Héctor Armando Álvarez Encinas

Expediente 503/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
503/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
26/06/2019

Partes del expediente

  • Héctor Armando Álvarez Encinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de diez de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda, no fue recurrido por la parte quejosa, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Héctor Armando Álvarez Encinas, a través del cual, en cumplimiento a la prevención que se le efectuó por acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado en los presentes autos, amplía los antecedentes de los actos reclamados, en cuanto a los puntos que se le precisaron. En ese sentido, téngase por cumplida la prevención de mérito, por lo que se procede a analizar la demanda promovida por Héctor Armando Álvarez Encinas, contra actos reclamados al Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa y el escrito aclaratorio de cuenta, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto que el quejoso reclama es el siguiente: La orden de lanzamiento respecto del bien inmueble ubicado en lote siete, manzana tres, calle Luna, número trece, del fraccionamiento Villas Xalapa, de esta ciudad, ordenada por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en los autos del expediente 1508/2015/II, de su índice. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Cabe mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con lo expuesto, en el caso este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del precepto transcrito, se desprende que un acto está consentido tácitamente cuando contra él no se promovió el juicio de amparo dentro de los plazos que establece la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216152, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En ese entendido, debe indicarse que el plazo genérico para la interposición del juicio de amparo es de quince días, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir de que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice, y de ser el caso, conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." (lo resaltado es propio) Acotado lo anterior, es necesario reiterar que la parte promovente en su demanda señala como acto reclamado: La orden de lanzamiento respecto del bien inmueble ubicado en lote siete, manzana tres, calle Luna, número trece, del fraccionamiento Villas Xalapa, de esta ciudad, ordenada por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en los autos del expediente 1508/2015/II, de su índice. Por otra parte, es dable mencionar que el peticionario del amparo expresó, bajo protesta de decir verdad, los hechos que constituyen los antecedentes de su acto reclamado, en los que manifestó que fue el uno de junio de dos mil diecinueve, cuando tuvo conocimiento de que el próximo once de junio, se ejecutará dicha orden de desalojo. Asimismo, precisó que la primera ocasión en que trataron de lanzarlo del inmueble en el que habita, con motivo de la orden de lanzamiento dictada en el expediente 1508/2015/II, del índice del juzgado que señala como responsable, fue el veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Ahora, si bien es cierto que el accionante del amparo acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercero extraño a juicio, pues refiere que no es parte en el expediente número 1508/2015/II, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad; sin embargo, no debe perderse de vista que, de lo relatado por él mismo, se advierte que desde el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, tiene conocimiento de la existencia del referido expediente, pues fue cuando por primera vez trataron de desalojarlo del bien en el que habita, situado en lote siete, manzana tres, calle Luna, número trece, del fraccionamiento Villas Xalapa, de esta ciudad, por lo que resulta inconcuso que también tiene conocimiento certero de que lo determinado en el precitado controvertido le ocasionaría afectación en los derechos que pretende proteger. Es decir, es el propio quejoso quien confiesa que desde el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, tuvo conocimiento pleno de la existencia del juicio 1508/2015/II, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, porque fue en esa fecha en la que se trató de ejecutar el lanzamiento ordenado en dicho controvertido, por lo que dice haber tomado conocimiento de dicho expediente, incluso señala el nombre de los demandados, y exhibe copias de las dos primeras fojas de la demanda; por ende, desde la citada data el quejoso tiene la certeza de que su derecho de propiedad sobre el bien que refiere, había sido afectado y no hasta el uno de junio de dos mil diecinueve, como lo pretende hacer notar; por tanto, estuvo en aptitud de solicitar la protección de la justicia federal, al menos desde el veintiocho de enero del año dos mil diecisiete, que fue el día siguiente a aquél en que trató de ejecutarse, por primera vez, el lanzamiento sobre el bien que dice es de su propiedad con motivo de la compraventa que realizó. En ese orden de ideas, dado que no se actualiza en favor del quejoso, ninguna de las hipótesis de excepción, previstas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo que el accionante tenía para promover su demanda de amparo, es el genérico de quince días conforme a lo establecido por dicho precepto legal. En consecuencia, toda vez que el promovente tiene pleno conocimiento del lanzamiento del que se duele, desde el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, resulta evidente que el referido plazo de quince días, ha transcurrido en exceso, pues la demanda de amparo que dio origen al expediente en el que se actúa, fue presentada en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, el tres de junio de dos mil diecinueve; por tanto, resulta indudable que el plazo genérico de quince días que impone la ley para promover el juicio de amparo, ya había transcurrido al momento en que la parte promovente presentó su demanda de amparo, lo que hace evidente que ésta fue intentada de manera extemporánea. En las relatadas condiciones, si la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el lanzamiento que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, y no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se colige que existió el consentimiento de su parte en lo que hace al acto del que se duele, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del plazo de quince días que dispone el aludido precepto legal. Así las cosas, lo expuesto, a juicio del suscrito, conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/21, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto. "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así como la Tesis Aislada en Materia Común número I.6o.C.84 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL HECHO DE QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ENTERE FEHACIENTEMENTE DE QUE EN ESA CONTIENDA SE PODRÍA AFECTAR O SE ESTÁ AFECTANDO SU ESFERA JURÍDICA. De la interpretación del artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 del mismo ordenamiento, excepto los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes, de esa forma, para que se actualice la causal de improcedencia invocada, se tienen que presentar los siguientes supuestos: a) Un acto de autoridad; b) Una persona que se hace sabedora de que puede sufrir o está siendo afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Ahora bien, todos los elementos anteriormente señalados deben concurrir necesariamente, porque ante la falta de alguno de ellos impediría que se reuniera lo indispensable y necesario para estimar que se encuentra actualizada la causal de improcedencia en cita. En este orden de ideas, cuando una persona es tercera extraña a juicio, no es suficiente para considerar que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, el hecho de que ésta haya tenido conocimiento de la existencia del procedimiento, sino que es requisito esencial que se encuentre enterada fehacientemente de que en esa contienda se podría ver afectada o se está afectando su esfera jurídica." No es óbice a la conclusión realizada, la manifestación de la parte quejosa, en el sentido de que en el juicio natural se le ha tratado de desalojar en diversas ocasiones. Es así, porque los intentos de lanzamiento a los que alude, no podrían considerarse como actos independientes, que hagan resurgir sucesivamente, la posibilidad de ejercer la acción de amparo. Antes bien, dichos actos deben considerarse consecuencia de la primera orden de lanzamiento o al menos de la primera de la que tuvo conocimiento, de modo que al no haberse inconformado con la determinación o acción que inicialmente pretendió afectar el derecho que afirma tener, debe considerarse que consintió ese acto y los que deriven del mismo con los que se pretenda efectivizar el mandamiento de lanzarlo del inmueble que ocupa, respecto del juicio de origen. Al respecto es ilustrativa por identidad de razón el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis de la décima época, en materia común, número I.3o.C.84 K (10a.), visible a fojas 1854, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2008869, del rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA EMISIÓN DE CADA ACTO TENDENTE A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DE ÉSTA. Cuando en la demanda de amparo el quejoso reclame diversos actos emitidos en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio, respecto del cual se ostenta tercero extraño y que sean de fecha posterior a aquella en que tuvo conocimiento de esa sentencia, por haber promovido incidente de oposición a la ejecución, el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo indirecto no debe computarse a partir de la emisión de cada acto tendente a lograr dicha ejecución, sino a partir de que el quejoso tuvo conocimiento de la sentencia, porque en su calidad de tercero extraño a juicio, el derecho a ejercer la acción de amparo surge a partir de ese momento y no se regenera por cada acto posterior que se dicte en la etapa de ejecución, ya que no son actos autónomos, sino sólo una consecuencia directa e inmediata de la primera orden de ejecución, y los terceros extraños, por regla general, solamente tienen una oportunidad para promover amparo y defender sus derechos que son materia de un juicio en el que no son parte, ya que el plazo para promover el amparo inicia a partir de que tienen conocimiento del acto de autoridad que les causa perjuicio." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Consecuentemente, por lo expuesto se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Héctor Armando Álvarez Encinas, a través del cual, en cumplimiento a la prevención que se le efectuó por acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado en los presentes autos, amplía los antecedentes de los actos reclamados, en cuanto a los puntos que se le precisaron. En ese sentido, téngase por cumplida la prevención de mérito, por lo que se procede a analizar la demanda promovida por Héctor Armando Álvarez Encinas, contra actos reclamados al Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR IMPROCEDENTE

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Armando Álvarez Encinas contra actos reclamados al Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 503/2019-3-A. Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora, este órgano jurisdiccional analizó la demanda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 108 fracción V, 112 y 114, que en lo referente establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.) "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." Del citado marco normativo se deriva que es obligación del impetrante de amparo indicar bajo protesta de decir los antecedentes del acto reclamado; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el citado numeral de la ley de la materia, y cuando el juzgador advierta que los mismos resultan confusos o que faltan datos relevantes para proveer conforme a derecho la demanda intentada, deberá prevenir al quejoso para que subsane dichas deficiencias. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que la quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "De la autoridad ordenadora, reclamo la orden de desposesión respecto al inmueble que tengo en posesión por más de trece años y que tengo promovido en juicio de Usucapión". Sin embargo, el suscrito advierte ciertas deficiencias en la demanda de mérito, pues si bien el promovente manifiesta que tiene información fidedigna que el próximo once de junio de dos mil diecinueve, se ejecutará la orden de desposesión del bien inmueble en el que habita, lo cierto es que no especifica la fecha en que recibió o se hizo conocedor de esa información. Por otra parte, al narrar bajo protesta de decir verdad, los hechos que constituyen el acto reclamado, el quejoso refirió que ya lo han tratado de desalojar antes, y ahora tiene información de que se programó la desposesión del inmueble en el que vive, para el once de junio del año en curso, circunstancia que crea duda en el suscrito, respecto a que si aquella ocasión en que ya han tratado de desalojarlo del bien inmueble al que se refiere, y el acto que por esta vía reclama, emanan del mismo juicio, esto es, del juicio 1508/2015/X, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. En esas circunstancias, resulta necesario requerir al quejoso para que proporcione los datos señalados, ya que resultan indispensables para el suscrito a fin de estar en aptitud de proveer sobre la procedencia de la demanda promovida. SENTIDO DE LA PREVENCIÓN QUE SE FORMULA. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al promovente para que que en el acto de la diligencia de notificación del presente acuerdo o dentro del término de cinco días, contados a partir de que se encuentre debidamente notificado del presente proveído, por escrito y con nueve copias del mismo para correr traslado a cada una de las partes y formar los cuadernos incidentales con motivo de la suspensión solicitada, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo cumpla con lo siguiente: ÚNICO: Amplíe los antecedentes de su acto reclamado, en los que deberá: a).- Precisar la fecha en que tuvo conocimiento o fue informado, que el once de junio de dos mil diecinueve se ejecutará la orden de desalojo del bien inmueble en que habita. b).- Manifieste si la orden de desalojo que dice ya se ha tratado de ejecutar antes, y la que dice se pretende ejecutar el próximo once de junio de dos mil diecinueve, provienen de un mismo juicio, esto es, el juicio número 1508/2015/X, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. c) Exprese desde qué fecha tiene conocimiento de la existencia del juicio 1508/2015/X, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, y cuándo fue la primera vez que con motivo de la existencia de tal juicio se le intentó desalojar de la vivienda que afirma ocupar desde hace trece años. Hechos que resultan indispensables para el suscrito juzgador, a fin de estar en aptitud de tener datos complementarios suficientes para proveer sobre la admisión la demanda de amparo. Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Mientras tanto, guárdense en la secretaría de este juzgado, las once copias de la demanda de mérito. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Silvio Olegario Ortiz Miguel y Luiz Marlio Silva Platas, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros números 81951 y 177252, respectivamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente juicio de amparo, aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Secretario en funciones, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, así como que la persona que recepcione la información sea debidamente identificada y previo apersonamiento ante el personal judicial correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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