Héctor Arnulfo Bañuelos Velázquez
Expediente 1741/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1741/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/11/2018
Partes del expediente
- Héctor Arnulfo Bañuelos Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
**TEPIC, NAYARIT, DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este Juzgado Federal el veintiséis de octubre del presente año (fojas 94 y 95), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de veintiséis de octubre del año en curso (foja 96), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el cinco de noviembre del propio año (foja 99); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para la parte agraviada del siete al nueve de noviembre del presente año, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de nueve de octubre de la presente anualidad (fojas 83 y 84), causó ejecutoria la resolución de mérito y se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de diez días la acatara y remitiera las constancias que lo acreditaran. En atención a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 94 y 95), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había realizado transferencia bancaria a favor de la parte quejosa por $14,519.48 (catorce mil quinientos diecinueve pesos 48/100 moneda nacional); situación que acreditó con el anexo antes indicado. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $22,437.45 (veintidós cuatrocientos treinta y siete pesos 45/100, moneda nacional), se le resta la comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) y el cobro de multa por actas ($8,060.00 ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dos de agosto de dos mil diecisiete y el veinticuatro de octubre del año en curso, se efectuó la transferencia electrónica correspondiente; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de julio a septiembre de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones del mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil dieciocho fue de 132.991 y para el mes de septiembre del mismo año fue de 100.917, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.75882578520351; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $14, 374.45 (catorce mil trescientos setenta y cuatro pesos 45/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la promovente del amparo $14,374.45 (catorce mil trescientos setenta y cuatro pesos 45/100 centavos moneda nacional), sin embargo, éste debía reintegrarle la diversa de $14,519.48 (catorce mil quinientos diecinueve pesos 48/100 moneda nacional), es decir, tiene un excedente de $145.03 (ciento cuarenta y cinco pesos 03/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la quejosa, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes el ocurso de cuenta signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Nayarit "1", con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que una vez agotadas las gestiones de cobro e investigación relativas a la multa impuesta a Rafael Cervantes Padilla como Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, por proveído de dieciocho de septiembre de dos mil trece, no fue posible la localización del deudor ni de bienes a nombre del citado fedatario público, asimismo, que no existen garantías o embargos pendientes de hacerse efectivos a través de los cuales pudiera liquidarse el citado adeudo fiscal, por lo que solicita a este juzgado, le informe el estado procesal actual que guarda la referida multa, o bien, instruirla respecto si deberá continuar con el cobro de ésta. Entonces, en primer término, infórmesele a la autoridad promovente, mediante oficio que al efecto se le gire, que a la fecha en que se actúa sigue subsistente la sanción impuesta al presidente de referencia; sin embargo, respecto a la imposibilidad de llevar a cabo el cobro de la multa que manifiesta, dígase al ente recaudador que corresponde a éste determinar lo conducente en torno a dicha circunstancia, en los término que las leyes aplicables prevén para la substanciación del procedimiento administrativo de ejecución; bajo esa tesitura, tendrá que informar a este juzgado la determinación que recaiga, una vez analizadas las constancias que obren dentro del expediente 7S.3 de su índice.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que este órgano jurisdiccional estima necesario que se desahogue una prueba pericial en materia de contabilidad, a fin de que un experto en la materia determine si la cuota diaria de la pensión determinada por la autoridad es acorde con lo que dispone la fracción II del artículo 20 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; es decir, verifique si la cuota diaria de pensión, consistente en un beneficio del 88.50% con un importe de $17,484.73 pesos, tiene como base realmente la cuota diaria de pensión, tomando en consideración el último salario en el momento de su retiro, como lo establece el mencionado precepto. Por tanto, para ello, deberá tomarse en consideración el último salario que percibió el quejoso *** al retirarse, tomando en consideración los documentos aportados por las partes en el presente incidente innominado, relativas al último salario que percibió como trabajador activo. Bajo ese contexto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 120 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Legislación antes referida, conforme al artículo 2º, requiérase a las partes, a efecto de que dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, propongan perito de su parte, para que se asocie al nombrado por este órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado; de igual manera, con el propósito de poder llevar a cabo el desahogo de la prueba en comento, en el entendido de que de no formular manifestación alguna en el plazo indicado, se entenderá su desinterés en ello y deberán estarse al dictamen que emita el perito que designe este Juzgado de Distrito, en su oportunidad. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: *** En otro orden de ideas, este Órgano de Control Constitucional, a efecto de designar perito oficial en materia de contabilidad, con fundamento en los arábigos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ordena girar oficio al Coordinador de Servicios Periciales de la Delegación Estatal en Nayarit de la Procuraduría General de la República, así como al Director General del Centro Científico de Comprobación Criminal Certificado de la Fiscalía General del Estado de Nayarit y al Director del Instituto Tecnológico de Tepic, todos con residencia en esta ciudad, con la finalidad de que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciban el oficio de notificación correspondiente, se sirvan informar si cuentan con algún perito en materia de contabilidad que pueda llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial en esa especialidad, lo anterior con el objeto de agilizar el cumplimiento a la sentencia amparadora, como lo dispone el numeral 17 Constitucional. Por lo anterior, la audiencia incidental programada para el día de hoy, SE DIFIERE de conformidad con el dispositivo 141 del ordenamiento general en cita y se reserva señalar nueva hora y fecha para su desahogo, hasta en tanto se cuente con la pericial ordenada e párrafos precedentes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 439 a 453 y 456 a 457), el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que no se encontraba en condiciones para dar cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintidós de agosto del año en curso (foja 458), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el siete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 17 a 24), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: ".la responsable, emita los acuerdos correspondientes y aplique los medios de apremio a su alcance para que con prontitud y sin exceder los términos de ley, lleven a cabo la ejecución total del laudo dictado en autos del expediente laboral 92/2005, de su índice..." Resolución que causó ejecutoria el veintiséis de agosto de dos mil quince (fojas 28 a 29). Luego, de los oficios y anexos recibidos en la oficialía de partes de este juzgado en diez de julio y veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 439 a 453 y 456 a 457), presentados por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, se advierte que dicha autoridad, tiene imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, porque no existe materia para ello, toda vez que la parte quejosa el veintitrés de marzo del año en curso, celebró convenio con la parte demandada en el contradictorio laboral de origen Ayuntamiento Constitucional del Nayar, Nayarit, del que se advierte que se realizó un pago a la parte solicitante del amparo por $2,501,384.97 (dos millones quinientos un mil trescientos ochenta y cuatro pesos con noventa y siete centavos moneda nacional), con el cual se cubrieron el total de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda; asimismo, se estipuló que el quejoso desistió de la acción. Esto demuestra que las partes en el juicio laboral convinieron las modalidades de la terminación del conflicto laboral, lo que da como resultado que se actualice un cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo sin la intervención del Órgano Jurisdiccional que concedió el amparo y que, por ende, no pueda exigirse a la autoridad responsable que cumpla aquélla en sus términos. En este sentido, es dable dejar sin materia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo privilegiarse cualquier posibilidad o alternativa que las partes acuerden para poner fin a la ejecución de los fallos constitucionales, pues el objetivo primordial que se persigue es que de alguna manera, incluso la convencional como en el caso sucede, se dé una solución rápida al cumplimiento de las sentencias de amparo. Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis LIX/2009, publicada en la página 317, del Tomo XXIX, Junio de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO SE ACREDITA QUE LAS PARTES CELEBRARON CONVENIO CONCILIATORIO EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. Si de actuaciones realizadas con posterioridad a la fecha en que se ordenó la remisión de los autos del juicio de garantías a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las partes, mediante compromiso sancionado por la Junta respectiva, celebraron convenio dando por concluido el juicio laboral, no puede exigirse a la Junta responsable el cumplimiento en sus términos, de ahí que el incidente de inejecución de sentencia deba declararse sin materia atento a que se privilegia cualquier alternativa acordada por las partes para poner fin a la ejecución de los fallos constitucionales, pues el objetivo primordial perseguido es que de alguna manera, incluso la convencional, se dé una solución rápida al cumplimiento de las sentencias de amparo". En este orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el numeral 196 de la Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados, motivo por el cual debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado sin materia. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, en virtud de que el mismo no se tramitó.
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