Héctor Armando Tello Howard
Expediente 113/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/04/2018
Partes del expediente
- Héctor Armando Tello Howard
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja civil 19/2018, acúsese el recibo de estilo correspondiente y hágase del conocimiento de las partes que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra del auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, al no existir diligencia alguna por practicar, se ordena el archivo definitivo del mismo, debiéndose hacer las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. Por otra parte, y toda vez que se ordenó el archivo en el párrafo que antecede; con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia /de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina que los presentes autos son susceptibles de destrucción dentro del término de seis meses contados a partir de esta fecha. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...ii
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en Querétaro, por medio del cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Héctor Armando Tello Howard, en contra del auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro del presente juicio de amparo, mismo que quedó registrado bajo el número de queja civil 19/2018.....II
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso **** mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el uno de febrero de dos mil dieciocho, en los autos del juicio de amparo citado al rubro, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto el acto reclamado, más no las violaciones que aduce; remitiéndole para tal efecto el escrito original del escrito de queja, copia del mismo y las copias certificadas que son necesarias para la substanciación del recurso interpuesto....II La Secretaria Ma. Guadalupe Xicoténcatl Pérez certifica que debido al cúmulo de labores de esta órgano Jurisdiccional este acuerdo se dicta después de las quince horas del día de la fecha. Doy fe.
- Principal
REGISTRO DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ****** por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese la presente demanda bajo el número de registro 113/2017-II y se ordena dar de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En ese orden de ideas, se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, el quejoso de mérito hace consistir el acto reclamado en: la resolución dictada el cinco de enero de dos mil dieciocho, en autos del Toca Civil 807/2017, por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, que revocó la diversa resolución emitida por el Juez Menor Mixto de Cadereyta de Montes, Querétaro, en el juicio ordinario civil sobre nulidad de compra venta número 696/2010, promovido en su contra, y reconoció el carácter de causahabiente del actor Jerónimo Navarrete Trejo, a su Beneficiario Marco Antonio Navarrete Tenorio; y, como causahabiente del diverso actor Felipe Prado Aguilar, a su beneficiario Juárez Bernabé Remedios dentro de los autos de dicho juicio ordinario. Previamente, a efecto de dar claridad al sentido de la presente resolución conviene citar los hechos o abstenciones que refiere el quejoso en el capítulo correspondiente de su demanda de amparo: El veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en autos del juicio ordinario civil de nulidad de compra venta 696/2010, iniciado por Marco Antonio Navarrete Tenorio, y otros, en contra del quejoso Héctor Armando Tello Howard, el Juez Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, en atención a lo solicitado por Marco Antonio Navarrete Tenorio y Remedios Juárez Bernabé, negó levantar la suspensión decretada en el aludido Juicio ordinario, hasta en tanto se apersonaran los albaceas de las sucesiones a bienes de Felipe Prado Aguilar y Jerónimo Trejo Navarrete (parte demandante). Inconforme con dicha determinación, la parte actora en el juicio de origen, interpuso recurso de apelación, correspondiendo a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el conocimiento de dicho recurso, quien confirmó la resolución impugnada, en contra de la cual, la parte recurrente promovió juicio de amparo indirecto, de cuyo conocimiento se avocó este órgano jurisdiccional, quien por ejecutoria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, concedió a la parte entonces quejosa, el amparo y protección de la justicia federal, para efectos de que la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución en la que diera respuesta a la totalidad de los agravios expresados. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1296/2017-II-A, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, revocó el auto dictado el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, por el Juez Menor Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, y decretó tener como causahabiente del actor Jerónimo Navarrete Trejo, a su beneficiario Marco Antonio Navarrete Tenorio; y, como causahabiente del diverso actor Felipe Prado Aguilar, a su beneficiario Juárez Bernabé Remedios, y ordenó la continuación del juicio natural. Siendo dicha determinación la que constituye el acto reclamado que se combate por la vía de amparo, pues se aduce que hay una violación a sus derechos y se duele que se le deje en estado de indefensión. Al respecto, conviene señalar que este juzgador obtiene que por cuanto ve al acto reclamado consistente en la resolución dictada el cinco de enero de dos mil dieciocho, en autos del Toca Civil 807/2017, que reconoció el carácter de causahabiente del actor Jerónimo Navarrete Trejo, a su beneficiario Marco Antonio Navarrete Tenorio; y, como causahabiente del diverso actor Felipe Prado Aguilar, a su beneficiario Juárez Bernabé Remedios, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente, que estipulan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." La interpretación vigente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado al término "ejecución de imposible reparación", es en el sentido de que lo constituyen los actos dictados dentro de juicio cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías constitucionales, de tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En este tópico, dispone el artículo 170 de la Ley de Amparo, que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en términos de lo dispuesto por las fracciones V y VI del Artículo 107 Constitucional; además, dice que dicho juicio es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Así, el juicio de amparo indirecto, solo es procedente contra actos ejecutados dentro del procedimiento, cuya ejecución tenga efectos irreparables para el quejoso, pues así lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, por un lado, respecto del acto reclamado consistente en la resolución dictada el cinco de enero de dos mil dieciocho, que reconoció el carácter de causahabiente del actor Jerónimo Navarrete Trejo, a su Beneficiario Marco Antonio Navarrete Tenorio; y, como causahabiente del diverso actor Felipe Prado Aguilar, a su beneficiario Juárez Bernabé Remedios, se advierte que dicho acto, no es de imposible reparación para el promovente; en razón de que no afecta sus derechos sustantivos, dado que existe la posibilidad de que pueda obtener sentencia favorable en su oportunidad. Pues, se reitera, dicha determinación no deja al quejoso en estado de indefensión, y únicamente produce efectos intra-procesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el simple hecho de obtener una resolución favorable, y de resultarle adversa puede repararse mediante la vía de amparo directo tal como lo dispone el artículo 170 de la Ley de la Materia, en el que puede alegar como violación el acto que aquí reclama, por haber trascendido al resultado del fallo, por lo que bajo esa tesitura el acto reclamado precisado en ante líneas, no tiene una ejecución de imposible reparación, tal como lo dispone el artículo 174 de la citada ley especial. Efectivamente, se indica que la determinación de la Sala responsable, mediante la cual revocó el auto de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Menor Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, dentro del juicio de origen, para ahora reconocer el carácter de causahabiente del actor Jerónimo Navarrete Trejo, a su beneficiario Marco Antonio Navarrete Tenorio; y, como causahabiente del diverso actor Felipe Prado Aguilar, a su beneficiario Juárez Bernabé Remedios, no afecta los derechos sustantivos del impetrante, sino sólo los procesales, en virtud de que lo cierto es que la afectación que, en su caso, pudiese sufrir en su esfera jurídica, sólo puede ser palpable hasta el dictado de la sentencia respectiva y no en este momento. Tal conclusión se determina, en atención a que conforme la anterior Ley de Amparo la expresión de actos de imposible reparación no sólo se refería a aquellos actos que afectaran directamente los derechos sustantivos del quejoso, sino además aquellos que aunque fuese procesales tuvieron una afectación en grado predominante o superior, situación esta última que desapareció con la emisión de la nueva Ley de Amparo bajo la cual se rige este expediente, la cual constriñe la procedencia del amparo a los actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que, concreto y exclusivamente, afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, lo cual dejó fuera de la tutela de la acción de amparo indirecto a los actos procesales como el que aquí se impugna. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2006589, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, visible en la página 39, que a la letra dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En abundancia de consideraciones, a juicio del suscrito juzgador, lo aquí resuelto no contraviene el artículo Sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Lo anterior, porque si bien el citado precepto establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor, tal regla se delimitó respecto de aquellos aspectos en los que no se oponga a la nueva ley, situación que no ocurre en la especie, pues como lo determinó recientemente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, LA ACTUAL LEY DE AMPARO ESTABLECE UNA NUEVA DEFINICIÓN DE LOS ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, dentro de la cual no encuadra la determinación que resuelve la cuestión de personalidad en el juicio laboral, por lo que resulta inaplicable al caso concreto la jurisprudencia 4/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/98, publicada en la página 11, tomo XIII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de 2001, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." Con base a la causal de improcedencia anteriormente expuesta, se DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional; y como autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Irene Ramírez Ayala y Edmundo Hurtado Bustos, y a los diversos que menciona, únicamente en términos restringidos del numeral mencionado, por así haberlo solicitado la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. NOTIFICACIÓN PERSONAL Finalmente con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal al quejoso, con copia del presente proveído.....II
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