Héctor Armando Cordero Vargas
Expediente 1207/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1207/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Héctor Armando Cordero Vargas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 113 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, así también, por autorizados a Juan Manuel Barron Anzaldo y Raúl Sánchez Betanzos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como por autorizadas a las demás personas de manera restringida, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, fórmese el amparo correspondiente, registrándose con el número 1207/2018. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa *** reclama del JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, el acuerdo que se dictó en quince y/o treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 388/2013 de su índice. Ahora bien, como cuestión previa resulta necesario precisar que la parte promovente *** se ostenta con el carácter de procesado en la causa penal 388/2013 generadora del acto reclamado, por ello resulta indudable que el promovente es parte formal en dicho proceso penal. En consecuencia, dada la naturaleza del acto que se reclama, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: **** De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. En el caso concreto, como se destacó, el promovente reclama del JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICAL DE PUEBLA, el acuerdo que se dictó en quince y/o treinta de noviembre del año dos mil dieciocho dentro de la causa penal 388/2013 de su índice, por medio del cual niega la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas originalmente en el extinto Juzgado Octavo de lo Penal del citado distrito. Como se ve, el acto reclamado consiste esencialmente en el acuerdo que desecha pruebas ofrecidas por el impetrante dentro del proceso 388/2013 generador del acto reclamado, lo que evidencia que el acto reclamado (que repercutirá necesariamente en un aspecto de índole probatorio dentro del proceso generador) no constituye un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo de la quejosa, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y, en todo caso, inciden en la posición que tomarán las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. Cabe destacar el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que excepcionalmente el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos procesales que afecten a las partes en el juicio en grado predominante o superior, cuyas consecuencias se tornan de ejecución irreparable, esto es, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales de la quejosa, o bien, porque conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente tomando en cuenta la situación procesal que esté en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia; lo que en la especie no acontece toda vez que el acto reclamado no impide el correcto desarrollo del proceso, porque no constituye una decisión de la cual dependa la suerte de todo el juicio natural, sino únicamente ocasiona que no se acumule al acervo probatorio de ese proceso el resultado que pudiera arrojar el desahogo de tales probanzas. En tales condiciones, debe concluirse que con la emisión del acuerdo reclamado por la parte quejosa no resiente en su esfera jurídica un perjuicio de manera inmediata ya que no se transgrede alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, por tanto, no siendo un acto del procedimiento que la deje sin defensa, ni teniendo el carácter de irreparable, el amparo en contra de dicha resolución es improcedente. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 113 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, así también, por autorizados a Juan Manuel Barron Anzaldo y Raúl Sánchez Betanzos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como por autorizadas a las demás personas de manera restringida, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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