Héctor Álvaro Gutiérrez Zavala
Expediente 65/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Héctor Álvaro Gutiérrez Zavala
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara firme. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no existen documentos originales por devolver.
- Principal
Registro de demanda. Vista la demanda presentada por **********, por propio derecho, en contra de actos del titular de la Coordinación General del Sistema de Gestión del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; fórmese el expediente físico y digital con el número 1102/2022-3. Integración de expediente. En términos del artículo 252, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se instruye a todo del personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de estos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que hayan sido debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación; lo anterior, a fin de que se encuentre debidamente integrado desde la radicación del presente asunto hasta su conclusión. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 181 del referido Acuerdo General, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, deberá capturar y registrar los datos e información relacionada con el seguimiento procesal conforme al trámite del asunto. Para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 185 de la normatividad invocada, se instruye al secretario de Juzgado adscrito que lleva el trámite de este expediente para que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el registro diario de movimientos, de tal forma que asegure la permanente actualización y veracidad de la información capturada. Autoridades responsables: Actos reclamados: Titular de la Coordinación General del Sistema de Gestión del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La retención ilegal de las cuentas bancarias a nombre del quejoso, a saber: ********** cuenta que se encuentra registrada en Banco Azteca. **********, con número de cliente ********** y número de contrato ********** registrada en la Institución Bancaria CITIBANAMEX. ********** registrada en la Institución Bancaria BanCopel. Desechamiento de demanda. Ahora bien, conforme a lo narrado en el escrito primigenio, se advierte que la demanda es notoriamente improcedente. Se explica: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Sentado lo anterior, se traen a cuenta los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta se hicieron, de los que se obtiene: El quejoso, **********, comparece a esta instancia reclamando "la retención ilegal de mis cuentas (.) ordenada por la Coordinación General del Sistema de Gestión del Poder Judicial del estado de Guanajuato, sin que el suscrito conozca el número de expediente, juzgado que lo ordenó y el proceso que se lleve a cabo, ya que a la fecha el suscrito no me encuentro en ningún proceso legal que tenga como consecuencia el bloqueo de mis cuentas bancarias personales." Se destaca que la inmovilización fue respecto de cuentas abiertas en las instituciones de crédito Banamex, Banco Azteca y Coppel en las ciudades de Moroleón y Uriangato, Guanajuato. En lo que interesa, que en el mes de junio "sin recordar la fecha exacta" acudió a la sucursal de Banamex y ahí fue informado que "el Poder Judicial del Estado de Guanajuato había ordenado que mis cuentas fueran bloqueadas". No pasa inadvertida la parte en que alude al "año en curso", lo que podría generar duda sobre a qué anualidad se refiere; empero, por un lado, se excluye el presente dos mil veintitrés por evidente; y, por otro lado, en el "hecho" identificado como "1" hace referencia a que el once de junio de dos mil veintidós intentó hacer disposición de las cuentas bancarias de mérito, lo que permite inferir que, al menos, fue en ese año en que conoció de la problemática que motivó su demanda. Ahora bien, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV , en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que la quejosa tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuviera conocimiento del acto que reclama, permite obtener el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda. Luego, esos quince días comenzaron a correr a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado; esto es, si de los antecedentes de los actos reclamados trascritos con antelación -narrados bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa- se desprende que tuvo conocimiento, al menos en data cierta de veintidós de junio de dos mil veintidós; por tanto, los quince días empezaron a contar el veintitrés siguiente y culminaron el trece de julio de dos mil veintidós (sin contar seis días por ser inhábiles). De ahí que si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, según se desprende de la Boleta de Turno y los matasellos respectivos; implica asumir que se presentó de forma notoriamente extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso estemos ante alguna de las excepciones que contempla dicho numeral; por lo que, resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Es importante destacar que es el propio promovente quien expresa claramente que tuvo conocimiento del acto en esas datas, por lo que son las que deben tomarse en cuenta para el cómputo respectivo. Es orientadora la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo III, junio de 1996, página 57 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada, conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio procesal y autorizados. Toda vez que no señaló domicilio en esta ciudad, ni usuario electrónico para recibir notificaciones, con fundamento el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista. No pasa inadvertido que, proporcionó una dirección de correo electrónico a efecto que ahí se le practiquen las notificaciones que deriven del presente asunto; dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, ya que no está considerado como medio de notificación en la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados), lo anterior, hasta en tanto se salven dicha situación y a ********************en los mismo término del numeral en cita por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea. Con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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