Héctor Antonio Luperdi Gutiérrez
Expediente 424/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 424/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/02/2023
Partes del expediente
- Héctor Antonio Luperdi Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte en fecha dieciséis de enero de dos mil veintitrés, entró en vigor el Acuerdo General 107/2022, publicado en trece del referido mes y año, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; en el que se amplió la competencia de este Juzgado de Distrito, a materia mixta y cambió la denominación, quedando de la siguiente manera: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Por lo tanto, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Ahora, dado que de la aludida certificación y del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio de amparo en veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA. Orden de archivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; lo anterior, toda vez que la resolución no implica ejecución alguna en este asunto; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Análisis de constancias. Visto el estado procesal de este expediente, de las constancias y las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo, resulta necesario precisar lo siguiente: Quejoso 1.- ******************** Autoridades responsables. 1.- Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. 2.- Jefe del Departamento de Asuntos Jurídico, con residencia en esta ciudad. 3.- Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México. Acto(s) reclamado(s). La(s) orden(es) de detención, aseguramiento, detención, deportación, incomunicación y/o cualquier acto privativo de la libertad y/o transitar por el territorio nacional. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora, vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que el quejoso directo********************, no se encuentra alojado y/o detenido administrativamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Por tanto, el quejoso en su escrito inicial de demanda señaló esencialmente como actos reclamados, la orden de detención, aseguramiento, detención, deportación, incomunicación y/o cualquier acto privativo de la libertad y/o transitar por el territorio nacional, a las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California, y de la razón actuarial de veintiuno de octubre del año en curso, se desprende que el referido quejoso ya no se encuentra alojado en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California; debido a que durante la tramitación del presente juicio de amparo, dicha quejoso fue puesto en libertad. Por tanto, se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado por los quejosos a las autoridades responsables, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica en la siguiente tesis de jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Materia: Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Tesis número: 2a./J. 59/99, Página: 38). "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman el directo quejoso, han cesado en los efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Por lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Con motivo de lo antes expuesto, se dejan sin efecto las providencias decretadas, en favor del quejoso. Se instruye al analista jurídico a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las modificaciones necesarias en el expediente electrónico para dejar sin efectos la fecha antes señalada y, haga las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, debido a que todos los directos quejosos fueron puestos en libertad tal y como se advierte de la razón actuarial de cuenta, notifíquese por lista el presente proveído. Notifíquese personalmente; y por lista a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que no obra desahogo al requerimiento efectuado en proveído de dieciséis de agosto de la presente anualidad, por parte de la responsable Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, no obstante de encontrarse debidamente notificado del auto referido. En consecuencia, requiérase al Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias que acredite que el quejoso Héctor Antonio Luperdi Gutiérrez, fue puesto en libertad; o bien, manifieste si tiene impedimento alguno para ello. Por otra parte, se requiere al Comisionado del Instituto Nacional de Migración -Francisco Garduño Yáñez- como superior jerárquico del Encargado del Despacho de la Estación Migratoria de Tijuana, para que dentro del plazo tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este auto, remita y/o informe lo siguiente: ( El o los motivos, hechos y/ o circunstancias que originaron la detención, presentación y retención del quejoso Héctor Antonio Luperdi Gutiérrez, ante el Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California; (Si con motivo de los hechos y/o circunstancias que originaron la detención, presentación y retención del quejoso Héctor Antonio Luperdi Gutiérrez en el Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, se inició algún procedimiento o trámite (de cualquier índole). ( En caso de sí existir algún procedimiento o trámite (de cualquier índole), remita copia certificada de la totalidad de las constancias, registros y actuaciones. ( Informe el estatus migratorio de Héctor Antonio Luperdi Gutiérrez, es decir; porqué razón ya no se encuentra más en el Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, si fue puesta en total libertad, continúa bajo procedimiento e investigación pero en libertad o si fue deportada. ( Remita en copia certificada, el registro del domicilio que proporciono el quejoso ante dicho instituto migratorio, conforme a la fracción b) del artículo 102 de la Ley de Migración, previo a la obtención de su salida. ( En caso, de no contar con el domicilio de dicho quejoso, indique los motivos y razones por las cuales no tiene el domicilio en que residirá el quejoso. El anterior requerimiento, es debido a que en el presente juicio el Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, ha sido omiso constantemente en cumplir con los requerimientos, por lo cual este órgano jurisdiccional debe adoptar todos aquellos mecanismos y herramientas que se tengan al alcance para hacer cumplir sus determinaciones. Tiene aplicación por identidad en su contenido, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, de la décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, de título y contenido siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Asimismo, se requiere al Comisionado del Instituto Nacional de Migración -Francisco Garduño Yáñez- para que exhorte como su superior jerárquico, al Encargado del Despacho de la Estación Migratoria de Tijuana, que cumpla con las determinaciones que este órgano de control constitucional emita, dentro de los plazos señalados; y en caso, de continuar incumpliendo con las mismas, las multas que se realicen al Encargado del Despacho de la Estación Migratoria de Tijuana, se harán extensivas al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, por ser su superior jerárquico. Se hace del conocimiento al Comisionado del Instituto Nacional de Migración y Encargado del Despacho de la Estación Migratoria de Tijuana, que en caso de no cumplir con lo expuesto en párrafos anteriores, se procederá a turnar los autos al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que a su vez proceda en términos del artículo 262, de la Ley de Amparo, por incurrir en lo dispuesto en las fracciones III y V de dicho precepto normativo. "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.) V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Apercibido que, de no cumplir con lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. En el entendido que lo requerido podrá ser enviado al correo electrónico institucional 3jdo15ctoaj@correo.cjf.gob.mx de este órgano de control constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo dicha audiencia.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que no obra desahogo al requerimiento efectuado en proveído de veintiuno de junio de la presente anualidad, por parte de la responsable Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, no obstante de encontrarse debidamente notificado del auto referido. En consecuencia, requiérase por última ocasión al Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias que acredite que el quejoso Héctor Antonio Luperdi Gutiérrez, fue puesto en libertad; o bien, manifieste si tiene impedimento alguno para ello. ..
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