoridad responsable que justifique su personalidad ha sido reconocida por ella, sin que sea dable la simple afirmación de esa circunstancia, o sea, que la autoridad de amparo debe cerciorarse fehacientemente de la personalidad del promovente, de acuerdo a los preceptos que se tratan. Ahora, Marlene Huerta Hernández, promueve el presente juicio de amparo con el carácter de apoderada legal de Héctor Arochi Cante; sin embargo, en el escrito de demanda de amparo de cuenta, no anexa documento idóneo para acreditar la personalidad con la que se ostenta, pues únicamente aduce que dicha personalidad la tiene reconocida en autos. Por otra parte, del precepto legal transcrito se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a manifestar bajo protesta de decir verdad, el acto reclamado que reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables, pues ello constituye información indispensable para que el Juez de Distrito esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen. Al respecto, de la revisión integral del escrito de demanda, se advierte que la quejosa reclama: "a) La omisión de la responsable de aplicar los artículos 771, 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio 849/2018 promovido por mi representado en contra de GRUPO SIMEC S.A. DE C.V. y demandada FISICA NOEMI CALECO TORRES. b) La omisión de cuidar que el juicio 849/2018, que ante la responsable se tramite quedara inactivo. c) La omisión de la responsable de requerir y notificar a mi representadao ahora quejoso, dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, presentara la promoción necesaria para que no operara la caducidad" De lo anterior, no se advierte con precisión el acto que pretende combatir la quejosa pues respecto de las omisiones a las que hace referencia no existe certeza a que se refiere cuando manifiesta la omisión de aplicar los artículo 771, 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, así como la de cuidar que en el juicio de amparo 849/2018 quedara inactivo. Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado manifiesta que el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se regularizo el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, dejando insubsistente rubros que por error involuntario y humano de la autoridad responsable, de lo que no se advierte de forma clara si el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés sustituyó al de quince de febrero de dos mil veintidós. En razón de lo anterior, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracción I, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído: 1.- Exhiba el original o en su caso copia certificada del documento idóneo con el que acredite la personalidad con que se ostenta, es decir como apoderada legal de Héctor Arochi Cante. 2.- Precise con exactitud el acto reclamado de manera destacada; esto es, señale de manera clara y especifica el acto que reclama; esto es: Respecto a las omisiones de las que se duele deberá manifestar de forma precisa y clara en qué consiste cada una de las omisiones a las que hace referencia en su escrito de demanda. Precise si señala como acto reclamado el auto de quince de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 849/2018, del índice de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, que decreta la caducidad del citado expediente; o el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictado en el mismo expediente, que regulariza el diverso de quince de febrero de dos mil veintidós, en caso de señalar éste deberá manifestar lo que se proveyó en el mismo, o ambos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, tomo IV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de 1996, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Es aplicable a lo anterior la tesis 2ª./J. 124/2016 (10ª.) de la Segunda Sala del alto tribunal, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio así como del documento idóneo con el que acredite el carácter que ostenta, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente". Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos precisados, dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que sí cuenta con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, toda vez que en el escrito de demanda señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico marlehuer@yahoo.com.mx el cual está vinculado al usuario Marle; atento a ello, con fundamento en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones a través del usuario precisado, toda vez que el mismo está dado de alta en el catálogo de juicio en línea, en la inteligencia de que el actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. Comunicación no procesal Téngase a la parte quejosa proporcionando un correo electrónico y número telefónico, a través de los cuales -de ser el caso- se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Pamela Elizabeth Hernández López, Secretaria de este Juzgado, con quien actúa. Doy fe.
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