Héctor Antonio Jiménez Guadarrama

Expediente 605/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
605/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Héctor Antonio Jiménez Guadarrama

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese la razón del actuario judicial de la adscripción, en la que hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al tercero interesado ********************, el auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, por las razones que en ella señala; por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, notifíquese mediante la lista que se publica en los estrados de este juzgado el presente proveído y la determinación en mención. En el entendido que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán a la parte quejosa por el mismo medio hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez, Estado de México) o en su zona conurbada (Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y Tlalnepantla), o bien, designar de manera expresa un usuario para recibir notificaciones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea). Notifíquese por lista al tercero interesado ********************. SÍNTESIS DEL PROVEÍDO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la primera certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, relativa al incidente de reclamación de daños y perjuicios, dictada en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la misma ha causado estado. De igual forma, vista la diversa certificación y ante tales circunstancias, se deja a disposición de la parte quejosa el billete de depósito número ***, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, que ampara la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), para que comparezca ante este Juzgado de Distrito a recogerlo, previa identificación vigente y asentando en autos razón para debida constancia. Así, se hace del conocimiento del citado depositante que de no comparecer ante este juzgado para tal efecto dentro del término de dos años legalmente computados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se hará efectiva dicha garantía a favor del Erario Federal. En el entendido que por el carácter del título de valor del que se trata, únicamente le será entregado a Héctor Antonio Jiménez Guadarrama como depositante. En la inteligencia que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Finalmente, respecto al escrito del apoderado del quejoso, mediante el cual solicita se decrete que la sentencia de dos de febrero del año en curso ha causado ejecutoria y se ordene la devolución del billete de depósito que exhibió a fin de garantizar la medida cautelar concedida; dígase que deberá estar a lo acordado en líneas que anteceden. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa; personalmente al tercero interesado Jorge Adrián Jiménez Hurtado y por lista a la tercera interesada Martínez Lara y CÍA, sociedad anónima de capital variable."

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la primera certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, relativa al incidente de reclamación de daños y perjuicios, dictada en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la misma ha causado estado. De igual forma, vista la diversa certificación y ante tales circunstancias, se deja a disposición de la parte quejosa el billete de depósito número ***, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, que ampara la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), para que comparezca ante este Juzgado de Distrito a recogerlo, previa identificación vigente y asentando en autos razón para debida constancia. Así, se hace del conocimiento del citado depositante que de no comparecer ante este juzgado para tal efecto dentro del término de dos años legalmente computados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se hará efectiva dicha garantía a favor del Erario Federal. En el entendido que por el carácter del título de valor del que se trata, únicamente le será entregado a Héctor Antonio Jiménez Guadarrama como depositante. En la inteligencia que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Finalmente, respecto al escrito del apoderado del quejoso, mediante el cual solicita se decrete que la sentencia de dos de febrero del año en curso ha causado ejecutoria y se ordene la devolución del billete de depósito que exhibió a fin de garantizar la medida cautelar concedida; dígase que deberá estar a lo acordado en líneas que anteceden. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa; personalmente al tercero interesado Jorge Adrián Jiménez Hurtado y por lista a la tercera interesada Martínez Lara y CÍA, sociedad anónima de capital variable.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del incidente de reclamación de daños y perjuicios, promovido por la moral tercera interesada Martínez Lara y CÍA, sociedad anónima de capital variable, dentro del juicio de amparo 605/2022-VII. R e s u l t a n d o: PRIMERO. Apertura de incidente de suspensión. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, al admitirse la demanda, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, se requirió el informe previo a la autoridad responsable y se fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo el dos de junio siguiente, en la que se concedió la suspensión definitiva al quejoso Héctor Antonio Jiménez Guadarrama, para el efecto de que, llegado el momento, no se resolviera en definitiva el juicio ordinario civil de acción reivindicatoria 156/2022 del índice del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. SEGUNDO. SENTENCIA DEFINITIVA Y EJECUTORIA. Agotado el cause de este sumario, el veinte de julio de dos mil veintidós, se dictó la sentencia definitiva que negó el amparo y protección de la justicia Federal solicitados por el impetrante, misma que causó ejecutoria el doce de agosto posterior. Asimismo, el treinta de agosto de esa anualidad, se dijo que una vez que transcurriera el plazo de seis meses para la interposición del incidente de daños y perjuicios, la parte quejosa contaba con el término de dos años para recoger el billete de depósito N 883735, que ampara la cantidad de $20,000.00 veinte mil pesos 00/100 moneda nacional, que exhibió para garantizar la medida cautelar otorgada en el cuaderno incidental. TERCERO. INCIDENTE DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Mediante escrito recibido en este juzgado el once de enero de dos mil veintitrés, la moral tercera interesada Martínez Lara y CÍA, sociedad anónima de capital variable, promovió incidente de reclamación de daños y perjuicios, mismo que se admitió el doce siguiente, auto en el que se otorgó la vista correspondiente a las demás partes. Consecuentemente, en proveído de veintisiete posterior, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente incidente de reclamación de daños y perjuicios, con fundamento en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, por ser este órgano jurisdiccional quien emitió la medida cautelar y resolvió el juicio de amparo. SEGUNDO. Procedencia. En el caso concreto, el apoderado de la moral tercera interesada Martínez Lara y CÍA, sociedad anónima de capital variable, sustentó la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía en su favor, la cual se otorgó con motivo de la suspensión otorgada, sustancialmente en lo siguiente: ".impidió darle seguimiento al juicio principal, del veintisiete de abril, al veintiocho de octubre de dos mil veintidós, lo que atrasó más de cuatro meses el procedimiento innecesariamente, generando daños y perjuicios a mi Representada, derivados del retraso para reivindicar su inmueble." TERCERO. Estudio de fondo. Debe declararse INFUNDADO el incidente promovido por la tercera interesada, para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía que se otorgó con motivo de la suspensión otorgada al impetrante, en atención a las consideraciones siguientes: En principio, es pertinente establecer que los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." De los preceptos transcritos, se obtiene que en los casos en los que se estime fundada la petición de suspender los efectos del acto reclamado y dicha paralización pueda ocasionar daño o perjuicio a los terceros interesados, el quejoso deberá exhibir garantía suficiente para reparar el daño, o bien, indemnizar los perjuicios, que por tal motivo se causaren, si el promovente del amparo no obtiene resolución favorable en el juicio principal; supuesto en el que el tercero interesado afectado se encontrará en aptitud de solicitar se haga efectiva a su favor la garantía que al efecto se haya establecido, lo que realizará a través de la vía incidental, dentro de los seis meses siguientes al día que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. En el entendido que la tramitación de dicha incidencia no releva a las partes, en específico, a la tercera interesada de acreditar los elementos de la acción que pretende, es decir, las partes cuentan con el derecho a la prueba, así como con la carga de la misma, lo que pone de manifiesto que el incidentista debe indicar en los hechos que fundamenten su pretensión, la afectación que recibió con motivo de la concesión de la suspensión, además de la relación directa que guarda con la inejecución del acto reclamado, en conjunción con la obligación legal de acreditar su dicho a través de los medios convictivos que estime convenientes y, cuya valoración y eficacia dependerá del motivo de reclamo; lo que no sucedió en este caso, como a continuación se verá: Así, deviene necesario establecer qué debe entenderse por "perjuicios" y su distinción con el concepto de "daños", conforme a los numerales 2108 y 2109 del Código Civil Federal, que definen tales figuras, en los términos siguientes: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación." De lo anterior, se obtiene que el daño se constituye como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de determinada persona, a causa del actuar de un tercero, con el que exista relación legal, que le depare dicha afectación, para lo que debe considerarse al patrimonio como una entidad concreta, que se compone por la suma tanto de los derechos y bienes de una persona, como de las obligaciones y adeudos con los que cuente, por lo que el mismo no implica necesariamente el menoscabo al patrimonio cierto con el que se cuente previo a recibir la conducta dañina, sino también, en el aumento que pueda recaer sobre las obligaciones contraídas, a causa de su materialización. Por su parte, se reputa como perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación; de esta forma, se tiene que el concepto de daño constituye un dato cierto y objetivo, mientras que el perjuicio pertenece al campo de las probabilidades, por lo que la comprobación a la que se encuentran sujetos varía en atención a cuál de ellos se reclame, pues su naturaleza implica un análisis diferenciado respecto de los medios de convicción necesarios para su acreditación. De manera que, si la pretensión del actor incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños, es imperativo que indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su patrimonio, como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado, resultando necesaria la demostración plena de tales hipótesis, pues sólo así se está en aptitud de constatar, primero, si efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un relación entre ellos y la medida cautelar concedida. En otro orden, a los perjuicios no puede darse el mismo trato, pues por su naturaleza se ubican en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, definición que obliga al reclamante a exponer los hechos relevantes de su pretensión a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca y de las que, a su vez, allegue el quejoso, que conlleven a definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de no haber resentido tal afectación, se habrían generado las ganancias indicadas, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación. Con lo anterior se concluye que será en relación con el concepto reclamado -daños o perjuicios-, que tendrá que ponderarse las afirmaciones y pruebas que con la tramitación de la incidencia en análisis se expongan, pues en el caso de los daños, la argumentación y probanzas debe ser de alta calidad, dado el principio indemnizatorio que les reviste; situación que no puede exigirse al tratarse de perjuicios, pues en dicho supuesto sólo es necesario demostrar la probabilidad expresada como fundamento de la pretensión, en el entendido de que su mayor o menor grado de credibilidad dependerá de los propios elementos de convicción, de manera que al momento de resolver la incidencia, se debe analizar el rubro que se reclama, ya sea daños o perjuicios, para estar aptitud de justipreciar, con base a los elementos aportados en autos la acreditación de la conducta reclamada y la afectación cuya materialización recayó en el promovente. Consideraciones las anteriores que forman parte de la ejecutoria que sostiene la jurisprudencia 1a./J. 80/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 148, tomo XXXIV, (Septiembre de 2011), novena época, materias civil y común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 161105, de rubro y texto siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista." De lo anterior, se desprenden como requisitos para la procedencia del incidente de reclamación de daños y perjuicios, a fin de hacer efectiva la garantía impuesta como requisito de validez de la suspensión, los que a continuación se enlistan: 1. La presencia de un tercero interesado en el juicio de amparo. 2. El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía y que ésta se hubiere enterado. 3. La emisión de una sentencia constitucional que no resulte favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y, 4. La demostración a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada, en el caso, de los segundos, al tenor de las condiciones que han quedado relatadas. En principio, se debe establecer que el primero de los presupuestos referidos se actualiza, toda vez que existe la acción de constitucionalidad, en la que le resulta carácter de tercera interesada a Martínez Lara y CÍA, sociedad anónima de capital variable, moral incidentista. La segunda hipótesis también se surte, pues como se ha visto, mediante resolución de dos de junio de este año, se concedió la suspensión definitiva; luego, el impetrante exhibió la garantía que se fijó con motivo de dicha concesión, que asciende a la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), a través del billete de depósito N 883735, que ampara aquella cantidad, expedido por el entonces Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI). Luego, el tercer requisito también se configura, en virtud de que por sentencia de veinte de julio de dos mil veintidós, se negó la protección de la justicia Federal en el presente juicio de amparo; determinación que causó ejecutoria el doce de agosto posterior. Sin embargo, por lo que respecta al cuarto de los requisitos apuntados, consistente en la demostración a cargo del incidentista de haber resentido perjuicios con motivo de la suspensión y su acreditación, no se cumple. Lo anterior es así, en razón que en el caso, el incidentista expuso en su escrito que con motivo de la concesión de la medida cautelar, se le impidió dar seguimiento al juicio de origen, atrasándolo por más de cuatro meses, generando daños y perjuicios a su representada, derivados del retraso para reivindicar su inmueble. Sin embargo, tales manifestaciones se tornan insuficientes pues no señala el hecho o acto concreto que le produjo un menoscabo a su patrimonio; tampoco expone por qué ese daño sería consecuencia inmediata y directa de la aludida suspensión, así como el monto disminuido en su haber patrimonial. De igual modo, no hace una narrativa razonada que revele de dónde surgiría la ganancia, pues se limitó a exponer los argumentos antes descritos, sin aportar datos que destaquen la probabilidad de definirlos de modo aceptable. Aunado a lo anterior, a que no ofreció medio de prueba idóneo alguno para demostrar sus afirmaciones y con ello los daños y perjuicios aducidos, de suerte tal, que se pudiera advertir que éstos son consecuencia inmediata y directa de la medida cautelar concedida en el presente juicio de amparo. Toda vez que debe tenerse en cuenta que si bien la paralización del procedimiento implica una afectación indirecta, en virtud de que se impide la prosecución del proceso, originando erogación de mayores emolumentos de los que puede reclamarse su resarcimiento, lo cierto es que con el otorgamiento de la medida cautelar no se paralizó todo el proceso natural, sino únicamente el dictado de la sentencia atendiendo a la irreparabilidad del daño que eventualmente podía ocasionarse al quejoso de no suspenderse el acto reclamado; máxime que no demostró que hubiera instado la secuela procesal y que ésta, permaneciera paralizada por virtud de la suspensión definitiva concedida. Lo anterior, pues únicamente ofreció como medios de prueba: lo actuado en este juicio de amparo, incluyendo el incidente de suspensión y la interlocutoria que se emitió en definitiva; los cuales, se estima que no resultan suficientes para demostrar los extremos descritos en líneas que anteceden. Aspectos que no deben ser soslayados, pues es al suscrito a quien le corresponde decidir sobre la procedencia de esta incidencia, en términos de lo previsto en el numeral 156 de la Ley de la Materia. Empero, como ya se dijo, en la especie, no se acredita la existencia del vínculo o relación de causa efecto entre el daño y perjuicio causado y la ejecución o inejecución de la medida suspensional; en consecuencia, lo procedente es declarar infundado el incidente que nos ocupa. No se inadvierten los argumentos que expresó el quejoso en torno a la presente incidencia; sin embargo, dígase que deberá estar a lo determinado en este considerando, toda vez que quedó contestado lo que esgrime respecto a que no se demostró tal afectación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 66, 67 y 156, de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Único. Es INFUNDADO el incidente de reclamación de daños y perjuicios, promovido por la moral tercera interesada Martínez Lara y CÍA, sociedad anónima de capital variable, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito y al tercero interesado Jorge Adrián Jiménez Hurtado; por lista a la tercera interesada Martínez Lara y CÍA, sociedad anónima de capital variable. Así lo resolvió Erik Juárez Olvera, Juez Segundo de Distrito en el Estado d

  4. Principal

    (AVISO)EN VIRTUD DE QUE EL TERCERO INTERESADO JORGE ADRIÁN JIMÉNEZ HURTADO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SÍNTESIS DICEN: "...Vistos para resolver los autos del incidente de reclamación de daños y perjuicios, promovido por la moral tercera interesada Martínez Lara y CÍA, sociedad anónima de capital variable, dentro del juicio de amparo 605/2022-VII. R e s u l t a n d o: PRIMERO. Apertura de incidente de suspensión. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, al admitirse la demanda, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, se requirió el informe previo a la autoridad responsable y se fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo el dos de junio siguiente, en la que se concedió la suspensión definitiva al quejoso Héctor Antonio Jiménez Guadarrama, para el efecto de que, llegado el momento, no se resolviera en definitiva el juicio ordinario civil de acción reivindicatoria 156/2022 del índice del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. SEGUNDO. SENTENCIA DEFINITIVA Y EJECUTORIA. Agotado el cause de este sumario, el veinte de julio de dos mil veintidós, se dictó la sentencia definitiva que negó el amparo y protección de la justicia Federal solicitados por el impetrante, misma que causó ejecutoria el doce de agosto posterior. Asimismo, el treinta de agosto de esa anualidad, se dijo que una vez que transcurriera el plazo de seis meses para la interposición del incidente de daños y perjuicios, la parte quejosa contaba con el término de dos años para recoger el billete de depósito N ***, que ampara la cantidad de $20,000.00 veinte mil pesos 00/100 moneda nacional, que exhibió para garantizar la medida cautelar otorgada en el cuaderno incidental. TERCERO. INCIDENTE DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Mediante escrito recibido en este juzgado el once de enero de dos mil veintitrés, la moral tercera interesada Martínez Lara y CÍA, sociedad anónima de capital variable, promovió incidente de reclamación de daños y perjuicios, mismo que se admitió el doce siguiente, auto en el que se otorgó la vista correspondiente a las demás partes. Consecuentemente, en proveído de veintisiete posterior, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente incidente de reclamación de daños y perjuicios, con fundamento en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo, por ser este órgano jurisdiccional quien emitió la medida cautelar y resolvió el juicio de amparo. SEGUNDO. Procedencia. En el caso concreto, el apoderado de la moral tercera interesada Martínez Lara y CÍA, sociedad anónima de capital variable, sustentó la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía en su favor, la cual se otorgó con motivo de la suspensión otorgada, sustancialmente en lo siguiente: ".impidió darle seguimiento al juicio principal, del veintisiete de abril, al veintiocho de octubre de dos mil veintidós, lo que atrasó más de cuatro meses el procedimiento innecesariamente, generando daños y perjuicios a mi Representada, derivados del retraso para reivindicar su inmueble." TERCERO. Estudio de fondo. Debe declararse INFUNDADO el incidente promovido por la tercera interesada, para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía que se otorgó con motivo de la suspensión otorgada al impetrante, en atención a las consideraciones siguientes: En principio, es pertinente establecer que los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." De los preceptos transcritos, se obtiene que en los casos en los que se estime fundada la petición de suspender los efectos del acto reclamado y dicha paralización pueda ocasionar daño o perjuicio a los terceros interesados, el quejoso deberá exhibir garantía suficiente para reparar el daño, o bien, indemnizar los perjuicios, que por tal motivo se causaren, si el promovente del amparo no obtiene resolución favorable en el juicio principal; supuesto en el que el tercero interesado afectado se encontrará en aptitud de solicitar se haga efectiva a su favor la garantía que al efecto se haya establecido, lo que realizará a través de la vía incidental, dentro de los seis meses siguientes al día que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. En el entendido que la tramitación de dicha incidencia no releva a las partes, en específico, a la tercera interesada de acreditar los elementos de la acción que pretende, es decir, las partes cuentan con el derecho a la prueba, así como con la carga de la misma, lo que pone de manifiesto que el incidentista debe indicar en los hechos que fundamenten su pretensión, la afectación que recibió con motivo de la concesión de la suspensión, además de la relación directa que guarda con la inejecución del acto reclamado, en conjunción con la obligación legal de acreditar su dicho a través de los medios convictivos que estime convenientes y, cuya valoración y eficacia dependerá del motivo de reclamo; lo que no sucedió en este caso, como a continuación se verá: Así, deviene necesario establecer qué debe entenderse por "perjuicios" y su distinción con el concepto de "daños", conforme a los numerales 2108 y 2109 del Código Civil Federal, que definen tales figuras, en los términos siguientes: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación." De lo anterior, se obtiene que el daño se constituye como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de determinada persona, a causa del actuar de un tercero, con el que exista relación legal, que le depare dicha afectación, para lo que debe considerarse al patrimonio como una entidad concreta, que se compone por la suma tanto de los derechos y bienes de una persona, como de las obligaciones y adeudos con los que cuente, por lo que el mismo no implica necesariamente el menoscabo al patrimonio cierto con el que se cuente previo a recibir la conducta dañina, sino también, en el aumento que pueda recaer sobre las obligaciones contraídas, a causa de su materialización. Por su parte, se reputa como perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación; de esta forma, se tiene que el concepto de daño constituye un dato cierto y objetivo, mientras que el perjuicio pertenece al campo de las probabilidades, por lo que la comprobación a la que se encuentran sujetos varía en atención a cuál de ellos se reclame, pues su naturaleza implica un análisis diferenciado respecto de los medios de convicción necesarios para su acreditación. De manera que, si la pretensión del actor incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños, es imperativo que indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su patrimonio, como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado, resultando necesaria la demostración plena de tales hipótesis, pues sólo así se está en aptitud de constatar, primero, si efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un relación entre ellos y la medida cautelar concedida. En otro orden, a los perjuicios no puede darse el mismo trato, pues por su naturaleza se ubican en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, definición que obliga al reclamante a exponer los hechos relevantes de su pretensión a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca y de las que, a su vez, allegue el quejoso, que conlleven a definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de no haber resentido tal afectación, se habrían generado las ganancias indicadas, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación. Con lo anterior se concluye que será en relación con el concepto reclamado -daños o perjuicios-, que tendrá que ponderarse las afirmaciones y pruebas que con la tramitación de la incidencia en análisis se expongan, pues en el caso de los daños, la argumentación y probanzas debe ser de alta calidad, dado el principio indemnizatorio que les reviste; situación que no puede exigirse al tratarse de perjuicios, pues en dicho supuesto sólo es necesario demostrar la probabilidad expresada como fundamento de la pretensión, en el entendido de que su mayor o menor grado de credibilidad dependerá de los propios elementos de convicción, de manera que al momento de resolver la incidencia, se debe analizar el rubro que se reclama, ya sea daños o perjuicios, para estar aptitud de justipreciar, con base a los elementos aportados en autos la acreditación de la conducta reclamada y la afectación cuya materialización recayó en el promovente. Consideraciones las anteriores que forman parte de la ejecutoria que sostiene la jurisprudencia 1a./J. 80/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 148, tomo XXXIV, (Septiembre de 2011), novena época, materias civil y común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 161105, de rubro y texto siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista." De lo anterior, se desprenden como requisitos para la procedencia del incidente de reclamación de daños y perjuicios, a fin de hacer efectiva la garantía impuesta como requisito de validez de la suspensión, los que a continuación se enlistan: 1. La presencia de un tercero interesado en el juicio de amparo. 2. El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía y que ésta se hubiere enterado. 3. La emisión de una sentencia constitucional que no resulte favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y, 4. La demostración a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada, en el caso, de los segundos, al tenor de las condiciones que han quedado relatadas. En principio, se debe establecer que el primero de los presupuestos referidos se actualiza, toda vez que existe la acción de constitucionalidad, en la que le resulta carácter de tercera interesada a Martínez Lara y CÍA, sociedad anónima de capital variable, moral incidentista. La segunda hipótesis también se surte, pues como se ha visto, mediante resolución de dos de junio de este año, se concedió la suspensión definitiva; luego, el impetrante exhibió la garantía que se fijó con motivo de dicha concesión, que asciende a la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), a través del billete de depósito N 883735, que ampara aquella cantidad, expedido por el entonces Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI). Luego, el tercer requisito también se configura, en virtud de que por sentencia de veinte de julio de dos mil veintidós, se negó la protección de la justicia Federal en el presente juicio de amparo; determinación que causó ejecutoria el doce de agosto posterior. Sin embargo, por lo que respecta al cuarto de los requisitos apuntados, consistente en la demostración a cargo del incidentista de haber resentido perjuicios con motivo de la suspensión y su acreditación, no se cumple. Lo anterior es así, en razón que en el caso, el incidentista expuso en su escrito que con motivo de la concesión de la medida cautelar, se le impidió dar seguimiento al juicio de origen, atrasándolo por más de cuatro meses, generando daños y perjuicios a su representada, derivados del retraso para reivindicar su inmueble. Sin embargo, tales manifestaciones se tornan insuficientes pues no señala el hecho o acto concreto que le produjo un menoscabo a su patrimonio; tampoco expone por qué ese daño sería consecuencia inmediata y directa de la aludida suspensión, así como el monto disminuido en su haber patrimonial. De igual modo, no hace una narrativa razonada que revele de dónde surgiría la ganancia, pues se limitó a exponer los argumentos antes descritos, sin aportar datos que destaquen la probabilidad de definirlos de modo aceptable. Aunado a lo anterior, a que no ofreció medio de prueba idóneo alguno para demostrar sus afirmaciones y con ello los daños y perjuicios aducidos, de suerte tal, que se pudiera advertir que éstos son consecuencia inmediata y directa de la medida cautelar concedida en el presente juicio de amparo. Toda vez que debe tenerse en cuenta que si bien la paralización del procedimiento implica una afectación indirecta, en virtud de que se impide la prosecución del proceso, originando erogación de mayores emolumentos de los que puede reclamarse su resarcimiento, lo cierto es que con el otorgamiento de la medida cautelar no se paralizó todo el proceso natural, sino únicamente el dictado de la sentencia atendiendo a la irreparabilidad del daño que eventualmente podía ocasionarse al quejoso de no suspenderse el acto reclamado; máxime que no demostró que hubiera instado la secuela procesal y que ésta, permaneciera paralizada por virtud de la suspensión definitiva concedida. Lo anterior, pues únicamente ofreció como medios de prueba: lo actuado en este juicio de amparo, incluyendo el incidente de suspensión y la interlocutoria que se emitió en definitiva; los cuales, se estima que no resultan suficientes para demostrar los extremos descritos en líneas que anteceden. Aspectos que no deben ser soslayados, pues es al suscrito a quien le corresponde decidir sobre la procedencia de esta incidencia, en términos de lo previsto en el numeral 156 de la Ley de la Materia. Empero, como ya se dijo, en la especie, no se acredita la existencia del vínculo o relación de causa efecto entre el daño y perjuicio causado y la ejecución o inejecución de la medida suspensional; en consecuencia, lo procedente es declarar infundado el incidente que nos ocupa. No se inadvierten los argumentos que expresó el quejoso en torno a la presente incidencia; sin embargo, dígase que deberá estar a lo determinado en este considerando, toda vez que quedó contestado lo que esgrime respecto a que no se demostró tal afectación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 66, 67 y 156, de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Único. Es INFUNDADO el incidente de reclamación de daños y perjuicios, promovido por la moral tercera interesada Martínez Lara y CÍA, sociedad anónima de capital variable, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito y al tercero interesado Jorge Adrián Jiménez Hurtado; por lista a la tercera interesada Martínez Lara y CÍA, sociedad anónima de capital variable."

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